Como define sobriamente el DRAE, impunidad es falta de castigo e impune es el que queda sin castigo. Los crímenes del franquismo quedaron sin castigo, ante todo, porque los vencidos en la guerra civil, desde el exilio o en el interior, no pudieron abrir una causa contra los culpables y, sobre todo, porque los vencedores en la Guerra Mundial, tras someterlos a cuarentena, decidieron hacer buenos negocios con ellos. Gran Bretaña fue, como no se cansó de repetir el presidente Azaña, el primer enemigo de la República en la guerra civil, y Estados Unidos y el Vaticano, flanqueados por Francia y Reino Unido, fueron los principales socios sobre los que, durante años sin fin, pudo Franco consolidar su poder.

La alianza estratégica de las democracias occidentales con la España de Franco duró hasta la muerte del dictador. Mientras tanto, nadie, ningún juez, ningún fiscal -funcionarios al servicio de la legalidad del régimen, fuera cual fuese la ideología de cada cual- tuvo la oportunidad de abrir una causa penal contra los responsables de aquellos crímenes. Luego, ninguno de esos mismos funcionarios, ya al servicio de la legalidad democrática, reclamó la aplicación de lo que ahora llamamos justicia internacional para el caso español. El primero en hacerlo ha sido Baltasar Garzón que, modificando la definición de los tipos delictivos aplicables, abrió en 2008 una causa penal contra los autores de crímenes.

Pero este juez tomó sus precauciones para asegurarse de que del procedimiento penal no se derivara la posibilidad de sentar en el banquillo a ningún culpable. Porque “crímenes del franquismo”, además de los asesinatos de la guerra civil, fueron, entre otros, la muerte por torturas del secretario general del PSOE Tomás Centeno en 1953; o el fusilamiento del dirigente del PCE Julián Grimau, 10 años después. Garzón limitó, sin embargo, el periodo de su investigación -en realidad: un auto basado en investigaciones publicadas por decenas de historiadores- hasta el cambio de gobierno de 1951, ocasión y fecha arbitrarias si no se recuerda que quienes fueron ministros hasta ese año, en 2008 estaban notoriamente muertos, como dejó escrito en su auto: eran sospechosos que quedarían sin castigo, o sea, impunes, aun en el caso de que su crimen hubiera sido contra la humanidad.

Es irrelevante saber qué buscaba Garzón con su auto, allá él; lo que sí se sabe es lo que no buscaba. Y lo que no buscaba era sentar en el banquillo ni a un solo culpable de los crímenes del franquismo, porque si ese hubiera sido el objeto de su instrucción no la habría limitado a 1951 ni reducido a 35 sospechosos muertos. Al establecer esa fecha límite y al identificar con nombres y apellidos a 35 altos cargos de la dictadura, el instructor sabía que en breve plazo, que pretendió alargar con alguna de sus martingalas, se vería obligado a cerrar el sumario. Y así fue. Al recibir los certificados de defunción, añadió a la evidencia de que los presuntos culpables habían fallecido, la sorprendente declaración de extinción de responsabilidad de todos ellos ¡porque estaban muertos!

Que, tras esta extinción de responsabilidad, los crímenes del franquismo sigan impunes ¿significa que no quede ninguna obligación legal hacia sus víctimas? En absoluto. Los gobiernos, primero del PP, luego del PSOE, tienen encima de la mesa desde hace varios años demandas de familiares de buscar, exhumar, identificar y dar digno entierro a las víctimas de aquellos crímenes. Los familiares están en su derecho -como lo están en el suyo los que prefieren mantener las fosas como lugares de memoria- y los poderes públicos en la obligación de atenderlos. Para cumplir ese deber, no hacía falta enredarse en causas penales contra muertos impunes ni perderse en debates sobre leyes de memoria; bastaba una instrucción del Gobierno que recordara a jueces y forenses la obligación legal de exhumar cadáveres enterrados en fosas, destinando a esa tarea los funcionarios que fuera menester.

Por razones que el Gobierno sabrá, no lo ha hecho, y de esa abdicación se ha derivado el intento de proceder a las exhumaciones por la vía penal bajo el falso pretexto de que no queden impunes crímenes cometidos hace más de 70 años. Ante la evidencia de que, 70 años después, todos los posibles culpables han muerto, sería mejor que cada uno cumpliera su deber, comenzando por el Gobierno y siguiendo por estos jueces que se dedican a sustanciar, sobre los crímenes del franquismo, sus viejos rencores políticos.

En España la justicia es lenta. Es lenta para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Es lento el Tribunal Supremo para resolver recursos. Es superlento el Constitucional para renovarse, gracias a que su situación actual aprovecha a determinados partidos políticos, y es provocadoramente lento para resolver un recurso por encima de voluntades autonómicas, acuerdos parlamentarios o referendos ciudadanos. Es lenta, sí, y eso ya no es justicia.

Pero estoy asombrada de la rapidez que tiene cuando quiere realizar injusticias o perpetrar atropellos jurídicos. Me imagino al magistrado Luciano Varela trabajando mañana, tarde y noche para resolver en un solo día más de cinco recursos, y en algún caso, sobre todo cuando se quiere defender a sí mismo, con muchísimos folios. Todo ello con una finalidad: que llegue al Consejo del Poder Judicial un auto apresurado, pero suficiente para él, por la finalidad que persigue, en el que inicia el juicio oral contra Baltasar Garzón. Un Garzón al que, por supuesto, Varela le ha denegado todas sus pruebas, al tiempo que se las ha admitido al seudosindicato Manos ¿qué?, al que, además, cual maestro ejemplar, le ha dictado, a su gusto, un escrito de acusación. El que supuestamente era el juez, con sus lecciones magistrales a Manos ¿qué?, se ha convertido de hecho en el único acusador de Garzón. Y todo ello en 24 horas. ¿Habéis conocido alguna vez, ciudadanos, profesionales del Derecho, tal rapidez?

Y en cuanto al Consejo del Poder Judicial, ¿habéis observado la celeridad sorprendente de que en dos días se convoquen las reuniones necesarias para poder suspender al juez Baltasar Garzón, y esta se acuerde con presteza y unanimidad? La consumación de la injusticia fue rápida, en dos horas despacharon el tema y, acto seguido, llamaron por teléfono a Garzón para decirle que estaba suspendido en sus funciones y que tenía que dejar la Audiencia Nacional. Y ahí se terminaron las prisas. Misión cumplida: el juez Garzón había sido humillado.

Se rechazó incluso la posibilidad de dar una salida digna, por temporal que fuera, al asunto accediendo previamente a que Garzón se fuera en comisión de servicios a La Haya. Esto ya no tenía tanta prisa y se vería después. Porque somos mayoría los que tenemos la seguridad de que, en algún momento, nuestros tribunales verán la razón y desmontarán toda esta trama de envidias, rencillas y disparates jurídicos que estamos viviendo, y de que, si llega a ser juzgado, Garzón será absuelto.

Se nos ha dicho que el Consejo del Poder Judicial no tenía más remedio que suspender al magistrado una vez que había recibido el auto de apertura del juicio oral. ¿Pero se preocuparon sus señorías del Consejo de averiguar el porqué de la rapidez del juez Varela? Si ese auto es firme porque en principio no tiene recurso, ¿no recibieron ninguna noticia de que penden otros varios recursos ante la Sala del Tribunal Supremo, algunos de ellos de suma importancia, para no consumar este ataque sin precedentes a Garzón?

Quiero recordar que existen dos recursos, de importancia extrema, para resolver antes de seguir adelante. De un lado, la defensa de Garzón ha presentado recurso contra otro auto del rápido Varela haciendo constar que la instrucción no estaba terminada puesto que estaba recurrida la denegación de la totalidad de las pruebas solicitadas por el magistrado, lo que supone una absoluta indefensión.

Por otra parte, tanto el ministerio fiscal como la defensa de Garzón presentaron recursos de nulidad de actuaciones ante lo insólito del actuar del instructor dando instrucciones precisas tanto a Falange como a Manos ¿qué? para que volvieran a hacer los escritos de acusación en la forma que él les indicaba, lo que evidencia una actuación totalmente contraria al procedimiento. El ministerio fiscal solicita que se tengan por no hechas en forma esas acusaciones y, en consecuencia, se archive el procedimiento.

Pero eso no importaba. Los miembros del Consejo ni tan siquiera concedieron una oportunidad a la Sala para conocer esos recursos determinantes a la hora de seguir o no con la acusación. Solo les interesaba suspender a Garzón. Los derechos y la justicia, ya se verá.

Sé que hay muchos jueces que no comparten esta concepción de la justicia. Sé que hay muchos que realizan un cotidiano trabajo, a veces extenuante, para impartir justicia a los ciudadanos. A todos y a todas les muestro mi respeto. Pero sí quiero expresar mi más rotunda indignación por lo que está ocurriendo con Garzón.

Después de 42 años como abogada, muchos luchando por una justicia democrática, que para nada existía en mis primeros tiempos de duro ejercicio profesional, cuando defendía a trabajadores y presos políticos durante el franquismo, no puedo quedarme impasible ante la posibilidad de que en nombre de la justicia, que recuerdo que “emana del pueblo”, se puedan cometer este tipo de atropellos. La sociedad necesita sentirse amparada por la credibilidad y la confianza en sus instituciones de justicia, y hoy esa credibilidad está totalmente en entredicho, no solo en España, sino en todos los países democráticos.

Por ello termino al contrario de como empecé: la injusticia es rápida.

El restaurante lo elige su amigo Ramón Sáez Varcárcel, uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que ejerció su voto a favor de Baltasar Garzón en su decisión de investigar los crímenes del franquismo. La juez hondureña Tirza Flores, de 46 años, a semejanza de Garzón, ha sido despedida como magistrada por la Corte Suprema de Justicia del país, un órgano que aglutina las funciones que en España se reparten el Supremo, el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

La decisión se tomó el pasado 5 de mayo. Tirza Flores, junto a otros tres magistrados y un defensor público, todos ellos miembros de la asociación hondureña Jueces para la Democracia, serán apartados de su profesión. La causa oficial es haber acudido a “manifestaciones fuera de horario laboral” contra el golpe de Estado que se perpetró el 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Al expediente de Flores se le suma el hecho de haber presentado una demanda ante la sala constitucional de la Corte Suprema contra el golpe de Estado.

Es Ramón Sáez quien la ilustra sobre las sardinas marinadas en salmorejo y las alcachofas de Tudela.

El viernes pasado, horas antes de que Garzón se despidiera de la Audiencia entre abrazos y lágrimas, Ramón Sáez organizó un encuentro entre Garzón y Flores. “Su caso es muy grave, pero Garzón, al menos, cuenta con un apoyo mediático e internacional que en Honduras sería impensable”, señala Flores. “En mi país, el presidente [Porfirio] Pepe Lobo no es quien manda. Los que mandan son unas 10 familias, las mismas que estaban detrás del golpe de Estado. Si la Unión Europea y España no van a cambiar su política respecto a Lobo; al menos que lo presionen para que se respeten los derechos humanos. Sin la presión de España no habrá justicia en Honduras”.

Tirza Flores, hija y madre de abogados, es también hermana del letrado Enrique Flores, quien fue ministro de presidencia con Zelaya y ha acompañado al ex presidente en su exilio.

Flores bromea sobre la lentitud con la que come. Y evita los detalles personales. No cuenta que hace dos años, durante su mes de vacaciones, pasó 28 días en huelga de hambre en solidaridad con un grupo de jóvenes fiscales que protestaban por la paralización de unos casos de corrupción que estaban investigando.

La juez lamenta que, tras las elecciones del pasado 29 de noviembre, no reconocidas por la ONU ni por la Unión Europea, Honduras haya caído en el olvido. “Y, sin embargo, allí se siguen violando los derechos humanos. Desde que Lobo es presidente han muerto asesinadas 17 personas de la resistencia contra el golpe. Es muy difícil ofrecer estadísticas porque el Gobierno no promueve la investigación de estos casos”.

Dos de los jueces sanciona-dos -Guillermo López y Luis Chévez- iniciaron el lunes una huelga de hambre. López es su marido, pero ella oculta el dato siempre que puede. “Es que me da pudor. Cuando la gente se entera empieza a preocuparse por nuestra situación. Y aunque es verdad que nos quedaremos sin sueldo, saldremos adelante. En Honduras hay millones de personas en peores condiciones que nosotros”.

CARLOS PRIETO – Público – 19/05/2010 08:20

Ni pajarita ni chándal. Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) no iba ayer disfrazado para la alfombra roja. Tampoco de Uxbal, el hombre machacado por la vida que interpreta en Biutiful, la nueva película de Alejandro González Iñarritu.

El actor no sólo vestía ayer pantalón vaquero gris, camisa rosa y playeras, sino que estaba relajado y sonriente, lejos del estado de ansiedad (y subidón) en el que uno espera encontrar a los actores que compiten aquí estos días. El trasiego es grande y la promoción interminable. “Venir aquí a hablar de ti mismo durante horas y horas es lo peor. La promoción es una enfermedad necesaria”, dijo para arrancar.

Quizás por ello no duda a la hora de contestar a cualquier pregunta, aunque no tenga que ver con la promoción de su trabajo en el mayor escaparate del cine mundial. Los ataques que suele sufrir (tanto él como su madre) por parte de un sector de los medios de comunicación españoles, no le han quitado las ganas de seguir opinando sobre ciertos asuntos políticos de actualidad. El actor se ha unido recientemente a la plataforma de apoyo al juez Baltasar Garzón, apartado de su cargo en la Audiencia Nacional por querer abrir un proceso al pasado franquista.

“Creo que mi postura es de sentido común. Que Falange Española lleve al banquillo a un juez por investigar los crímenes del franquismo es algo terrible y retrógrado. Es de sentido común defender el derecho a la información y al bienestar de las familias de las víctimas. Con este asunto hemos dado un paso atrás importante. Gran parte del legado del franquismo sobrevive todavía en ciertos tribunales”, espetó.

Y una vez que cogió carrerilla ya no hubo quién para pararle. “Las dos Españas existen, lo vemos todos los días. Lo que quiere hacer Garzón es limpiar esas heridas para que no se vuelvan a abrir. Intentar impedir que se reabra este tema [investigar los crímenes del franquismo] tiene una motivación puramente política”, zanjó. Más claro, blanco y en botella.

Su papel en Biutiful, una película que se sumerge en el submundo del trabajo clandestino, le ha servido para conocer de primera mano el infierno cotidiano en el que viven muchos sin papeles en nuestro país. Una situación que califica de “esclavitud moderna” y que, en su opinión, ejemplifica “el modo en el que nuestro bienestar se basa en la miseria de los demás”.

Pero su malestar va más allá de las declaraciones bienintencionadas. Durante el festival se ha anunciado que Bardem producirá y narrará Hijos de las nubes, un documental sobre el conflicto del Sáhara occidental que dirigirá Álvaro Longoria. “Pretende ser un trabajo objetivo tras 30 años de despropósitos políticos sobre la situación. Desprovisto de emoción porque creo que la realidad va a dar siempre la razón al pueblo saharaui”, matizó. La película tratará de analizar “los intereses políticos y económicos” que se esconden detrás de la “partida de ajedrez geopolítica” jugada por Marruecos. Y lo hará a lo grande: el equipo de Hijos de las nubes aspira a entrevistar a nombres como Nicolas Sarkozy, Abdelaziz Bouteflika, James Baker, José María Aznar, Henry Kissinger y Bill Clinton.

Uno de los roles más densos

El actor parece haberse quitado ya de encima a Uxbal, uno de los papeles más densos de su carrera. “No es cierto que haga siempre personajes dramáticos e intensos. Aunque Biutiful es un drama extremo. No hay mucho humor aquí, no” (risas). Bardem dice que la lectura del guión de Iñárritu le “conmovió” porque mostraba a “la compasión como el último signo de salud de una sociedad corrupta y explotada”.

El intérprete ha estado durante muchos meses metido en la piel de Uxbal. Admite que se considera un actor “un poco obsesivo” y que a veces le cuesta “salir de sus personajes”, aunque no tiene alma de masoquista. “Es básico encontrar lo que te une al personaje. Pero esta búsqueda debe ser sólo un trampolín. Los trabajos terapéuticos son poco atractivos de ver. Les falta imaginación. De lo que se trata es de desentenderte de tus movidas personales para hacer algo que es mucho más importante. Los dramas de los personajes son más grandes que los tuyos”, contó.

Todo esto puede sonar muy abstracto, pero el hombre que ganó un Oscar por No es país para viejos (Joel y Ethan Coen) lo aclara con un pequeño ejemplo. En Biutiful hay una inmigrante subsahariana con críos que hace de sí misma. Eso sí entra dentro de lo que Bardem llama un trabajo terapéutico y doloroso. “El papel le afectaba personalmente. A cambio los niños actuaban con la frescura e ignorancia propia de su edad. Yo me sitúo entra esas dos vías, aunque la segunda me parece más saludable”, aseguró.

Eso sí, si uno tiene que meterse dentro del personaje se mete. Aunque sea un psicópata. Con todas las consecuencias. “Si me toca hacer de Hitler me pongo el traje de nazi. Y me pongo a favor de Hitler. Intento comprender sus motivaciones, por caóticas y fascistas que fueran, como hizo Bruno Ganz de un modo fantástico en El hundimiento“, razonó. Y señaló que los roles de los que más le cuesta desprenderse son los basados en personas de carne y hueso, “como Ramón Sampedro [Mar adentro] o Reinaldo Arenas [Antes que anochezca]“. Pero el esfuerzo no es nada comparado con “el lujo de poder dedicarme a esto”. Un tipo contento y con suerte, pues.

Público – 18/05/2010 20:10 Actualizado: 18/05/2010 20:30

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha defendido con vehemencia al suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuando se le preguntó al respecto en la rueda de prensa posterior a la clausura de la Cumbre UE-América Latina y Caribe. Kirchner recordó que, en otro tiempo, “la propia España admiró a ese juez que convirtió a este país en un faro de los derechos humanos”.

“Tengo por Garzón un gran aprecio personal y un gran respeto y admiración institucional”, proclamó la presidenta argentina, que ayer se reunió con Garzón aprovechando su visita a España.

Kirchner, que aseguró que, si en su país no se hubiera derogado la ley de punto final, tanto ella como su marido habrían concedido la extradición de los altos cargos de la dictadura argentina, recordó los elogios que recibió Garzón al juzgar al militar Adolfo Scilingo y al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

“La vigencia de los derechos humanos”

Tampoco se escondió a la hora de expresar su opinión sobre el debate de fondo. “Sostenemos la vigencia de los derechos humanos como una cuestión universal”, afirmó. “Los derechos humanos no son privativos de un país, son universales y así lo entendió la propia España”, recordó, cuando los abanderó Garzón, a quien Kirchner le expresó su apoyo y le reiteró su amistad y admiración.

Por el contrario, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se atrevió a posicionarse sobre el caso Garzón, que tanta polémica ha causado por la supuesta intromisión de algunos miembros del PSOE en las causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. Eso sí, quiso aclarar que el franquismo ha quedado “afortuadamente superado”, indicando implícitamente que no quedan resquicios del mismo en la magistratura.

Por lo demás, en relación a Garzón se limitó a constatar que “hay un gran debate sobre la justicia internacional” y que lo que en cualquier caso “sí es de justicia” es que quienes “durante décadas no han sabido dónde estaban sus familiares” ejerzan su “derecho” a rendirles “recuerdo”.

Una actitud “intolerable”

Donde no han sentado demasiado bien las palabras de Kirchner es en el seno del PP.  La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que es “intolerable” que la presidenta argentina “venga de fuera a dar lecciones de respeto a la Justicia”.

Cristina Fernández de Kirchner y su marido “son los menos indicados para dar lecciones de Justicia y de seguridad jurídica a nadie”, ha destacado la portavoz de los populares en la Cámara Baja.

Por ello, ha pedido al Gobierno que no permita que nadie “ponga en entredicho” a las instituciones españoles, si bien ha matizado acto seguido: “Cuando desde dentro del Gobierno las debilitan,. algunos desde fuera se ven legitimados para hacer lo mismo”.

La presidenta de Argentina se manifestó ayer preocupada, dolida y sorprendida por el caso de Garzón, toda vez que la decisión del Tribunal Supremo le resulta “una regresión en la concepción de la justicia universal en materia de derechos humanos”.

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID – Público – 18/05/2010 20:49 Actualizado: 19/05/2010 02:47

Era yo adolescente cuando, durante una breve estancia en Alemania en 1948, busqué Dachau. Pero en la ciudad de Dachau nadie parecía haber oído hablar del campo de exterminio. En esa misma época escribí una carta a mis padres sobre el periodo que había pasado en la Sorbona: “Hablan de este filósofo alemán, Martin Heidegger, que era nazi, pero dicen que no importa”. Medio siglo después, sí importa.

Ahora Dachau ya no es un lugar escondido, vigilado por el Ejército estadounidense; las matanzas de Katyn ordenadas por Stalin ya no están envueltas en misterio y las nerviosas amnistías otorgadas a los principales criminales de la Francia de Vichy en la posguerra inmediata se han visto sustituidas por los juicios abiertos y las reflexiones históricas posteriores. En estos mismos momentos, en Múnich, el Gobierno alemán busca justicia y claridad en el juicio a John Demjanjuk, el asesino del campo de exterminio; una forma de honrar a las víctimas de la barbarie de aquellos años en el país, que ayudará a dejar atrás ese pasado oscuro. Sin ese reconocimiento, las víctimas corren peligro de permanecer en el limbo histórico de las no personas.

Sin embargo, España, a diferencia de otros países europeos, no ha gozado de esa claridad ni ha podido dejar atrás oficialmente sus propias atrocidades pasadas. Pero las leyes no tienen por qué ser una colección inmutable de normas rígidas; deben reflejar los intereses del bien social general. Para llevar a Klaus Barbie a juicio, el Gobierno francés tuvo que pasar por alto el hecho de que a Barbie ya se le había juzgado en ausencia e invocar por primera vez el delito de crímenes contra la humanidad, que no prescribe. Lo que hizo posible el proceso -además de los enormes esfuerzos de activistas de derechos humanos, abogados y jueces y la cooperación de otros Gobiernos que facilitaron su extradición- fue, al final, la voluntad del Gobierno francés de examinar su turbio periodo de Vichy. Lo importante no fueron las personalidades de los involucrados en el proceso. Lo importante fue que siempre se debe prestar atención a los crímenes contra la humanidad. Por consiguiente, insto a los responsables de la suspensión del juez Garzón a que, en interés del bien general, le reinstauren en su puesto para que pueda continuar su valiosísima labor.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, con tres votos a favor y dos en contra, permitió ayer al juez Baltasar Garzón irse durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, le denegó el estatus jurídico (servicios especiales) que reclamó el juez antes de que el pleno del Poder Judicial le suspendiera de funciones el pasado viernes.

La Permanente no define en su resolución la figura jurídica bajo la cual acepta que juez se traslade como asesor a La Haya. Se limita a permitir que Garzón trabaje para el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, “porque desde el punto de vista orgánico”, señala, “no se aprecian razones legales que impidan” su contratación como asesor externo. Lo llamativo de la Comisión Permanente de ayer es que la decisión fue adoptada por una mayoría (tres votos contra dos) formada por el presidente Dívar y los vocales Margarita Robles (progresista) y Manuel Almenar (conservador). No se votó por grupos.

Eso sí, hubo dos votos particulares en contra de la decisión mayoritaria. El del conservador Antonio Dorado, partidario de que la Permanente se hubiese ceñido a contestar a la petición de Garzón; esto es, si se le concedía o no el estatus de servicios especiales, a lo que Dorado se oponía. El otro voto particular llevaba la firma de Almudena Lastra, partidaria de acceder a la petición de Garzón. Lo que la Permanente avaló ayer, en definitiva, fue el informe remitido por el secretario general del Consejo, que concluía que era factible permitir al juez realizar esa función en La Haya pero sin otorgarle la figura del servicio especial, incompatible, sostiene el secretario, con la suspensión de funciones que pesa desde el viernes pasado sobre el juez.

La Permanente se reunió ayer por la tarde con carácter de urgencia en Madrid, sólo unas horas después de haber recibido los cinco informes que reclamó a diferentes organismos, tras la suspensión de Garzón, para que opinaran sobre la solicitud del juez de irse a La Haya en calidad de servicios especiales.

“Estoy feliz”, aseguró ayer el fiscal Ocampo tras conocer la noticia, informa Natalia Junquera. “Vamos a empezar a trabajar cuanto antes. Me interesa mucho lo que hizo Garzón con Batasuna para empezar a investigar en Colombia las conexiones entre grupos paramilitares y políticos”.

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La Fiscalía del Estado apoyó el traslado que pidió el magistrado

Ocampo: “Quiero empezar a trabajar con Garzón cuanto antes”

La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo ha declarado que la condena de Vassili Kononov, un letón de 87 años con nacionalidad rusa desde 2000, por crímenes de guerra cometidos en la Segunda Guerra Mundial, no supone una violación del artículo 7 (no hay pena sin ley) de la Convención Europea de Derechos Humanos. La decisión constituye un respaldo internacional a la interpretación que el juez Baltasar Garzón hizo en su intento de persecución de los crímenes del franquismo, (es decir que ese tipo de atrocidades nunca prescriben aunque lo sostengan leyes nacionales), lo que implícitamente supone que no es él quien prevarica y que la interpretación del Tribunal Supremo es la que está equivocada.

Kononov, nacido en Letonia en 1923, fue movilizado como soldado del ejército soviético en 1942. En 1943 fue lanzado en paracaídas sobre territorio bielorruso, entonces ocupado por Alemania y se integró en un comando soviético de “partisanos rojos”. Según los hechos establecidos por la corte letona, el 27 de mayo de 1944, Kononov dirigía una unidad de partisanos que llevaba uniforme alemán en una incursión en la ciudad de Mazie Bati, en la que algunos de sus habitantes eran sospechosos de haber denunciado a otro grupo de partisanos. Tras registrar seis granjas, encontraron fusiles y granadas que habían sido proporcionadas por los alemanes, por lo que Kononov y sus hombres mataron a nueve personas. Cinco cabezas de familia fueron ejecutados y un sexto hombre y tres mujeres, una de ellas encinta, perecieron cuando quemaron sus casas. Ninguno estaba armado, ni intentaron huir, ni opusieron resistencia a los partisanos.

Aunque Kononov negó que hubiera dirigido personalmente la operación, la Corte Suprema de Letonia le condenó en abril de 2004 por crímenes de guerra. Debido a su edad, a que está enfermo y es ahora inofensivo, solo fue condenado a un año y ocho meses de prisión. La condena se basaba en las disposiciones de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, relativa a la protección de civiles en tiempo de guerra. Y los crímenes se cometieron en 1942, por lo que se supone que no había en esa fecha una ley escrita aplicable.

Pero la Gran Sala recuerda que el Reglamento de La Haya de 1907 ya prohibía los ataques a localidades no defendidas, como eran las granjas y que esos crímenes eran considerados delitos en las leyes y costumbres, por lo que los estados tenían la obligación de adoptar medidas para castigar a individuos culpables de esos crímenes. Como decía Garzón.

Eneko – 17/05/2010