David Baigún cuenta que supo qué tipo de abogado quería ser en las clases de un exiliado de Franco, el vicepresidente del Parlamento español en 1936 Luis Jiménez de Asúa. Tiene mucho que ver con el hecho de que este penalista argentino, especializado en derechos humanos, haya decidido, a sus 84 años, representar a los exiliados españoles en Argentina y a una docena de organizaciones en la querella contra el franquismo interpuesta en Buenos Aires. Ha venido a España para participar en el III Seminario hispano-argentino sobre derecho penal. Entre conferencia y conferencia, habló con EL PAÍS sobre las expectativas de la querella -la justicia argentina acaba de aceptar su recurso contra el archivo- y lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón.

“Creo que el proceso contra Garzón es un producto fabricado y grosero, un plan de la derecha que tiene los pasos marcados desde el principio. Y nosotros somos el contraplan“. Se refiere al grupo de abogados que lleva la querella por genocidio interpuesta contra el franquismo en Buenos Aires. “Tenemos que prepararnos para un conflicto muy largo”, advierte. “Hay intereses políticos y económicos que se resisten a que se investigue, porque se descubriría que dirigentes que la opinión pública tiene hoy por ciudadanos respetables, en la época del franquismo utilizaron sus ventajas. En Argentina hay grandes grupos económicos españoles que han participado de la represión”.

No quiere decir a cuáles se refiere. “Es pronto aún”, pero recuerda que en su país ya han sido juzgados los torturadores de la dictadura argentina y que ahora arranca una segunda fase judicial contra los “responsables económicos”.

El penalista explica que en Argentina y en España se cometieron delitos de lesa humanidad, pero con importantes diferencias. “En España hay una entidad como Falange, que actúa como cuerpo organizado y mata sin límites, sin dar explicaciones, sin saber a cuántos. Eso no ocurrió en Argentina, donde sí hubo grupos armados que ejercían la represión de forma clandestina, pero no como una organización civil directamente respaldada por el Régimen. Hubo muchas menos víctimas”. “Además, en España todo el aparato del Estado participa en la extirpación social de la República: de los fusilamientos, de las desapariciones, de los robos de niños. Por eso el franquismo no muere con Franco. Porque los delitos los cometió todo el Estado franquista, no sólo sus dirigentes”.

El letrado asegura que el primer objetivo de la querella es “el esclarecimiento de la verdad” y que la justicia tiene que darse prisa para que “no desaparezcan quienes la saben”. En cualquier caso, concluye, “que no quedaran responsables vivos no impediría investigar. La culpabilidad es algo posterior”, aunque en este caso, añade, “los hay”.

Público – 18/05/2010 20:10 Actualizado: 18/05/2010 20:30

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha defendido con vehemencia al suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuando se le preguntó al respecto en la rueda de prensa posterior a la clausura de la Cumbre UE-América Latina y Caribe. Kirchner recordó que, en otro tiempo, “la propia España admiró a ese juez que convirtió a este país en un faro de los derechos humanos”.

“Tengo por Garzón un gran aprecio personal y un gran respeto y admiración institucional”, proclamó la presidenta argentina, que ayer se reunió con Garzón aprovechando su visita a España.

Kirchner, que aseguró que, si en su país no se hubiera derogado la ley de punto final, tanto ella como su marido habrían concedido la extradición de los altos cargos de la dictadura argentina, recordó los elogios que recibió Garzón al juzgar al militar Adolfo Scilingo y al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

“La vigencia de los derechos humanos”

Tampoco se escondió a la hora de expresar su opinión sobre el debate de fondo. “Sostenemos la vigencia de los derechos humanos como una cuestión universal”, afirmó. “Los derechos humanos no son privativos de un país, son universales y así lo entendió la propia España”, recordó, cuando los abanderó Garzón, a quien Kirchner le expresó su apoyo y le reiteró su amistad y admiración.

Por el contrario, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se atrevió a posicionarse sobre el caso Garzón, que tanta polémica ha causado por la supuesta intromisión de algunos miembros del PSOE en las causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. Eso sí, quiso aclarar que el franquismo ha quedado “afortuadamente superado”, indicando implícitamente que no quedan resquicios del mismo en la magistratura.

Por lo demás, en relación a Garzón se limitó a constatar que “hay un gran debate sobre la justicia internacional” y que lo que en cualquier caso “sí es de justicia” es que quienes “durante décadas no han sabido dónde estaban sus familiares” ejerzan su “derecho” a rendirles “recuerdo”.

Una actitud “intolerable”

Donde no han sentado demasiado bien las palabras de Kirchner es en el seno del PP.  La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que es “intolerable” que la presidenta argentina “venga de fuera a dar lecciones de respeto a la Justicia”.

Cristina Fernández de Kirchner y su marido “son los menos indicados para dar lecciones de Justicia y de seguridad jurídica a nadie”, ha destacado la portavoz de los populares en la Cámara Baja.

Por ello, ha pedido al Gobierno que no permita que nadie “ponga en entredicho” a las instituciones españoles, si bien ha matizado acto seguido: “Cuando desde dentro del Gobierno las debilitan,. algunos desde fuera se ven legitimados para hacer lo mismo”.

La presidenta de Argentina se manifestó ayer preocupada, dolida y sorprendida por el caso de Garzón, toda vez que la decisión del Tribunal Supremo le resulta “una regresión en la concepción de la justicia universal en materia de derechos humanos”.

La Justicia federal de Argentina ha aceptado el recurso de apelación planteado por familiares de víctimas del franquismo tras haber sido rechazada la apertura en este país de una causa que investigue los crímenes de la dictadura, según los abogados de los demandantes. La jueza federal María Servini de Cubría ha notificado a los letrados que representan a los querellantes que les concede el recurso, por lo que será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa, ha explicado el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda.

La apelación fue presentada el pasado 12 de mayo, cinco días después de que la magistrada rechazara la denuncia presentada el 14 de abril y ampliada posteriormente con nuevas víctimas, que, arropadas de una decena de organismos humanitarios, se amparan en el principio de “jurisdicción universal” para que se investiguen en Argentina los crímenes de la dictadura de Francisco Franco. Servini de Cubría rechazó la apertura de la causa después de considerar vinculante el dictamen del fiscal Federico Delgado, para quien es “ilegal” el inicio de un proceso que en España desarrollan “numerosos tribunales”, indicó.

Los abogados de los demandantes sostienen que actualmente no existen causas abiertas en España que investiguen los crímenes del franquismo, por lo que esperan que la Cámara acepte la apelación y habilite a la jueza a solicitar información judicial a las autoridades españolas.

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La querella en Argentina por crímenes franquistas avala a Garzón

Familiares de víctimas piden a la justicia argentina que juzgue los crímenes de Franco

Decía Carlos Menem de Baltasar Garzón que trataba con sus causas de “hacer vedettismo en todo el mundo”. Corría el mes de noviembre de 1999 y el juez de la Audiencia Nacional había solicitado la captura de 98 personas, entre civiles y militares, por crímenes durante la dictadura argentina (1976-1983). Y eso, para el entonces presidente argentino, “estaba fuera de lugar”. Se opuso a la petición del juez español. Más de nueve años después, el Consejo de Ministros español daba luz verde a la extradición a Buenos Aires del ex militar argentino Ricardo Cavallo, procesado por genocidio, terrorismo y torturas cometidas, especialmente, durante su etapa al cargo del Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Durante esa década, Garzón abrió el camino -sigue abierto- al juicio de los crímenes cometidos durante las dictaduras de los años setenta y ochenta en América Latina.

Pese al centenar de procesados por el juez dentro de la causa contra los delitos cometidos durante la dictadura argentina que encabezaron Jorge Videla y Emilio Massera, el caso que lanzó a las primeras planas de medio mundo al magistrado jienense fue el del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El entonces senador vitalicio fue detenido en una clínica de Londres el 16 de octubre de 1998 por agentes de Scotland Yard en cumplimiento de una orden cursada por Garzón. El juez acusaba en primera instancia a Pinochet del asesinato de españoles entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1983.

Pinochet se acerca al banquillo

En su auto posterior de procesamiento, el magistrado señalaba a Pinochet como coautor en delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura, así como responsable del sistema de coordinación internacional (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) para la eliminación o entrega ilegal de presos conocido como Plan Cóndor. El 11 de enero de 2000, el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, convertía en papel mojado la petición de extradición a España y dejaba marchar a Chile a Pinochet por no estar “en condiciones de ser juzgado”. No obstante, la puerta entornada de Garzón al juicio de Pinochet -pese a su salud- fue aprovechada por la justicia chilena para levantar el fuero en varias ocasiones que protegía al ex jefe de Estado golpista. Uno de los jueces que logró el desafuero de Pinochet fue Juan Guzmán, reconocido admirador del impulso de Garzón a la lucha contra la impunidad y dispuesto hoy a declarar en favor del magistrado en el proceso abierto en su contra en el Tribunal Supremo. Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 sin ser condenado.

El esfuerzo judicial de Garzón se ha traducido en España, sin embargo, en una sola condena firme en 2005 contra el ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo por la muerte de 30 personas entre 1976 y 1977 en dos de los llamados vuelos de la muerte. Scilingo, militar arrepentido que vino voluntariamente a España para declarar, fue penado en la Audiencia Nacional a 604 años de cárcel. El Tribunal Supremo elevó la condena, en un fallo que reforzó la doctrina de la justicia universal, a 1.084 años de prisión por “crímenes contra la humanidad” recogidos en el derecho internacional.

De Kissinger al subcomandante Marcos

Más allá del juzgado, el especial interés de Garzón en condenar a los criminales de las dictaduras latinoamericanas -ha reiterado su deseo de interrogar a Henry Kissinger, ex secretario de Estado, por su implicación en el Plan Cóndor- le ha convertido en referente académico e intelectual. Hasta el subcomandante Marcos, líder mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le dedicó una carta en noviembre de 2002 en La Jornada en la que criticaba la suspensión en España de Batasuna. Garzón llamó al subcomandante “barco a la deriva” y le retó a debatir cara a cara, aunque el duelo nunca se celebró.

La querella presentada en un juzgado de Buenos Aires para investigar los crímenes del franquismo es tan solo la muestra explícita del apoyo recibido en América Latina por Garzón a su trabajo en el juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El juez cuenta de hecho con 21 títulos honoris causa, de los que solo uno, el de la Universidad de Jaén, ha sido concedido en España. El magistrado ha tenido que viajar fuera de su país para recibir el resto: Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí, Bolivia; Universidad Nacional de la Plata, Argentina…

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• “Que los culpables queden retratados como culpables, y las víctimas como víctimas”
• La querella en Argentina por crímenes franquistas avala a Garzón
• Carlos Slepoy: “Inhabilitar a Garzón produciría el descrédito de la justicia española”
• “La decisión alienta los comportamientos dictatoriales que desean sepultar la verdad”

La imagen del juez Baltasar Garzón abandonando la sede de la Audiencia Nacional entre los abrazos y lágrimas de sus compañeros ha recorrido las pantallas de todas las televisiones argentinas y de todas las páginas web de sus periódicos. “Es paradójico que la misma persona que ha favorecido la expansión de los Derechos Humanos mediante la expansión del Derecho Internacional se vea separado de la función judicial. Se le ha reprochado aplicar dentro de España reglas reconocidas internacionalmente gracias, entre otros, a su trabajo”, se ha lamentado en declaraciones a EL PAÍS Ricardo Gil Lavedra, juez integrante del tribunal que juzgó en Argentina a los máximos responsables de la Junta Militar. Gil Lavedra, que fue ministro de Justicia y es actualmente diputado radical, ha expresado su tristeza por el destino de Garzón, un juez extraordinariamente conocido y apreciado por todos los movimientos de defensa de los derechos humanos de América Latina.

El presidente de la Auditoria General de la Nación y ex Relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y magistrados, Leandro Despouy, ha considerado que la sanción al juez Baltasar Garzón “constituye una regresión de los principios del Derecho Internacional moderno”. “Con esa sanción, España pierde todo su prestigio y autoridad en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad”, ha advertido. Para Despouy es notoria la arbitrariedad del procedimiento seguido porque no se puede sancionar a un juez por sus fallos o resoluciones: para eso existen instancias superiores que se encargan de establecer el derecho aplicable.

La noticia del apartamiento judicial del juez Garzón ha sido recogida inmediatamente en todos los medios argentinos. Garzón es extraordinariamente popular en el cono sur de América, donde se recuerda y se aplaude su decisión de intentar procesar al general Pinochet y los instrumentos jurídicos que facilitó para la apertura de nuevos juicios contra los militares y torturadores argentinos. Por eso, 800 asociaciones cívicas, profesionales y de defensa de los Derechos Humanos presentaron hace una semana un manifiesto de apoyo, que respaldaron, entre otros, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, la ministra de Defensa, Nilda Garré, la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, numerosos diputados y hasta cantantes o deportistas, como Susana Rinaldi o Cesar Luis Menotti, además de escritores como Felipe Pigna o Álvaro Abós.

Garzón simboliza en todo el mundo un mensaje importante: la idea de que no existen rincones para la impunidad. “Deben ser conscientes de que, al tomar la decisión de sancionarle, se alientan los comportamientos dictatoriales que desean sepultar la verdad y la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad”, ha asegurado a EL PAÍS Leandro Despouy. “Es algo muy triste para todos nosotros”.

Muy tristes, rabiosos, indignados. La suspensión del juez Baltasar Garzón ha causado estupor, pero no sorpresa entre juristas, familiares de víctimas del franquismo y defensores de los derechos humanos. Estas son algunas de las reacciones a lo que consideran un golpe a la democracia:

Raúl Zaffaroni, juez argentino que participó en la abolición de las leyes de Obediencia civil y Punto Final: “Si me hubiera pasado a mí, los criminales argentinos hubiesen quedado impunes”. “La suspensión introduce una enorme inseguridad para todos los jueces, al tiempo que se corporativiza el poder judicial, o sea, se establece la dictadura de los colegiados. Si todo esto le pasa a Garzón, que tiene resonancia mundial, ¿qué puede esperar el pobre juez de provincia que no coincide con la interpretación de los tribunales de alzada y a quien sólo conocen sus vecinos?”. “Si esto me hubiera pasado a mí, nada se hubiese investigado en Argentina y los criminales se hubiesen quedado impunes. No obstante esto resulta aún más extraño en España, porque allí no creo que se pueda penar a nadie, o sea, que los crímenes del franquismo sólo pueden investigarse en función del derecho a la verdad que le asiste a los deudos. La conflictividad es mucho menos que cuando los criminales están vivos y en el territorio. Ni siquiera se trata del caso de Turquía porque si bien allí también los genocidos están todos muertos, se genera un problema histórico, pues algunos de ellos son tenidos por héroes nacionales indiscutidos en el imaginario público. Realmente, no entiendo muy bien las motivaciones que llevan a España a empañar su proceso democrático”.

José Antonio Martín Pallín, juez del Tribunal Supremo: “Un espectáculo internacional bochornoso”. “Estoy muy triste y muy preocupado por el crédito democrático de España en el mundo. La suspensión de Garzón es la crónica de una ignominia anunciada. El juicio oral a Garzón va a ser un espectáculo internacional bochornoso. Lo más clamoroso de este proceso ha sido el absoluto desprecio a los dictámenes del Ministerio Fiscal y el cerrarse de una forma tan irracional al derecho internacional que rige en España”.

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción: “Un golpe similar al 23-F”. “Es un día de amargura. Hoy estoy muy triste por Baltasar y por nuestra democracia, que está sufriendo los mayores golpes desde que se instauró. Este es un golpe similar al del 23-F. 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder Judicial cómplice”.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: “Ha vuelto la inquisición”. “No doy crédito al cinismo del Consejo General del Poder Judicial y de Carlos Dívar que por la mañana dijo que no quería tomar la decisión injusta que luego se tomó. No me lo creo todavía. La inquisición ha vuelto y estamos rabiosos, indignados. Que se mueran los verdugos con privilegios y las víctimas abandonadas es algo aberrante”.

Reed Brody, consejero Jurídico de Human Rights Watch: “La justicia se ha convertido en la víctima de España”. “La suspensión del juez Garzón será lamentada por activistas de derechos humanos en todo el mundo. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país. Gracias a Garzón, España se convirtió en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo. Ahora la justicia misma se ha convertido en la víctima en España. Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del Juez Garzón de investigarlos”.

Cerca de 800 asociaciones cívicas, profesionales y de defensa de los derechos humanos, así como conocidos políticos, docentes y artistas argentinos han firmado un manifiesto de apoyo y solidaridad con el juez Baltasar Garzón, imputado en España por un posible delito de prevaricación. “Nosotros, argentinos y argentinas de diversa militancia política, social, cultural y de distintos orígenes ideológicos, expresamos nuestra incondicional solidaridad con el juez Garzón, consternados ante la incomprensible situación jurídico-política que enfrenta por intentar juzgar los viejos crímenes impunes de su patria”, afirma el documento.

El texto, que fue presentado ayer en un acto celebrado en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, contó con la presencia de un alto cargo institucional, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Eduardo Luis Duhalde, quien se refirió a la deuda de todos los argentinos con el juez español por haber impulsado los juicios contra violadores de los derechos humanos en toda América Latina.

Entre los firmantes del documento se encuentra la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré; la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el reconocido economista Aldo Ferrer y personalidades del mundo de la docencia, las artes y el espectáculo, como la cantante Susana Rinaldi y el entrenador de fútbol César Luis Menotti. Igualmente respaldan el documento escritores como Álvaro Abós y Felipe Pigna y numerosas parlamentarias, de diferentes procedencias políticas, como Margarita Stolbizer y María Elena Barbagelata. También estamparon su rúbrica Luis de Elia, de la Central de Movimientos Populares, uno de los dirigentes piqueteros más conocidos, y HugoYasky, secretario general de Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la segunda central sindical del país.

“El inmenso agradecimiento que sentimos hacia la figura del juez Baltasar Garzón bastaría para explicar este pronunciamiento”, señala el manifiesto. “En años oscuros, en los que la Justicia parecía definitivamente inalcanzable entre nosotros, su accionar renovó nuestra lucha, alentó nuestra esperanza y anunció el camino que está llevando hoy a las cárceles, sin excepciones, a los desaparecedores, torturadores, asesinos y apropiadores de niños”.

Los firmantes insisten en que el nombre de Garzón “simboliza un mensaje para el futuro”, “la idea de que ya no existen rincones de impunidad”. “Tenemos la convicción”, terminan, “de que con este pequeño e insuficiente gesto estamos expresando el sentimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo”.

El llamado caso Garzón ha dado origen en Argentina no sólo a movimientos de solidaridad, sino también a iniciativas judiciales para retomar en este país investigaciones sobre crímenes del franquismo que están en el origen de la imputación contra el juez español. A la querella inicial ante un tribunal de Buenos Aires por dos españoles que quieren que se investigue el asesinato de sus familiares, se han unido otras 15 denuncias similares presentadas en bloque por gallegos que viven en Argentina, y otra firmada por el partido Nova Esqueda Socialista.

“Nuestro objetivo al presentar esta querella en Argentina es que el franquismo termine juzgándose en España del mismo modo que Garzón abrió el camino a que se juzgara la dictadura argentina en Argentina. Esperamos que en todo el mundo, los españoles que sufrieron estos crímenes presenten querellas similares en distintos países de forma que se vayan recogiendo pruebas para ese proceso”, aseguró ayer Carlos Slepoy, abogado de la querella por genocidio interpuesta en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Reunidos en la Casa del Barrio de Carabanchel (Madrid) Slepoy, el abogado de la vía abierta en Argentina, y Fernando Magán, el de la vía cerrada en España, hablaron ayer de sus metas el primero, y de sus frustraciones el segundo. Magán atribuyó la paralización del proceso abierto por Garzón a la vicepresidenta De la Vega, “a través de la Fiscalía General del Estado” y al propio Zapatero, que a su juicio, “poco antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulara las exhumaciones ordenadas por Garzón, lanzó un mensaje a los jueces al asegurar que “al franquismo ya lo había juzgado la historia”. Slepoy recordó que ya hay 60 condenados y más de 600 procesados por las dictaduras argentina y chilena. “En Argentina ya han sido juzgados todos los torturadores, todos los que apretaron el gatillo, y ahora se empieza a juzgar a los responsables económicos. En España aún hay responsables vivos de los crímenes del franquismo porque fueron crímenes que continuaron hasta las primeras elecciones democráticas en 1977″.

Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo, explicó: “He acudido a la justicia argentina porque los guardias civiles que me torturaron estando embarazada de dos meses de mi hija y los miembros del pelotón de voluntarios que fusilaron a mi marido siguen vivos. Durante 35 años he estado callada, nunca presenté una querella aquí porque pensé que no obtendría justicia, pero cuando pedí la indemnización de la Ley de Memoria Histórica por el fusilamiento de mi marido y me la negaron diciéndome que era un terrorista y cuando después vi lo que le ocurrió a Baltasar Garzón, pensé: hasta aquí. Quiero que un juez interrogue a los que me torturaron y a los que fusilaron a mi marido y si decide que son culpables, los encierre”.

La querella en Argentina acaba de sufrir su primer revés. El fiscal se opone a que los hechos sean juzgados allí porque “aunque piensa que son imprescriptibles y que no se puede aplicar la Ley de Amnistía, están siendo juzgados en España”, aseguró Slepoy. El abogado, pese a todo, cree que la causa puede prosperar. “Este no es un proceso de españoles en Argentina, es un juicio de todo el mundo porque si esta querella sale adelante, Argentina estará lanzando un mensaje a la humanidad: que los crímenes de genocidio tienen castigo”.

Tanto Magán como Slepoy coincidieron en que en cualquier caso el proceso es imparable por la demanda de la sociedad civil. “En Argentina fueron las abuelas las que buscaban a sus nietos y en España son los nietos los que buscan a sus abuelos”, recordó el argentino.

Erlich – El País – 06/04/2010

Treinta y cinco años después del fusilamiento de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último consejo de guerra de la dictadura franquista, su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades. Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

Su marido, también de 21 años y miembro del FRAP, había sido detenido, juzgado por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose y condenado a muerte en el último consejo de guerra de la dictadura franquista. Pese a la presión internacional y las gestiones del Vaticano para tratar de frenar los fusilamientos, la sentencia se cumplió el 27 de septiembre de 1975 -apenas dos meses antes de la muerte del dictador- y Sánchez Bravo fue uno de los cinco últimos ejecutados por el régimen de Francisco Franco.

Su esposa fue recluida en la cárcel madrileña de Yeserías sin juicio hasta que un informe médico, que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional. Silvia Carretero huyó a París, donde tuvo una hija, y no regresó a España hasta finales de 1976, después de la primera amnistía general.

La mujer ha decidido denunciar ahora el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare la ilegalidad del tribunal que condenó a muerte a su marido. Afirma que ha mantenido un largo silencio porque consideraba que no se daban las condiciones en España para denunciar los hechos. “Reclamo que se juzgue a todas las personas que participaron en esa represión”, afirma la mujer, que defiende la inocencia de Sánchez Bravo y asegura que le arrancaron su confesión con torturas.

Su demanda incluye a los responsables de sus propias torturas, de las que todavía tiene marcas en las manos y las muñecas.