España, en la Comisión de Derechos Humanos

MIGUEL GONZÁLEZ El País10/05/2010

Salvo sorpresa, España se convertirá el año próximo en miembro del Consejo de Derechos Humanos, un organismo de Naciones Unidas que promueve el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. La elección, que se celebrará el jueves, está garantizada en la medida en que sólo hay dos candidatos, España y Suiza, para las vacantes dejadas por Italia y Holanda.

El Consejo está formado por 47 países, pero los asientos se reparten por grupos geográficos, de forma que al bloque de Europa Occidental y otros, al que pertenece España, le corresponden siete. La única incertidumbre radica en que para ser elegido hay que obtener al menos 97 votos entre los 192 países que forman parte de la Asamblea General de la ONU y la votación se realiza por sufragio individual y secreto. El mandato es de tres años (2011-13) prorrogables por otros tres. España perdió la elección en 2008, aunque entonces tuvo que competir por un asiento con Reino Unido.

Debido al sistema de elección, formar parte del Consejo no es ninguna garantía de respeto a los derechos humanos, a pesar de que en teoría podrían ser suspendidos como miembros los países que cometan abusos sistemáticos. Lo cierto es que en dicho organismo se sientan países tan poco respetuosos con los derechos fundamentales como China, Cuba o Arabia Saudí.

En los últimos tiempos ha ganado protagonismo gracias a la Revisión Universal Periódica de los Derechos Humanos, un examen individual a todos los miembros de la ONU que debe concluir en diciembre de 2011. España se examinó el pasado día 5, aunque la nota obtenida no se conocerá hasta después del verano.

Cinco países piden a España en la ONU que investigue el franquismo

El Gobierno se examina por primera vez de derechos humanos en Naciones Unidas

NATALIA JUNQUERA El País06/05/2010

Bajo la cúpula del artista Miquel Barceló en Ginebra y durante tres horas, España se sometió ayer a su primer Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU. A la espera de la calificación final, que llegará en septiembre con un informe de recomendaciones elaborado por Chile, India y Sudáfrica, y según las intervenciones realizadas ayer por 55 países, sacó buena nota. Fue felicitada por las leyes de igualdad y contra la violencia de género, pero según la mayoría de Estados, necesita mejorar en el trato a los inmigrantes. El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de Francisco, salió “muy satisfecho” del examen.

De Francisco expuso primero los avances en la defensa de los derechos humanos, entre los que citó las leyes de dependencia y matrimonio homosexual, entre otras. Después, se sometió a las preguntas de los países, y al final, prometió que España estudiará la ratificación de la Convención de la ONU para los trabajadores migrantes -hasta ahora se había opuesto porque el documento no diferencia entre regulares e irregulares-, como le solicitaron más de una docena de países. España también se ha comprometido a publicar una estadística oficial sobre actos racistas.

Cinco países -Argentina, México, Colombia, Cuba y Perú- instaron a España a investigar los crímenes del franquismo y garantizar que los familiares de las víctimas recuperen sus restos. México recomendó que, “de conformidad con sus obligaciones internacionales investigue, sancione y repare los delitos de desaparición forzada, sin importar el tiempo que haya pasado”. El representante cubano aseguró que a España le queda una “asignatura pendiente: la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista, que son imprescriptibles”. Argentina pidió que fortalezca los mecanismos contra la impunidad y Colombia, que avance en la ley de memoria para garantizar el “derecho a la verdad” de las víctimas de Franco.

Las ONG de todo el mundo que elaboraron un informe de recomendaciones para esta ocasión incidieron en “la amenaza a la independencia judicial” que supone el proceso al juez Garzón y “la falta de voluntad política” para asumir la localización de las víctimas del franquismo.

El Gobierno mantiene que la desaparición forzada está tipificada como delito, pero no es imprescriptible en este caso, y que “la ley de amnistía no puede considerarse una ley de punto final porque no fue impulsada por los herederos del franquismo, sino por la oposición al régimen”, señaló un portavoz.

El tono de las recomendaciones subió al llegar el turno del representante de Irán, que empleó la palabra “apartheid” para referirse a la situación de las niñas musulmanas que no pueden acudir a clase con el pañuelo.

El próximo lunes se presentará en el Senado el llamado Mecanismo Español de Prevención de la Tortura. Entre 2002 y 2009, más de 250 policías y funcionarios de prisiones fueron condenados por este tipo de delitos, según el informe que España envió a la ONU el pasado febrero.

España tendrá que explicar en la ONU el acoso a Garzón

El Consejo de Derechos Humanos examina el miércoles al Gobierno de Zapatero

PERE RUSIÑOL – Público – 29/04/2010 06:00

El Gobierno español deberá dar explicaciones la semana que viene en Naciones Unidas por el acoso al juez Baltasar Garzón y por las dificultades de investigar los crímenes del franquismo. El organismo internacional ha puesto el foco en España y los expedientes sobre la causa del franquismo se acumulan: ya hay seis entes de la ONU donde se debate la situación originada por el acoso al juez.

España se somete el miércoles de la semana que viene por vez primera al examen sobre derechos humanos que realiza en Ginebra Naciones Unidas a todos sus miembros. El ejercicio se instauró en abril de 2008 y consiste en una evaluación detallada de la situación de los derechos humanos en cada país por lo menos una vez cada cuatro años.

El proceso toma como punto de partida un documento elaborado por el propio país, al que se suman luego las aportaciones de los distintos organismos de Naciones Unidas y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que remiten a Ginebra sus análisis, aunque luego no tienen derecho a intervenir el día del examen.

La delegación española estará encabezada por la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, adscrita a Presidencia, y contará con técnicos de varios ministerios, que deberán someterse a las preguntas del Consejo de Derechos Humanos.

Estupor internacional

La primera comparecencia española, el próximo miércoles, coincidirá con el estupor internacional provocado por la instrucción del Supremo contra Garzón por supuesta prevaricación en la causa de los crímenes franquistas. Y aunque el material -tanto el del Gobierno español como el de las ONG- se envió hace meses, todas las partes dan por seguro que España tendrá que dar explicaciones por el acoso a Garzón y quizá también por la Ley de Amnistía de 1977 y la dificultad de investigar en los tribunales españoles los crímenes del franquismo.

“Sabemos que el asunto muy probablemente saldrá y estamos preparando las repuestas con la tranquilidad que da el saber que no se está cometiendo ninguna violación de los derechos humanos. Al contrario, la situación de España es muy positiva”, explica uno de los diplomáticos que está preparando la comparecencia de España.

El documento que remitió a Ginebra Amnistía Internacional ya incorporaba las dificultades para llevar a cabo las exhumaciones tras ser apartado Garzón de la causa. Pero la instrucción del Supremo en su contra ha movilizado a la ONG de derechos humanos, que ha intensificado su labor de lobby para asegurar que España deberá responder a estas cuestiones incómodas ante el Consejo de Derechos Humanos.

En las últimas semanas, la ONG se ha entrevistado con diplomáticos de Bélgica, Reino Unido, Holanda, India, Chile y Suráfrica, entre otros, para subrayar la gravedad de lo que está sucediendo en España.

Contratiempo inesperado

Para la diplomacia española, el caso Garzón y el súbito interés por la Ley de Amnistía y los crímenes del franquismo supone un contratiempo inesperado. España esperaba capitalizar los avances en derechos humanos desde la Ley de Igualdad hasta el matrimonio homosexual, entre muchos otros puntos para ganar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, que se renueva el 13 de mayo.

En cambio, ahora se encontrará probablemente a la defensiva, tratando de demostrar que respeta derechos humanos elementales como el de las víctimas a conocer la verdad o el de los jueces a investigar en lugar de poder lucirse exhibiendo los nuevos derechos que ha impulsado.

El frente internacional no se acaba en el Consejo de Derechos Humanos. Otras organizaciones de gran renombre internacional, como Human Rights Watch (HRW), han acudido también a la ONU para que interceda por Garzón y en favor de los derechos de las víctimas de la represión franquista.

El portavoz de HRW, Reed Brody, se ha dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidiéndole que interceda en España en favor de Garzón. La organización también ha escrito al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias instándolo a examinar si España cumple con los compromisos que firmó.

Representantes de la ONU y de 26 Estados firman una declaración de apoyo a Garzón

Atribuyen el proceso contra el juez a “los privilegios de las élites franquistas”

NATALIA JUNQUERA El País24/04/2010

El II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial de Desaparición Forzada, procesos de exhumación, Justicia y Verdad, celebrado en Bogotá (Colombia), ha concluido con una declaración de apoyo al juez Baltasar Garzón (por quien hoy se viven en España concentraciones de apoyo ) firmada por representantes de 26 países (EE UU, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Suecia, Afganistán y Nepal entre otros) y de la ONU. El texto afirma: “La ausencia de políticas reparadoras hacia las miles de familias víctimas de la guerra y la dictadura en España no es casual. Las élites franquistas ingresaron en la democracia conservando todos sus privilegios y eso ha causado que la primera persona que se vaya a sentar en un banquillo como consecuencias de los crímenes del franquismo vaya a ser el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón”.

“El país que ensanchó los caminos de acceso a la justicia universal está a punto de convertirse en un referente de la injusticia universal. El juez Garzón está a punto de ser juzgado por el Tribunal Supremo español acusado de prevaricación por tratar de investigar los crímenes de la dictadura franquista. Mientras tanto, quienes han padecido tantos años de dictadura y carecen del apoyo del Estado ven apagarse sus vidas sin tener la oportunidad de conocer el paradero de sus seres queridos y de poder darles una sepultura digna”.

“Por todo ello defendemos el derecho de las víctimas del franquismo a la verdad, a la justicia y a la reparación. Asimismo rechazamos la persecución del juez Baltasar Garzón e instamos a las instituciones judiciales y al Gobierno español a terminar con la impunidad de la dictadura franquista y a trabajar para garantizarles la justicia a 113.000 familias que hasta ahora no han tenido derecho a ella”.

Este Congreso ha impedido asistir a la manifestación de hoy al vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, que se desplazó a Bogotá para ofrecer un balance de los logros, dificultades y retos de las políticas de memoria en España. Tampoco podrá asistir a la protesta, a su pesar, el presidente de la asociación, Emilio Silva, porque tuvo que viajar a EE UU, acompañado del investigador del CSIC Francisco Ferrándiz para participar en el seminario internacional Exhumando cuerpos, produciendo memoria en la Universidad de Minessotta.

Human Rights Watch pide a la UE que defienda al magistrado

N. J. El País23/04/2010

Los actos y comunicados de apoyo al juez Baltasar Garzón se multiplican. Ayer la organización internacional de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) pidió a la Unión Europea que exprese “su oposición a las posibles sanciones contra el juez Garzón”.

“Ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el exterior, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país”, afirmó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de HRW. “La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero”, y “podría debilitar la credibilidad y la efectividad de la UE en su conjunto a la hora de promover justicia por violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en la actualidad en Darfur, en la República Democrática del Congo o en Sri Lanka”.

HRW recuerda que en 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU “instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977”; que en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó al Gobierno que se asegurara de que “los actos de tortura, que también incluyen desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”, y que ese mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó, “como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar los actos de barbarie”.

– Amnistía Internacional: “Es escandaloso”. Esta organización condenó ayer “enérgicamente los escandalosos cargos” contra Garzón. “Por principios, Amnistía Internacional no toma partido sobre el fondo de los cargos (…) contra una persona sometida a investigación judicial, pero en este caso, no puede quedarse callada”, declaró Widney Brown, directora general. “En vez de entablar acciones penales contra el juez Garzón por investigar delitos de derecho internacional cometidos en el pasado, España, independientemente de la fecha de comisión de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia”.

– Repudia de parlamentarios chilenos. 46 parlamentarios (44 diputados y dos senadores de la oposición) chilenos expresaron ayer su “repudia” al “hostigamiento del que está siendo víctima el juez Garzón en su propio país” y su solidaridad “con quien ha velado de manera ejemplar por el respeto a los derechos humanos incluso más allá de las fronteras de su nación”, en referencia al procesamiento de Augusto Pinochet.

La ONU amonestó tres veces a España por la Ley de Amnistía

Reprobó al Gobierno el año pasado por mantener la norma de 1977, no investigar el franquismo y descuidar a las víctimas

Rita Barberá prohíbe el himno de Riego en un homenaje a las víctimas de Franco porque “turba” a la gente.

PERE RUSIÑOL – Público – 19/04/2010 06:00

La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas.

Durante 30 años, la Transición sólo había dado motivos de satisfacción a la diplomacia española ante la cascada de elogios que cosechaba. Pero la imposibilidad del juez Baltasar Garzón de seguir adelante con su causa para investigar los crímenes del franquismo se le negó la competencia a finales de 2008 y el Tribunal Supremo quiere juzgarlo ahora por supuesta prevaricación ha puesto por vez primera la Ley de Amnistía en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ante la interpretación que se está haciendo de la

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el primero en amonestar a España y lo hizo en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, muestra “preocupación” por “el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 y recuerda que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” y que las amnistías “relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto”.

Comisión de expertos

El comité sugirió “la derogación de la Ley de Amnistía”. Y también “tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”, crear una comisión de expertos independientes “encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura” y “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

La diplomacia española contestó indignada el 8 de enero, tan sólo tres días después: lamentó la alusión y la atribuyó al “desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía”: “[El comité] está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia a España. La citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978”, sostiene el documento remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La réplica no tuvo efecto. El 19 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar explícitamente la norma porque “el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción”.

A continuación, la exigencia: “El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”.

La última tarjeta amarilla llegó el 21 de diciembre, sólo 44 días antes del auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela seguía adelante con la querella contra Garzón acusándolo de prevaricar por su interpretación de la Ley de Amnistía.

“No es una ley de punto final”

En sus conclusiones sobre España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y concluye con dos exigencias al Gobierno socialista: “Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad”. Y que se realizarán “investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”.

Ni el Comité de Derechos Humanos ni los grupos de trabajo de la ONU tienen valor vinculante, pero sus resoluciones tienen una gran importancia moral y los estados no escatiman esfuerzos diplomáticos para salir bien parados.

España presentó una larga lista de alegaciones, en las que pedía que no se confundiera “la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final”, como las de Argentina y Chile, que impidieron iniciar procesos judiciales contra los regímenes dictatoriales anteriores. Es decir, el Ejecutivo precisó que la ley de 1977 no es una ley de impunidad.

Pese a que el 60% de los juzgados que recibieron partes de la causa de Garzón han archivado el caso sin investigar ni citar a las víctimas y el resto está en stand by, el Gobierno replica así a la ONU: “La investigación de las desapariciones forzadas se ha realizado siempre que haya sido instada por los interesados, y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de Amnistía”.

Un frente cada vez más amplio

La comprensión hacia la Ley de Amnistía ha cambiado tanto a nivel internacional que ya forma parte de la agenda de las grandes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva años exigiendo que se aborde el asunto, y Human Rights Watch. La causa contra Garzón ha actuado como acelerador. El mes pasado, esta última organización, con sede central en EEUU, inició así su comunicado: “Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

El frente internacional de acoso a la Ley de Amnistía se amplió también a finales de 2009 con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hace referencia a España, sino a Turquía, pero las argumentaciones son tan rotundas que han alimentado las esperanzas de los abogados de derechos humanos en relación con España y han sido incorporadas a la querella presentada en Buenos Aires.

“Aunque el transcurso de más de 34 años sin noticias de las personas desaparecidas puede constituir un fuerte elemento de prueba circunstancial de que estas han muerto durante este lapso, ello no suprime la obligación procesal de investigar”, sostiene el Tribunal de Estrasburgo. Y tras recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, concluye que “ha habido una violación continua del artículo 2 [del Estatuto de Roma] por el hecho de que el Estado demandado no procedió a realizar una investigación efectiva destinada a aclarar el destino de los nueve hombres que desaparecieron en 1974”.

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Los compromisos de España que obligan a investigar

Las querellas se apoyan en la jurisprudencia internacional
Las querellas presentadas por asociaciones de víctimas contra Luciano Varela -en el Tribunal Supremo- y contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo -en Buenos Aires- coinciden en subrayar que España ignora varios convenios que ha firmado y que le obligan a investigar, pese a la Ley de Amnistía de 1977. El magistrado Baltasar Garzón incluyó en su auto el balance provisional de víctimas de la dictadura que hicieron los peritos designados para la causa: entre 136.062 y 152.237 muertos.

Los principios del Convenio Europeo de derechos humanos
En 1950, en Roma, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que España firmó el 4 de octubre de 1979. En su artículo 7. 2, se explicita que “no se impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

Castigo para los responsables de los crímenes
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 (y que España ratificó ese año), establece ya en su preámbulo que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (…) no deben quedar sin castigo (…). Y se recuerda “que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

El Estado debe proteger a las víctimas
La Asamblea General del 16 de diciembre de 2005 de la ONU aprobó los llamados ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos’. El texto reconoce a las víctimas el derecho al “acceso igual y efectivo a la Justicia, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido” y a la información “sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”. Tales obligaciones “deberán reflejarse” en el derecho de cada país. La resolución obliga a los estados a “establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación”.

No cabe anmistía para una desaparición
La Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por España, estipula que “el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos”.