Los investigadores reclaman protección constitucional y que secumpla la Ley de Memoria Histórica frente a las acusaciones de las familias de presuntos represores de la Guerra Civil y del franquismo
JOSÉ ANDRÉS ROJO – El País – 02/06/2008
Dionisio Pereira
¿Hasta dónde se puede llegar a la hora de investigar el turbio pasado de la Guerra Civil? ¿Es más importante conocer lo que ocurrió, y hacerlo público, o abstenerse para respetar el honor de los descendientes de episodios tan poco edificantes? ¿Qué margen tienen las víctimas, que pasaron años de humillación y oprobio, para recuperar una dignidad que la dictadura les escamoteó? ¿Hay algún consuelo en conocer la verdad? ¿Qué peso tienen los documentos que se conservan de la represión, con juicios sin garantías jurídicas y con testimonios arrancados en una atmósfera de miedo a una autoridad implacable? ¿Y qué crédito dar a los testimonios orales de los supervivientes que, en muchos casos, no pudieron hablar hasta fechas recientes?
Hace unos meses, el Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, en Galicia, absolvió al historiador Dionisio Pereira que había sido acusado por los descendientes de Manuel Gutiérrez, alcalde de Cerdedo durante el franquismo, de no querer rectificar para salvar el honor de sus antepasados las conclusiones que hizo públicas en 2003 en un libro colectivo sobre la represión franquista.
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