Sobre la impunidad de los crímenes del franquismo

SANTOS JULIÁ El País – 23/05/2010

Como define sobriamente el DRAE, impunidad es falta de castigo e impune es el que queda sin castigo. Los crímenes del franquismo quedaron sin castigo, ante todo, porque los vencidos en la guerra civil, desde el exilio o en el interior, no pudieron abrir una causa contra los culpables y, sobre todo, porque los vencedores en la Guerra Mundial, tras someterlos a cuarentena, decidieron hacer buenos negocios con ellos. Gran Bretaña fue, como no se cansó de repetir el presidente Azaña, el primer enemigo de la República en la guerra civil, y Estados Unidos y el Vaticano, flanqueados por Francia y Reino Unido, fueron los principales socios sobre los que, durante años sin fin, pudo Franco consolidar su poder.

La alianza estratégica de las democracias occidentales con la España de Franco duró hasta la muerte del dictador. Mientras tanto, nadie, ningún juez, ningún fiscal -funcionarios al servicio de la legalidad del régimen, fuera cual fuese la ideología de cada cual- tuvo la oportunidad de abrir una causa penal contra los responsables de aquellos crímenes. Luego, ninguno de esos mismos funcionarios, ya al servicio de la legalidad democrática, reclamó la aplicación de lo que ahora llamamos justicia internacional para el caso español. El primero en hacerlo ha sido Baltasar Garzón que, modificando la definición de los tipos delictivos aplicables, abrió en 2008 una causa penal contra los autores de crímenes.

Pero este juez tomó sus precauciones para asegurarse de que del procedimiento penal no se derivara la posibilidad de sentar en el banquillo a ningún culpable. Porque “crímenes del franquismo”, además de los asesinatos de la guerra civil, fueron, entre otros, la muerte por torturas del secretario general del PSOE Tomás Centeno en 1953; o el fusilamiento del dirigente del PCE Julián Grimau, 10 años después. Garzón limitó, sin embargo, el periodo de su investigación -en realidad: un auto basado en investigaciones publicadas por decenas de historiadores- hasta el cambio de gobierno de 1951, ocasión y fecha arbitrarias si no se recuerda que quienes fueron ministros hasta ese año, en 2008 estaban notoriamente muertos, como dejó escrito en su auto: eran sospechosos que quedarían sin castigo, o sea, impunes, aun en el caso de que su crimen hubiera sido contra la humanidad.

Es irrelevante saber qué buscaba Garzón con su auto, allá él; lo que sí se sabe es lo que no buscaba. Y lo que no buscaba era sentar en el banquillo ni a un solo culpable de los crímenes del franquismo, porque si ese hubiera sido el objeto de su instrucción no la habría limitado a 1951 ni reducido a 35 sospechosos muertos. Al establecer esa fecha límite y al identificar con nombres y apellidos a 35 altos cargos de la dictadura, el instructor sabía que en breve plazo, que pretendió alargar con alguna de sus martingalas, se vería obligado a cerrar el sumario. Y así fue. Al recibir los certificados de defunción, añadió a la evidencia de que los presuntos culpables habían fallecido, la sorprendente declaración de extinción de responsabilidad de todos ellos ¡porque estaban muertos!

Que, tras esta extinción de responsabilidad, los crímenes del franquismo sigan impunes ¿significa que no quede ninguna obligación legal hacia sus víctimas? En absoluto. Los gobiernos, primero del PP, luego del PSOE, tienen encima de la mesa desde hace varios años demandas de familiares de buscar, exhumar, identificar y dar digno entierro a las víctimas de aquellos crímenes. Los familiares están en su derecho -como lo están en el suyo los que prefieren mantener las fosas como lugares de memoria- y los poderes públicos en la obligación de atenderlos. Para cumplir ese deber, no hacía falta enredarse en causas penales contra muertos impunes ni perderse en debates sobre leyes de memoria; bastaba una instrucción del Gobierno que recordara a jueces y forenses la obligación legal de exhumar cadáveres enterrados en fosas, destinando a esa tarea los funcionarios que fuera menester.

Por razones que el Gobierno sabrá, no lo ha hecho, y de esa abdicación se ha derivado el intento de proceder a las exhumaciones por la vía penal bajo el falso pretexto de que no queden impunes crímenes cometidos hace más de 70 años. Ante la evidencia de que, 70 años después, todos los posibles culpables han muerto, sería mejor que cada uno cumpliera su deber, comenzando por el Gobierno y siguiendo por estos jueces que se dedican a sustanciar, sobre los crímenes del franquismo, sus viejos rencores políticos.

‘Un archivo guarda el horror y el coraje de muchos’

LOLA HUETE MACHADO – El País –  23/05/2010

Para la administradora del archivo de la Stasi, la policía secreta de la dictadura comunista en la Alemania del Este, conservar la memoria histórica es proteger un tesoro.

La reconciliación es un asunto personal, no político o nacional. No es cosa que pueda organizar u ordenar la política. Lo dijo una vez e insiste en ello ahora esta mujer, que es la administradora de uno de los archivos de la memoria más importantes del mundo, el de la Stasi, la policía secreta del partido comunista gobernante ( Partido Socialista Unificado, SED), en la extinta República Democrática Alemana (RDA, 1949-1990): “Yo soy cristiana; por tanto, eso que dije se corresponde con mi experiencia. La conciliación es algo que ocurre entre personas, tiene que ver con emociones y no puede producirse sin exponer claramente la verdad. Es una trampa eso de ‘venga, no hablemos de lo ocurrido, nos perdonamos y ya’. No. Esos no son cimientos sólidos para construir nada”.

Marianne Birthler (1948) es desde 2000 lo que se llama Comisionada Federal para los Documentos del Ministerio para la Seguridad del Estado (BStU en sus siglas alemanas) y tiene en sus manos los secretos (la basura y otras cosas, como luego explicará) de esa maquinaria infatigable y meticulosa que fue la policía política de su país natal repleta de espías, mirones, informantes, delatores (unos cien mil oficiales; el doble, inoficiales) que trastocaron y acabaron con muchas vidas y sueños. Ahí está todo guardado para ser consultado, en 158 kilómetros de estanterías repletas de actas, casi 40 millones de fichas personales, aún más de 15.000 sacas llenas de pedazos de papel por recomponer (una docena de personas se encargan de hacerlo a mano y, en paralelo, en el instituto Fraunhofer de Berlín se prueba un nuevo sistema electrónico para acelerar el proceso), aquello que a los de la Stasi les dio tiempo a destruir antes de que los propios ciudadanos del Este, tras la caída del Muro en 1989, ocuparan la sede dispuestos a proteger ese material elaborado con detalles de sus vidas. Casi tres millones de alemanes han solicitado consultar las actas desde 1990; en el último año, 102.658. “Con estas cantidades es una tarea de generaciones, porque no estaba previsto tal demanda de apertura de actas. Cada año más. Por parte de particulares, de medios, de científicos… Las actas no sólo interesan por la Stasi, sino por la RDA, lo mismo si se trata de deporte, cultura, iglesia o de oposición y resistencia… Esta es una de las fuentes básica para la investigación de la RDA”. Así que, aunque Birthler ya no esté, existirá autoridad y archivo de la Stasi aún un tiempo (luego pasará al Archivo Federal): “Al menos hasta 2019. Serán 30 años después de la revolución”.

¿Qué sintió usted el día que supo que todo este material estaba en sus manos? Cuando me preguntaron si quería el puesto, dudé. Era una gran responsabilidad y tenía miedo de que a partir de ese momento, leyendo las actas, mi vida estuviera condicionada por ese horror. Me acuerdo que tras tomar posesión, me organizaron un día dentro del archivo. Tenía pavor. Pensé: “Voy a entrar en contacto con el lado oscuro y amenazante de mi nueva tarea, seguramente a la noche estaré deprimida y lloraré al saber lo que los humanos son capaces de hacerse entre sí…”. Pero fue distinto. Esa noche regresé alegre a casa. Por dos razones: me di cuenta de lo bueno que era guardar esas actas, porque podemos aprender de ellas lo que la gente es capaz de hacer, y porque recogen historias fabulosas de personas valientes que opusieron resistencia o se mantuvieron honestas. Desearía que todos los países que han sobrevivido a una dictadura tuvieran papeles así para conocer al detalle el destino de personas detenidas, asesinadas… Aquí, en el terrible lenguaje de la Stasi quedó todo grabado, y creo que sería un verdadero botín para España, por ejemplo, tener información así de quiénes eran esas personas, lo que dijeron, cómo se mantuvieron firmes durante los interrogatorios… Nosotros tratamos este material escrito como un verdadero tesoro.

La memoria de un país entero… Sí, estas historias se usan a menudo en la formación política, con jóvenes, porque muestran cómo la gente siempre tiene posibilidad de decidir cómo portarse. A veces asumiendo gran riesgo… En los últimos años de la RDA era distinto, ya no temíamos por nuestra vida. La situación había cambiado, no es igual temer ser detenido que asesinado, tal como sucedía en los primeros años, brutales y sangrientos. Al final, la presión era más sutil; por ejemplo, a mis hijas no les permitieron hacer el bachiller, porque yo era de la oposición…

¿Cuántas historias escondidas se descubrirán aún entre estos papeles? Habrá nuevas. Pero, dado que empezamos tan pronto con la apertura de las actas y con discusiones sobre personas públicas, no cuento ya con una gran ola de descubrimientos. Serán más bien casos individuales desconocidos, tal como sucede desde hace años. En los noventa se sabía de dos o tres nuevos nombres cada semana. Afortunadamente, esto se acabó.

Su familia quedó dividida entre el Este y el Oeste. Usted vivía en el Este, ¿era vigilada por la Stasi? Sí. Yo era activista, de la oposición, claro que nos vigilaban.

¿Y es correcta la información que recopilaron sobre ustedes? Hay quien consulta las actas y comprueba que nada coincide con la realidad… Se debe decir que la Stasi preparaba las actas con minuciosidad. Se trataba de un aparato militar y ese era su instrumento de trabajo más importante. Tenían alto interés en que las actas se elaboraran correctamente. Cuando oficiales o colaboradores no oficiales describían algo de manera imprecisa, no era un pecadillo, sino un delito disciplinario. Naturalmente, los informes de colaboradores de la Stasi son siempre subjetivos, contienen fallos, pero esto lo sabía la dirección y por eso siempre usaban varios confidentes si se trataba de personas importantes. Un amigo mío, conocido disidente, encontró en sus actas informes de más de 80 confidentes. Y la Stasi podía unirlos como si fueran folios para relativizar las inexactitudes y obtener una imagen muy precisa.

El despacho de la administradora se encuentra en la sede del BStU, un edificio con el aire socialista del Berlín de antaño, una mezcla entre institucionalidad y funcionalidad. Un vistazo desde las ventanas muestra un paisaje aún con huellas del pasado, pero bien batido ya con la nueva realidad unificada del Berlín actual, tan turístico y de moda. Hasta el nombre de la calle delata el lugar que fue: Karl-Liebknecht-Strasse, 31, al lado de la Alexanderplatz, la plaza escenario donde se levanta la torre de la televisión visible desde toda la ciudad y ese hotel-mole escenario que venía a probar lo bien que le iba al comunismo. Vestida de traje gris, media melena rubia, anillos de diseño de plata, al verla sentarse en el sofá con un cruce de piernas decidido, una la imagina lidiando con los problemas de aquel tiempo en la RDA, peleando por sus ideas como joven opositora y catequista desde una organización evangelista o advirtiendo a sus hijas sobre las circunstancias en que vivían con su voz confortable, su porte de mujer poderosa y segura de sí: “Esto es lo que sucede, de esto no habléis en la escuela…”. No era fácil que lo entendieran, pero aun entonces apostó por la transparencia. “Era aún más difícil y peligroso para esos niños que sentían que sus padres no les hablaban claro”, dice.

En estos días arranca Birthler el que será su último año de mandato, el décimo, un tiempo en el que, a pesar de los servicios prestados, los libros e investigaciones promovidos y los secretos desvelados, ha sufrido críticas y sinsabores. Le han dicho de todo: que basta ya de hablar del pasado, que no debe interpretar lo que el archivo esconde, sino limitarse a gestionarlo (“cada dos años publicamos un informe de lo que hacemos y se presenta al Parlamento, y siempre ha sido evaluado muy positivamente. Llevando una institución así, una tiene que vivir con la idea de no tener sólo amigos”), que si tiene problemas con los ex comunistas dentro del partido Die Linke (“Ellos tienen problemas conmigo. Gysi se niega a admitir que colaboró con la Stasi”) o por qué hay documentos políticos fundamentales que no vieron antes la luz (como hace nada con el caso Kurras): “No fue un error, nadie nos preguntó”.

Birthler posee un discurso tan rotundo y seguro de sí, que ante la cuestión “¿qué cosa no volvería a hacer en su vida, en su trabajo?”, ella que ha sido parlamentaria y portavoz de los verdes (Bündnis 90/Die Grünen), ministra de Educación en el Estado de Brandeburgo, no sabe qué responder. “No quiero decir con esto que no haya cometido errores, pero ahora no recuerdo nada…”. No hay vista atrás para lo ya hecho, no valen nostalgias, pero sí impunidad cero ante los crímenes cometidos. “Quien desprecia y no atiende a su pasado, está condenado a revivirlo”. Y eso, afirma, es lo que podría ocurrir en España con la memoria de la Guerra Civil. Y dicho esto, pregunta por la situación del juez Garzón, acorralado por intentar mirar al pasado.

En España se murió Franco y se corrió un tupido velo… y 30 años de paz después aún está la herida abierta. En Alemania, con el régimen comunista se optó por mostrar todo… pero hay quien dice que ya basta, que mejor mirar adelante… ¿No será el punto medio el tratamiento ideal? Antes de optar por el punto medio, hay que plantearse las opciones que se tienen. Yo no aceptaría tal punto medio, porque estoy convencida de que la vía que nosotros hemos escogido para tratar nuestra memoria histórica ha servido para transformar las cosas. Al final, lo que hay que preguntarse es qué es lo que necesita una sociedad tras sufrir una dictadura, qué se necesita para garantizar la cultura política futura… Estas son las preguntas importantes. La discusión en Alemania estaba predeterminada, porque tras el fin del nacionalsocialismo esta discusión, más que nada en la República Federal, se realizó con gran retraso… Una generación más tarde se puede decir con seguridad, y está demostrado, que ese modo no fue bueno. Si uno piensa en las víctimas de la dictadura, en sus familiares, ellos necesitan justicia cuanto antes, conocer la verdad, y necesitan que ésta se airee como compensación a toda la injusticia. Es fundamental.

Quizá se ha podido hacer así en Alemania porque ustedes ya tenían el pasado nazi… y por cultura o carácter, quizá; en España, mirar y ver lo que te ha hecho el vecino podría desembocar en… más sangre. Sí, tiene razón. Y sin duda lo ocurrido aquí con el nazismo desempeñó un gran papel. Fue fundamental, cuando en el Parlamento alemán se aprobó esta ley de la memoria se decía que no había que cometer dos veces el mismo error.

¿Cuánto tiempo tendremos que seguir hablando del pasado? El pasado tiene siete vidas, como los gatos, no se puede eliminar fácilmente. Y si uno intenta omitirlo, en algún momento retornará, y lo hará fortalecido. Y lo que ustedes viven en España es la consecuencia de lo que distintas generaciones tuvieron que callar… Lo veo así: la gente que durante años intentó con energía evitar que la verdad surgiera, está envejeciendo, debilitándose. Y ahora los jóvenes dicen: “Queremos saber, tenemos derecho a ello”. Es algo que conocemos de nuestra vida personal: tras un conflicto sólo podemos seguir adelante cuando las cartas se ponen sobre la mesa y todo se aclara.

En España, las víctimas de la Guerra Civil ya han sobrepasado los setenta u ochenta años, poco a poco ya no quedan supervivientes, pero… Lo sabemos también por otros países; en tanto en cuanto la gente lleva una vida activa, reprime el horror vivido, pero cuando envejecen, rememoran su infancia y juventud de manera virulenta. Llega a ser entonces más actual que cuando uno tiene 50. Con 70 u 80 años se acuerda uno de su infancia y las heridas retornan. Yo lo conozco de Israel, allí es un gran problema para los sobrevivientes del Holocausto; cuando envejecen, aumentan los traumas, su alma está enferma. Cuando trabajaban y criaban a sus hijos, todo permanecía en orden… Yo suelo apoyar a asociaciones en Berlín a las que pueden acudir quienes estuvieron presos en los años cincuenta y sesenta y están aún traumatizados. Se trata de una generación que no acude a terapia, no hacen algo así. Pero allí van y cuentan su historia y eso les ayuda a espantar sus fantasmas. Por eso no creo que sea bueno para una sociedad guardar silencio. Necesitamos un ambiente que ofrezca la posibilidad a la gente de hablar de lo sufrido.

¿Tiene usted buenos recuerdos de su infancia y juventud en su país? Los tengo de un tiempo en que yo era joven con una interesante profesión, hijos fenomenales y andaba enamorada, o no… Trabajé en comercio exterior y luego con niños y jóvenes en la Iglesia, así que estaba feliz, pero no creía en ese sistema político. Era una dictadura, y, naturalmente, no lloro por ella. Soy escéptica incluso con esa idea de que había igualdad para las mujeres. En la RDA eran activas, pero tan excluidas del poder como en otros sitios. En el Politburó no había, en el Gobierno tampoco. Trabajaban, pero nunca pudieron cambiar su papel. Seguían siendo responsables cuando faltaba un botón en el abrigo del marido. Eso, los niños, el hogar. Era una emancipación muy unilateral.

Algunos ciudadanos, sin embargo, sienten nostalgia, aseguran que la vida entonces era relajada, segura… Se debe diferenciar la vida privada de la vida como ciudadano bajo una dictadura del SED. Lo fundamental es que en la RDA no todo era malo, lo malo era la RDA.

¿Está satisfecha por el modo en que se desarrollaron los acontecimientos, con la reunificación en 1990? Muchas cosas se podrían haber hecho de otra forma, pero soy feliz con el resultado, pues me permite vivir como ser humano libre en una democracia.

Pero persisten grandes diferencias entre ambos lados de Alemania… Los mayores problemas que tenemos aún en el Este son resultado de los cuarenta años de RDA. La economía estaba muerta; las ciudades, destruidas, y esto es algo que se tarda mucho en compensar.

¿Cree que el Gobierno federal ha hecho suficiente por el Este alemán? Si compara con otros países comunistas, podrá constatar que nosotros nos beneficiamos mucho no sólo del dinero del Oeste, sino que hemos podido reanudar 40 años de tradiciones constitucionales… esto nos ayudó a reconstruir estructuras democráticas. Pero también tiene desventajas; yo lo viví, por ejemplo, siendo ministra en Brandeburgo cuando reformamos el sistema educativo. Forma parte del proceso de madurez política el cometer errores y aprender de ellos, pero esto no era apenas posible con el Oeste ahí al lado, que lo sabía todo mejor. Nada fácil. Y opino también que no es bueno para el proceso de emancipación del Este seguir pendiente del goteo financiero del Oeste. Es un peligro. Pero de todos modos, en 1990 yo formaba parte de los que buscaban otro camino en la unificación…

¿Ah, que no estaba de acuerdo con ella? Todos la queríamos. La discusión era cómo y a qué velocidad. Llegado 1990, cuando ya estaban en preparación las primeras elecciones libres, ya no existía la discusión del pro o contra. Sólo unos pocos marginados la negaban y aún hoy existen. La gran mayoría buscaba un concepto político que la permitiera. Era lo único realista. La DDR ya no era capaz de existir. Lo que poseía era el Muro, que impedía a la gente escapar, y la Stasi para hacerla obedecer. Y sin ambos, como sistema político llegó a su final.

¿Cuántas actas ha leído? No tantas como mis colegas, algunos no hacen otra cosa.

¿Recuerda alguna historia que le haya impresionado en especial? Siempre me impresionó cómo la Stasi, que desde los años setenta comenzó a usar métodos más sutiles, empleaba el terror psicológico, perturbaba a la gente de forma sutil. Por ejemplo, entraba cada noche al piso de una señora y cambiaba las cosas de sitio o modificaba los relojes. La mujer casi enloquece, no se lo explicaba. Y cuando llegó a la conclusión de que podía ser la Stasi… no podía ni hablarlo con amigos. Porque si yo les digo a los míos: “La Stasi entra en mi piso”. “¿Y cómo lo sabes?”, preguntarían. “Porque cambian las toallas en el colgadero”. Todos pensarían que estoy paranoica. Ahí quedaba, pues, la mujer, sola con su inseguridad; ese era el objetivo: acabar con ella psicológicamente. Historias como esta son aún más alarmantes que las de detenciones. Pero mis favoritas en las actas son las que hablan de personas que la Stasi quería enrolar para espiar a otros y se negaron. No colaboraron. Son fabulosas.

En España tuvo gran éxito la película ‘La vida de los otros’. ¿Eran las cosas como ahí se cuentan? Era una ficción. Y la verdad se puede contar bien a través de ella. Así, el mensaje de la película es correcto y explica bien el ánimo en los ochenta en un escenario concreto como es Berlín, cómo la gente sufrió bajo una dictadura incruenta, cómo unos eran valientes, otros traidores y los demás desesperados. Todo esto existía. Es mi experiencia. En ese sentido, la película es muy auténtica.

Sus colegas, dice, leen muchas actas… ¿y cómo se controla que alguno no vaya a sacar información comprometida? Tenemos el llamado “principio de los cuatro ojos”: nadie va solo a los archivos. Siempre acompañado. Cuando alguien empieza a trabajar aquí, se compromete a tratar la información confidencialmente. Hasta ahora se conocen muy pocos casos de sospechas de desfalco de actas. Normalmente no pasa. Como es un centenar de personas el que está en contacto directo con ellas, hay que confiar en que lo harán con cuidado. Naturalmente, existe la posibilidad de sacarlas y creo que hay muchos periodistas que pagarían bastante por el contenido de alguna que otra… Pero no tenemos constancia.

Si en el archivo está mi acta, ¿yo puedo dar mi consentimiento para que se haga público su contenido o prohibirlo? Si usted, como particular, tiene acta aquí, sólo podemos entregársela a alguien con su expresa autorización por escrito. Depende de usted, una vez que tenga la copia en sus manos, lo que haga con ella. Algunos las han publicado. Y si usted lo decide, se permite su uso para investigación; pero si usted no dice nada, no. Debe usted confirmarlo expresamente.

Pero no es así si se trata de personalidades públicas, políticos, jueces… Correcto. Pero sólo en cuanto a su papel público. Si hay algo escrito sobre sus relaciones privadas, opinión personal o detalles financieros, entonces está regulado por la ley de igual modo que para particulares. Sólo podemos usar lo que trata de su vida pública. Y debemos informarle de ello.

Entonces no entiendo cómo quería el ex canciller Helmut Kohl impedir en 2002 que se publicaran sus actas… (de él hay en los archivos unas 7.000 páginas escritas, 2.500 de su vida privada). Yo tampoco lo entendí. Él quería que sus actas fueran tratadas como las de un particular, pero no lo pudo conseguir del todo. Finalmente se decidió que las actas de su papel público pudieran usarse para investigación… No quiero especular. Pero Kohl nunca fue partidario de la apertura de las actas, quizá por eso…

Como él, muchos ciudadanos estaban o están en contra. Hay hasta quien dice que mejor que viniera una riada y se llevara estos papeles… Sí, algunos hablaron de hacer una fogata, pero otros cambiaron de opinión, como el ministro de Finanzas, Schäuble. Pero, discúlpeme, hemos hablado de actas de afectados, de personas vigiladas… Pero aquí también están las de colaboradores de la Stasi y estas no están tan protegidas, aunque miramos cada caso individualmente. Así que investigadores y periodistas tienen derecho a trabajar con ellas y podrían citar los nombres. Esto es muy importante, la autoridad legislativa lo decidió: la traición no debe quedar anónima.

Sinfonía de maldad

JULIÁN CASANOVA El País – 23/05/2010

El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia “superar” aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.

Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.

En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.

Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.

La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.

Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

La memoria histórica asalta Cannes

La presentación de ‘Hors la loi’ de Rachid Bouchareb reaviva el fantasma del colonialismo francés en Argelia y desata la polémica

BORJA HERMOSO El País21/05/2010

Manifestaciones de grupos de extrema derecha, de asociaciones de ex combatientes y de pieds noirs (los franceses repatriados de Argelia tras la independencia de 1962), presencia masiva de policía antidisturbios en los aledaños del Palacio de Festivales, cacheos especiales a los acreditados del Festival durante el acceso a las salas, cruces de acusaciones políticas y páginas especiales en los diarios franceses de debate en torno al pasado colonial y su legado… (‘Francia-Argelia: ¿se pueden reconciliar las memorias?’, titula hoy el rotativo Le Monde en su portada )… y todo ello sobre la alfombra roja que suele acoger las pisadas de las estrellas rutilantes: el Festival de Cannes ha cambiado hoy el glamour por el debate político, y todo por culpa de una película: Hors la loi (Fuera de la ley) del realizador francés de origen argelino Rachid Bouchareb .

Como pasa con otros países -léase España- y su memoria histórica, ocurre que también hay ‘dos Francias’: la que admite las burradas que la República cometió en Argelia durante el período colonial (el torturador Le Pen sabe mucho de eso) y está dispuesta a reabrir el debate las veces que haga falta, y aquella que -intensificando día tras día su ‘no’ a cualquier atisbo de arrepentimiento- exhibe un orgullo casi pornográfico en su defensa de la grandeur, incluida la grandeur de lo que fue la vieja potencia colonial hasta la declaración de independencia de Argelia en 1962.

Así que hoy ha aterrizado en Cannes, con la intensidad de fondo y forma que define a las heridas reabiertas, la eterna controversia en torno a la guerra de Argelia. La nueva película de Bouchareb –cuyo trabajo Indigènes también hablaba sobre los problemas de los argelinos franceses y ya fue premiado hace cuatro años en Cannes con un galardón colectivo para todos sus actores- tiene otra vez como evidente telón de fondo temático lo que el actor Jamel Debbouze ha definido hoy en Cannes como “la mala pareja que hacen la República y la Colonia”.

El argumento narrado por Bouchareb, la historia de tres hermanos y una madre separados por culpa de la guerra, tiene su punto de partida en las matanzas de 1945 tras una manifestación celebrada por independentistas argelinos en la localidad de Sétif, donde un policía francés disparó a un joven manifestante que enarbolaba una bandera de la Argelia independiente. La ira de los independentistas se tradujo en el asesinato de más de un centenar de colonos franceses y europeos. Pero la posterior y brutal represión de las fuerzas francesas, coordinada desde París por el propio gobierno del general De Gaulle, arrojó cifras que hablan de entre 1.200 y 45.000 muertos según las fuentes (las de los archivos civiles franceses y británicos acotan el número de muertos entre 6.000 y 15.000, cifras que los sucesivos gobiernos de la República nunca han reconocido oficialmente.

El affaire Hors la loi estaba caliente desde el mes de noviembre, cuando el diputado neogaullista Lionel Lucca acusó a Rachid Bouchareb de haber firmado “una película antifrancesa a la mayor gloria del Frente de Liberación Nacional argelino” y de haber “falseado la Historia”. La polémica subió de tono cuando se supo que Lucca había hecho estas declaraciones sin haber visto la película, lo que no le impidió indignarse de que “Francia haya podido financiar algo así” (Canal Plus Francia y el Centro Nacional de la Cinematografía han sido las dos principales fuentes de financiación de la película, una coprodcucción entre Francia, Argelia, Bélgica, Túnez e Italia). Incluso se ha llegado a decir que desde el Palacio de Matignon, sede del primer ministro francés, se han ejercido presiones sobre los responsables del Festival de Cannes para que esta película no concursara bajo bandera francesa… cosa que ha acabado ocurriendo, pues lo hace bajo pabellón argelino.

Rachid Bouchareb se ha mostrado esta mañana indignado ante el ‘ruido’ que ha armado su presencia en Cannes y se ha dicho “francamente sorprendido ante las medidas de seguridad `puestas en marcha hoy aquí”. “Esta película está hecha para abrir un debate, no para provocar enfrentamientos; yo ya sabía que el pasado colonial seguía provocando ciertas tensiones en este país, pero que haya suscitado tal violencia verbal es increíble y me entristece. Quiero que, de una vez por todas, todo el mundo pueda manifestar sus opiniones sobre la cuestión, y que se pase página. Las nuevas generaciones tienen que saber lo que pasó, no hay razón para que hereden el pasado, ha dicho el director.

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Tráiler de la película Hors la loi de Rachid Bouchareb:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=C1_opLxdpzE]

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La Legión marcha por la alfombra roja (Público)

“El proceso contra Garzón es un plan fabricado por la derecha”

NATALIA JUNQUERA El País20/05/2010

David Baigún cuenta que supo qué tipo de abogado quería ser en las clases de un exiliado de Franco, el vicepresidente del Parlamento español en 1936 Luis Jiménez de Asúa. Tiene mucho que ver con el hecho de que este penalista argentino, especializado en derechos humanos, haya decidido, a sus 84 años, representar a los exiliados españoles en Argentina y a una docena de organizaciones en la querella contra el franquismo interpuesta en Buenos Aires. Ha venido a España para participar en el III Seminario hispano-argentino sobre derecho penal. Entre conferencia y conferencia, habló con EL PAÍS sobre las expectativas de la querella -la justicia argentina acaba de aceptar su recurso contra el archivo- y lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón.

“Creo que el proceso contra Garzón es un producto fabricado y grosero, un plan de la derecha que tiene los pasos marcados desde el principio. Y nosotros somos el contraplan“. Se refiere al grupo de abogados que lleva la querella por genocidio interpuesta contra el franquismo en Buenos Aires. “Tenemos que prepararnos para un conflicto muy largo”, advierte. “Hay intereses políticos y económicos que se resisten a que se investigue, porque se descubriría que dirigentes que la opinión pública tiene hoy por ciudadanos respetables, en la época del franquismo utilizaron sus ventajas. En Argentina hay grandes grupos económicos españoles que han participado de la represión”.

No quiere decir a cuáles se refiere. “Es pronto aún”, pero recuerda que en su país ya han sido juzgados los torturadores de la dictadura argentina y que ahora arranca una segunda fase judicial contra los “responsables económicos”.

El penalista explica que en Argentina y en España se cometieron delitos de lesa humanidad, pero con importantes diferencias. “En España hay una entidad como Falange, que actúa como cuerpo organizado y mata sin límites, sin dar explicaciones, sin saber a cuántos. Eso no ocurrió en Argentina, donde sí hubo grupos armados que ejercían la represión de forma clandestina, pero no como una organización civil directamente respaldada por el Régimen. Hubo muchas menos víctimas”. “Además, en España todo el aparato del Estado participa en la extirpación social de la República: de los fusilamientos, de las desapariciones, de los robos de niños. Por eso el franquismo no muere con Franco. Porque los delitos los cometió todo el Estado franquista, no sólo sus dirigentes”.

El letrado asegura que el primer objetivo de la querella es “el esclarecimiento de la verdad” y que la justicia tiene que darse prisa para que “no desaparezcan quienes la saben”. En cualquier caso, concluye, “que no quedaran responsables vivos no impediría investigar. La culpabilidad es algo posterior”, aunque en este caso, añade, “los hay”.

“La alta instancia judicial es sociológicamente franquista”

Juan José del Águila. Magistrado. Autor de la obra ‘El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)’

P. RUSIÑOL MADRID – Público – 16/05/2010

Juan José del Águila, en su juzgado.

Juan José del Águila, en su juzgado. ÁNGEL MARTÍNEZ

Nadie conoce el siniestro TOP tan bien como Juan José del Águila (Torremolinos, Málaga, 1943). Primero, como víctima: estuvo un año preso, en 1969. Luego, como abogado vinculado a CCOO y el PCE, defendió a decenas de activistas condenados de antemano, lo que le valió otro paso por la cárcel, en 1973. Y, finalmente, como estudioso: al TOP dedicó su tesis doctoral, una versión reducida de la cual publicó con el título El TOP. La represión de la libertad, 1963-1977 (Planeta, 2001).

Del Águila accedió a la magistratura en 1989 y a sus 67 años sigue al pie del cañón: en el juzgado de lo Social número 21 de Madrid y aprovechando ratos libres para investigar la represión franquista y la complicidad del mundo judicial.

¿Qué opina del revuelo por lo que dijo Jiménez Villarejo sobre el TOP?

Muchos medios manipularon lo que dijo. Es obvio que no hablaba de los magistrados actuales porque por una cuestión meramente biológica sería imposible que hubieran sido del TOP. Lo que dijo es que hubo un alto grado de colaboración y complicidad del entramado judicial con el franquismo. Y esto es una evidencia.

¿Pero qué tienen que ver las instituciones actuales con las de la Justicia’ franquista?

Mire, el Tribunal Supremo editó en 2006 un libro autolaudatorio, carísimo. Y el mensaje que transmite respecto al franquismo es la continuidad legal: al principio y al final. El libro habla de todo, pero pasa de puntillas sobre el franquismo. No se cuenta que en la sede del Tribunal Supremo se celebraron miles de consejos de guerra, se ignora cómo los miembros de la carrera judicial participaron activamente en la represión: en la magistraturas de Trabajo de estilo fascista, en los tribunales para la represión del comunismo, la masonería y las responsabilidades políticas, en múltiples comisiones mixtas… ¡Ni siquiera se menciona el TOP, que fue una creación judicial al 100% y cuyas sentencias eran revisadas por el Supremo!

¿La transición no fue completa en el mundo judicial?

No hubo ruptura en ningún ámbito judicial ni político. Ahora no deberíamos extrañarnos de lo que pasa. A día de hoy, las altas instancias judiciales son sociológicamente franquistas. Sobre todo en su concepción del orden. Lo que sucede en la Sala de lo Militar del Supremo es llamativo. Siguen considerando justas sentencias fruto de consejos de guerra con el argumento de la seguridad jurídica. Algo así sería difícilmente asimilable en un país democrático.

¿Y las nuevas generaciones?

Ni una sola de las convocatorias a oposiciones a jueces y fiscales desde 1977 ha incluido alguna materia que trate la represión. ¡Ni una línea del TOP! Imagine un juez de 35 años: ni se lo contaron en la escuela, ni en la universidad, ni tiene que estudiarlo para las oposiciones. ¿Qué se le puede pedir?

¿Quién es el responsable?

Todas las instituciones clave han asumido un pacto de silencio: el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, los sucesivos ministerios de Justicia… El Ministerio Fiscal también editó recientemente un lujoso libro autolaudatorio. Se remonta nada menos que hasta el siglo XIII, pero no dedica ni una línea a la Causa General que en 1943 Franco encargó a la Fiscalía General. Ni una línea para la represión.

¿Los problemas de Garzón se explican por intentar investigar el franquismo?

Garzón es un personaje muy polémico y desenfoca la cuestión central sobre el estado de la justicia en España el tener que opinar sobre él. Pero está claro que es una monstruosidad que el Supremo se dedique a esto.

La mayoría de juzgados que recibieron su causa ha archivado sin investigar.

Era previsible. ¿Cómo van a tener sensibilidad si no conocen lo que pasó? Tengo compañeros que no saben qué es el TOP. Cuando publiqué el libro, ninguna de las muchas publicaciones del CGPJ le dedicó ni una línea. Tampoco las asociaciones de judiciales, ni siquiera las progresistas. Me parece muy sintomático. Hubiera entendido críticas despiadadas. Pero hubo silencio sepulcral y eso que lo editaba una editorial como Planeta. Hay una actitud deliberada para que estos hechos no se conozcan.

Del TOP al Supremo

La gran mayoría de jueces y fiscales del franquista Tribunal de Orden Público fue promocionada en democracia

PERE RUSIÑOL MADRID – Público – 16/05/2010

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario  durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. - EFE

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. – EFE

El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar, gritó: “¡Me cago en Franco!”.

Gabriel García Márquez aún no había inventado su estirpe Buendía, pero el personaje homónimo le hubiera podido servir de inspiración para encarnar el realismo mágico. El problema es que el ataque de sinceridad fue real y a Timoteo le costó muy caro: fue condenado a diez años de cárcel.

Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 incluida la célebre 1.001, que en 1972 condenó a la dirección en pleno de CCOO antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.

La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando ultra en 1977, ha editado ahora un CD que recoge todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.

“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación. La presentación será el martes en la sede de CCOO en Madrid y está anunciada la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El mes pasado, ya en plena ofensiva contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar el franquismo, el TOP volvió a las primeras páginas. Lo citó en el acto de la Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo: “El auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años”, dijo.

El CD que se presenta el martes muestra hasta qué punto fue implacable el TOP: el 74% de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.

Identificación total

Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.

Las peculiaridades de la Transición, pilotada por los sectores aperturistas del franquismo y pactada con la izquierda reformista, permitió que los magistrados y fiscales del TOP encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No sólo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático, sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63% del total fueron en democracia magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen, que también sobrevivió a la democracia.

“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo. Él mismo forma parte de la sala que juzgará a Garzón, pero al ser emérito no puede participar al tratarse de una causa especial.

El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País, donde recalaron varios periodistas condenados por el infausto tribunal.

La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.

Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.

De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.

Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.

Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.

El legado oculto de la Duquesa Roja

Gabriel, el hijo menor de la aristócrata, traza un crudo y sórdido retrato de su madre. De fondo, una disputa millonaria por la herencia

SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA El País – 16/05/2010

Luisa Isabel tenía por entonces fama de borracha y broncas. Eso le aseguraba condenas suculentas en todos los frentes. Dos periodistas norteamericanas le aconsejaron que se mostrara como madre amantísima. Con sus hijos al lado, ganaría público y ablandaría a los jueces. Como madre amantísima, calmaría los temores de la abuela y heredaría otra porción de su suculenta fortuna”. Los amargos recuerdos de Gabriel González de Gregorio, uno de los tres hijos de la duquesa de Medina-Sidonia, conocida como la Duquesa Roja, podrían constituir la columna vertebral de una novela de Charles Dickens o de Benito Pérez Galdós.

Sin embargo, forman parte de la vida de un ingeniero de montes nacido en 1958, que estudió con los maristas y al que le gustan mucho los libros (suele regalar a la gente que aprecia Historia de un alemán, de Sebastian Haffner). Gabriel es el más pequeño de los tres hijos de la aristócrata: los otros dos son Leoncio y Pilar.

Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura (Estoril, Portugal, 1936-Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2008) era duquesa de Medina-Sidonia, duquesa de Fernandina, princesa de Montalbán, marquesa de Villafranca del Bierzo, marquesa de Los Vélez y tres veces Grande de España. Gabriel tiene muchos recuerdos de su madre. El hecho de ser hijo de alguien como la Duquesa Roja no garantiza unos recuerdos llenos de boato. Porque la memoria de Gabriel está repleta de episodios que mucha gente podría considerar dignos de una vida espantosa.

La Duquesa Roja dejó un tesoro tras su muerte: la Fundación Casa de Medina-Sidonia, situada en el palacio del mismo nombre en Sanlúcar de Barrameda. La fundación guarda uno de los grandes archivos históricos del mundo. Son seis millones de documentos (el más antiguo data de 1228), una auténtica mina de oro para los que quieran conocer la Edad Media y los reinados de Carlos I de España y V de Alemania y el propio Papa temblaban; y Felipe II.

La viuda de la Duquesa Roja, Liliana Dahlmann, es presidenta de la fundación, en cuyo patronato están representados el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Diputación de Cádiz. La fundación, propietaria del palacio y de sus tesoros documentales, se creó en 1990. Los hijos de la duquesa y la Fundación Casa de Medina-Sidonia se disputan el legado de la aristócrata. Un archivo fundamental para los historiadores y los defensores del patrimonio andaluz se encuentra en el centro de un conflicto jurídico en torno al cual se mueven millones de euros. El gran valor económico del archivo y del palacio ha ocasionado que las dos partes afinen sus estrategias jurídicas y las espadas están en alto.

“Luisa Isabel, mi madre, nació el 18 de agosto de 1936 en Estoril. Desde niña, Luisa Isabel conoció el exilio. Fue un exilio trágico por el telón de la Guerra Civil. Terminada la contienda, la familia Medina-Sidonia volvió a Sanlúcar de Barrameda. Allí el matrimonio (los padres de la Duquesa Roja) llevó una vida bastante perra. Luisa Isabel fue testigo”, evoca Gabriel.

En la historia de la familia de Gabriel abundan los episodios sórdidos. “Al parecer, el duque de Medina-Sidonia (padre de la Duquesa Roja) se casó por dinero y para refrescar la sangre, pues era hijo y nieto de primos hermanos. Carmen Maura Herrera, la madre de la Duquesa Roja, era una de las herederas de la fabulosa fortuna Herrera”, relata Gabriel. Y recalca: “La relación de Luisa Isabel con esta efímera fortuna marcó su vida”.

Los Herrera hicieron su riqueza en La Habana a partir de 1830. La cerveza, el ron y los inmuebles están en el origen de aquel patrimonio. Gabriel hace hincapié en que ese dinero no procede de “haciendas, azúcar o esclavos”. “Aproximadamente un 50% de la fortuna cubana fue expatriada en la primera mitad del siglo XX e invertida en Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y España. Aun así, quedó mucho en Cuba. Sólo las rentas de alquileres de inmuebles en La Habana a nombre de Julia Herrera ascendieron a un millón de dólares en 1959”, asevera el benjamín de la Duquesa Roja.

Los recuerdos infantiles de la aristócrata tampoco debieron ser dulces. “Los padres de Luisa Isabel se llevaban mal. Económicamente dependían de los Maura”, continúa Gabriel, quien precisa que el padre de la Duquesa Roja “era bebedor y jugador”.

“Carmen (madre de la Duquesa Roja), como buena Maura, rebosaba capacidades e inquietudes. Pintaba, escribía, esculpía. Cuando llegó a Sanlúcar de Barrameda, Carmen añadió a estos talentos el de curandera. Fue esa su manera de aliviar el dolor de los humildes. En el palacio de su marido montó un pequeño dispensario y se ganó la veneración de las gentes”. Pero en la historia de estos personajes pertenecientes a la más alta aristocracia no falta cierta admiración hacia el criminal que sembró el mundo de millones de cadáveres. Muchos indicios apuntan a que Hitler no era mal visto por algunos miembros de la familia. “Se dice que Carmen llegó a cartearse con él”, afirma Gabriel.

“Luisa Isabel era, pues, hija de alcohólico y de santera filonazi. El alcohólico era falangista, lo que no debía ser muy del agrado de sus monárquicos suegros”, resume el hijo de la Duquesa Roja. “Luisa Isabel era hija única, caprichosa y consentida de su madre, pero menospreciada por su padre, que no veía en ella a la futura duquesa de Medina-Sidonia. La masculinidad estaba muy arraigada en la familia. Nunca había habido una duquesa de Medina-Sidonia”, agrega Gabriel.

“Luisa Isabel no debía sentirse a gusto en Sanlúcar de Barrameda. Era la casa de su padre, que maltrataba a su madre y a ella no la apreciaba”, comenta. Gabriel evoca algunos episodios de la infancia de su madre. “Los abuelos Maura le regalaron un caballo. Luisa Isabel montaba por la playa y echaba carreras a los niños desharrapados. Ellos a pie y ella a caballo”.

Gabriel dice que la duquesa sentía cariño por su familia materna. “Los Maura acabaron siendo su familia y se identificó con ellos. Aun así, los criticaba con crudeza. En el palacio de Mortera (Cantabria) aparecieron escritos en los que se mofaba de una de sus primas con síndrome de Down. Otras críticas fueron merecidas. Luisa Isabel siempre estaba por encima de todo el mundo. Por encima de su padre porque era un muerto de hambre. Por encima de los Maura porque ella descendía de la pata del Cid”.

Llegó el momento en que la aristócrata fue presentada en sociedad. “Con ese objeto y para hacerla más atractiva a los ojos de las grandes fortunas, su padre le cedió el título de marquesa de los Vélez. Luisa Isabel tenía 15 años. Pero los Vélez no es el condado de Niebla, que es lo que llevan por tradición los primogénitos de Medina-Sidonia”, añade.

“Se le conocen pocos novios. Sus primas Maura no recuerdan ni novios ni flirteos. En las fiestas de sociedad de la época aparece desarreglada y entristecida. No era fea, pero debía tener complejo de serlo”, relata Gabriel, una de cuyas novelas favoritas es La feria de las vanidades, de William Thackeray.

La joven proclamaba su fervor monárquico delante del general Franco. Algunos miembros de la familia Maura eran devotos de la monarquía. La Duquesa Roja compartía ese credo. “Y alardeaba de ello ante las mismas barbas de Franco. En los concursos hípicos en los que coincidían, Luisa Isabel daba ¡vivas! al Rey. Los gobernadores civiles se santiguaban. Algunos militares de alta graduación sonreían”, relata el hijo.

La duquesa quedó prendada de uno de los grandes jinetes de su época. “En el mundo de la hípica española había un adonis por el que todas las chicas suspiraban. Además era el campeón de España”. Se llamaba José Leoncio González de Gregorio y Martí. Se casó con él en 1955, “embarazada de varios meses, creo que cinco”, puntualiza Gabriel. “Se vistió de negro, por la reciente muerte de su padre y para no ir de blanco por lo que significaba. Ella era coherente en ciertos detalles”.

“Para cuando nací yo, el matrimonio ya se había roto. Al parecer, el caballista quería tener sólo dos hijos y ya se llevaba mal con Luisa Isabel, que estaba harta de sus infidelidades. Los adonis son así”. Luisa Isabel perdió el pleito de separación y la tutela. Entregó sus hijos a su abuela Julia Herrera. Sus tribulaciones no quedaron ahí. “Sus problemas con la Justicia empeoraron. Fue procesada por manifestación ilegal a causa de Palomares (el accidente nuclear ocurrido en aquella localidad almeriense en 1966) y por injurias a la Guardia Civil. Los procesos se le acumulaban y los abogados costaban mucho dinero”, recuerda Gabriel.

Fue en esa época cuando se acercó a sus hijos. “Con nosotros era maravillosa pero… las amigas de Luisa Isabel de por entonces cuentan las depresiones que le sobrevenían cada vez que le tocaba recibir nuestra visita. Leoncio, Pilar y yo nos hicimos devotos de nuestra madre y, con el tiempo, nos fue cogiendo cariño”.

La duquesa vivía exiliada en Francia, lejos de las garras de los esbirros de Franco. “La vida de Luisa Isabel en Francia fue su periodo más killer. Está por documentar. Se empieza a hablar de él. A nadie le interesa hablar porque es comprometido”, siempre según Gabriel González de Gregorio.

“Luisa Isabel vivió durante más de un año en Bayona (Francia) en un piso franco en el que vivían también varios miembros de ETA. Alternaba con etarras y con aristócratas como la marquesa de Portago”, evoca. Franco estaba vivo y Bayona era un enclave donde se movían como peces en el agua etarras y antifranquistas de todos los colores políticos. “Cuentan que los sábados iba a una cabina de teléfono a llamarnos a Leoncio, a Pilar y a mí mismo. Y no le pasaban las llamadas. La pobre mujer se quedaba destrozada. También cuentan que sufrió tres atentados de la extrema derecha”.

La lucha contra el dictador le pasó factura. Su defensa de la libertad le ocasionó graves quebrantos económicos. “A España volvió en la ruina”, resume Gabriel, quien señala que la duquesa entregó a sus dos hijos varones “lo poco que había quedado de aquello que les tenía que haber dado al cumplir 21 años”. Y les dejó un apartamento de 60 metros cuadrados en Madrid. Gabriel recuerda que dos tíos de su padre les prestaron apoyo económico a él y a Leoncio. La aristócrata confiaba, en que el marido de su hija “mantuviera” a Pilar.

El hijo pequeño de la Duquesa Roja habla de la falsificación del testamento de Julia Herrera, su bisabuela, en 1968. “También por aquellos tiempos los hijos conocimos la falsificación de la testamentaría de Julia. Tardamos en caer en que nuestro padre era también responsable. En lo que enseguida caímos fue en que nuestra santa, justiciera y ejemplar madre nos había vendido por dinero”, relata.

“Los tres nos juramentamos. Leoncio tomó las riendas. Pidió tregua para casarse. El nacimiento de su primer hijo y la influencia de su mujer lo cambiaron todo”, concluye Gabriel. Las cosas ya no fueron como antes. La unión de los tres hermanos para defender lo suyo se debilitó.

La Duquesa Roja falleció hace dos años. Gabriel la acusa de morir “estafando una vez más a sus hijos”. “Antes de morir había vendido todos los bienes inmuebles que le quedaban y el dinero había desaparecido. ¿Se lo quedó la viuda? ¿la fundación?”, se pregunta Gabriel. La Duquesa Roja pasó a la leyenda por su valentía y su amor a la democracia. Su hijo Gabriel quiere añadir algunos matices a un mito que es muy posible que no se desvanezca en el olvido.

Un juez ante la historia

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN El País – 14/05/2010

Algunas veces, la Historia entra en los Tribunales. Los crímenes del nazismo y del fascismo se sentaron en el banquillo de los acusados. La Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado el golpe militar que dio lugar a la guerra civil española y la instauración duradera de un régimen que, según declaran, tuvo el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.

La victoria de los rebeldes dio paso a doscientos mil Consejos de Guerra sumarísimos, con más de cien mil sentencias de muerte. Los vencedores exterminaron extrajudicialmente a gran número de vencidos. Algunos consiguieron encontrar asilo y muchos otros vivieron un exilio interior, despojados de sus bienes y expulsados de sus cargos. Nunca pudieron reclamar sus derechos ante los tribunales.

Muerto el Dictador, una Ley de Amnistía (1977) ponía fin a la responsabilidad de los vencedores por hechos que toda la comunidad jurídica internacional calificaba como crímenes contra la humanidad. Los que pretendieron la revisión y anulación de los consejos de guerra fracasaron porque, como dijo la Sala Militar del Tribunal Supremo, se ajustaban al “ordenamiento legal vigente en aquella época”.

La Ley de Amnistía (1977) y la llamada Ley de la Memoria Histórica (2007), verdadera Ley de Punto Final se esgrime como barrera infranqueable para restaurar los principios de justicia y reparación que propugna el propio legislador.

Los legisladores de la Ley de la Memoria Histórica abandonan la idea de la nulidad de los juicios franquistas, si bien conceden que sus tribunales eran ilegítimos, contrarios a derecho y vulneraban las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos de Ginebra encargado de velar porque España cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda la obligación de derogar la Ley de Amnistía y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Con estos precedentes, un juez español, Baltasar Garzón, universalmente conocido por el caso Pinochet, estima que existe una base jurídica para realizar la revisión jurídica de una historia criminal. Abre una causa en la que incluye ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada como crímenes contra la humanidad y el secuestro y entrega a los vencedores de treinta mil niños arrebatados a sus madres y familias. A la vista de la reacción del Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón podría clamar como el príncipe Segismundo: ¿Qué delito cometí contra vosotros juzgando?

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Reconciliación

CARLOS GARCÍA-ALIX El País14/05/2010

Recientemente, en un viaje a Berlín me detuve ante las puertas del Reichstag y contemplé la estela que recuerda los nombres de los diputados de este Parlamento asesinados por el nazismo. Pensé en España, en nuestro Parlamento, en la inexistencia de algo similar y tan de justicia.

A mi vuelta decidí hacerme con la lista completa de nuestros parlamentarios asesinados en la Guerra Civil en todo el territorio español. Son, si la memoria no me falla, 44 y los hay de todos los partidos, a izquierda y derecha: PSOE, CEDA, IR (Izquierda Republicana), UR (Unión Republicana), PCE, ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), PNE (Partido Nacionalista Español) y Partido Radical. La lista tiene el triste honor de ser inaugurada por José Calvo Sotelo.

Que a día de hoy nuestros parlamentarios, al menos yo no he tenido noticia, no hayan grabado estos nombres a las puertas del Congreso de los Diputados en una estela que les recuerde da qué pensar sobre nuestra voluntad de reconciliación. Además, creo que sus nombres deberían ser leídos y honrados por el pleno de la Cámara.