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El Supremo rechaza la recusación de Varela planteada por Garzón

El instructor del incidente coincide con el juez en que este quería ayudar a Garzón al asesorar a Manos Limpias y Falange

JULIO M. LÁZARO – El País – 07/05/2010

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha rechazado la recusación instada por el juez Baltasar Garzón contra el instructor Luciano Varela por haber asesorado a Manos Limpias y Falange Española de las JONS en sus escritos de acusación contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Al rechazarse la recusación, la causa volverá a Varela, que puede dictar el auto de apertura del juicio oral que determinará la suspensión de funciones del magistrado de la Audiencia Nacional.

Martínez Arrieta, que ha resuelto el incidente de recusación en un tiempo récord, considera que las resoluciones dictadas por Varela “son adecuadas” a lo establecido en la ley procesal penal, por lo que “no pueden objetivizar la pérdida de imparcialidad que se denuncia”. Arrieta coincide con Varela en que al señalar a Falange y a Manos Limpias cómo debían presentar sus escritos, lo que Varela buscaba era “reforzar y actuar las garantías derivadas del principio acusatorio que ampara al imputado en el procedimiento penal”, es decir, ayudar a Garzón. Por tanto, no cabe “hablar de parcialidad del instructor”.

El instructor de la recusación se suma así al argumento del “reforzamiento de las garantías” de un imputado mediante la “subsanación” de sendos escritos de acusación en los que se pide para Garzón la pena máxima de 20 años de inhabilitación como juez. Ese mismo argumento fue el que centró los respectivos informes tanto del recusado Luciano Varela como el de Falange Española de las JONS, que pese a haber sido expulsada del procedimiento sigue interviniendo en el mismo.

Según Martínez Arrieta, las dos resoluciones dictadas por Varela, rectificando los errores de Falange y Manos Limpias, fueron “adecuadas” a lo establecido en la ley procesal penal, por lo que “no pueden objetivizar la pérdida de imparcialidad que se denuncia”. Por tanto, no cabe “hablar de parcialidad del instructor” Luciano Varela.

En su auto de inadmisión, Martínez Arrieta sigue el informe realizado por el propio Varela y señala que la “subsanación, y por lo tanto la concesión de un plazo, es una consecuencia de una interpretación constitucional del proceso penal”.

Dicha interpretación, que se hizo en un proceso laboral en el que un juez dio un plazo a las partes para subsanar los defectos de una demanda laboral, es aplicada por Martínez Arrieta al proceso penal como “una auténtica obligación del órgano judicial”, de modo que “el juzgador debe advertir a la parte actora la existencia de defectos en la demanda y concederle un plazo de subsanación”.

En definitiva, para el instructor de la recusación, las rectificaciones de Varela a los escritos de Falange y Manos Limpias “no son más que la manifestación del deber que la ley procesal impone al juez de instrucción”, y que sea realizado por el instructor o por la parte “no objetiviza la pérdida de imparcialidad que se denuncia”.

Al tratarse de una inadmisión a trámite de la recusación, Martínez Arrieta ha decidido hacer una excepción y no imponer las costas del incidente a Garzón. La causa ha sido devuelta ya a Varela, cuyo sustituto, Julián Sánchez Melgar, ha estado un solo día al frente de la instrucción.

Aunque la Sala de lo Penal del Supremo tiene aún que pronunciarse sobre la nulidad de actuaciones instada por el defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, dicho pronunciamiento no suspende la causa principal, por lo que Varela ya tiene las manos libres para sentar a Garzón en el banquillo. Además, el tenor de la resolución de Martínez Arrieta, dejando a salvo la “imparcialidad” de Varela y la adecuación de sus resoluciones a la legalidad, marca el camino a la Sala sobre la nulidad de actuaciones.

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Consulta íntegro el auto que rechaza la recusación de Varela

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Manos Limpias copió un auto de Varela para acusar a Garzón

El juez de la Audiencia recusa al del Supremo por “asesorar” a la acusación

MANUEL ALTOZANO – El País – 25/04/2010

¿Qué mejores argumentos acusatorios que los del propio juez instructor? El colectivo ultraderechista Manos Limpias reprodujo de forma literal en su escrito de acusación -incluso con los mismos errores tipográficos- gran parte de la resolución que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela redactó el pasado 3 de febrero y en la que detallaba sus razones para sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Varela dio el miércoles una segunda oportunidad a Manos Limpias para que eliminara de su escrito sus propios argumentos. Garzón, que considera que con ese trámite “insólito”, el instructor “aconsejó” a la única acusación que sostiene el caso, recusó ayer a Varela por su “interés indirecto” en el proceso que lo convierte en un juez “parcial”.

En la providencia por la que Varela permitió a Manos Limpias corregir su escrito de acusación, el magistrado del Supremo detallaba las páginas exactas que la acusación debía eliminar para que su escrito fuera aceptado. En caso de que el colectivo de funcionarios no lo hubiera hecho, la causa se habría quedado sin acusación -Falange fue expulsada del caso el viernes y el fiscal no ve delito en la actuación del juez- por lo que el Supremo se habría visto obligado a archivar el caso.

Esa providencia, considerada “insólita” por la defensa de Garzón, pero también por otras fuentes judiciales consultadas por este periódico, reclamaba que se eliminaran partes enteras del escrito citando incluso las páginas concretas que debían desaparecer para que la acusación fuera admisible. Esa labor de “expurgación” -como la califica el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda- afectó en total a dos tercios de su contenido (50 de sus 74 páginas), tal y como se explica en el escrito de recusación.

Una de las partes que Manos Limpias plagia por párrafos enteros del auto de Varela del 3 de febrero es la relativa a la supuesta prescripción de las desapariciones de opositores al régimen de Franco que defendió el instructor para tratar de demostrar la supuesta prevaricación de Garzón. La acusación también copió literalmente todas las alegaciones de Varela en lo que se refiere a la Ley de Amnistía de 1977 que Garzón, en aplicación de Tratados Internacionales suscritos por España, dejó de aplicar respecto de los crímenes de la dictadura.

Hasta los calificativos empleados por Varela hacia Garzón en su resolución aparecen en el escrito de acusación. “El querellado [es decir, Garzón] se erige, de hecho, en árbitro ético de la decisión política tomada por las fuerzas políticas democráticas en 1977, so pretexto de baremos axiológicos extraídos de instrumentos de Derecho Internacional”, sostienen al unísono el instructor y la acusación popular.

Orientado a Manos Limpias para que eliminara sus alegaciones, Varela ha demostrado tener un interés concreto en el caso, según Garzón, que ayer mismo recusó al magistrado del Supremo para intentar apartarlo del proceso. “El instructor ha mostrado su interés en que las partes acusadoras mejoraran sus escritos de acusación”, mantiene el juez de la Audiencia Nacional en su escrito, muy parecido al recurso de apelación presentado el viernes para impugnar “la segunda oportunidad”, que el instructor dio a la acusación. Con esa decisión, Varela “ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito”, añade el escrito.

Varela deberá a partir de ahora abstenerse de seguir adelante con el caso mientras la Sala tramita su recusación. Otro magistrado de lo penal deberá instruir esta nueva petición que, finalmente, será resuelta por todos los magistrados. A diferencia del resto de trámites iniciados por Garzón, éste último suspende el procedimiento hasta que se decida si Varela es definitivamente apartado del caso y sustituido por otro instructor. Fuentes jurídicas aseguran, sin embargo, que el tribunal también podría rechazar la petición a trámite sin entrar ni siquiera en el fondo del asunto.

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Trámites pendientes

– Recurso de apelación contra el “asesoramiento” a Manos Limpias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá resolver el recurso de Garzón contra el auto y la providencia por los que Varela permitió corregir sus escritos de acusación a Falange (que no lo hizo a tiempo y por ello fue expulsada del proceso) y Manos Limpias. Garzón considera que, al tomar esas decisiones, el magistrado del Supremo perdió su imparcialidad y actuó como “juez y parte” en una labor impropia de un juez instructor.

– Recusación contra Luciano Varela. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser instruida por uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y decidida en última instancia por la Sala de lo Penal. Garzón la basa en el “interés directo en la causa” que habría demostrado al dar una segunda oportunidad a las acusaciones -Falange y Manos Limpias- para que corrigieran sus escritos de acusación.

– Recurso contra el auto de Varela en el que decidió juzgar a Garzón. La Sala de lo Penal debe resolver el recurso del juez de la Audiencia Nacional contra el auto de Varela por el que decidió procesar a Garzón y sentarle en el banquillo por prevaricación.

– Suspensión por el Poder Judicial. El gobierno de los jueces espera que la decisión del Supremo de juzgar a Garzón sea firme para proceder a su suspensión cautelar. La comisión permanente del acordó que fuera el Pleno el que tomara la decisión que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglada (no admite discusión). El Consejo no descarta convocar un pleno extraordinario para hacerlo.

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Varela expulsa a Falange del ‘caso Garzón’ por una sutileza legal

Manos Limpias, que ha seguido sus indicaciones, continúa con la acusación

JOSÉ YOLDI – El País – 24/04/2010

El juez Luciano Varela, instructor de la causa contra Baltasar Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo, expulsó ayer del proceso a Falange Española de las JONS, por medio de una sutileza legal, como es la interpretación del plazo para la presentación del escrito. Falange ejercía la acción popular y solicitaba 20 años de inhabilitación para el magistrado por delito de prevaricación. La otra acusación popular, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que también reclama 20 años de inhabilitación para Garzón, y resulta por tanto imprescindible para continuar con el proceso, sí consiguió cumplimentar con éxito el requerimiento siguiendo las indicaciones de Varela.

El pasado jueves, el juez Varela había dictado una resolución por la que declaraba que los escritos de acusación presentados por las acusaciones populares, tanto Falange como Manos Limpias, no cumplían los requisitos legales, porque no se ceñían a los hechos e incurrían en valoraciones sobre circunstancias ajenas al proceso. Por ello dio una serie de indicaciones a los querellantes para que subsanasen los defectos que presentaban sus escritos de acusación y los acomodasen a la legalidad en el plazo de una audiencia.

Falange ya ha anunciado que el próximo lunes recurrirá la decisión del juez por considerar que su apartamiento del proceso obedece a “cuestiones ideológicas”, mientras que en medios de las asociaciones de memoria histórica estiman que la expulsión de la formación política obedece a una “operación de maquillaje”, ya que no queda estético que el grupo que se sublevó contra el Gobierno legalmente constituido en 1936 sea el que lleve al banquillo de los acusados al juez que pretendía investigar su presunta participación en miles de desapariciones forzosas y crímenes contra la humanidad.

En la providencia dictada ayer, Varela razona que el procurador de Falange no había atendido al requerimiento formulado para subsanar los defectos en el escrito de acusación, por lo que “se le tiene por precluido en su derecho a formular acusación y apartado de la querella”. Varela, sin embargo, da por cumplimentado el requerimiento por parte del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y de la Asociación Libertad e Identidad, que actúan bajo la misma dirección letrada.

En la resolución por la que rechazaba los escritos de acusación, Varela llegaba a decir del presentado por Falange que “lejos de limitarse a la mera descripción de los hechos, se extiende en múltiples valoraciones de tal suerte que resulta arduo diferenciar cuales sean los hechos cuya verdad o falsedad ha de ocupar la defensa del acusado y a cuya acreditación ha de orientarse la actividad probatoria”.

Aunque el escrito de Falange fue presentado durante la mañana del viernes, la Sala Penal tendrá muchas cosas que resolver en breve, desde el recurso de Garzón a esa facilidad otorgada por Varela para subsanar defectos a las acusaciones, hasta el recurso de Falange contra la decisión de apartarle del procedimiento.

Mientras, como nada tiene efectos suspensivos, Varela podría acordar la apertura de juicio oral para suspender a Garzón.

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Últimos cartuchos

El fiscal niega la legitimación a Manos Limpias y a la Falange para enjuiciar a Garzón

El País – 23/04/2010 (editorial)

El ministerio fiscal quemó ayer sus últimos cartuchos procesales en su intento de parar la inminente apertura de juicio oral a Baltasar Garzón por la causa relativa a las fosas donde todavía yacen sin identificar numerosas víctimas del franquismo. A los argumentos hasta ahora esgrimidos por el fiscal en su firme oposición a que la controvertida pero jurídicamente sostenible actuación del juez de la Audiencia Nacional sea considerada un acto prevaricador, ha añadido uno nuevo: la deslegitimación procesal de los querellantes, el sindicato ultra Manos Limpias y Falange Española de las JONS, para sentar a Garzón en el banquillo.

La tesis que sustenta el ministerio fiscal, y que le da pie para pedir una vez más el sobreseimiento de la causa deriva de la llamada doctrina Botín sobre la acción popular que, aunque enmendada poco después por la misma Sala Segunda del Supremo por la llamada doctrina Atutxa, fue mantenida por el instructor de la causa contra Garzón, Luciano Varela, en un voto particular discordante con el llamativo cambio de criterio de sus compañeros. La doctrina Botín y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusación popular carece de legitimación por sí sola, a falta de acusación particular o de acusación pública, para llevar a un ciudadano a juicio en los llamados procedimientos abreviados, relativos a los delitos menos graves.

La causa contra Garzón encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusación particular, por la sencilla razón de que no existen perjudicados, ni tampoco acusación pública porque ningún daño ha producido Garzón al “interés público y social” en su intento de prestar una tutela judicial efectiva a los familiares de las víctimas del franquismo que acudieron a su jurisdicción. La causa sólo se sustenta en una acusación popular a la que el propio instructor Varela, con una benevolencia y compresión que ya quisieran para sí otros querellantes, ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares -el derecho al honor de los falangistas o revindicaciones de “un alto grado ideológico”- al amparo de una presunta defensa del interés social.

Es cierto que la doctrina Atutxa sobre la acción popular es la vigente, y no la doctrina Botín, pero el hecho de que esté recurrida ante el Tribunal Constitucional prueba que es una cuestión todavía abierta y sobre la que no se ha dicho la última palabra. El instructor Varela ha pasado por alto en sus autos este debate doctrinal, a pesar del papel señalado que ha jugado en él. Pero nunca es tarde. El fiscal le ha recordado que ese debate existe y que debería llevar o bien al sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garzón. Porque podría suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Botín y que Garzón hubiera sido juzgado con una interpretación inadecuada de las leyes procesales.

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El fiscal insiste en que Garzón no sea sometido a juicio

Pide aplicar la ‘doctrina Botín’ y subraya las contradicciones de Varela

JULIO M. LÁZARO – El País – 23/04/2010

El fiscal del Tribunal Supremo ha reiterado al juez instructor Luciano Varela su petición de sobreseimiento del proceso abierto al juez Baltasar Garzón por investigar el franquismo, al considerar que los hechos no son constitutivos del delito de prevaricación. El fiscal se opone también a la apertura del juicio oral que han solicitado las acusaciones de Falange Española de las JONS y Manos Limpias, por entender, en aplicación de la conocida como doctrina Botín, que carecen de legitimación procesal para instarla.

La doctrina Botín, llamada así en referencia al presidente del banco Santander, fue establecida por el Tribunal Supremo en febrero de 2008 y exoneró a Emilio Botín de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito. Aquella doctrina estableció que si el Ministerio Fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular ejercida por el perjudicado u ofendido por el delito (acusador particular), no cabe abrir el juicio oral exclusivamente a instancias de la acusación popular.

Poco después, en abril de 2009, el Supremo modificó esta doctrina para poder sentar en el banquillo al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, acusado de desobediencia al Tribunal Supremo. El alto tribunal indicó que para aquellos delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie puede ejercer la acusación particular, una acusación popular puede instar el juicio oral aunque el Ministerio Fiscal no acuse. Así, con la acusación popular de Manos Limpias, Atutxa fue juzgado en el Supremo y resultó condenado.

El fiscal explica que la doctrina Atutxa es una tesis en contra del reo que puede vulnerar derechos fundamentales y que ha sido objeto de un recurso de amparo apoyado por el fiscal, y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El representante de la ley considera después “muy conveniente” traer a colación la “acertada” postura del juez Varela a través de su “razonado” voto particular en la sentencia Atutxa y en el que, en síntesis, se pronunciaba en contra del cambio de criterio de la doctrina Botín a la doctrina Atutxa. A pesar de tanto jabón, Varela tampoco está de acuerdo con la doctrina Botín, aunque formuló un voto particular concurrente a la sentencia que exoneró de juicio al banquero. En cualquier caso, el fiscal concluye interesando el sobreseimiento y oponiéndose en todo caso a la apertura del juicio oral.

Por otra parte, Manos Limpias remitió ayer su escrito de acusación al Tribunal Supremo, corregido según las indicaciones facilitadas por el juez Varela para acomodarlo a las prescripciones legales. Manos Limpias exige la inhabilitación de Garzón por 20 años. El escrito de Falange Española de las JONS presentaba más problemas, lo que podría ser aprovechado por el juez instructor Varela para quitarse de en medio a Falange y evitar las connotaciones que conlleva mantener a ese “movimiento” en el banco de la acusación.

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Varela orienta a Falange sobre cómo corregir su acusación

JULIO M. LÁZARO – El País – 22/04/2010

El juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, dictó ayer dos resoluciones insólitas en las que orienta y explica a Manos Limpias y Falange sobre cómo subsanar los defectos que contienen sus respectivos escritos de acusación contra el juez Baltasar Garzón por la causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado da a ambas acusaciones “el término de una audiencia”, es decir, un día, para que subsanen los defectos y cumplan con los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuentes jurídicas consultadas ayer sobre estas resoluciones las calificaron como “lo nunca visto” en un proceso: “El instructor se dedica a corregir y orientar los escritos de las partes”. Varela cita como precedente, sin más aclaraciones, el auto del Supremo de 19 de julio de 1997 que consideró “nulo e ineficaz” el escrito del abogado Juan Ramón Montero, y expulsó al Partido Popular como acusación del caso Filesa sobre financiación ilegal del PSOE. La nulidad fue automática, no se concedió al abogado ningún plazo de subsanación, y tuvo como efecto inmediato que quedaran fuera del proceso diez acusados.

Múltiples valoraciones

En esta ocasión, sin embargo, Varela advierte a Falange de que su escrito no se atiene “de manera notoria” a las obligaciones procesales, pues en vez de limitarse a la “descripción” de hechos, se extiende en múltiples “valoraciones”, hace “constantes referencias a circunstancias personales” del acusado, e incluye otras ajenas al proceso como el “derecho al honor” de los falangistas.

En vez de declarar directamente nulo el escrito de Falange, como se hizo en 1997 con el del PP, Varela sugiere que retire acusaciones como que “Garzón se erige en juzgador de la historia y redentor del bando vencido”, que su fundamentación estaba “cargada de un alto grado ideológico”, y que no investigó hechos de los que quedan “presuntos responsables vivos, como Santiago Carrillo”.

En el caso de Manos Limpias, la orientación de Varela es aún más notoria: les requiere para que retiren directamente “las páginas 2 a 7 de su escrito” por incluir hechos ajenos al objeto del proceso. Se trata del procedimiento relativo al archivo de la querella por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, que el propio Varela ordenó traer a la causa contra Garzón y que por eso Manos Limpias los incluyó en su escrito. También les pide retirar los folios 20 a 63 por resultar “extemporáneos”.

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El Poder Judicial estudiará suspender a Garzón el día 22

Fuentes judiciales creen que antes se debería abrir el juicio

JULIO M. LÁZARO MADRID – El País – 09/04/2010

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha decidido que sea directamente el Pleno del organismo, que se reunirá el próximo día 22, el que se pronuncie sobre la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decidido sentar en el banquillo para que sea juzgado por un supuesto delito de prevaricación.

El Consejo tendrá que valorar si el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por Varela -contra el que cabe recurso ante el propio instructor y ante la Sala Penal- es suficiente para decretar la suspensión de Garzón.

Varela concluyó su auto de transformación señalando que “ha lugar a proceder” contra Garzón, siguiendo el tenor del artículo 383 de la ley orgánica del Poder Judicial sobre suspensión de magistrados. Sin embargo, fuentes judiciales consideran más correcto esperar al auto de apertura de juicio oral, que es el que marca definitivamente el proceso al magistrado.

Según explicaron dichas fuentes, dado que el ministerio fiscal no va a ejercer la acusación, ésta se sustentará exclusivamente en los escritos de Manos Limpias y Falange Española de las JONS. Aunque no es verosímil que suceda, si en hipótesis se suspende a Garzón y luego dichas acusaciones populares desistiesen de presentar sus escritos, Garzón estaría suspendido de funciones sin que nadie le acusase, por lo que habría que sobreseer el proceso y reintegrarle a su juzgado. El hecho de que una acusación popular desista de acusar en el último momento no ha sido tan infrecuente en procesos a banqueros y empresarios. Aunque ese escenario no se contempla en la causa contra Garzón, las fuentes consultadas creen más correcto esperar a que las acusaciones presenten sus escritos y el instructor decrete la apertura de juicio oral, momento a partir del cual ya no hay vuelta de hoja para que Garzón sea juzgado por la Sala Penal del Supremo.

No obstante, antes de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, el Pleno del Consejo tendrá que resolver la recusación de la vocal Gemma Gallego, la juez del ácido bórico que fue recusada por Garzón por enemistad manifiesta. El Consejo también tendrá que decidir sobre la abstención del vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue abogado de Garzón.

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La suspensión, en un par de semanas

J. M. L. – El País – 08/04/2010

Fuentes próximas al juez querellado se mostraron “perplejas” porque en el curso de toda la instrucción no se ha aceptado ninguna de las pruebas solicitadas por la defensa, lo que genera “una grave indefensión”.

El abogado del juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, aseguró ayer que recurrirá el auto de Varela directamente ante la Sala por considerar “inútil” hacerlo ante el instructor. En su recurso impugnará la denegación de las pruebas, insistirá en que la Sala no ha contestado a los argumentos de su anterior apelación y discutirá que no contestase a sus argumentos para no contaminarse, puesto que, en su opinión, la Sala ya está “contaminada”.

A partir del momento en que las partes reciban todas las actuaciones, disponen de un plazo común de diez días para solicitar la apertura del juicio oral. El recurso de Martínez-Fresneda no interrumpe la tramitación de la causa, por lo que Manos Limpias y Falange Española de las JONS ya pueden ir presentado sus escritos de acusación y solicitar la apertura del juicio oral. Si la sala rechaza, como es previsible, el recurso de Martínez-Fresneda, éste dispondrá de un corto plazo para formular su escrito de defensa y después Varela decretará automáticamente la apertura del juicio.

Una vez abierto el juicio oral, sería el momento en que el Consejo del Poder Judicial debería decretar la suspensión de funciones del juez. No obstante, algunas fuentes interpretan que el “ha lugar a proceder contra D. Baltasar Garzón” con que Varela inicia la parte dispositiva de su auto, siguiendo el tenor del artículo 383 de la ley del Poder Judicial, da pie a reclamar ya la suspensión de funciones del juez. El próximo Pleno del Consejo del Poder Judicial está previsto para el día 22.

La defensa de Garzón estima que el proceso irá más rápido a partir de ahora, para aprovechar que están “vivos” los otros dos procedimientos contra el magistrado. En principio, el recurso de su defensor puede estar resuelto en un par de semanas, casi coincidiendo con el Pleno del Poder Judicial. A partir de la suspensión, podría haber fecha para celebrar el juicio contra Garzón aproximadamente un mes después. La decisión de Varela ha coincidido con el levantamiento del secreto del caso Gürtel.

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Amnistía ve “insólito” que Garzón pueda ser juzgado por “buscar verdad y justicia”

Caamaño reitera su respeto a decisiones del TS y a la presunción de inocencia

El País – 07/04/2010

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional considera “insólito” que un magistrado pueda ser juzgado por buscar “la verdad, la justicia y la reparación” para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, apunta que sería “el primer caso en el mundo” y que supondría “un mensaje tremendo a otros países de que el juez que lo intenta es procesado”. Beltrán ha añadido que que Amnistía sigue “muy detenidamnte” el caso y con preocupación.

UGT y CC OO

Los sindicatos UGT y CC OO han convocado para el próximo martes 13 de abril un acto de apoyo al juez Baltasar Garzón que será abierto al público y que contará, entre otros, con la presencia del ex alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, cuya fundación también está en contra de la querella contra el juez. Aunque el acto está “todavía sin cerrar”, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo ha adelantado que el escenario será el salón de actos de la Facultad de Medicina de Madrid, en cuyo exterior se instalará una pantalla gigante que permita seguir la lectura de los manifiestos que ya se están elaborando. Además, los sindicatos han organizado una recogida de firmas, a través de las Fundaciones de UGT y CC OO, de apoyo al juez “que ya está firmando gente muy diversa”.

IU

El líder de IU, Cayo Lara, ha lamentado la decisión del juez Luciano Varela de sentar en el banquillo al magistrado Baltasar Garzón y cree que es “una afrenta” a las asociaciones de defensade la Memoria Histórica y a las víctimas del franquismo. Para Cayo Lara, con esta decisión, el juez Valera ha atendido más a las organizaciones ultraderechistas y lo ha hecho, ha señalado, en contra de la opinión de la fiscalía, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. España, ha subrayado el líder de la coalición, es un país de paradojas puesto que mientras “muchos chorizos” acusados de corrupción se pasean por la calle, el juez que “quiso hacer justicia” y juzgar los crímenes del franquismo tendrá que hacer frente a los tribunales. “Es una imagen de pena” que España, ha recalcado, está dando ante los países con democracias avanzadas.

Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha insistido en su confianza en el Tribunal Supremo y el “máximo respeto” al Poder judicial en el ejercicio de sus funciones, al tiempo que ha recordado que cree en la presunción de inocencia “mientras no se demuestre lo contrario” de todas las personas encausadas, también cuando éstas son jueces.

PP

El diputado del Partido Popular Carlos Floriano ha afirmado que si Baltasar Garzón se sienta en el banquillo significa que “la Ley alcanza a todos y todos nos debemos a la Ley”.

UPyD

La diputada de Unión, Progreso y Democracia en el Congreso, Rosa Díez, considera “absolutamente impresentable” y aún “más grave” tratándose de un juez que Baltasar Garzón haya optado por una “defensa política” intentando deslegitimar a quienes le han denunciado por prevaricción al abrir una causa contra el franquismo en lugar de defender jurídicamente y aclarar si los hechos de que se le acusan son o no ciertos. “En España tenemos que aprender a juzgar a las causas por sus hechos y no por quién ha planteado la demanda o instruye el caso”, ha subrayado Díez, quien ha agregado que Garzón tiene que defender “como un ciudadano más”, con “pleno derecho a su presunción de inocencia” y sentarse en el banquillo si es necesario.

PSOE

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha mostrado su confianza en la administración de Justicia y ha dicho esperar que el proceso judicial a Garzón se solucione “cuanto antes”. En rueda de prensa en el Congreso, el dirigente socialista ha vuelto a salir en defensa de Garzón, de quien ha dicho es uno de los magistrados españoles que “más ha hecho” en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción.

Asociaciones para la Memoria Histórica

El abogado de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán, ha calificado de “total indefensión” para Garzón que se prohíba acudir a los testigos solicitados en su defensa por el magistrado. Magán ha criticado la decisión del magistrado del Supremo Luciano Varela, encargado de instruir la causa abierta contra Garzón, y ha reclamado el derecho de las asociaciones de la Memoria Histórica a asistir como parte a la vista oral. Consideran que si Garzón es condenado por esta causa en el Supremo, la investigación abierta por el tema de las fosas del franquismo en otros órganos judiciales españoles quedará “prejuzgada”. A su juicio, los magistrados que están instruyendo las causas contra Garzón están “contaminados” por su oposición a la Ley de Memoria Histórica.

Manos Limpias

El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, ha acogido como “un triunfo del Estado de Derecho” la decisión del Tribunal Supremo y ha señalado que si este juez es condenado se extirpará “el cáncer de la Justicia española”. Bernad se ha mostrado convencido de que habrá una sentencia condenatoria contra Garzón, pese a las “presiones terroríficas” de los últimos meses para evitar que este juez sea juzgado.

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Así son los querellantes

Ultraderechistas de Manos Limpias y de Falange, abogados enfrentados a Botín y empresarios e implicados en la Gürtel buscan acabar con Garzón

J. M. LÁZARO – Madrid – 28/02/2010

Caricatura de Baltasar Garzón- SCIAMMARELLA

Manos Limpias, el pseudo sindicato de Miguel Bernard, cabeza visible de la ultraderecha madrileña desde sus tiempos de delfín de Blas Piñar, ha tenido el honor de abrir el baile de querellantes contra el juez Baltasar Garzón, al que han concurrido con sus mejores galas la resucitada Falange Española de la JONS, abogados de querellas rechazadas y empresarios imputados en la trama corrupta vinculada al PP.

Bernard, de larga y conflictiva trayectoria nacionalsindicalista como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado centenares de querellas contra partidos nacionalistas o de izquierda, instituciones, homosexuales y hasta contra el programa infantil Los Lunis. La que interpuso contra el juez y la fiscal del 11-M casi le cuesta un disgusto, ya que el Supremo dedujo testimonio contra él por acusación y denuncia falsas al entender que esa querella entrañaba un “fraude procesal” y un “manifiesto abuso de Derecho”.

Pero entre los magistrados de la Sala Penal, Bernard también tiene su público: suplió la negativa del fiscal a acusar al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que resultó condenado precisamente por desobediencia al Supremo. Ahora, con la imputación y posible condena del juez al que ha perseguido durante años por atreverse a indagar los crímenes del franquismo, ha logrado el premio gordo.

La querella de Manos Limpias fue admitida al segundo intento —primero se presentó como denuncia— por la Sala Penal, en un auto del que fue ponente Adolfo Prego, un magistrado ultraconservador que se ha significado como patrono de honor de la fundación para la Defensa de la Nación Española, (Denaes). Prego es hermano de la periodista Victoria Prego, adjunta a la dirección de El Mundo, el diario al que Garzón ha acusado de “denigrarle sistemáticamente”.

A esta querella se ha sumado ahora Falange, para lavar el “honor” de su “movimiento”.

El abogado Antonio Panea lleva persiguiendo Garzón desde que éste, en 2006, rechazó una querella del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra Emilio Botín, presidente del Santander, adjudicatario del banco de Mario Conde tras su intervención y saneamiento.

Pérez Escolar había sido condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación de casi cinco millones de euros en la gestión de Banesto, pero dada su avanzada edad, no llegó a pasar ni dos meses en la cárcel. Panea pertenecía al grupo de seguidores de Pérez Escolar, cuyas intervenciones críticas contra Botín en las juntas de accionistas del Santander cosecharon todo tipo de desplantes y abucheos. Hasta su fallecimiento en 2007, Pérez Escolar interpuso una treintena de querellas contra Botín, casi todas archivadas y sin que ninguna concluyera en condena. Garzón archivó una de tantas, previo informe favorable del fiscal y el respaldo posterior de la Sala Penal de la Audiencia.

Fallecido Pérez Escolar, Panea tomó el relevo y trató de vincular el archivo de la querella de su colega con el supuesto cobro por Garzón de 1,7 millones de dólares que le habría pagado el banco durante su estancia en Nueva York. La acusación era tan burda que todas sus denuncias ante el Poder Judicial fueron archivadas. El magistrado Luciano Varela, que anduvo meses investigando los honorarios de Garzón en Nueva York, tuvo que archivar la querella por inexistencia de delito, no sin realizar un último intento, sin éxito, de que el Poder Judicial sancionase a Garzón supuestamente por no informar de que había percibido unos ingresos de 200.000 dólares.

Pese a estar la querella archivada, Panea acudió con otra que contiene supuestos “nuevos datos” que revelarían que Garzón solicitó personalmente a Botín el patrocinio de unos cursos que dirigió en Nueva York, con intervención de diversas personalidades. Por el momento, a Garzón de nada le han servido las explicaciones de la Universidad de Nueva York ni del banco, y la querella se ha admitido. En las últimas semanas, el Supremo ha respaldado a una magistrada de Cantabria que expulsó a Panea de un juicio por encararse con ella e interrumpir al letrado de la parte contraria.

La tercera querella admitida hasta ahora ha sido la del abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario implicado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri. Éste no llegó a ingresar en prisión, pero Peláez visitó en la cárcel a los principales implicados de la red corrupta para “preparar la defensa” de su cliente. Garzón había ordenado grabar las conversaciones de los presos con sus abogados, sospechando que alguno podría incurrir en operaciones de blanqueo. Aunque, efectivamente, algún abogado ha resultado imputado, el Supremo entiende que el juez ha podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad.

Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón. Desde que migró a la abogacía, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Hace unos meses fue juzgado junto a sus clientes, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por el caso de la carta falsa con la que la pareja de empresarios intentó contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal que les juzgó en octubre expresó su “sorpresa” por la contratación de Peláez por Los Albertos, pero no encontró “prueba suficiente” que demostrara que conocía la falsedad de la carta. Peláez salió absuelto y Los Albertos, condenados a cuatro meses.

Hace unas semanas, Peláez fue investigado por la Audiencia Nacional por ayudar a entrar, sin permiso, a un periodista holandés y a la mujer de un preso en los calabozos del edificio. A los policías de servicio les dijo que sus acompañantes eran compañeros del despacho, pero los agentes desconfiaron y descubrieron que uno era periodista y la mujer era la esposa del recluso.

Contra Garzón ha anunciado también una querella el Colegio de Abogados de Madrid por las escuchas del caso Gürtel, que de momento ha quedado en la recámara. El decano, Antonio Hernández-Gil, afirmó que es la primera vez que el Colegio (una institución con más de 400 años de historia) se querella contra un juez. Aseguró que la querella se presentará “en el momento más adecuado” y cuando “sea más eficaz”. En la Junta que adoptó el polémico acuerdo se sienta el vicedecano Luis Rodríguez Ramos, que defiende, junto a varios de sus colaboradores, a varios de los imputados en de la trama.