“Garzón es el último exiliado del franquismo”

Familiares de víctimas del franquismo creen que el juez se va a La Haya como “refugiado político” para huir de la persecución

NATALIA JUNQUERA El País11/05/2010

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, considera que el juez Baltasar Garzón se ha convertido en “el último exiliado del franquismo”, al conocer la noticia de que ha pedido su incorporación al Tribunal Penal Internacional como consejero. Para la asociación se trata de “una solución para el conflicto generado por el Tribunal Supremo, que ha perseguido al juez hasta hacerlo renunciar a la posibilidad de defenderse y convertirlo en un refugiado político en La Haya”.

La asociación que asiste a los familiares de las víctimas del franquismo considera la marcha de Garzón como una “amputación a la justicia española”. “Que el único juez que se ha atrevido a investigar estos crímenes se tenga que marchar de España es un estrechamiento de la democracia”, opina Silva. El colectivo cree que es “un hecho de extrema gravedad como precedente para otros jueces que intenten investigar los crímenes del franquismo”.

“Es probable que dentro de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo se haya llegado a un acuerdo para buscar una vía que no le lleve al banquillo”, asegura la asociación, que opina que “la imagen de Garzón sentado en el banquillo de los acusados por investigar 113.000 desapariciones forzadas tendría unas duras consecuencias políticas” ya que de celebrarse una vista oral, “es muy probable que pasaran como testigos en el juicio contra Garzón algunos de los principales exponentes de Derecho Penal Internacional y sus declaraciones podrían haber continuado evidenciando la persecución política que se le ha hecho al juez y denunciado la parcialidad del Poder Judicial español en su desamparo a las víctimas de la dictadura franquista.

Concentración frente al Congreso

Por otra parte, respecto al acuerdo entre PSOE y IU-ICV para que el Gobierno se comprometa a asumir la exhumación de fosas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica espera que sea “por fin la solución a las familias de los desaparecidos” y recuerda que muchos familiares han muerto sin haber recibido “ayuda del Estado” para localizar a sus seres queridos enterrados en cunetas desde que en diciembre de 2007 se aprobó la ley de memoria. Por ello, solicitan al Gobierno que cree “con urgencia” una “oficina central de atención a los familiares de los desaparecidos y no un laberinto en el que las víctimas tengan que pelearse con una administración autonómica para ir luego en busca de la ayuda del Estado central”. La asociación añade: “La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega no puede pretender que los familiares tengan una bronca política con las comunidades del PP”.

Esta tarde familiares de víctimas convocados por la Plataforma contra la impunidad del franquismo se concentrarán frente al Congreso para pedir al Estado el empujón definitivo a la ley de memoria, la búsqueda de desaparecidos y la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

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VergaraPúblico – 12/05/2010

Los españoles, a favor de investigar los crímenes del franquismo

Tres de cada cinco ciudadanos no quieren que queden impunes los delitos de la dictadura

Público – 10/05/2010 01:26 Actualizado: 10/05/2010 06:51

España demanda que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo. Tres de cada cinco ciudadanos no quieren la impunidad del régimen. La conclusión, rotunda, la arroja el último Publiscopio, realizado sobre la base de 800 entrevistas entre el 3 y el 5 de mayo, apenas una semana después de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles del país a favor del castigo judicial a la dictadura y en defensa del magistrado Baltasar Garzón.

En concreto, el 59,2% de los consultados “está de acuerdo” con que se investiguen los crímenes políticos de Franco que han quedado impunes. A ello se opone un 26,9%. Otro 14% prefiere no opinar.

La exigencia de que se abra una causa contra el régimen ha calado hondamente entre los socialistas. Hasta un 75% de los votantes del PSOE se manifiesta a favor, y sólo un 14% se dice contrario.

Los socialistas, con el juez

El PP y su líder nacional, Mariano Rajoy, han subrayado su rechazo frontal a que se pueda enjuiciar el franquismo. Sin embargo, sus electores, a tenor de los datos del Publiscopio, no lo tienen tan claro: un 34% de los votantes conservadores sí quiere que se indague el horror del régimen, y otro 53% lo cree inconveniente.

Son los jóvenes de 18 a 29 años los que se expresan más partidarios de juzgar el franquismo. Un 70% está de acuerdo. El apoyo decrece en cambio conforme aumenta la edad. Así, entre los mayores de 60 años, sólo respalda la persecución judicial un 45%.

La encuesta descubre otro dato incontestable: el apoyo de la mayoría de los españoles a Garzón. Un 58,1% no está de acuerdo con que el Tribunal Supremo (TS), a instancias del juez instructor, Luciano Varela, haya decidido procesarle por haber cometido una presunta prevaricación al haberse atrevido a encausar los crímenes franquistas. Un 21,9% sí cree pertinente que se le siente en el banquillo.

De nuevo, se observan fugas en las filas conservadoras. Aunque un 52% de los electores del PP defiende el proceso al juez de la Audiencia Nacional como hace la cúpula del partido, otro importante 31% se manifiesta contrario.

Entre los electores socialistas prima la cohesión: un 75% no está de acuerdo con la decisión del TS, frente a un 8% que la avala. Asimismo se constata que los jóvenes son los más concienciados: hasta un 64% de los encuestados entre los 18 y los 29 años censura que se vaya a juzgar a Garzón.

La norma se conoce más

El Publiscopio también recoge la valoración ciudadana acerca de la Ley de Memoria Histórica, como ya hizo en octubre de 2007, dos meses antes de que las Cortes ratificaran definitivamente la norma. En menos de tres años, ha aumentado 7,5 puntos el apoyo a la misma y la concienciación social. Si en octubre de 2007 un 34% se mostraba de acuerdo con la ley, en 2010, ese porcentaje sube al 41,5%.

El índice de rechazo baja, y pasa del 27,6% al 27,3%. Una variable que sí evoluciona es el volumen de sondeados que confiesa no saber nada sobre la ley. En 2007, se cifró en un 38,5%. Hoy, en el 31,3%.

La ley gusta más a los consultados con edades comprendidas entre los 30 y los 59 años. Y convence al 59% de los votantes del PSOE. Entre los electores del PP, es llamativo que un 22% defiende las líneas maestras de la norma.

Múltiples indicadores refuerzan la idea de que la Ley de Memoria ha generado mayor aceptación. Por ejemplo, cuando se pregunta si se respalda “que se eliminen los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura”. El 51,1% responde que sí, que lo apoya. Tres años atrás, estaba a favor un 44,7%.

Otro abultado 62,4% secunda que se concedan ayudas a los represaliados por Franco, frente al 53% que lo creía oportuno cuando se aprobó la norma. Esta medida también cuenta con el plácet de un 47% de los votantes del PP.

Igualmente crece el porcentaje de los que juzgan conveniente que se condene la dictadura: pasa del 52,4% al 57%. Sólo se contrae el número de los que aprueban que se declaren “ilegítimas” las condenas de los juzgados franquistas por causas políticas, del 49,1% de 2007 al 41,4% de hoy.

A favor de exhumar las fosas

Vista la ley con perspectiva, un 47,5% cree que sí ha “fomentado el odio y la división entre los españoles”, mientras que un 39,5% juzga lo contrario. Son también más, en cambio, hasta un 38,1%, los que entienden que la norma no “se ha quedado corta”. La afirmación suscita controversia entre los votantes del PSOE, ya que en su mayoría (un 39%) tacha la ley de insuficiente.

El Publiscopio se cierra con otra cifra de apoyo a la memoria histórica: un 64,5% pide al Gobierno central que ponga los medios para que se saquen los cadáveres de las fosas franquistas. Rechaza la intervención del Ejecutivo un 24,8%.

La contradicción en el PP emerge otra vez: un 49% de sus electores reclama que se exhumen los restos. Un 40% de ellos no lo cree sensato. Los votantes socialistas lo tienen mucho más claro. Casi un 80% considera necesario que el Gobierno aborde la cuestión.

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VergaraPúblico – 10/05/2010

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El Valle de los Caídos es una ruina

Un informe de Patrimonio Nacional advierte de que los desprendimientos de las gigantescas esculturas suponen “un serio riesgo de daño para las personas”

DIEGO BARCALA – Público – 02/05/2010

El Valle de los Caídos ha echado el cierre por causa de fuerza mayor: el riesgo para los visitantes causado por los desprendimientos que sufren los conjuntos escultóricos gigantes que Juan de Ávalos diseñó al gusto de Francisco Franco. Un informe de Patrimonio Nacional del pasado 11 de noviembre de 2009, al que ha tenido acceso Público, destaca el “ritmo de deterioro muy peligroso y considerable” experimentado por el monumento durante el último año.

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Apología restaurada de Falange Española

VergaraPúblico – 03/05/2010

‘Caso Garzón’: las críticas no son excesivas

JOSÉ JIMÉNEZ VILLAREJO El País – 29/04/2010

El acoso judicial a Baltasar Garzón -creo sinceramente que así puede ser definido lo que está sucediendo a este magistrado- ha suscitado, dentro y fuera de nuestra sociedad, perplejidad primero e indignación después. Uno y otro sentimiento se han manifestado en diversos ámbitos y su expresión alcanzó quizá singular resonancia en el acto celebrado el pasado día 13 en la Universidad Complutense. Lo que allí se dijo -y lo que no se dijo pero ha sido imaginado por algunos- ha provocado una avalancha de reacciones contrarias. Algunas de ellas se han situado en el campo del insulto soez o de la amenaza apenas velada, pues se ha llegado a insinuar que los nuevos cachorros del franquismo pueden volver a las andadas de sus mayores. Otras han optado por la descalificación política del acto considerándolo antidemocrático y constitutivo de un ataque a la independencia judicial y a la Constitución, y otras, confundiéndose a veces con las anteriores, han insistido sobre todo en lo que estiman un exceso intolerable en el ejercicio de la libertad de expresión.

Sólo quiero comentar en este momento la tercera de las citadas reacciones. Prescindo de la primera por obvias y elementales razones de buen gusto y de la segunda porque estoy seguro de que una somera reflexión sobre la democracia y una relectura de la Constitución bastarán para que quienes han reaccionado de este modo caigan en la cuenta de su error. Sí me parece necesario, en cambio, prestar atención a la afirmación de que las críticas a la actuación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso Garzón, vertidas en el acto mencionado, excedieron los límites que a la libertad de expresión impone el respeto debido a la Sala.

Para responder adecuadamente a tal afirmación se debe partir de estas consideraciones básicas:

1. Todos los órganos del poder judicial, como los de los otros poderes del Estado, están sometidos a la crítica de la opinión pública, que puede proyectarse tanto sobre el contenido de las resoluciones judiciales como sobre las repercusiones sociales que de ellas puedan derivarse.

2. El ejercicio de dicha crítica, que sólo supone un control difuso, no atenta en una sociedad democrática contra la independencia judicial, que únicamente pueda verse eventualmente amenazada por los otros poderes, por el órgano de gobierno del propio poder judicial y por los juzgados y tribunales superiores en el orden jerárquico judicial.

3. Las críticas no tienen forzosamente que retroceder ante el uso de expresiones que puedan resultar molestas e incluso hirientes para los jueces criticados, siempre que no tengan un significado objetivamente calumnioso o injurioso.

4. No hay razón alguna para exigir que el ejercicio del derecho de crítica se demore hasta que el proceso alcance una determinada altura, como parece insinuarse cuando se repite el tópico de que “hay que dejar trabajar a lo jueces”. En el curso del proceso pueden recaer resoluciones trascendentes, que afecten gravemente los derechos de las personas y que sean cuestionables, como ocurre, por ejemplo, con el auto por el quese admite una querella o en que se imputa formalmente a un querellado.

En relación con esta última consideración, debe recordarse que los jueces y tribunales, antes de admitir una querella y, con mayor razón, antes de imputar a una persona el delito del que se le acusa, tienen que realizar un provisional pero riguroso juicio de tipicidad, es decir, de incardinación del hecho objeto de acusación en un tipo de la ley penal.

El rigor de este juicio -que no se refleja en frases como “no es descartable” o “no es absurda la hipótesis”- es especialmente exigible cuando quien postula la acusación no es el Ministerio Fiscal, que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley -artículo 124.1 CE-, sino ciudadanos o personas jurídicas de las que cabe sospechar fundadamente que no persiguen la satisfacción del interés público tutelado por la ley, sino intereses privados que nada tienen que ver con aquél.

Hay serios motivos para pensar que ese juicio de tipicidad ha estado ausente en las resoluciones que viene dictando la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa seguida a Baltasar Garzón, por haber iniciado actuaciones para la investigación de los crímenes del franquismo -prescindo momentáneamente de las otras dos causas que se instruyen al mismo magistrado- a instancia de asociaciones tan suspectas de intereses espurios como Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Y en contra, por cierto, del imparcial criterio del Ministerio Fiscal.

De no ser por dicha ausencia, es muy difícil explicarse que se esté imputando a Baltasar Garzón un delito de prevaricación cuyo tipo consiste -artículo 446 CP- en dictar a sabiendas una resolución injusta, esto es, una resolución ajena a toda opción jurídicamente defendible, a toda interpretación razonable de la norma o normas que se aplican, según enseña una constante doctrina jurisprudencial.

Es indudablemente legítimo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no esté de acuerdo con los argumentos en que fundó su decisión Baltasar Garzón.

Tampoco lo estuvo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando la revocó, aunque con el voto discrepante de tres de sus magistrados, al estimar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el último auto del juez. La Sala puede estimar, por ejemplo, que un juez de la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar los crímenes del franquismo, que los mismos han prescrito, que la Ley de Amnistía 46/1977 es un obstáculo insalvable para su persecución o que la Ley 52/2007 llamada de la Memoria Histórica impide a la autoridad judicial investigar hechos que han sido situados en el ámbito administrativo.

Pero esta diferencia de criterios, que bastaría ciertamente para privar de validez jurídica a la resolución del juez si estuviese sometida al control del tribunal en el contexto de un recurso, no es suficiente para tacharla de injusta y prevaricadora.

Porque los razonamientos de Baltasar Garzón no son en absoluto irracionales y las conclusiones que de ellos extrae no son en modo alguno arbitrarias.

A lo que es preciso añadir que la posibilidad de que la interpretación de las normas realizada por un tribunal superior convierta en delictiva la contraria del inferior constituye -esto sí- un gravísimo riesgo para la independencia judicial.

Siendo así, a nadie debe extrañar que la discutible actuación de la Sala Segunda haya suscitado tantas críticas y que algunas hayan alcanzado una considerable dureza aunque ello no implica un exceso reprochable ni, como se ha dicho, intolerable.

No cabe olvidar el abono que suministran a la crítica previsibles y lacerantes consecuencias de aquella actuación, como la frustración de las asociaciones de la Memoria Histórica, el apartamiento de sus funciones de Baltasar Garzón y el increíble espectáculo de un juicio oral en que un partido político, heredero directo del que proporcionó su ideario fascista a la dictadura, acuse, como prevaricador, al juez que pretendió precisamente investigar sus crímenes.

José Jiménez Villarejo es ex presidente de las Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo.

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Vergara – Público – 27/04/2010

Varela obliga al Supremo a decidir si puede seguir la causa contra Garzón

El magistrado se aparta del caso mientras se resuelve la recusación contra él

JULIO M. LÁZARO El País29/04/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela decidió ayer tramitar la recusación instada contra él por el juez Baltasar Garzón por “tener interés directo” en la causa que sigue el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional por su investigación del franquismo. La decisión supone que Varela no acepta la recusación y ha puesto en marcha el mecanismo para que sea el Pleno de la Sala Penal la que decida si debe apartarse o no del conocimiento de la causa. La situación implica que de momento se retrasa el auto de apertura de juicio oral y la consiguiente suspensión de funciones de Garzón.

Varela ordenó a la Secretaría de Causas Especiales del Supremo que no entregase la providencia de admisión a la prensa, y tampoco dio traslado de su resolución a la defensa de Garzón. A media tarde de ayer, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se quejó de no haber recibido “ninguna notificación de ninguna resolución supuestamente recaída sobre dicha recusación”. En cambio, el Supremo sí dio traslado de la providencia del juez Varela a Manos Limpias y Libertad e Identidad. No es la primera vez que la defensa de Garzón se queja de no tener acceso a las resoluciones dictadas por el instructor.

El pasado sábado, Garzón recusó a Varela a través de su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda. El defensor del juez mostró su satisfacción por la expulsión de Falange del procedimiento, pero aseguró que la aceptación de un segundo escrito de acusación de Manos Limpias, siguiendo las directrices de Varela, vulneraba el derecho de defensa del juez imputado.

Según el escrito de recusación, Varela “mostró su interés en que las partes acusadoras mejoraran su escrito de acusación”. Con esa decisión, el instructor del Tribunal Supremo “ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito, por lo que ha de ser recusado”.

Fuentes del Supremo dijeron ayer no recordar que haya prosperado nunca la recusación de un magistrado de la Sala Penal. La decisión sobre si Varela debe ser apartado de la instrucción corresponde al Pleno de la Sala Penal, excluidos los magistrados que formaron la Sala de admisión de la querella contra Garzón.

Paralelamente a la recusación de Varela, la Sala Penal, integrada por el presidente y los cuatro magistrados que admitieron a trámite la querella de Manos Limpias, tendrá que decidir sobre la nulidad de actuaciones planteada por Garzón por el asesoramiento de Varela a Manos Limpias y Falange sobre cómo presentar sus escritos de acusación. Aunque la recusación es previsible que no prospere, si el Supremo aprecia la nulidad en el escrito de Manos Limpias por defectos formales la acusación tendría que ser archivada y Garzón se libraría del banquillo.

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Vergara Público – 29/04/2010

Vergara Público – 24/04/2010

Amnistía a los franquistas

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR – El País –  27/04/2010

Estamos dispuestos a pulverizar nuestros logros cualesquiera que sean, parecemos imbuidos del entusiasmo por el desastre, vamos encaminados hacia el triunfalismo de la catástrofe, que el fatalismo considera inscrito en el ADN de nuestra historia. Incapaces de concedernos la más mínima tregua para asimilar éxito alguno, después de haber servido de modelo a tantas otras transiciones de países europeos y americanos, ahora, agarrados a las vicisitudes que afectan al juez campeador Baltasar Garzón, se diría que por fin nos mostramos todos decididos a abominar de aquel periodo en el que los españoles decidimos reconciliarnos. Lo hicimos contra todo pronóstico y para desdicha de los hispanistas, dispuestos a narrar de nuevo nuestras desventuras guerracivilistas y obtener así valiosos méritos académicos y lucrativos éxitos editoriales.

La salud de Franco entraba en barrena. Pero aún con fuerzas para dar el enterado a los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, uno de sus últimos actos conscientes. Revalidaba así el prestigio del terror que había sido cimiento y referencia de aquel régimen. Era también en el ámbito personal el regreso a los orígenes, la recuperación del arte de fusilar, que ensayó por vez primera en la Legión, al ejecutar a uno de los que instruía en 1920. Expertos de diferente extracción pensaban, conforme a la inercia de tantos desatinos, que se desatarían nuestras pasiones mediterráneas, que prevalecería nuestra exasperación unamuniana y brindaríamos un nuevo espectáculo de enfrentamiento cainita. Pero los españoles dimos la sorpresa y adoptamos el comportamiento frío propio de los ribereños del Báltico. Optamos por el discurso del método, convencidos de que el procedimiento prejuzga el resultado.

El bando franquista ya se había escindido como reacción a lo sucedido en Portugal con la caída del salazarismo. Cundió el espíritu de concordia, quienes sostenían posiciones políticas antagónicas hicieron esfuerzos permanentes para ponerse en los zapatos de sus adversarios y así se hizo posible la primera convocatoria de elecciones generales con todos los partidos y sindicatos dentro de la Ley y se formaron las Cámaras que aprobaron la amnistía de “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (Ley 46/1977 de 15 de octubre). Una amnistía que extendía y completaba las medidas anticipadas en dos Reales Decretos Leyes de 30 de julio de 1976 y de 14 de marzo de 1977 y que ahora se pretende invalidar como si hubiera sido consecuencia de imposiciones de unos sobre otros. Sucede que la reconciliación ya la planteó el Partido Comunista en 1956 y que la amnistía era el estribillo de todas las demandas políticas a partir de esa fecha.

Recuerdo una ocasión del pretérito imperfecto, cuando en 1968 el entonces secretario general de los Sindicatos Verticales, Rodolfo Martín Villa, presentó en Mayte Comedero la nueva Ley Sindical. Los periodistas echaban a faltar una amnistía rehabilitadora de todos los enlaces sindicales electos que habían sido desposeídos de sus cargos por aplicación de un decreto despótico de 1942. Martín Villa reiteraba al responderles su preferencia por mantenerse abierto en la ley y conservador en las personas. Un buen amigo, al que le correspondió intervenir casi al final, quiso tranquilizar a todos y anticipó que “la primera medida del postfranquismo sería una generosa, completa y total amnistía para todos los franquistas”. Entonces, algunos fornidos “procuradores sindicales” se levantaron dispuestos a la agresión. Recuperada la calma, Martín Villa sentenció: es muy duro que os invitemos a cenar para que nos perdonéis la vida. Ese mismo amigo considera que sus procesamientos ante el Tribunal de Orden Público en 1967 y ante los Tribunales Militares, confirman que estuvo donde debía en defensa de las libertades. Para nada quiere su anulación.

Deseemos ahora al Juez Campeador que le vaya bien y que tenga un juicio justo con todos los elementos precisos para articular su legítima defensa en las mejores condiciones. Pero evitemos la confusión y reconozcamos, por ejemplo, que dar digna sepultura a quienes fueron víctimas de la violencia de los alzados en el 36 es un deber pendiente, que todos hemos de honrar con independencia de que Garzón desistiera en su día de proseguirlo.

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VergaraPúblico – 25/04/2010