La justicia argentina acepta el recurso de los familiares de las víctimas del franquismo

Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa que investigue los crímenes de la dictadura

El País19/05/2010

La Justicia federal de Argentina ha aceptado el recurso de apelación planteado por familiares de víctimas del franquismo tras haber sido rechazada la apertura en este país de una causa que investigue los crímenes de la dictadura, según los abogados de los demandantes. La jueza federal María Servini de Cubría ha notificado a los letrados que representan a los querellantes que les concede el recurso, por lo que será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa, ha explicado el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda.

La apelación fue presentada el pasado 12 de mayo, cinco días después de que la magistrada rechazara la denuncia presentada el 14 de abril y ampliada posteriormente con nuevas víctimas, que, arropadas de una decena de organismos humanitarios, se amparan en el principio de “jurisdicción universal” para que se investiguen en Argentina los crímenes de la dictadura de Francisco Franco. Servini de Cubría rechazó la apertura de la causa después de considerar vinculante el dictamen del fiscal Federico Delgado, para quien es “ilegal” el inicio de un proceso que en España desarrollan “numerosos tribunales”, indicó.

Los abogados de los demandantes sostienen que actualmente no existen causas abiertas en España que investiguen los crímenes del franquismo, por lo que esperan que la Cámara acepte la apelación y habilite a la jueza a solicitar información judicial a las autoridades españolas.

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La querella en Argentina por crímenes franquistas avala a Garzón

Familiares de víctimas piden a la justicia argentina que juzgue los crímenes de Franco

“La alta instancia judicial es sociológicamente franquista”

Juan José del Águila. Magistrado. Autor de la obra ‘El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)’

P. RUSIÑOL MADRID – Público – 16/05/2010

Juan José del Águila, en su juzgado.

Juan José del Águila, en su juzgado. ÁNGEL MARTÍNEZ

Nadie conoce el siniestro TOP tan bien como Juan José del Águila (Torremolinos, Málaga, 1943). Primero, como víctima: estuvo un año preso, en 1969. Luego, como abogado vinculado a CCOO y el PCE, defendió a decenas de activistas condenados de antemano, lo que le valió otro paso por la cárcel, en 1973. Y, finalmente, como estudioso: al TOP dedicó su tesis doctoral, una versión reducida de la cual publicó con el título El TOP. La represión de la libertad, 1963-1977 (Planeta, 2001).

Del Águila accedió a la magistratura en 1989 y a sus 67 años sigue al pie del cañón: en el juzgado de lo Social número 21 de Madrid y aprovechando ratos libres para investigar la represión franquista y la complicidad del mundo judicial.

¿Qué opina del revuelo por lo que dijo Jiménez Villarejo sobre el TOP?

Muchos medios manipularon lo que dijo. Es obvio que no hablaba de los magistrados actuales porque por una cuestión meramente biológica sería imposible que hubieran sido del TOP. Lo que dijo es que hubo un alto grado de colaboración y complicidad del entramado judicial con el franquismo. Y esto es una evidencia.

¿Pero qué tienen que ver las instituciones actuales con las de la Justicia’ franquista?

Mire, el Tribunal Supremo editó en 2006 un libro autolaudatorio, carísimo. Y el mensaje que transmite respecto al franquismo es la continuidad legal: al principio y al final. El libro habla de todo, pero pasa de puntillas sobre el franquismo. No se cuenta que en la sede del Tribunal Supremo se celebraron miles de consejos de guerra, se ignora cómo los miembros de la carrera judicial participaron activamente en la represión: en la magistraturas de Trabajo de estilo fascista, en los tribunales para la represión del comunismo, la masonería y las responsabilidades políticas, en múltiples comisiones mixtas… ¡Ni siquiera se menciona el TOP, que fue una creación judicial al 100% y cuyas sentencias eran revisadas por el Supremo!

¿La transición no fue completa en el mundo judicial?

No hubo ruptura en ningún ámbito judicial ni político. Ahora no deberíamos extrañarnos de lo que pasa. A día de hoy, las altas instancias judiciales son sociológicamente franquistas. Sobre todo en su concepción del orden. Lo que sucede en la Sala de lo Militar del Supremo es llamativo. Siguen considerando justas sentencias fruto de consejos de guerra con el argumento de la seguridad jurídica. Algo así sería difícilmente asimilable en un país democrático.

¿Y las nuevas generaciones?

Ni una sola de las convocatorias a oposiciones a jueces y fiscales desde 1977 ha incluido alguna materia que trate la represión. ¡Ni una línea del TOP! Imagine un juez de 35 años: ni se lo contaron en la escuela, ni en la universidad, ni tiene que estudiarlo para las oposiciones. ¿Qué se le puede pedir?

¿Quién es el responsable?

Todas las instituciones clave han asumido un pacto de silencio: el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, los sucesivos ministerios de Justicia… El Ministerio Fiscal también editó recientemente un lujoso libro autolaudatorio. Se remonta nada menos que hasta el siglo XIII, pero no dedica ni una línea a la Causa General que en 1943 Franco encargó a la Fiscalía General. Ni una línea para la represión.

¿Los problemas de Garzón se explican por intentar investigar el franquismo?

Garzón es un personaje muy polémico y desenfoca la cuestión central sobre el estado de la justicia en España el tener que opinar sobre él. Pero está claro que es una monstruosidad que el Supremo se dedique a esto.

La mayoría de juzgados que recibieron su causa ha archivado sin investigar.

Era previsible. ¿Cómo van a tener sensibilidad si no conocen lo que pasó? Tengo compañeros que no saben qué es el TOP. Cuando publiqué el libro, ninguna de las muchas publicaciones del CGPJ le dedicó ni una línea. Tampoco las asociaciones de judiciales, ni siquiera las progresistas. Me parece muy sintomático. Hubiera entendido críticas despiadadas. Pero hubo silencio sepulcral y eso que lo editaba una editorial como Planeta. Hay una actitud deliberada para que estos hechos no se conozcan.

Del TOP al Supremo

La gran mayoría de jueces y fiscales del franquista Tribunal de Orden Público fue promocionada en democracia

PERE RUSIÑOL MADRID – Público – 16/05/2010

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario  durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. - EFE

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. – EFE

El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar, gritó: “¡Me cago en Franco!”.

Gabriel García Márquez aún no había inventado su estirpe Buendía, pero el personaje homónimo le hubiera podido servir de inspiración para encarnar el realismo mágico. El problema es que el ataque de sinceridad fue real y a Timoteo le costó muy caro: fue condenado a diez años de cárcel.

Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 incluida la célebre 1.001, que en 1972 condenó a la dirección en pleno de CCOO antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.

La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando ultra en 1977, ha editado ahora un CD que recoge todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.

“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación. La presentación será el martes en la sede de CCOO en Madrid y está anunciada la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El mes pasado, ya en plena ofensiva contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar el franquismo, el TOP volvió a las primeras páginas. Lo citó en el acto de la Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo: “El auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años”, dijo.

El CD que se presenta el martes muestra hasta qué punto fue implacable el TOP: el 74% de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.

Identificación total

Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.

Las peculiaridades de la Transición, pilotada por los sectores aperturistas del franquismo y pactada con la izquierda reformista, permitió que los magistrados y fiscales del TOP encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No sólo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático, sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63% del total fueron en democracia magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen, que también sobrevivió a la democracia.

“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo. Él mismo forma parte de la sala que juzgará a Garzón, pero al ser emérito no puede participar al tratarse de una causa especial.

El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País, donde recalaron varios periodistas condenados por el infausto tribunal.

La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.

Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.

De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.

Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.

Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.

La vida peligrosa del tío favorito

A sus 29 años, Renate Costa deslumbra en Berlín y Cannes con un documental sobre la homofobia en Paraguay

GREGORIO BELINCHÓN El País17/05/2010

Renate Costa, de espaldas, en una de las entrevistas que aparecen en Cuchillo de palo.

En Paraguay, llamarle a alguien 108 es calificarle de “maricón”. No de homosexual o gay. Sino de maricón, como insulto. El número se refiere a “la lista de los 108”, el primer registro de homosexuales hecho durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años, de 1954 a 1989. En ese listado de 108 nombres, Rodolfo Héctor Costa Torres aparecía en el puesto 41. Y por salir allí sufrió una vida de humillaciones, hasta que un día, ya en el siglo XXI, apareció sin vida, tirado desnudo frente a su casa.

“Mi documental es el retrato de un fantasma. Porque mi tío, aún muerto, está constantemente en todos los planos”. Renate Costa, cineasta paraguaya de 29 años, recuerda perfectamente -y así arranca su filme- la llamada de su padre para anunciarle la mala noticia. “Me dijo que había muerto de tristeza”. Decidió grabar todo el proceso de investigación, sus confrontaciones con su padre, que consideraba a su hermano alguien enfermo, un bicho raro, el único de la familia que no quiso ser herrero. De ahí el título del filme, Cuchillo de palo, una inmersión en una historia silenciada en Paraguay, en la represión -que aún hoy en día existe- de los homosexuales en un país “en el que a veces parece que nada cambió, a pesar de que hayan transcurrido 20 años del fin de la dictadura”.

Renate Costa ha estado seis años rumiando la historia. Licenciada en Documental en la Escuela de Cine de San Antonio de Baños (Cuba) y en la barcelonesa Universidad de Pompeu Fabra, tras trabajar en varias series documentales decidió sumergirse en su relato familiar. “Mudarme a Barcelona hizo que fluyera”.

Cuchillo de palo participó en el pasado certamen de Berlín y el viernes se proyectó en una sección paralela del festival de Cannes. “Queríamos priorizar Francia, pero nos llamaron de Alemania y decidimos no esperar. Al final, hemos podido compatibilizarlo”. Más aún, el filme ganó en el prestigioso concurso de documentales del festival de Málaga y se proyectó la semana pasada en Documenta Madrid. “La película tiene que ver con conocer a mi padre, a toda su generación, y con ahondar en un tema familiar. He pasado por varios estados rodándolo”. Se ve en pantalla: de cineasta enfadada ante un progenitor que habla de su hermano como alguien enfermo a hija compasiva. “Somos una sociedad muy dividida con respecto a los gays. A veces parece que nada cambió. Las viejas generaciones sienten vergüenza, entiendo que es complicado que cambien su mentalidad; mi generación está haciéndolo gracias al cambio político. Aún así, nos cuesta dejar de lado los prejuicios. Quería recuperar la dignidad de mi tío y, de paso, de todos los homosexuales paraguayos que sufrieron una vida clandestina y muy peligrosa”.

¿Ha visto su padre Cuchillo de palo? “Sí. En Berlín dijo en un coloquio que era una historia muy dura, pero que era su realidad como hijo, hermano y padre”. ¿Y se puede morir de tristeza? “En Paraguay se usa esa expresión para las muertes inexplicables. Una contradicción, porque mi tío era, sobre todo, alegre”.

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Tráiler de Cuchillo de palo de Renate Costa:

[vimeo http://vimeo.com/10407151]

Yo, el Supremo

El tribunal no ha querido evitar la desmesura de un juicio que expulsa a Garzón de la Audiencia

El País (editorial) – 15/05/2010

Es todo un espectáculo internacional que la justicia española haya sentado en el banquillo, por haber intentado dar una respuesta desde el ámbito judicial a la tragedia de los desaparecidos del franquismo, a un juez de reconocido prestigio por sus iniciativas contra los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. El estupor es mayor a la vista del ensañamiento con que sus colegas han llevado su persecución hasta el límite de negarle una salida digna, como era autorizar su traslado a la Corte Penal Internacional antes de su suspensión cautelar como juez de la Audiencia Nacional.

La unanimidad del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) al votar ayer la suspensión del juez Garzón parece indicar que el órgano de gobierno de los jueces no tenía otra alternativa legal. Era, en efecto, demasiado tarde para otra decisión, una vez que el instructor Varela hubiera decretado la apertura de juicio oral y que fracasase, por falta de tiempo y de suficiente apoyo en el Consejo, el intento in extremis de un sector del mismo por darle al juez una salida honorable autorizándole su marcha en comisión de servicios, como había solicitado, antes del pronunciamiento sobre la suspensión. La Comisión Permanente del Consejo, reunida ayer tras el pleno de la suspensión, decidió aplazar la decisión sobre el permiso para el traslado del juez.

La baza esencial de la partida que ha llevado a este desenlace estaba ya jugada desde el momento en que el Supremo aceptó a trámite la querella por prevaricación, planteada por dos organizaciones ultraderechistas que acusaban a Garzón de haberse atribuido competencias que no tenía al intentar abrir un proceso penal por los crímenes del franquismo. La Sala pudo haber archivado la querella simplemente siguiendo el criterio de la fiscalía, que descartaba que fuera delito sostener unas posiciones discutibles pero que eran idénticas, por ejemplo, a las defendidas por tres de los miembros de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que se pronunció sobre la competencia.

También pudo haberla archivado aplicando el criterio del Supremo en la sentencia Botín, según el cual no cabe abrir causa con sólo la acusación popular, pese a que fue luego modificada en el caso Atutxa, con un voto crítico de Varela. Pero si el argumento de admitir la querella sobre la endeble base de que la tesis de la “prevaricación no puede ab initio considerarse tan absurda como para descartarla”, ya hizo pensar en una parcialidad llamativa, esa impresión se ha ido confirmando en cada uno de los trámites ulteriores, hasta culminar en el postrer gesto de acelerar la apertura de juicio oral en cuanto se conoció la petición de Garzón de traslado a La Haya.

Tras consumarse la vergüenza de ayer, a Garzón sólo le queda ahora esperar que no le cercenen su derecho de defensa como ha sucedido en la instrucción. Varela valoró como “una desconsideración” para con sus compañeros del Supremo el testimonio pericial de jueces y expertos juristas nacionales e internacionales sobre la interpretación legal en que sustentó Garzón la causa por los crímenes del franquismo. Es de esperar que esos compañeros rechacen un argumento que huele a rancio corporativismo y permitan que ese testimonio se produzca en el juicio oral.

Una condena en estas condiciones del juez Garzón añadiría una herida más a las todavía sin cerrar de miles de familiares de víctimas sin sepultura de la Guerra Civil y del franquismo; familiares que no han podido hacer el duelo que en todas las culturas sigue a la pérdida de seres queridos. El argumento de no reabrir heridas se tornaría en cruel sarcasmo y obstáculo para la construcción de una memoria compartida y un reconocimiento hacia todas las víctimas, de uno u otro bando, de la Guerra Civil y de la represión que siguió a la victoria de uno de ellos.

Una inconcebible injusticia

MARCOS ANA – El País – 15/05/2010

El juez Luciano Varela acaba de hacer un flaco servicio a la democracia de nuestro país. En el mundo, eminentes juristas, escritores de renombre, las personalidades más diversas, se frotan los ojos sin saber lo que ocurre en España.

El proceso contra el juez Baltasar Garzón, por tratar de investigar los crímenes del franquismo, pone al descubierto la inmadurez de nuestra democracia y nos quita credibilidad. Es como si todavía, a más de treinta años de la Transición, no estuvieran claros y asentados los valores de nuestra democracia y nuestra memoria histórica. Investigar los crímenes de una dictadura, tan atroz como la que sufrimos los españoles, no puede ser un delito, no lo ha sido en ninguna parte y España lamentablemente es una vergonzosa excepción.

Como víctima de la dictadura me siento directamente encausado junto a Baltasar Garzón. Como se sienten o se sentirían los miles y miles de hombres y mujeres que perdieron su libertad o su vida en los años de la dictadura para que España fuera un país libre y democrático. En mis años de condenado a muerte di el último abrazo a centenares de compañeros cuando iban a vivir la última madrugada de su vida. Se enfrentaban orgullosos a la muerte convencidos de que se acercaba un amanecer libre y democrático para España. Es difícil no recordarles e imaginar lo que pensarían si supieran que un juez democrático ha sido encausado por tratar de investigar a sus asesinos. El otro día, ante las víctimas de Mauthausen, la vicepresidenta del Gobierno dijo, con estas o parecidas palabras: No aceptamos el silencio, porque el silencio conduce al olvido y no podemos ni debemos olvidar. El proceso contra Garzón es un borrón de vergüenza en nuestra reciente historia democrática y las víctimas y la sociedad civil seguiremos movilizándonos para reparar tan inconcebible injusticia.

Marcos Ana es poeta y el preso que más tiempo pasó en las cárceles franquistas: 23 años.

Contra la desmemoria, repensemos los relatos audiovisuales sobre la historia reciente de España

En el ciclo Narrar la historia se descubre la presencia de una serie de propuestas y de creadores que, al margen de la tendencia general a obviar el pasado durante la década de los noventa, se preocuparon por canalizar un sentimiento que se encontraba abandonado pero muy presente en un sector de la sociedad española.

Uno de los peligros a los que se enfrenta cualquier acercamiento al pasado histórico es la tendencia a perpetuar aquellas perspectivas, juicios e imaginarios que han constituido el centro del discurso mayoritario en torno a determinada época o acontecimiento y a eludir aquellas otras que, por diversos motivos, han permanecido al margen desde sus inicios. Siendo conscientes de este riesgo, determinadas iniciativas provenientes del ámbito cultural y académico se han acercado a algunos momentos de la historia intentando dejar de lado las desatenciones y los maniqueísmos que han regido los discursos predominantes sobre sucesos concretos. Así ocurrió, por ejemplo, con la revisión llevada a cabo el pasado 2008 de las revueltas de mayo del 68 con motivo de su 50 aniversario: frente a ese “escenario generalmente reducido a los iconos de las barricadas, pintadas y manifestaciones estudiantiles”(1) que pobló la mayor parte de los discursos conmemorativos del mayo del 68 francés, los comisarios de una muestra organizada en el Instituto Francés de Barcelona que se podía disfrutar durante el mes de mayo apostaron por el cine declaradamente militante y realizado in situ para aportar una mirada más directa y rigurosa a dicho acontecimiento histórico.

Una motivación similar se aprecia en el ciclo de vídeo y conferencias que la artista Virginia Villaplana programó para el MNCARS (2), que tuvo lugar entre el 22 de febrero y el 26 de marzo, y que podemos interpretar como una respuesta tardía pero, desde luego, muy útil aún al tono exultante de las distintas efemérides celebradas en los últimos cinco años para conmemorar la consecución de la democracia en España. Dicho ciclo, que formaba parte de un proyecto más amplio (en el que se incluía una instalación en la galería Off Limits, un taller, la presentación de una novela y hasta una visita guiada a las fosas de la ciudad de Valencia), se planteó como un espacio de reflexión en torno a uno de los periodos de la historia de España que más relatos míticos ha provocado hasta el momento: la Transición democrática. Su intención fue “centrar la atención sobre las formas de olvido, trauma y narración tomando como caso de estudio la memoria familiar, las formas de resistencia en el relato oral y el documentalismo como práctica artística” (3).

Reproduciendo en parte ese impulso que durante los años setenta llevó a determinados realizadores a ofrecer una visión distinta y, en ocasiones, contrapuesta a la oficial, algunos creadores se han lanzado en los últimos quince años a concebir una serie de relatos audiovisuales que hacen hincapié en las ambigüedades de una memoria que, desde mediados de los años ochenta, se ha visto claramente infravalorada o simplificada. Dichos relatos (algunos de los cuales fueron incluidos en la muestra) se sitúan en las antípodas del modelo que, representado por la serie televisiva La Transición, dirigida por Victoria Prego en 1995, se ha impuesto como predominante en los medios. Si en dicha serie el éxito de la democratización de España se explicaba desde los cambios impulsados por la clase política del momento, en aquéllos se valora como indispensable la disposición renovadora y hasta radical del ciudadano de a pie; si en el primero se optaba por una locución explicativa que aportaba todas las claves necesarias para conocer, de una manera clara y precisa, quiénes fueron los impulsores de ese cambio político y cómo se llevó a cabo, en estas nuevas aportaciones se buscan aquellas zonas de sombra e ideas que contradicen la existencia de una única mirada sobre el hecho histórico, recurriendo principalmente, tal y como deducimos del ciclo que nos ocupa, a la entrevista y a la evocación poética.

Piezas como Abanico Rojo (Pedro Ortuño, 1997) y La tierra de la madre (José Antonio Hergueta y Marcelo Expósito, 1993-94), donde la entrevista es un dispositivo imprescindible, se plantean desplazar los relatos absolutos y cerrados con la inclusión de testimonios diversos -y a veces contrapuestos entre sí- de los “niños de la guerra”; así como con la apertura de varios puntos de fuga que, si bien inciden negativamente en la línea discursiva (en ocasiones da la sensación de que estamos visionando varias películas en una), logran trasladar al espectador la sensación de complejidad que les falta a otros discursos audiovisuales más definidos y acabados. Por su parte, No haber olvidado nada (Marcelo Expósito, Arturo Fito Rodríguez y Gabriel Villota, 1996-97) y Plan Rosebud 1 (La escena del crimen)  y 2 (Convocando a los fantasmas), de María Ruido (2008), denuncian la desmemoria que ha estado presente en los medios de comunicación desde los años posteriores a la Transición y que ha acompañado a los discursos institucionales hasta ahora. Cercanos a una de las tendencias más consolidadas del documental (la que mezcla entrevista con el uso de imágenes de archivo), todos estos trabajos reivindican la importancia del relato particular frente al relato impersonal que suelen presentar los medios para componer un fresco irregular en su forma pero rico en su contenido.

Explotando el poder evocador de las imágenes y de la voz, propuestas como Mortaja (Antonio Perumanes, 1995), Contando con los dedos de una mano (Josu Rekalde, 1996) y Más Muertas Vivas que Nunca (Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, 2002) realizan operaciones más sutiles que entrañan una reflexión sobre el tiempo histórico y el tipo de acceso que se tiene a él. Mortaja se interna en la memoria fragmentaria y plena de detalles de una mujer perteneciente a la generación que vivió la posguerra y que, desde la muerte, lanza sus recuerdos al silencio de un presente desconectado del pasado. Contando con los dedos de una mano hace reflexivo el hecho de narrar una historia mediante el recurso de reducir la puesta en escena a la mínima expresión: los diez dedos de sus manos le sirven al autor para ilustrar de manera metafórica lo que su voz va contando, una historia en la que se remite al pasado reciente (la dictadura y la democracia) y que denuncia la “tiranía de la imagen (y) de las palabras” a la hora de construir relatos sobre el tiempo. Por último, Más Muertas Vivas que Nunca emplea una puesta en escena donde se reproduce a modo de tableau vivant el cuadro La coiffure (El peinado) de 1896 de Degas, acompañada de una lectura en tono subjetivo que remite de manera poética a la experiencia de las mujeres víctimas de la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz en agosto de 1936; el film cuestiona los imaginarios femeninos a la vez que fomenta una reflexión sobre los relatos traumáticos, que suelen acabar convirtiéndose en monumentos, esos lugares donde, según explican los autores, “las víctimas nunca tienen la palabra” (4) . Las tres piezas renuncian a utilizar las formas habituales de representación audiovisual para proponer otro tipo de relación con el pasado; una relación que parte de la conciencia de la dificultad que ésta entraña y que ve en diversas estrategias de extrañamiento la manera de plantear un ejercicio de reflexión en torno a las formas de narrar los hechos del pasado.

En este recorrido se descubre la presencia de una serie de propuestas y de creadores que, al margen de la tendencia general a obviar el pasado durante la década de los noventa, se preocuparon por canalizar un sentimiento que se encontraba abandonado pero muy presente en un sector de la sociedad española. Un sentimiento que, como evidencian esas otras piezas incluidas en el ciclo y de factura más reciente, ha permanecido y quizá hasta cobrado fuerza durante los últimos diez años, cuando éste ha adquirido una visibilidad inusitada en forma, por ejemplo, de relatos audiovisuales que, de manera más o menos interesante, han abordado la memoria y la historia reciente del país (5).

Narrar la historia es una muestra pertinente en cuanto que plantea la necesidad de compilar y mostrar aquellos trabajos que, en parte por su marginalidad, en parte por su novedad, son capaces de cuestionar y hasta enmendar algunas de las fallas en las que han podido incurrir los relatos en torno a la historia reciente de España que han abundado en los medios hasta la actualidad. Un planteamiento que resulta relevante por lo que conlleva de reflexión sobre “la función política de las imágenes, su relación con la historia, y la producción de desmemoria histórica como proceso social y contemporáneo” (6). Cuestiones todas ellas que se han revelado como imprescindibles a la hora de entender la realidad política, social y cultural de nuestro país durante las últimas décadas.

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(1)“Presentación”, David Cortés y Amador Fernández-Savater (eds.), Con y contra el cine. En torno a Mayo del 68, Sevilla / Madrid / Barcelona, Unia Arte y Pensamiento / Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Fundació Antoni Tàpies, 2008, pág. 11.

(2) Motivación que parece justificar la presencia de la única propuesta incluida en el ciclo que no corresponde a las dos últimas décadas: Ocaña. Exposición en la galería Mec-Mec (Video-NOU, 1977), un documento que “muestra un fragmento de la vida contracultural de la Barcelona de la transición democrática” y que aporta la memoria personal del transgresor artista. Ésta puede ser interpretada como el lugar desde el que desea partir el ciclo: el de aquellos relatos situados en los márgenes del discurso histórico que surgieron directamente del encuentro con “la calle” durante los años setenta y principios de los ochenta.

(3) Cuadernillo que complementa el proyecto, MNCARS, 2010.

(4) Ver nota anterior.

(5) Podemos mencionar, entre otros, Los niños de Rusia (Jaime Camino, 2001), La guerrilla de la memoria (Javier Corcuera, 2002), Así en la tierra como en el cielo (Isadora Guardia, cortometraje, 2002), Entre el dictador y yo (VV. AA., 2005), El tren de la memoria (Marta Arribas y Ana García, 2005), Bucarest, la memoria perdida (Albert Solé, 2008) y Nadar (Carla Subirana, 2008). Una aproximación a las estrategias de rememoración empleadas en estos trabajos podrá encontrarse en el texto “Hacer visible el trauma: la invocación de la memoria en la producción documental desde los años setenta en España”, que aparecerá publicado próximamente en el n.º 31 de Secuencias. Revista de Historia del cine, monográfico dedicado a las relaciones entre el cine y la memoria (traumática).
(6) Ver nota 3.

Lo urgente

ELVIRA LINDO El País – 12/05/2010

Son cosas tan repetidas… Si el PCE empezó a usar la expresión “reconciliación nacional” en 1956, si en nuestro primer Parlamento democrático individuos de los dos bandos fueron capaces de sentarse codo con codo, ¿a qué viene ahora esta ira delegada? La historia está para estudiarla, reflexionar sobre ella; la Ley de la Memoria Histórica se basa en la reparación moral de las víctimas, pero todo eso nada tiene que ver con este baile de artículos en los que, como si se escribiera desde la trinchera, columnistas airados se tiran los muertos a la cabeza. El resultado es una falta de respeto hacia esas víctimas que intentan honrar y hacia los vivos también, por ejemplo, hacia esos más de cuatro millones de parados que claman por una solución a su desamparo.

Hay muchos asuntos en España sobre los que es urgente un consenso: la educación, la aplicación de la Ley de Dependencia, el recorte de gasto público, el cambio de nuestro sistema productivo. Son necesarias tanta energía e inteligencia como las que hicieron falta en la Transición. Ensuciar el ambiente reavivando la agresividad que escupía la prensa en los meses previos a la guerra es no tener cabeza. Si alguien ha de perder la calma, dejemos que sean los desesperados.

Recordar no es utilizar la historia como un arma para hacer política. España ya no es aquella que fue. Somos nosotros, en gran medida, esta clase privilegiada que la glosamos en tertulias o columnas, los que pareciera que queremos verla perpetuada en su pasado miserable. A diario se sacan a pasear los célebres versos de Gil de Biedma, “De todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal”. La belleza y la fuerza poéticas no tienen por qué ser fieles a la verdad. Y la verdad es que la Historia no se acaba. La estamos escribiendo ahora, con nuestra templanza o nuestra irresponsabilidad.

El PSOE acepta garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica

Pacta con Joan Herrera (ICV) una moción que acepta “reformas normativas” para garantizar las exhumaciones

FERNANDO GAREA El País11/05/2010

El Pleno del Congreso aprobará esta tarde una moción de Joan Herrera (ICV) sobre memoria histórica que incluye garantías de la Administración del Estado para exhumar los restos de las víctimas de la Guerra Civil. Herrera ha llegado hoy a un acuerdo con el PSOE para modificar su texto inicial y se incluye el compromiso de “impulsar reformas normativas” para garantizar esas exhumaciones.

ICV entiende que el Gobierno acepta estudiar la reforma de la Ley de Memoria Histórica, pero fuentes del Gobierno aseguran que sólo se prevé la aprobación de una orden ministerial que garantice que las comunidades cumplen con las exhumaciones.

Según Herrera, “hoy el Congreso dirá que el juez Garzón no puede ser incriminado” por perseguir los crímenes del franquismo.

El texto pactado señala que “el ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcance recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, en el Convenio para la sanción del genocidio y en resto de la legislación nacional e internacional que nuestra Constitución recoge y ampara”.

Añade que “el Congreso muestra su respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos”.

Y se insta al Gobierno a “transformar y potenciar la oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, son sede en el Ministerio de Justicia, para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley de memoria histórica, tanto en el seno de la Administración general del estado, como en las relaciones con las demás admninistraciones públicas competentes”.

Añade que el Gobierno debe “garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser esta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario. Para ello se impulsarán las reformas normativas necesarias”.

Concluye instando a “conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo”.

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El Senado libra al Gobierno de asumir las exhumaciones

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Víctimas de Franco, víctimas de ETA

José María Calleja El País – 10/05/2010

Memoria, dignidad y justicia son ya tres apellidos que acompañan a las víctimas del terrorismo de ETA. Estas víctimas han pasado de estar olvidadas, o patrimonializadas por la ultraderecha, en los años de la transición y comienzos de la democracia, a gozar en la actualidad de un reconocimiento legal, institucional y social en unos niveles que resultan modélicos para otros países.

Las víctimas del terrorismo de ETA tienen hoy en España leyes que las amparan, apoyos económicos sin parangón, y gozan del reconocimiento y el afecto de la inmensa mayoría de los españoles. Además, nadie se atreve ya a decir, ni siquiera entre los menguantes jaleadores de ETA, aquella frase tremenda de ETA, mátalos, mientras que son habituales en los discursos políticos, y en las líneas editoriales de los medios de comunicación, las frases de reconocimiento y enaltecimiento de las víctimas. En España se da por hecho la superioridad moral de las víctimas del terrorismo y se identifica al verdugo que las creó como un símbolo del mal. De pecar por algo respecto de las víctimas del terrorismo de ETA, en España se puede pecar, a veces, por exceso.

Otras víctimas, las de la dictadura franquista, no sólo no tuvieron el menor reconocimiento durante los 40 años que el dictador estuvo en el poder, es que fueron perseguidas con saña hasta la agonía de Franco. Acabada la guerra, el régimen de Franco se dedicó con ahínco, de manera concienzuda y sistemática, a exterminar a la izquierda perdedora republicana: fusilamientos masivos, largas penas de cárcel, trabajos forzados, juicios sumarísimos, exilio, miedo y clandestinidad, moldearon una peculiar forma de guerra con un solo bando fieramente armado y el otro aniquilado. Durante esos 40 años fueron reconocidas, y tratadas de manera privilegiada, con cargos, oposiciones patrióticas, empleos, privilegios, apoyo económico, asientos reservados para caballeros mutilados, etc. las víctimas y los familiares de los caídos del bando franquista, que se alzó en golpe de Estado contra el Gobierno democrático de la República. Durante esos mismos 40 años hubo una política de exterminio, primero; y persecución, después, a los perdedores y a los opositores a Franco. El final de la Guerra Civil no dio paso a la reconciliación, sino al exterminio franquista de los derrotados, a los que se despojó de su condición de españoles.

Podemos decir que la recuperación de las libertades en España no trajo aparejado el reconocimiento a las víctimas provocadas por Franco. Miles de víctimas habían sido fusiladas o paseadas y sus restos yacen aún en cunetas, barrancos o fosas. La Ley de la Memoria Histórica plantea algo elemental: reconocer a las víctimas del franquismo que durante 40 años de dictadura y 30 de democracia no han sido reivindicadas. Pero, en este caso, la demanda de memoria, dignidad y justicia respecto de esas víctimas no sólo no cuenta con el apoyo unánime de la población española, sino que, por el contrario, levanta ampollas en importantes sectores de la tronante derecha política y mediática.

Andan estos núcleos de aroma franquista empeñados en rescribir la historia y se afanan por presentar al dictador como un personaje estupendo y necesario, y a sus víctimas como merecedoras de la muerte. Algo habrían hecho los comunistas, los socialistas, los republicanos, para que Franco los exterminara, parecen decir.

Resulta muy significativo que los mismos que incluso exageran en sus apoyos a las víctimas del terrorismo etarra no consideren que también son dignas de reconocimientos las víctimas de ese terrorismo gigantesco, eterno y muchísimo más sanguinario que fue el franquismo.

Algunos españoles hemos sido víctimas de dos dictaduras: la de Franco y la de ETA, y reconocemos en ambas ingredientes que las hacen parejas: las dos funcionaron a base de odio, muerte y miedo; las dos pretendieron aniquilar al contrario, en el caso franquista, con un éxito que duró 40 años, y en el de ETA con un fracaso que ha durado 40 años y ha provocado incomparablemente menos víctimas que el terror de Franco.

Ahora se trata, sencillamente, de reclamar el justo reconocimiento a las víctimas de un golpe de Estado y de esa dictadura basada en una represión feroz y sin tregua que fue el franquismo; se trata de que las familias de los perdedores puedan enterrar a sus víctimas con dignidad, donde ellos quieran; que sepan dónde están, que los puedan separar de la infame compañía del dictador que los mandó asesinar y que de manera incomprensible sigue enterrado, con todos los honores, al lado del altar principal la Basílica del Valle de los Caídos.

Se trata de reparar la memoria y la dignidad, de hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Franco, que no fueron reconocidas durante 40 años de dictadura ni lo han sido en 30 de democracia. Negarse a este ejercicio democrático, básico para una convivencia en valores compartidos de libertad, retrata a quien lo hace, dificulta la definitiva reconciliación entre españoles y pone de manifiesto la dosis de odio que un sector de nuestro país mantiene aún enhiesto. No parece coherente reclamar memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo nacionalista vasco y no exigir el mismo trato para las víctimas del terrorismo nacionalista español.

José María Calleja es periodista.