“No hay que tener miedo a la verdad”

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ R. El País26/04/2010

Amnistía Internacional España tiene desde ayer nuevo presidente. Alfonso López Borgoñoz toma el testigo de Itziar Ruiz-Giménez a la cabeza de una organización cuya voz lucha por ser escuchada en todo el mundo como bandera en defensa de los derechos humanos y, también ahora, de los derechos económicos, sociales y culturales. Son muchos los retos que afronta la organización: las numerosas campañas, el uso de las nuevas tecnologías para captar más activistas y propagar el mensaje, y en el tema político, el caso Garzón, en el que López Borgoñoz ratifica que “en cualquier caso se ha de llegar a conocer y establecer la verdad”. Hemos hablado con el nuevo jefe de AI España por teléfono, en su primer día en el cargo.

P. Hay dos temas pilares en la política de AI España: el uso del velo y el caso Garzón ¿qué nos puede decir sobre estos temas?

R. En el caso del velo, decir que AI, como no podría ser de otra manera, está completamente a favor de la libertad de las personas en el uso de su indumentaria, a menos que haya razones objetivas para que en casos concretos se puedan poner algún tipo de restricciones, argumentadas, porque existe algún riesgo grave de violaciones religiosas o políticas. A nadie se le puede imponer que se ponga el pañuelo, y al contrario. La gente tiene derecho a elegir su indumentaria en cualquier parte del mundo, aquí como en cualquier país del norte de África.

Con respecto al tema Garzón, creemos que, al igual que hemos estado persiguiendo los crímenes de lesa humanidad en muchos países de América, África y en Europa, también hay que perseguirlos cuando se hayan cometido en España. Los principios del derecho internacional son aplicables en nuestro ordenamiento jurídico y están por encima de las normas de nuestro país. No hay que procesar a la gente que investiga estas violaciones, sino cambiar la ley. La ley es la que está equivocada no la conducta, porque una conducta que trate de conocer la verdad de conseguir justicia y trate de conseguir reparación sobre víctimas de derechos humanos no es algo equivocado. Lo equivocado son las normas que tratan de impedir eso. En el caso del juez Garzón, lo que nos interesa es reflejar precisamente lo equivocado que es poner obstáculos al conocimiento de esa verdad, al poder impartir justicia y al poder dar reparación a las víctimas y sus familiares. Lo equivocado no es tratar de saberlo sino poner trabas, impedir, obstaculizar, pretender olvidar, no solo en España sino en cualquier parte del mundo, en México, Argentina, Chile, Rusia o China. Por eso todos debemos luchar para que el caso no se cierre por una puerta falsa y para que la gente que ha cometido esos crímenes horrorosos no viva en la más completa impunidad. Cuando hablamos de reparación no se trata de que todo sea igual sino que sea tratado de forma adecuada de acuerdo a las normativas internacionales. No se trata de venganza sino de justicia.

P. En caso de que Garzón sea suspendido ¿Qué haría AI, cuál sería el siguiente paso?

R. No puedo ahora predecirlo porque todo eso depende de reuniones con compañeros y de una estrategia que muchas veces viene marcada a nivel internacional. Lo que sí puedo decir es que AI seguiría reclamando que los que merecen protección son las víctimas, nunca los verdugos. En cualquier caso, se ha de llegar a conocer y establecer la verdad, se ha de poder investigar y llegar a los mejores datos, y no hay que tener miedo a la verdad, independientemente de cuándo sucedieran los casos.

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Human Rights Watch pide a la UE que defienda al magistrado

N. J. El País23/04/2010

Los actos y comunicados de apoyo al juez Baltasar Garzón se multiplican. Ayer la organización internacional de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) pidió a la Unión Europea que exprese “su oposición a las posibles sanciones contra el juez Garzón”.

“Ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el exterior, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país”, afirmó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de HRW. “La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero”, y “podría debilitar la credibilidad y la efectividad de la UE en su conjunto a la hora de promover justicia por violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en la actualidad en Darfur, en la República Democrática del Congo o en Sri Lanka”.

HRW recuerda que en 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU “instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977”; que en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó al Gobierno que se asegurara de que “los actos de tortura, que también incluyen desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”, y que ese mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó, “como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar los actos de barbarie”.

– Amnistía Internacional: “Es escandaloso”. Esta organización condenó ayer “enérgicamente los escandalosos cargos” contra Garzón. “Por principios, Amnistía Internacional no toma partido sobre el fondo de los cargos (…) contra una persona sometida a investigación judicial, pero en este caso, no puede quedarse callada”, declaró Widney Brown, directora general. “En vez de entablar acciones penales contra el juez Garzón por investigar delitos de derecho internacional cometidos en el pasado, España, independientemente de la fecha de comisión de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia”.

– Repudia de parlamentarios chilenos. 46 parlamentarios (44 diputados y dos senadores de la oposición) chilenos expresaron ayer su “repudia” al “hostigamiento del que está siendo víctima el juez Garzón en su propio país” y su solidaridad “con quien ha velado de manera ejemplar por el respeto a los derechos humanos incluso más allá de las fronteras de su nación”, en referencia al procesamiento de Augusto Pinochet.

La ONU amonestó tres veces a España por la Ley de Amnistía

Reprobó al Gobierno el año pasado por mantener la norma de 1977, no investigar el franquismo y descuidar a las víctimas

Rita Barberá prohíbe el himno de Riego en un homenaje a las víctimas de Franco porque “turba” a la gente.

PERE RUSIÑOL – Público – 19/04/2010 06:00

La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas.

Durante 30 años, la Transición sólo había dado motivos de satisfacción a la diplomacia española ante la cascada de elogios que cosechaba. Pero la imposibilidad del juez Baltasar Garzón de seguir adelante con su causa para investigar los crímenes del franquismo se le negó la competencia a finales de 2008 y el Tribunal Supremo quiere juzgarlo ahora por supuesta prevaricación ha puesto por vez primera la Ley de Amnistía en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ante la interpretación que se está haciendo de la

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el primero en amonestar a España y lo hizo en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, muestra “preocupación” por “el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 y recuerda que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” y que las amnistías “relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto”.

Comisión de expertos

El comité sugirió “la derogación de la Ley de Amnistía”. Y también “tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”, crear una comisión de expertos independientes “encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura” y “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

La diplomacia española contestó indignada el 8 de enero, tan sólo tres días después: lamentó la alusión y la atribuyó al “desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía”: “[El comité] está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia a España. La citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978”, sostiene el documento remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La réplica no tuvo efecto. El 19 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar explícitamente la norma porque “el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción”.

A continuación, la exigencia: “El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”.

La última tarjeta amarilla llegó el 21 de diciembre, sólo 44 días antes del auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela seguía adelante con la querella contra Garzón acusándolo de prevaricar por su interpretación de la Ley de Amnistía.

“No es una ley de punto final”

En sus conclusiones sobre España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y concluye con dos exigencias al Gobierno socialista: “Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad”. Y que se realizarán “investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”.

Ni el Comité de Derechos Humanos ni los grupos de trabajo de la ONU tienen valor vinculante, pero sus resoluciones tienen una gran importancia moral y los estados no escatiman esfuerzos diplomáticos para salir bien parados.

España presentó una larga lista de alegaciones, en las que pedía que no se confundiera “la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final”, como las de Argentina y Chile, que impidieron iniciar procesos judiciales contra los regímenes dictatoriales anteriores. Es decir, el Ejecutivo precisó que la ley de 1977 no es una ley de impunidad.

Pese a que el 60% de los juzgados que recibieron partes de la causa de Garzón han archivado el caso sin investigar ni citar a las víctimas y el resto está en stand by, el Gobierno replica así a la ONU: “La investigación de las desapariciones forzadas se ha realizado siempre que haya sido instada por los interesados, y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de Amnistía”.

Un frente cada vez más amplio

La comprensión hacia la Ley de Amnistía ha cambiado tanto a nivel internacional que ya forma parte de la agenda de las grandes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva años exigiendo que se aborde el asunto, y Human Rights Watch. La causa contra Garzón ha actuado como acelerador. El mes pasado, esta última organización, con sede central en EEUU, inició así su comunicado: “Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

El frente internacional de acoso a la Ley de Amnistía se amplió también a finales de 2009 con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hace referencia a España, sino a Turquía, pero las argumentaciones son tan rotundas que han alimentado las esperanzas de los abogados de derechos humanos en relación con España y han sido incorporadas a la querella presentada en Buenos Aires.

“Aunque el transcurso de más de 34 años sin noticias de las personas desaparecidas puede constituir un fuerte elemento de prueba circunstancial de que estas han muerto durante este lapso, ello no suprime la obligación procesal de investigar”, sostiene el Tribunal de Estrasburgo. Y tras recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, concluye que “ha habido una violación continua del artículo 2 [del Estatuto de Roma] por el hecho de que el Estado demandado no procedió a realizar una investigación efectiva destinada a aclarar el destino de los nueve hombres que desaparecieron en 1974”.

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Los compromisos de España que obligan a investigar

Las querellas se apoyan en la jurisprudencia internacional
Las querellas presentadas por asociaciones de víctimas contra Luciano Varela -en el Tribunal Supremo- y contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo -en Buenos Aires- coinciden en subrayar que España ignora varios convenios que ha firmado y que le obligan a investigar, pese a la Ley de Amnistía de 1977. El magistrado Baltasar Garzón incluyó en su auto el balance provisional de víctimas de la dictadura que hicieron los peritos designados para la causa: entre 136.062 y 152.237 muertos.

Los principios del Convenio Europeo de derechos humanos
En 1950, en Roma, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que España firmó el 4 de octubre de 1979. En su artículo 7. 2, se explicita que “no se impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

Castigo para los responsables de los crímenes
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 (y que España ratificó ese año), establece ya en su preámbulo que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (…) no deben quedar sin castigo (…). Y se recuerda “que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

El Estado debe proteger a las víctimas
La Asamblea General del 16 de diciembre de 2005 de la ONU aprobó los llamados ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos’. El texto reconoce a las víctimas el derecho al “acceso igual y efectivo a la Justicia, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido” y a la información “sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”. Tales obligaciones “deberán reflejarse” en el derecho de cada país. La resolución obliga a los estados a “establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación”.

No cabe anmistía para una desaparición
La Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por España, estipula que “el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos”.

Amnistía ve “insólito” que Garzón pueda ser juzgado por “buscar verdad y justicia”

Caamaño reitera su respeto a decisiones del TS y a la presunción de inocencia

El País – 07/04/2010

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional considera “insólito” que un magistrado pueda ser juzgado por buscar “la verdad, la justicia y la reparación” para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, apunta que sería “el primer caso en el mundo” y que supondría “un mensaje tremendo a otros países de que el juez que lo intenta es procesado”. Beltrán ha añadido que que Amnistía sigue “muy detenidamnte” el caso y con preocupación.

UGT y CC OO

Los sindicatos UGT y CC OO han convocado para el próximo martes 13 de abril un acto de apoyo al juez Baltasar Garzón que será abierto al público y que contará, entre otros, con la presencia del ex alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, cuya fundación también está en contra de la querella contra el juez. Aunque el acto está “todavía sin cerrar”, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo ha adelantado que el escenario será el salón de actos de la Facultad de Medicina de Madrid, en cuyo exterior se instalará una pantalla gigante que permita seguir la lectura de los manifiestos que ya se están elaborando. Además, los sindicatos han organizado una recogida de firmas, a través de las Fundaciones de UGT y CC OO, de apoyo al juez “que ya está firmando gente muy diversa”.

IU

El líder de IU, Cayo Lara, ha lamentado la decisión del juez Luciano Varela de sentar en el banquillo al magistrado Baltasar Garzón y cree que es “una afrenta” a las asociaciones de defensade la Memoria Histórica y a las víctimas del franquismo. Para Cayo Lara, con esta decisión, el juez Valera ha atendido más a las organizaciones ultraderechistas y lo ha hecho, ha señalado, en contra de la opinión de la fiscalía, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. España, ha subrayado el líder de la coalición, es un país de paradojas puesto que mientras “muchos chorizos” acusados de corrupción se pasean por la calle, el juez que “quiso hacer justicia” y juzgar los crímenes del franquismo tendrá que hacer frente a los tribunales. “Es una imagen de pena” que España, ha recalcado, está dando ante los países con democracias avanzadas.

Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha insistido en su confianza en el Tribunal Supremo y el “máximo respeto” al Poder judicial en el ejercicio de sus funciones, al tiempo que ha recordado que cree en la presunción de inocencia “mientras no se demuestre lo contrario” de todas las personas encausadas, también cuando éstas son jueces.

PP

El diputado del Partido Popular Carlos Floriano ha afirmado que si Baltasar Garzón se sienta en el banquillo significa que “la Ley alcanza a todos y todos nos debemos a la Ley”.

UPyD

La diputada de Unión, Progreso y Democracia en el Congreso, Rosa Díez, considera “absolutamente impresentable” y aún “más grave” tratándose de un juez que Baltasar Garzón haya optado por una “defensa política” intentando deslegitimar a quienes le han denunciado por prevaricción al abrir una causa contra el franquismo en lugar de defender jurídicamente y aclarar si los hechos de que se le acusan son o no ciertos. “En España tenemos que aprender a juzgar a las causas por sus hechos y no por quién ha planteado la demanda o instruye el caso”, ha subrayado Díez, quien ha agregado que Garzón tiene que defender “como un ciudadano más”, con “pleno derecho a su presunción de inocencia” y sentarse en el banquillo si es necesario.

PSOE

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha mostrado su confianza en la administración de Justicia y ha dicho esperar que el proceso judicial a Garzón se solucione “cuanto antes”. En rueda de prensa en el Congreso, el dirigente socialista ha vuelto a salir en defensa de Garzón, de quien ha dicho es uno de los magistrados españoles que “más ha hecho” en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción.

Asociaciones para la Memoria Histórica

El abogado de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán, ha calificado de “total indefensión” para Garzón que se prohíba acudir a los testigos solicitados en su defensa por el magistrado. Magán ha criticado la decisión del magistrado del Supremo Luciano Varela, encargado de instruir la causa abierta contra Garzón, y ha reclamado el derecho de las asociaciones de la Memoria Histórica a asistir como parte a la vista oral. Consideran que si Garzón es condenado por esta causa en el Supremo, la investigación abierta por el tema de las fosas del franquismo en otros órganos judiciales españoles quedará “prejuzgada”. A su juicio, los magistrados que están instruyendo las causas contra Garzón están “contaminados” por su oposición a la Ley de Memoria Histórica.

Manos Limpias

El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, ha acogido como “un triunfo del Estado de Derecho” la decisión del Tribunal Supremo y ha señalado que si este juez es condenado se extirpará “el cáncer de la Justicia española”. Bernad se ha mostrado convencido de que habrá una sentencia condenatoria contra Garzón, pese a las “presiones terroríficas” de los últimos meses para evitar que este juez sea juzgado.

Amnistía Internacional dice que investigar los crímenes del franquismo “es un deber y no un delito”

Amnistía Internacional, sorprendida por que “el país con más desapariciones del siglo XX persiga al primer juez que decide investigarlas”

Público – 26/03/2010

Amnistía Internacional (AI) ha subrayado este viernes que investigar los crímenes del franquismo “es un deber y no un delito” y ha advertido al Tribunal Supremo de que su decisión de enjuiciar a Baltasar Garzón “compromete la responsabilidad internacional del Estado español”.

La jurista de AI Julia Tamayo ha asegurado que, con el auto en el que ayer el Supremo confirmó la resolución en la que el instructor de la querella contra Garzón rechazaba el archivo de ésta, “la Justicia del país con mayor número de desapariciones forzadas del siglo XX se acerca más a castigar al único juez que ha intentado investigarlas”.

Tamayo ha destacado que el Supremo ha hecho suya la apreciación del instructor, Luciano Varela, de que no es absurdo calificar de prevaricadora la actuación de Garzón al considerar “como hecho probable” que éste ignoró conscientemente lo dispuesto en la Ley de Amnistía al abrir una causa para investigar las desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil.

“Considerar que la impunidad puede ser convalidada por una Ley de Amnistía se aparta de la doctrina de los tribunales internacionales y de tratados que vinculan a España”, ha dicho la representante de AI, que ha añadido que el Supremo debería tenerlo en cuenta ante el riesgo de “comprometer la responsabilidad internacional del Estado español”.

“España no es una excepción”

Tamayo ha recordado que los países que se han negado a juzgar este tipo de crímenes han acabado anulando las leyes de Amnistía o siendo considerados por los tribunales internacionales “responsables de haber contravenido la legislación internacional”.

“Más temprano que tarde van a tener que aceptar que era un deber investigar, porque España no es una excepción”, ha dicho Tamayo, que ha agregado que la causa abierta a Garzón “sólo causa daño a las víctimas” y al juez y es “un aviso a navegantes” a cualquier otro que quisiera investigar los crímenes del franquismo.