El Poder Judicial permite a Garzón trabajar en La Haya

La comisión permanente del CGPJ no concede al juez los servicios especiales que pidió y opta por un polémico y confuso acuerdo

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID – Público – 18/05/2010 20:49 Actualizado: 19/05/2010 02:47

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) optó ayer por un acuerdo polémico y confuso por el que autoriza al juez Baltasar Garzón a “prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional“, pese a haber sido suspendido de sus funciones jurisdiccionales el viernes. La resolución ni siquiera menciona la situación en la que el juez pedía ser declarado (en servicios especiales), lo que le permitía conservar su plaza en la Audiencia Nacional.

La decisión se adoptó con los votos del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, el primero nombrado a propuesta del PP y la segunda, del PSOE. Los otros dos miembros de la permanente, Antonio Dorado y Almudena Lastra, anunciaron sendos votos particulares.

Todos los informes recabados por la permanente eran favorables a la petición del juez Garzón. Pero el determinante para formular técnicamente la autorización fue el del secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, que entendía que los servicios especiales eran incompatibles con la suspensión cautelar de funciones en la que se encuentra Garzón desde el pasado día 14.

Tras regresar de Burgos, donde celebraron la reunión semanal de la permanente, sus cinco miembros volvieron a citarse en Madrid a partir de las 19.30 horas. El acuerdo alcanzado repasa el caso de Garzón, es decir, la suspensión en la que se encuentra y los informes favorables emitidos por “la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores”, a petición de la permanente reunida el pasado viernes.

El acuerdo de la permanente dice textualmente: “La comisión permanente acuerda participar a Baltasar Garzón Real, así como a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que desde el punto de vista orgánico, no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, y en consecuencia, la comisión permanente permite tal contratación”.

No resuelve lo solicitado

Tanto Almudena Lastra como Antonio Dorado discrepan de la mayoría, porque entienden que la permanente no resuelve lo solicitado, que es la declaración en servicios especiales. La primera, nombrada a propuesta del PSOE, cree que no hay inconveniente legal para conceder esta situación, como la Fiscalía General del Estado informó ayer al respeto en un extenso dictamen. Antonio Dorado, designado a propuesta del PP, dice, en cambio, que la comisión ha negado la declaración en servicios especiales, por lo que el “acuerdo debería limitarse a esta declaración, sin perjuicio de que una nueva petición de Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser estimada”.

Fuentes del Consejo indicaron que con este acuerdo Garzón no pierde su plaza en la Audiencia Nacional. Y se dará la paradoja de que compatibilizará el sueldo base que percibe estando suspendido con lo que cobre en la Corte Penal Internacional, porque implícitamente la permanente está permitiéndole la compatibilidad de ambas situaciones.

Otras fuentes señalan que en vez de dar una solución a Garzón, la permanente le ha planteado un nuevo problema, fiscal, porque cobrar ambas remuneraciones es incompatible. Añaden que la compatibilidad de los jueces sólo está prevista para la docencia, por lo que el acuerdo podría acabar forzándolo a pedir una excedencia.

* * * * * *La Fiscalía y el Supremo no ven impedimento en el traslado de Garzón a La Haya

El Poder Judicial avala que Garzón trabaje en La Haya

El Consejo rechaza que el juez vaya en servicios especiales

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ El País19/05/2010

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, con tres votos a favor y dos en contra, permitió ayer al juez Baltasar Garzón irse durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, le denegó el estatus jurídico (servicios especiales) que reclamó el juez antes de que el pleno del Poder Judicial le suspendiera de funciones el pasado viernes.

La Permanente no define en su resolución la figura jurídica bajo la cual acepta que juez se traslade como asesor a La Haya. Se limita a permitir que Garzón trabaje para el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, “porque desde el punto de vista orgánico”, señala, “no se aprecian razones legales que impidan” su contratación como asesor externo. Lo llamativo de la Comisión Permanente de ayer es que la decisión fue adoptada por una mayoría (tres votos contra dos) formada por el presidente Dívar y los vocales Margarita Robles (progresista) y Manuel Almenar (conservador). No se votó por grupos.

Eso sí, hubo dos votos particulares en contra de la decisión mayoritaria. El del conservador Antonio Dorado, partidario de que la Permanente se hubiese ceñido a contestar a la petición de Garzón; esto es, si se le concedía o no el estatus de servicios especiales, a lo que Dorado se oponía. El otro voto particular llevaba la firma de Almudena Lastra, partidaria de acceder a la petición de Garzón. Lo que la Permanente avaló ayer, en definitiva, fue el informe remitido por el secretario general del Consejo, que concluía que era factible permitir al juez realizar esa función en La Haya pero sin otorgarle la figura del servicio especial, incompatible, sostiene el secretario, con la suspensión de funciones que pesa desde el viernes pasado sobre el juez.

La Permanente se reunió ayer por la tarde con carácter de urgencia en Madrid, sólo unas horas después de haber recibido los cinco informes que reclamó a diferentes organismos, tras la suspensión de Garzón, para que opinaran sobre la solicitud del juez de irse a La Haya en calidad de servicios especiales.

“Estoy feliz”, aseguró ayer el fiscal Ocampo tras conocer la noticia, informa Natalia Junquera. “Vamos a empezar a trabajar cuanto antes. Me interesa mucho lo que hizo Garzón con Batasuna para empezar a investigar en Colombia las conexiones entre grupos paramilitares y políticos”.

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La Fiscalía del Estado apoyó el traslado que pidió el magistrado

Ocampo: “Quiero empezar a trabajar con Garzón cuanto antes”

Exteriores reitera que el traslado de Garzón a La Haya es de interés para España

El ministerio envía un segundo informe favorable tras la suspensión del juez

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ El País17/05/2010

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido hoy a media tarde un segundo informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que reitera que “es de interés para España” el traslado del juez Baltasar Garzón como asesor externo de la Fiscalía del Corte Penal Internacional (TPI), pese a haber sido suspendido por la Comisión Permanente del CGPJ. Este nuevo escrito de Exteriores -el primero lo envió antes de la suspensión del juez- es uno de los cinco que pidió la tarde del pasado viernes la Comisión Permanente del Consejo para ver si accede a la petición de Garzón de concederle una comisión de servicio en el TPI durante siete meses.

De los cinco informes solicitados por la Comisión Permanente a diferentes organismos, dos de ellos han llegado hoy al Consejo. Por la mañana se recibió en el registro el remitido por el fiscal de CPI, Luis Moreno-Ocampo, en el que asegura que “conocía la investigación abierta contra el magistrado Baltasar Garzón Real” y le confirma que no encuentra “razones para modificar la decisión de contratarle en calidad de asesor legal de la fiscalía”. Ocampo dice comprender que el Poder Judicial español, tras la decisión del Supremo de sentar en el banquillo a Garzón, estaba obligado a suspenderle de funciones, y matiza que el nuevo puesto del magistrado en la CPI no conlleva “inmunidad”. Por la tarde ha llegado el del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los dos favorables.

Quedan por llegar al Consejo otros tres informes, los solicitados a la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, que es la que juzgará a Garzón por investigar los crímenes del franquismo; el pedido a la Fiscalía General del Estado y el reclamado al secretario general del Consejo.

Según fuentes jurídicas, es posible que mañana se reúna la sala del Supremo para emitir su dictamen sobre el requerimiento de la Comisión Permanente. Los cinco miembros de la Comisión Permanente, con Carlos Dívar a la cabeza, se reunirán mañana en Burgos, pero no figura el tema de Garzón en el orden del día.

Fuentes del Consejo cree que la Permanente otorgará a Garzón un permiso para que se traslade a La Haya, si bien matizan que la figura de la comisión de servicio no cabe aplicarla en este caso (hay jurisprudencia al respecto de la Sala Tercera del Supremo) porque está orientada para jueces en activo a los que se encomienda un cometido distinto del que desempeña en un momento determinado. Pero no para jueces suspendidos de funciones. El presidente Dívar ha manifestado que convocará a la Comisión Permanente para estudiar la petición de Garzón en cuanto lleguen al Consejo los cinco informes solicitados.

El Fiscal de La Haya contesta al Poder Judicial que sigue queriendo contratar a Garzón

“Conocía la investigación abierta contra el magistrado”, responde por carta a Carlos Dívar

NATALIA JUNQUERA El País17/05/2010

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo ha respondido hoy en una carta enviada al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar y al secretario del mismo, Celso Rodríguez, que ya “conocía la investigación abierta contra el magistrado D Baltasar Garzón Real” y que le confirma que no encuentra “razones para modificar la decisión de contratarle en calidad de asesor legal de la fiscalía”.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Moreno-Ocampo explica que comprende que el juez “de acuerdo a la ley Orgánica del Poder Judicial de España debía ser suspendido de sus funciones”, pero añade: “La Fiscalía, en sus decisiones administrativas respeta el principio de inocencia establecido por el artículo 66 del Estatuto de Roma y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación”.

Por último, y en contestación a una pregunta directa del Consejo General del Poder Judicial aclara: “El cargo de asesor no incluye ningún tipo de inmunidad procesal”. El fiscal de la Corte Penal Internacional se despide del presidente del CGPJ “confiando en contar con su apreciada cooperación”.

La carta de Moreno-Ocampo responde a una comunicación del Consejo enviada a la fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, el pasado 14 de mayo, día en que acordó la suspensión de Garzón como juez de la Audiencia Nacional tras 22 años de servicio.

En su escrito, el Poder Judicial le comunicaba que la Comisión Permanente “a efectos de resolver con la mayor celeridad la solicitud” de Garzón de “ser declarado en la situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial para desempeñar funciones de consultor en la fiscalía del Tribunal Penal Internacional”, había acordado dirigirse a la fiscalía de la CPI para preguntarle “si confirma o ratifica el ofrecimiento de un contrato de consultoría como asesor externo” para Garzón y “si dicho contrato lleva implícita algún género de inmunidad procesal”.

En la misma comunicación, el Consejo se dirigía por segunda vez al Ministerio de Asuntos Exteriores para que tras la “nueva situación” del magistrado emitiera un nuevo “informe de conformidad” con su desplazamiento a La Haya ; al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que informara “sobre la petición de declaración en situación de servicios especiales a la vista de la medida de suspensión cautelar acordada”; a la sala segunda del Tribunal Supremo para que le comunicara si la petición de Garzón “afecta al curso de las actuaciones que se encuentran en trámite ante la misma sala” y a la secretaría general del CGPJ para que emitiera un quinto informe sobre la solicitud del juez teniendo en cuenta su suspensión.

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Como las Madres de Plaza de Mayo

La Plataforma contra la impunidad del franquismo, que agrupa a familiares de desaparecidos, escritores y artistas, ha convocado a los ciudadanos a participar en una concentración de protesta todos los jueves a partir del próximo día 20, a las 20.00 en la Puerta del Sol de Madrid en solidaridad con las víctimas y para pedir que se investiguen los crímenes de la Guerra civil y la dictadura.

La convocatoria sigue el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo argentinas, que se concentran todas las semanas desde hace años para pedir encontrar a los suyos.

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El ala progresista del CGPJ no llega a un acuerdo para salvar a Garzón

Dívar descarta una reunión para autorizar la marcha del juez a La Haya antes de estudiar su suspensión

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID – 14/05/2010 – Público

Garzón, este miércoles. REUTERS

Garzón, este miércoles. REUTERS

No habrá comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos no la habrá antes del pleno de hoy en el que se discutirá la suspensión cautelar de funciones del juez Baltasar Garzón. Los nueve vocales nombrados a propuesta del PSOE no llegaron ayer a un acuerdo para pedir formalmente al presidente del órgano de Gobierno de los jueces, Carlos Dívar, la convocatoria de una reunión de la comisión que debe autorizar la declaración de servicios especiales solicitada por el juez de la Audiencia Nacional para irse como asesor externo a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

No obstante, fuentes del Consejo señalaron que las conversaciones continúan y si cinco vocales muestran su conformidad, se solicitará. Y Dívar tendrá la última palabra. El límite son las 11.00 horas de este viernes, cuando está previsto que comience el pleno. En cualquier caso, la permanente puede estudiar la autorización, incluso, después de que Garzón sea suspendido.

Las mismas fuentes señalaron que los cinco vocales de la comisión permanente han encontrado hasta algún caso de jueces que no se encontraban en activo a los que se ha concedido esta situación. Este órgano del CGPJ tiene la última palabra y, para ello, estudiará la solicitud junto con toda la documentación que pidió el miércoles. En ella figura el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero si para conceder el permiso es indiferente que el juez esté suspendido, ¿por qué tanto revuelo en torno a la convocatoria de la comisión permanente? Por una cuestión de “matiz”. No es lo mismo conceder una comisión de servicios especiales a un juez que sigue en activo que concedérselo cuando está suspendido.

Si la declaración de servicios especiales se hubiera producido antes del pleno, probablemente no se suspendería a Garzón, pese al auto de apertura de juicio oral dictado por Luciano Varela por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas. Por lo menos el debate se mantendría en otros términos. Porque el juez al que, como prevención, se iba a apartar del juzgado, lo hacía por sí mismo.

Pendiente de recursos

Pero, seguramente, en el pleno que debe decidir sobre el expediente de suspensión cautelar iniciado el pasado mes de febrero apresuradamente se planteará la solicitud cursada por Garzón. Él mismo presentó ayer un escrito en el Consejo en el que argumenta que el auto de apertura de juicio oral dictado por Varela, pese a que no es recurrible, puede todavía quedar sin efecto. Se basa en que la Sala de lo Penal del Supremo puede aún estimar el recurso de apelación que ayer interpuso contra la denegación de los expertos en justicia universal que había solicitado. Dar la razón a Garzón supondría revocar el auto que le sienta en el banquillo.

Habrá que ver qué deciden Dívar y los 16 o 17 vocales que intervendrán en el pleno. Los siete nombrados por el PP que solicitaron su convocatoria extraordinaria son claros partidarios de la suspensión, aunque una de ellos, Gemma Gallego, podría quedar excluida del debate, si se estima la recusación que Garzón presentó. El que seguro se sumará a los recusados Margarita Robles y Fernando de Rosa será José Manuel Gómez Benítez, que pidió su abstención.

Varela abre juicio oral a Garzón y le corta la retirada al Tribunal de La Haya

El juez instructor del Supremo dicta cuatro autos seguidos en los recursos que tenía pendientes, para evitar que el Poder Judicial de permiso a Garzón para ir a la Corte Penal Internacional

JULIO M. LÁZARO El País12/05/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decretado la apertura de juicio oral del juez central número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo en un auto en el que rechaza aplicar la conocida como doctrina Botín que impide abrir juicio cuando no acusan ni el Ministerio Fiscal ni el ofendido o perjudicado por el delito y tras considerar válidos los escritos de las acusaciones que el propio Varela mandó corregir.

La decisión de Varela, adoptada la misma mañana en que el Consejo General del Poder Judicial examinaba la petición de traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional, tiene por objeto cortarle esa retirada ya que el organismo tendrá que suspenderle inmediatamente de funciones y un juez suspendido no puede ser destinado a servicios especiales.

La decisión de Varela sorprendió relativamente ya que se esperaba una reacción así después de que Garzón le recusase por tener interés en el pleito. Para ello, Varela ha notificado otos tres autos, rechazando el recuso de reforma de Garzón contra la denegación de todas las pruebas solicitadas por su defensa y otros dos recursos de Falange contra su expulsión el procedimiento. Quedan pendientes de resolver por la Sala Penal el recurso de Garzón por nulidad de actuaciones en los escritos de acusación, que apoya el Ministerio Fiscal.

Una vez que Varela ha recibido otra vez la causa principal, ha despachado en un tiempo record los recursos que tenía pendientes para abrir el juicio oral y que Garzón sea fulminantemente suspendido de funciones y no pueda tramitarse su marcha como adjunto a la Fiscalía de la Corte de La Haya.

La resolución de Varela sobre la apertura del juicio oral a Garzón dedica varios folios a explicar sus propios votos particulares formulados a la doctrina Botín y la doctrina Atutxa, con los que, dice ahora, se “alegraba” porque con la nueva tesis del Supremo “los ciudadanos iban a poder, en muchos más casos, suplir las inhibiciones” del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal.

Varela agrega que los hechos imputados en el escrito de acusación de Manos Limpias “no difieren ni desbordan” los de su auto en el que fijaba el objeto admisible para la acusación. Añade que el escrito se formula “sin cambio relevante” respecto al inicialmente presentado -al que ordenó quitar 53 folios y apostillar que el Garzón actuó “a sabiendas” de la injusticia-, por Manos Limpias.

Por último, señala que “procede ordenar, y ordeno” la apertura del juicio oral contra Garzón “por los hechos objeto de acusación en cuanto constitutivos del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal. Este precepto castiga con pena de 10 a 20 años de inhabilitación al juez el delito de prevaricación judicial. Las acusaciones de Falange y Manos Limpias piden cada una la pena máxima de 20 años.

La última pirueta del juez

Garzón encuentra una salida airosa que le permitirá ir de asesor a la Corte Penal Internacional sin la mácula de haber sido apartado de sus funciones

JOSÉ YOLDI El País12/05/2010

Garzón se va. Hace un mes comentaba a sus íntimos: “Ahora, y así, no me puedo ir”, en referencia a que le llegaban mensajes de que todos sus problemas -tres procesos por prevaricación en el Tribunal Supremo- se solucionarían si se iba de la Audiencia Nacional. Pero fiel a su carácter consideraba que tirar la toalla no era propio de él, que muchos interpretarían que huía y él no da un paso atrás ni para tomar impulso.

Un mes después, y con la espada de Damocles de la inminente suspensión de sus funciones como juez sobre su cabeza, ha encontrado una salida airosa, que teóricamente le permite eludir muchos problemas y que se enfríen sus pleitos en el Supremo.

Garzón ha conseguido una invitación del fiscal de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para que durante siete meses ejerza de asesor en tres investigaciones que ya tiene en marcha dicho organismo, una de ellas en Uganda, otra en Colombia y la última en la República Democrática del Congo.

Ni que decir tiene que uno no va a un puesto internacional sin el apoyo del Gobierno de su país, por lo que parece evidente que el magistrado cuenta con el beneplácito del Ejecutivo, aunque él niega que haya hablado con nadie a ese respecto. En todo caso, la postura del Gobierno se sabrá pronto, puesto que la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, que se reúne hoy, solicitará al Ministerio de Asuntos Exteriores el preceptivo informe sobre si la misión internacional a la que ha sido invitado Garzón es de interés para España. Si no lo fuera, la Permanente rechazaría la comisión para servicios especiales, pero si el informe fuera favorable a Garzón, la Permanente debería concederla debido a que no habría motivos objetivos para rechazarla puesto que su juzgado está al día.

Esa decisión de la Permanente del Consejo dejaría sin efecto la eventual suspensión de funciones que podría tramitarse en el pleno del próximo día 19 si finalmente el instructor del caso de los crímenes del franquismo, Luciano Varela, abriera juicio oral contra Garzón.

Varela podría intentar anticiparse a la decisión de la Permanente y forzar la suspensión del magistrado en un pleno extraordinario, antes de que se resolviera la solicitud de servicios especiales de Garzón.

Sin embargo, en medios del Consejo del Poder Judicial consideran que el presidente, Carlos Dívar, no es proclive a forzar las cosas. Puesto que la petición de servicios especiales ha llegado antes que la apertura de juicio oral, es partidario de que su tramitación se resuelva antes que algo que todavía no ha llegado. Si el informe de Exteriores es favorable, es muy difícil denegar la petición de Garzón. Y si el juez dejara su juzgado quedaría sin contenido la posible suspensión de sus funciones jurisdiccionales, puesto que ya no se encontraría ejerciendo como juez. Es decir, un problema menos.

No obstante, el proceso seguiría adelante y el juicio podría celebrarse en julio o en septiembre.

Garzón evitará su suspensión al aceptar un puesto en la Corte Penal

El fiscal le ofrece un puesto de “asesor externo” para investigar crímenes masivos y de terrorismo – Su marcha le permitiría conservar su plaza en la Audiencia

MANUEL ALTOZANO El País12/05/2010

Los que pretendían, a golpe de querella, que Baltasar Garzón abandonara la Audiencia Nacional, lo han logrado, aunque sólo temporalmente. El juez dio ayer un golpe de efecto y aceptó un puesto de asesor externo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que dirige su amigo argentino Luis Moreno-Ocampo. Si el Consejo General del Poder Judicial acepta en los próximos días su paso a la situación de servicios especiales para incorporarse a ese tribunal trasnacional con sede de La Haya por los próximos siete meses, el magistrado habrá conseguido eludir su inmediata suspensión, aunque las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo sigan su curso. En caso de que esos procesos terminen en nada, el juez podrá volver a ocupar su despacho como si nada hubiera ocurrido.

La última palabra la tiene ahora la Comisión Permanente del Consejo, que abordará el tema en su reunión de hoy. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que en la inmensa mayoría de los casos la petición del interesado se concede tras estudiar el cargo que pretende ocupar. Para ello, esa comisión deberá pedir un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores que avale la petición del juez. Con él, el acuerdo podría adoptarse esta semana, y así Garzón dejaría en los próximos siete meses el Juzgado en el que ha trabajado los últimos 22 años.

Aunque en principio no parece posible que su petición sea rechazada, entre los vocales que deben decidir se encuentran algunos de sus principales adversarios, como la vocal progresista Margarita Robles, que forma parte de la permanente junto a Carlos Dívar (presidente), Almudena Lastra (progresista), Antonio Dorado (conservador) y Manuel Almenar (conservador).

En caso de que finalmente el Consejo acepte la petición de Garzón, el juez evitaría el escarnio de ser suspendido. Se espera que, en los próximos días, el instructor de la causa contra Garzón por haber investigado las atrocidades del régimen de Franco, Luciano Varela, abra juicio oral contra el juez de la Audiencia. Con esa resolución, el Poder Judicial no habría tenido más remedio que acordar su suspensión provisional hasta que hubiera sentencia. El artículo 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al Consejo a apartar cautelarmente a los jueces y magistrados “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Esa expresión literal fue incluida por Varela en uno de sus últimos autos.

Con la más que posible salida de Garzón, esa suspensión cautelar -destinada a no permitir ejercer sus funciones a un juez acusado de un delito en tanto que es procesado- deja de tener sentido ya que habría dejado motu proprio la jurisdicción. Pero, además, su marcha le permite conservar su destino en el Juzgado Central de Instrucción 5 mientras siguen su curso las tres causas contra él abiertas en el Tribunal Supremo: por investigar los crímenes de Franco, por ordenar la grabación de conversaciones de los abogados del caso Gürtel con sus clientes en prisión y por sus gestiones en el patrocinio por el banco Santander de unos cursos de la Universidad de Nueva York.

El fiscal jefe de la CPI, que le envió su oferta el pasado viernes, considera que Garzón será “un gran fichaje”. Moreno-Ocampo quiere que, con su experiencia, el juez de la Audiencia Nacional colabore con él aportando sus técnicas de investigación en el desarrollo de protocolos para la instrucción de crímenes masivos y en casos de crimen organizado y de terrorismo. El nuevo despacho del magistrado de la Audiencia Nacional estará en La Haya, aunque la oferta de Moreno-Ocampo incluye la posibilidad de desplazarse a los países de las investigaciones de la Corte para la recopilación de pruebas, según fuentes de su entorno.

Garzón se mueve

Su traslado como asesor a la Corte Penal Internacional dejaría sin objeto su suspensión

12/05/2010 – El País (editorial)

En vísperas de su suspensión como juez y de su salida obligada de la Audiencia Nacional, consecuencia de lo que parece la inminente apertura de juicio oral por su intento de abrir una causa penal por los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón ha hecho un movimiento que, al menos durante un tiempo, le pone a resguardo de tales amenazas: solicitar la situación de servicios especiales durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).

La solicitud tiene que ser autorizada por el Consejo del Poder Judicial, pero no hay razón para que no lo haga. Lo que pide Garzón encaja con uno de los supuestos previstos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): realizar una misión por un periodo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La suspensión cautelar se refiere no a la condición de juez, sino a la función jurisdiccional ejercida; al dejar la que ejercía en la Audiencia Nacional, la suspensión queda sin objeto inmediato: aplazada durante el tiempo que esté en situación de servicios especiales. Durante ese tiempo tendrá derecho a percibir la remuneración que le corresponda por su antigüedad en la carrera y a que se le reserve su actual plaza de juez. Será al solicitar su reingreso, al término del periodo de servicios especiales, cuando se le planteen los problemas que ahora elude; pero quizás para entonces haya sido absuelto.

La solicitud de Garzón se produce a invitación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que el “mundo necesita jueces como Garzón”, lo que supone un reconocimiento internacional que contrasta con su cuestionamiento en su propio país por sectores que le persiguen con querellas de endeble fundamento, una de ellas, la motivada por su actuación contra los crímenes del franquismo, más que temeraria.

Sería paradójico, y un golpe a la imagen de la justicia española, que Garzón, en su condición de asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya tarea es perseguir los crímenes contra la humanidad en el mundo, se sentara en el banquillo por haber intentado hacer lo mismo en su país. El Supremo tendría serias dificultades para explicarlo.

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