“El proceso contra Garzón es un plan fabricado por la derecha”

NATALIA JUNQUERA El País20/05/2010

David Baigún cuenta que supo qué tipo de abogado quería ser en las clases de un exiliado de Franco, el vicepresidente del Parlamento español en 1936 Luis Jiménez de Asúa. Tiene mucho que ver con el hecho de que este penalista argentino, especializado en derechos humanos, haya decidido, a sus 84 años, representar a los exiliados españoles en Argentina y a una docena de organizaciones en la querella contra el franquismo interpuesta en Buenos Aires. Ha venido a España para participar en el III Seminario hispano-argentino sobre derecho penal. Entre conferencia y conferencia, habló con EL PAÍS sobre las expectativas de la querella -la justicia argentina acaba de aceptar su recurso contra el archivo- y lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón.

“Creo que el proceso contra Garzón es un producto fabricado y grosero, un plan de la derecha que tiene los pasos marcados desde el principio. Y nosotros somos el contraplan“. Se refiere al grupo de abogados que lleva la querella por genocidio interpuesta contra el franquismo en Buenos Aires. “Tenemos que prepararnos para un conflicto muy largo”, advierte. “Hay intereses políticos y económicos que se resisten a que se investigue, porque se descubriría que dirigentes que la opinión pública tiene hoy por ciudadanos respetables, en la época del franquismo utilizaron sus ventajas. En Argentina hay grandes grupos económicos españoles que han participado de la represión”.

No quiere decir a cuáles se refiere. “Es pronto aún”, pero recuerda que en su país ya han sido juzgados los torturadores de la dictadura argentina y que ahora arranca una segunda fase judicial contra los “responsables económicos”.

El penalista explica que en Argentina y en España se cometieron delitos de lesa humanidad, pero con importantes diferencias. “En España hay una entidad como Falange, que actúa como cuerpo organizado y mata sin límites, sin dar explicaciones, sin saber a cuántos. Eso no ocurrió en Argentina, donde sí hubo grupos armados que ejercían la represión de forma clandestina, pero no como una organización civil directamente respaldada por el Régimen. Hubo muchas menos víctimas”. “Además, en España todo el aparato del Estado participa en la extirpación social de la República: de los fusilamientos, de las desapariciones, de los robos de niños. Por eso el franquismo no muere con Franco. Porque los delitos los cometió todo el Estado franquista, no sólo sus dirigentes”.

El letrado asegura que el primer objetivo de la querella es “el esclarecimiento de la verdad” y que la justicia tiene que darse prisa para que “no desaparezcan quienes la saben”. En cualquier caso, concluye, “que no quedaran responsables vivos no impediría investigar. La culpabilidad es algo posterior”, aunque en este caso, añade, “los hay”.

La justicia argentina acepta el recurso de los familiares de las víctimas del franquismo

Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa que investigue los crímenes de la dictadura

El País19/05/2010

La Justicia federal de Argentina ha aceptado el recurso de apelación planteado por familiares de víctimas del franquismo tras haber sido rechazada la apertura en este país de una causa que investigue los crímenes de la dictadura, según los abogados de los demandantes. La jueza federal María Servini de Cubría ha notificado a los letrados que representan a los querellantes que les concede el recurso, por lo que será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa, ha explicado el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda.

La apelación fue presentada el pasado 12 de mayo, cinco días después de que la magistrada rechazara la denuncia presentada el 14 de abril y ampliada posteriormente con nuevas víctimas, que, arropadas de una decena de organismos humanitarios, se amparan en el principio de “jurisdicción universal” para que se investiguen en Argentina los crímenes de la dictadura de Francisco Franco. Servini de Cubría rechazó la apertura de la causa después de considerar vinculante el dictamen del fiscal Federico Delgado, para quien es “ilegal” el inicio de un proceso que en España desarrollan “numerosos tribunales”, indicó.

Los abogados de los demandantes sostienen que actualmente no existen causas abiertas en España que investiguen los crímenes del franquismo, por lo que esperan que la Cámara acepte la apelación y habilite a la jueza a solicitar información judicial a las autoridades españolas.

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La querella en Argentina por crímenes franquistas avala a Garzón

Familiares de víctimas piden a la justicia argentina que juzgue los crímenes de Franco

Gangrena

ROSA MONTERO El País – 18/05/2010

El caso Garzón no resulta fácil de entender. Tengo la sensación de que nos hemos metido en un profundo pantano; y de que, en el fondo, no es una pelea por el franquismo sino por otras cosas: por el poder real aquí y ahora, por la manipulación de la judicatura, por los hilos subterráneos de la política. Y se diría que Garzón (con quien, por otra parte, tenemos una deuda de gratitud impagable por actuaciones tan esenciales para la democracia como el esclarecimiento del GAL) ha chapoteado también en esos lodos. De ahí la saña con la que lo persiguen, poniendo incluso trabas a su viaje a La Haya: es la inquina de los rivales directos. La cuestión formaría parte de un juego feroz por el poder en el que vale todo: como diría Borges, se devoran los unos a los otros mientras se acusan de caníbales.

Pero lo peor es que estos antropófagos nos están comiendo las entrañas a todos. Utilizan la guerra civil para insultarse, quieren hacernos creer que la derecha de hoy es la del 39 o que los de izquierdas queman iglesias (falso en ambos casos), y con todo este envenenado guirigay van a terminar consiguiendo que, en efecto, no podamos investigar los crímenes del franquismo. Y eso sería una catástrofe. Maldita sea, ¡hace 70 años que acabó la guerra! Es el momento de saber. Y de crecer. Al menos los asesinatos cometidos por el bando republicano (unos 50.000) fueron investigados por la Causa General, pero los crímenes franquistas siguen llenos de sombras: ¿fueron 150.000, 200.000? ¿Cómo no vamos a preguntarnos qué pasó? Es más, olvidemos la Causa General, que a fin de cuentas era franquista; arrumbemos la Ley de Amnistía, que en su momento sirvió pero que hoy es un lastre, e investiguemos de verdad lo que sucedió en uno y otro bando. Hoy podemos hacerlo. Y lo necesitamos. Cerrar esa herida en falso terminará en gangrena.

C. Jiménez Villarejo: “Subsisten formas de pensar próximas al franquismo en algunos jueces”

El ex fiscal Anticorrupción critica la suspensión al juez Garzón por parte del CGPJ y dice que esta medida amedrantará al resto de los jueces

MIGUEL ÁNGEL MEDINA El País – 17/05/2010

[La suspensión del juez Baltasar Garzón] carece de fundamento jurídico suficiente y es una forma de reprimir y criminalizar el ejercicio libre de la independencia judicial”. Así al menos lo cree el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para quien esta medida creará “un cierto clima de amedrentamiento sobre jueces y magistrados, como lo prueba que hay ya dos jueces de Barcelona que han sido expedientados por criticar el comportamiento discutible de otro juez, el del Palau de la Música”. En su opinión, la decisión del Consejo General del Poder Judicial significa que “subsisten, de forma más o menos larvada, formas de pensar próximas al franquismo [entre jueces y magistrados]. De lo contrario, no se explica lo que está ocurriendo”.

En una charla con los lectores de EL PAÍS.com, Jiménez Villarejo recordó que “la magistratura española durante toda la dictadura, con algunas excepciones, […] permaneció muda ante los crímenes franquistas”. “Me pregunto si los jueces y fiscales actuales conocen esa realidad”, dijo, “si saben que sus antecesores fueron fieles servidores de la dictadura y han hecho un análisis crítico de esa realidad que, ideológicamente, sigue sin ser asumida plenamente por el conjunto de jueces y fiscales”.

“¿Cree usted que la suspensión a Garzón tiene que ver con el ‘caso Gürtel’?”, inquiría una lectora. “Naturalmente que sí”, replicó el ex fiscal. “Es tan evidente que la primera querella contra el juez Garzón, admitida por el Tribunal Supremo, es del 26 de mayo de 2009, poco tiempo después de que él concluyera las investigaciones sobre el caso Gürtel y las remitiera a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia”. En su opinión, este caso “planea detrás de todas las querellas contra el juez Baltasar Garzón, hasta el punto de que en la última de ellas, la interpuesta por el letrado de un imputado del proceso Gürtel, se han persona como acusadores los principales implicados de Gürtel, Correa y Crespo, lo que constituye algo realmente insólito en la justicia española”. Esto supone “que los imputados y perseguidos por un juez de instrucción, en este caso el juez Garzón, terminen siendo los acusadores de dicho juez con la complacencia, en este caso, del Tribunal Supremo. Es un verdadero escándalo”, concluyó.

En cuanto a la posibilidad de que Baltasar Garzón comience a trabajar para la Corte Penal Internacional (CPI), como ha reiterado este lunes el fiscal de este tribunal, Luis Moreno-Ocampo, Jiménez Villarejo señaló que “su incorporación a dicha corte sería una satisfacción personal muy importante para él”. Sin embargo, “no empaña ni aligera para nada la brutalidad de la decisión acordada de apartarlo de sus funciones judiciales que no se corresponde ni con el derecho ni con los principios de justicia”.

La Fiscalía del Supremo pide la absolución de Garzón tras la apertura de juicio

El Ministerio Público presenta como prueba documental los votos favorables de tres jueces de la Audiencia a que el magistrado investigara el franquismo

JULIO M. LÁZARO El País17/05/2010

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido hoy la libre absolución del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de los delitos que se le imputan por investigar los crímenes del franquismo. El Ministerio Público ha presentado hoy su informe de conclusiones después de que Luciano Varela abriera juicio oral contra el magistrado y precipitara su suspensión.

En un escrito de cuatro folios, la Fiscalía asegura que Garzón no cometió prevaricación cuando se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y ordenar la apertura de las fosas donde descansan los restos de decenas de represaliados.

Además, la Fiscalía propone que se incorporen como prueba documental los votos particulares de los magistrados de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Ballarri y Ramón Sáenz Valcárcel, que apoyaron la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

“Garzón es el último exiliado del franquismo”

Familiares de víctimas del franquismo creen que el juez se va a La Haya como “refugiado político” para huir de la persecución

NATALIA JUNQUERA El País11/05/2010

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, considera que el juez Baltasar Garzón se ha convertido en “el último exiliado del franquismo”, al conocer la noticia de que ha pedido su incorporación al Tribunal Penal Internacional como consejero. Para la asociación se trata de “una solución para el conflicto generado por el Tribunal Supremo, que ha perseguido al juez hasta hacerlo renunciar a la posibilidad de defenderse y convertirlo en un refugiado político en La Haya”.

La asociación que asiste a los familiares de las víctimas del franquismo considera la marcha de Garzón como una “amputación a la justicia española”. “Que el único juez que se ha atrevido a investigar estos crímenes se tenga que marchar de España es un estrechamiento de la democracia”, opina Silva. El colectivo cree que es “un hecho de extrema gravedad como precedente para otros jueces que intenten investigar los crímenes del franquismo”.

“Es probable que dentro de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo se haya llegado a un acuerdo para buscar una vía que no le lleve al banquillo”, asegura la asociación, que opina que “la imagen de Garzón sentado en el banquillo de los acusados por investigar 113.000 desapariciones forzadas tendría unas duras consecuencias políticas” ya que de celebrarse una vista oral, “es muy probable que pasaran como testigos en el juicio contra Garzón algunos de los principales exponentes de Derecho Penal Internacional y sus declaraciones podrían haber continuado evidenciando la persecución política que se le ha hecho al juez y denunciado la parcialidad del Poder Judicial español en su desamparo a las víctimas de la dictadura franquista.

Concentración frente al Congreso

Por otra parte, respecto al acuerdo entre PSOE y IU-ICV para que el Gobierno se comprometa a asumir la exhumación de fosas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica espera que sea “por fin la solución a las familias de los desaparecidos” y recuerda que muchos familiares han muerto sin haber recibido “ayuda del Estado” para localizar a sus seres queridos enterrados en cunetas desde que en diciembre de 2007 se aprobó la ley de memoria. Por ello, solicitan al Gobierno que cree “con urgencia” una “oficina central de atención a los familiares de los desaparecidos y no un laberinto en el que las víctimas tengan que pelearse con una administración autonómica para ir luego en busca de la ayuda del Estado central”. La asociación añade: “La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega no puede pretender que los familiares tengan una bronca política con las comunidades del PP”.

Esta tarde familiares de víctimas convocados por la Plataforma contra la impunidad del franquismo se concentrarán frente al Congreso para pedir al Estado el empujón definitivo a la ley de memoria, la búsqueda de desaparecidos y la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

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VergaraPúblico – 12/05/2010

Los españoles, a favor de investigar los crímenes del franquismo

Tres de cada cinco ciudadanos no quieren que queden impunes los delitos de la dictadura

Público – 10/05/2010 01:26 Actualizado: 10/05/2010 06:51

España demanda que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo. Tres de cada cinco ciudadanos no quieren la impunidad del régimen. La conclusión, rotunda, la arroja el último Publiscopio, realizado sobre la base de 800 entrevistas entre el 3 y el 5 de mayo, apenas una semana después de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles del país a favor del castigo judicial a la dictadura y en defensa del magistrado Baltasar Garzón.

En concreto, el 59,2% de los consultados “está de acuerdo” con que se investiguen los crímenes políticos de Franco que han quedado impunes. A ello se opone un 26,9%. Otro 14% prefiere no opinar.

La exigencia de que se abra una causa contra el régimen ha calado hondamente entre los socialistas. Hasta un 75% de los votantes del PSOE se manifiesta a favor, y sólo un 14% se dice contrario.

Los socialistas, con el juez

El PP y su líder nacional, Mariano Rajoy, han subrayado su rechazo frontal a que se pueda enjuiciar el franquismo. Sin embargo, sus electores, a tenor de los datos del Publiscopio, no lo tienen tan claro: un 34% de los votantes conservadores sí quiere que se indague el horror del régimen, y otro 53% lo cree inconveniente.

Son los jóvenes de 18 a 29 años los que se expresan más partidarios de juzgar el franquismo. Un 70% está de acuerdo. El apoyo decrece en cambio conforme aumenta la edad. Así, entre los mayores de 60 años, sólo respalda la persecución judicial un 45%.

La encuesta descubre otro dato incontestable: el apoyo de la mayoría de los españoles a Garzón. Un 58,1% no está de acuerdo con que el Tribunal Supremo (TS), a instancias del juez instructor, Luciano Varela, haya decidido procesarle por haber cometido una presunta prevaricación al haberse atrevido a encausar los crímenes franquistas. Un 21,9% sí cree pertinente que se le siente en el banquillo.

De nuevo, se observan fugas en las filas conservadoras. Aunque un 52% de los electores del PP defiende el proceso al juez de la Audiencia Nacional como hace la cúpula del partido, otro importante 31% se manifiesta contrario.

Entre los electores socialistas prima la cohesión: un 75% no está de acuerdo con la decisión del TS, frente a un 8% que la avala. Asimismo se constata que los jóvenes son los más concienciados: hasta un 64% de los encuestados entre los 18 y los 29 años censura que se vaya a juzgar a Garzón.

La norma se conoce más

El Publiscopio también recoge la valoración ciudadana acerca de la Ley de Memoria Histórica, como ya hizo en octubre de 2007, dos meses antes de que las Cortes ratificaran definitivamente la norma. En menos de tres años, ha aumentado 7,5 puntos el apoyo a la misma y la concienciación social. Si en octubre de 2007 un 34% se mostraba de acuerdo con la ley, en 2010, ese porcentaje sube al 41,5%.

El índice de rechazo baja, y pasa del 27,6% al 27,3%. Una variable que sí evoluciona es el volumen de sondeados que confiesa no saber nada sobre la ley. En 2007, se cifró en un 38,5%. Hoy, en el 31,3%.

La ley gusta más a los consultados con edades comprendidas entre los 30 y los 59 años. Y convence al 59% de los votantes del PSOE. Entre los electores del PP, es llamativo que un 22% defiende las líneas maestras de la norma.

Múltiples indicadores refuerzan la idea de que la Ley de Memoria ha generado mayor aceptación. Por ejemplo, cuando se pregunta si se respalda “que se eliminen los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura”. El 51,1% responde que sí, que lo apoya. Tres años atrás, estaba a favor un 44,7%.

Otro abultado 62,4% secunda que se concedan ayudas a los represaliados por Franco, frente al 53% que lo creía oportuno cuando se aprobó la norma. Esta medida también cuenta con el plácet de un 47% de los votantes del PP.

Igualmente crece el porcentaje de los que juzgan conveniente que se condene la dictadura: pasa del 52,4% al 57%. Sólo se contrae el número de los que aprueban que se declaren “ilegítimas” las condenas de los juzgados franquistas por causas políticas, del 49,1% de 2007 al 41,4% de hoy.

A favor de exhumar las fosas

Vista la ley con perspectiva, un 47,5% cree que sí ha “fomentado el odio y la división entre los españoles”, mientras que un 39,5% juzga lo contrario. Son también más, en cambio, hasta un 38,1%, los que entienden que la norma no “se ha quedado corta”. La afirmación suscita controversia entre los votantes del PSOE, ya que en su mayoría (un 39%) tacha la ley de insuficiente.

El Publiscopio se cierra con otra cifra de apoyo a la memoria histórica: un 64,5% pide al Gobierno central que ponga los medios para que se saquen los cadáveres de las fosas franquistas. Rechaza la intervención del Ejecutivo un 24,8%.

La contradicción en el PP emerge otra vez: un 49% de sus electores reclama que se exhumen los restos. Un 40% de ellos no lo cree sensato. Los votantes socialistas lo tienen mucho más claro. Casi un 80% considera necesario que el Gobierno aborde la cuestión.

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VergaraPúblico – 10/05/2010

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La juez argentina rechaza la querella contra el franquismo

S. GALLEGO-DÍAZ El País08/05/2010

Los abogados que presentaron ante los tribunales argentinos la primera querella contra crímenes del franquismo anunciaron ayer que recurrirán la decisión de la juez de primera instancia que ordenó archivar la causa. “La próxima semana acudiremos a la Cámara Federal de lo Criminal para solicitar que se revoque esa decisión, se acepte la demanda y se dé luz verde a los procedimientos”, informó a EL PAÍS el letrado Beinusz Smukler.

Según Smukler, no se conocen todavía los argumentos y fundamentos de derecho a los que alude la juez en su fallo para desestimar la demanda. “Suponemos que serán los mismos que alegó el fiscal, partidario también de rechazar la querella. Según el escrito del fiscal, se trataba de aplicar el principio de subsidiaridad, es decir, de no investigar en Argentina algo que ya está sometido a investigación en los tribunales de otro país”, explicó el abogado de Darío Rivas, el español, hijo de un alcalde gallego asesinado por falangistas durante la Guerra Civil. “Si fuera así, nosotros solicitaremos que el fiscal acredite esas investigaciones judiciales supuestamente abiertas en España, porque no tenemos constancia de ninguna”, aseguró.

Ninguna relación

El abogado, muy conocido por su vinculación a casos de desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar argentina, mantiene que las investigaciones para la apertura de fosas comunes, iniciadas en algunos lugares de España y que menciona el fiscal argentino, no tienen nada que ver con el objetivo de averiguar qué pasó con el paradero de 113.000 españoles que fueron asesinados durante o al término de la Guerra Civil, según diferentes investigaciones académicas. “Sobre eso es sobre lo que quiso investigar el juez Baltasar Garzón, con el resultado conocido”.

Desde que Garzón repartió la causa en los juzgados territoriales prácticamente ninguno ha investigado u ordenado la apertura de fosas. Y la titular del juzgado de Granada que recibió la parte referida a la fosa de Federico García Lorca y el juzgado de El Escorial, en Madrid, el del Valle de los Caídos, devolvieron la causa a la Audiencia Nacional por entender que se trataba de crímenes contra la humanidad.

Los abogados argentinos contra el franquismo piden más presión social

“Nuestro objetivo es que esta querella termine juzgándose en España”, afirman

NATALIA JUNQUERA El País07/05/2010

“Nuestro objetivo al presentar esta querella en Argentina es que el franquismo termine juzgándose en España del mismo modo que Garzón abrió el camino a que se juzgara la dictadura argentina en Argentina. Esperamos que en todo el mundo, los españoles que sufrieron estos crímenes presenten querellas similares en distintos países de forma que se vayan recogiendo pruebas para ese proceso”, aseguró ayer Carlos Slepoy, abogado de la querella por genocidio interpuesta en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Reunidos en la Casa del Barrio de Carabanchel (Madrid) Slepoy, el abogado de la vía abierta en Argentina, y Fernando Magán, el de la vía cerrada en España, hablaron ayer de sus metas el primero, y de sus frustraciones el segundo. Magán atribuyó la paralización del proceso abierto por Garzón a la vicepresidenta De la Vega, “a través de la Fiscalía General del Estado” y al propio Zapatero, que a su juicio, “poco antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulara las exhumaciones ordenadas por Garzón, lanzó un mensaje a los jueces al asegurar que “al franquismo ya lo había juzgado la historia”. Slepoy recordó que ya hay 60 condenados y más de 600 procesados por las dictaduras argentina y chilena. “En Argentina ya han sido juzgados todos los torturadores, todos los que apretaron el gatillo, y ahora se empieza a juzgar a los responsables económicos. En España aún hay responsables vivos de los crímenes del franquismo porque fueron crímenes que continuaron hasta las primeras elecciones democráticas en 1977”.

Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo, explicó: “He acudido a la justicia argentina porque los guardias civiles que me torturaron estando embarazada de dos meses de mi hija y los miembros del pelotón de voluntarios que fusilaron a mi marido siguen vivos. Durante 35 años he estado callada, nunca presenté una querella aquí porque pensé que no obtendría justicia, pero cuando pedí la indemnización de la Ley de Memoria Histórica por el fusilamiento de mi marido y me la negaron diciéndome que era un terrorista y cuando después vi lo que le ocurrió a Baltasar Garzón, pensé: hasta aquí. Quiero que un juez interrogue a los que me torturaron y a los que fusilaron a mi marido y si decide que son culpables, los encierre”.

La querella en Argentina acaba de sufrir su primer revés. El fiscal se opone a que los hechos sean juzgados allí porque “aunque piensa que son imprescriptibles y que no se puede aplicar la Ley de Amnistía, están siendo juzgados en España”, aseguró Slepoy. El abogado, pese a todo, cree que la causa puede prosperar. “Este no es un proceso de españoles en Argentina, es un juicio de todo el mundo porque si esta querella sale adelante, Argentina estará lanzando un mensaje a la humanidad: que los crímenes de genocidio tienen castigo”.

Tanto Magán como Slepoy coincidieron en que en cualquier caso el proceso es imparable por la demanda de la sociedad civil. “En Argentina fueron las abuelas las que buscaban a sus nietos y en España son los nietos los que buscan a sus abuelos”, recordó el argentino.

Cinco países piden a España en la ONU que investigue el franquismo

El Gobierno se examina por primera vez de derechos humanos en Naciones Unidas

NATALIA JUNQUERA El País06/05/2010

Bajo la cúpula del artista Miquel Barceló en Ginebra y durante tres horas, España se sometió ayer a su primer Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU. A la espera de la calificación final, que llegará en septiembre con un informe de recomendaciones elaborado por Chile, India y Sudáfrica, y según las intervenciones realizadas ayer por 55 países, sacó buena nota. Fue felicitada por las leyes de igualdad y contra la violencia de género, pero según la mayoría de Estados, necesita mejorar en el trato a los inmigrantes. El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de Francisco, salió “muy satisfecho” del examen.

De Francisco expuso primero los avances en la defensa de los derechos humanos, entre los que citó las leyes de dependencia y matrimonio homosexual, entre otras. Después, se sometió a las preguntas de los países, y al final, prometió que España estudiará la ratificación de la Convención de la ONU para los trabajadores migrantes -hasta ahora se había opuesto porque el documento no diferencia entre regulares e irregulares-, como le solicitaron más de una docena de países. España también se ha comprometido a publicar una estadística oficial sobre actos racistas.

Cinco países -Argentina, México, Colombia, Cuba y Perú- instaron a España a investigar los crímenes del franquismo y garantizar que los familiares de las víctimas recuperen sus restos. México recomendó que, “de conformidad con sus obligaciones internacionales investigue, sancione y repare los delitos de desaparición forzada, sin importar el tiempo que haya pasado”. El representante cubano aseguró que a España le queda una “asignatura pendiente: la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista, que son imprescriptibles”. Argentina pidió que fortalezca los mecanismos contra la impunidad y Colombia, que avance en la ley de memoria para garantizar el “derecho a la verdad” de las víctimas de Franco.

Las ONG de todo el mundo que elaboraron un informe de recomendaciones para esta ocasión incidieron en “la amenaza a la independencia judicial” que supone el proceso al juez Garzón y “la falta de voluntad política” para asumir la localización de las víctimas del franquismo.

El Gobierno mantiene que la desaparición forzada está tipificada como delito, pero no es imprescriptible en este caso, y que “la ley de amnistía no puede considerarse una ley de punto final porque no fue impulsada por los herederos del franquismo, sino por la oposición al régimen”, señaló un portavoz.

El tono de las recomendaciones subió al llegar el turno del representante de Irán, que empleó la palabra “apartheid” para referirse a la situación de las niñas musulmanas que no pueden acudir a clase con el pañuelo.

El próximo lunes se presentará en el Senado el llamado Mecanismo Español de Prevención de la Tortura. Entre 2002 y 2009, más de 250 policías y funcionarios de prisiones fueron condenados por este tipo de delitos, según el informe que España envió a la ONU el pasado febrero.