Sinfonía de maldad

JULIÁN CASANOVA El País – 23/05/2010

El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia “superar” aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.

Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.

En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.

Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.

La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.

Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Las víctimas de Franco toman el testigo de las Madres de Mayo

Cientos de familiares de fusilados protestan en Madrid contra la impunidad

DIEGO BARCALA MADRID – Público – 21/05/2010

Familiares de víctimas del franquismo, ayer, en la Puerta del Sol  de Madrid.guillermo sanz

Familiares de víctimas del franquismo, ayer, en la Puerta del Sol de Madrid. Guillermo Sanz

La Puerta del Sol de Madrid se transformó ayer en la plaza del 25 de Mayo de Buenos Aires. Cientos de familiares de víctimas del golpe de 1936 se reunieron en torno a la estatua ecuestre de Carlos III, en el centro de España, para protestar, como en su día las madres argentinas, en este caso contra la impunidad del franquismo.

A las ocho de la tarde decenas de ciudadanos caminaban en un círculo cerrado junto a la escultura portando fotos de fusilados. Media hora después ya eran cerca de 300 personas las que giraban alrededor de la plaza. “Nada es más doloroso que el desamparo de los familiares de un desaparecido. Para Argentina era muy doloroso ver a las madres girar. Llegó un momento que fue una vergüenza sólo mirar”, resumió el actor argentino Juan Diego Botto, familiar de un desaparecido de la dictadura militar suramericana.

La Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, fundada a raíz del proceso del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón, ha decidido repetir a partir de ahora esta protesta cada jueves. Su actividad consiguió ayer reunir a muchos ciudadanos que hasta hace poco tiempo eran ajenos al movimiento.

“Yo no tengo ningún familiar fusilado pero creo que nos ha llegado el momento de protestar. Sé que mucha gente no se suma a estas protestas por falta de afinidad con Garzón, pero hay que entender que no se trata de defender a este juez concreto. Si no hubiera sido él habrían parado a cualquiera que lo hubiera intentado”se explicaba Paloma Sánchez, de 30 años.

El abogado argentino, Carlos Slepoy, que representa a los familiares de fusilados que denunciaron el franquismo en Argentina, acudió también a la protesta.

En blanco y negro

Los turistas italianos, aficionados del Inter de Milán, se sorprendieron con la multitud de fotos en blanco y negro de víctimas como Julián Grimau o Salvador Puig Antich. Alguno se animó a recoger los folletos que anunciaban el concierto del próximo lunes que el grupo Barricada ofrecerá en el Teatro Lara de Madrid contra la impunidad delfranquismo.

La venta de las entradas (entre 10 y 15 euros) irá destinada a otras actividades de la plataforma, como la manifestación nocturna en la que se prevé encender 113.000 velas en recuerdo de todas las personas que los franquistas hicieron desaparecer.

Junto a varios actores como Juan Diego y escritores como Almudena Grandes acudieron representantes políticos como Pedro Zerolo, responsable de movimientos sociales de la Ejecutiva del PSOE, que destacó la “analogía” entre las víctimas españolas y las argentinas.

El último listado de presos políticos

Las sentencias del Tribunal de Orden Público (TOP) recopilan las historias de más de 10.000 hombres y mujeres

PEDRO ÁGUEDA – Público – 19/05/2010

Carmen, esposa del histórico Sánchez Montero.G. DEL RÍO

Carmen, esposa del histórico Sánchez Montero.G. DEL RÍO

Ángel se quedó sin trabajo en 1969. Tenía 17 años y fabricaba carburadores en un polígono industrial de Madrid. “Ausencia injustificada”, decía la carta de despido que llegó a su casa. Tres días llevaba sin aparecer por el tajo. No podía, lo estaban moliendo a palos en la Brigada Político Social para ver si cantaba el nombre de algún compañero de las entonces incipientes Juventudes de Comisiones Obreras de San Blas. El patrón que firmaba la carta era el mismo que lo había delatado.

Y Ángel Jurado, Andrés para la clandestinidad, contaba ayer el asunto del despido como “una anécdota”, sin atisbo de rencor en su rostro, por el que tampoco asomaba el orgullo que debía sentir por haber traído la democracia a este país. Porque eso es lo que hicieron los más de 10.000 hombres y mujeres que aparecen en las sentencias del Tribunal de Orden Público (TOP), recopiladas ahora por la Fundación de los Abogados de Atocha en un CD que permite buscar a los protagonistas a través de treinta buscadores. Porque, como reconoció ayer en la presentación el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, “debajo” de todas las lecturas políticas que se han hecho están todos aquellos que hicieron la Transición a pie de calle y en los calabozos de la Puerta del Sol. Invitado por ser la versión democrática de los ministros de Gobernación, Rubalcaba dijo que fueron aquellos estudiantes, trabajadores, abogados, profesores y artistas, juzgados y condenados por el TOP, los auténticos “héroes de nuestra democracia”.

Silencio, pero no olvido

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma accidentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerla y no había que arrepentirse, pero del silencio al olvido sólo hay dos pasos y sería pernicioso que algunos los dieran”. La cita es del jurista Francisco Tomás y Valiente y fue utilizada por Rubalcaba para explicar el sentido de la obra presentada por la Fundación.

El magistrado Juan José del Águila y los catedráticos José Gómez Alén y Rubén Vega han recopilado las 3.797 sentencias dictadas por el TOP entre 1964 y 1977, con excepción de las del primer trimestre de 1972, que se han perdido. “Era imposible ser sindicalista y no estar en el TOP. Sólo había un sindicato (legal)”, contó ayer Cristina Almeida, una de aquellas abogadas. Almeida dio un salto a la actualidad: “No quiero echar más lágrimas por ver al juez Garzón perseguido por el sindicato Manos Limpias o, mejor dicho, manos sucias. Tampoco por quienes no pueden desenterrar a sus familiares y hacerles un monumento”.

Al terminar el acto, José Luis Ballesteros se quejaba con amargura: “Ha venido Rubalcaba, que no quiso dejar en pie la cárcel de Carabanchel”, símbolo de la represión franquista. Allí fue a dar con sus huesos José Luis, tras un juicio militar, y muchos de los condenados por el TOP, incluido Ángel. Tenía diecisiete años entonces y pasó tres meses en el talego. Y al salir de la cárcel, en paro.

Gangrena

ROSA MONTERO El País – 18/05/2010

El caso Garzón no resulta fácil de entender. Tengo la sensación de que nos hemos metido en un profundo pantano; y de que, en el fondo, no es una pelea por el franquismo sino por otras cosas: por el poder real aquí y ahora, por la manipulación de la judicatura, por los hilos subterráneos de la política. Y se diría que Garzón (con quien, por otra parte, tenemos una deuda de gratitud impagable por actuaciones tan esenciales para la democracia como el esclarecimiento del GAL) ha chapoteado también en esos lodos. De ahí la saña con la que lo persiguen, poniendo incluso trabas a su viaje a La Haya: es la inquina de los rivales directos. La cuestión formaría parte de un juego feroz por el poder en el que vale todo: como diría Borges, se devoran los unos a los otros mientras se acusan de caníbales.

Pero lo peor es que estos antropófagos nos están comiendo las entrañas a todos. Utilizan la guerra civil para insultarse, quieren hacernos creer que la derecha de hoy es la del 39 o que los de izquierdas queman iglesias (falso en ambos casos), y con todo este envenenado guirigay van a terminar consiguiendo que, en efecto, no podamos investigar los crímenes del franquismo. Y eso sería una catástrofe. Maldita sea, ¡hace 70 años que acabó la guerra! Es el momento de saber. Y de crecer. Al menos los asesinatos cometidos por el bando republicano (unos 50.000) fueron investigados por la Causa General, pero los crímenes franquistas siguen llenos de sombras: ¿fueron 150.000, 200.000? ¿Cómo no vamos a preguntarnos qué pasó? Es más, olvidemos la Causa General, que a fin de cuentas era franquista; arrumbemos la Ley de Amnistía, que en su momento sirvió pero que hoy es un lastre, e investiguemos de verdad lo que sucedió en uno y otro bando. Hoy podemos hacerlo. Y lo necesitamos. Cerrar esa herida en falso terminará en gangrena.

C. Jiménez Villarejo: “Subsisten formas de pensar próximas al franquismo en algunos jueces”

El ex fiscal Anticorrupción critica la suspensión al juez Garzón por parte del CGPJ y dice que esta medida amedrantará al resto de los jueces

MIGUEL ÁNGEL MEDINA El País – 17/05/2010

[La suspensión del juez Baltasar Garzón] carece de fundamento jurídico suficiente y es una forma de reprimir y criminalizar el ejercicio libre de la independencia judicial”. Así al menos lo cree el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para quien esta medida creará “un cierto clima de amedrentamiento sobre jueces y magistrados, como lo prueba que hay ya dos jueces de Barcelona que han sido expedientados por criticar el comportamiento discutible de otro juez, el del Palau de la Música”. En su opinión, la decisión del Consejo General del Poder Judicial significa que “subsisten, de forma más o menos larvada, formas de pensar próximas al franquismo [entre jueces y magistrados]. De lo contrario, no se explica lo que está ocurriendo”.

En una charla con los lectores de EL PAÍS.com, Jiménez Villarejo recordó que “la magistratura española durante toda la dictadura, con algunas excepciones, […] permaneció muda ante los crímenes franquistas”. “Me pregunto si los jueces y fiscales actuales conocen esa realidad”, dijo, “si saben que sus antecesores fueron fieles servidores de la dictadura y han hecho un análisis crítico de esa realidad que, ideológicamente, sigue sin ser asumida plenamente por el conjunto de jueces y fiscales”.

“¿Cree usted que la suspensión a Garzón tiene que ver con el ‘caso Gürtel’?”, inquiría una lectora. “Naturalmente que sí”, replicó el ex fiscal. “Es tan evidente que la primera querella contra el juez Garzón, admitida por el Tribunal Supremo, es del 26 de mayo de 2009, poco tiempo después de que él concluyera las investigaciones sobre el caso Gürtel y las remitiera a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia”. En su opinión, este caso “planea detrás de todas las querellas contra el juez Baltasar Garzón, hasta el punto de que en la última de ellas, la interpuesta por el letrado de un imputado del proceso Gürtel, se han persona como acusadores los principales implicados de Gürtel, Correa y Crespo, lo que constituye algo realmente insólito en la justicia española”. Esto supone “que los imputados y perseguidos por un juez de instrucción, en este caso el juez Garzón, terminen siendo los acusadores de dicho juez con la complacencia, en este caso, del Tribunal Supremo. Es un verdadero escándalo”, concluyó.

En cuanto a la posibilidad de que Baltasar Garzón comience a trabajar para la Corte Penal Internacional (CPI), como ha reiterado este lunes el fiscal de este tribunal, Luis Moreno-Ocampo, Jiménez Villarejo señaló que “su incorporación a dicha corte sería una satisfacción personal muy importante para él”. Sin embargo, “no empaña ni aligera para nada la brutalidad de la decisión acordada de apartarlo de sus funciones judiciales que no se corresponde ni con el derecho ni con los principios de justicia”.

“La alta instancia judicial es sociológicamente franquista”

Juan José del Águila. Magistrado. Autor de la obra ‘El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)’

P. RUSIÑOL MADRID – Público – 16/05/2010

Juan José del Águila, en su juzgado.

Juan José del Águila, en su juzgado. ÁNGEL MARTÍNEZ

Nadie conoce el siniestro TOP tan bien como Juan José del Águila (Torremolinos, Málaga, 1943). Primero, como víctima: estuvo un año preso, en 1969. Luego, como abogado vinculado a CCOO y el PCE, defendió a decenas de activistas condenados de antemano, lo que le valió otro paso por la cárcel, en 1973. Y, finalmente, como estudioso: al TOP dedicó su tesis doctoral, una versión reducida de la cual publicó con el título El TOP. La represión de la libertad, 1963-1977 (Planeta, 2001).

Del Águila accedió a la magistratura en 1989 y a sus 67 años sigue al pie del cañón: en el juzgado de lo Social número 21 de Madrid y aprovechando ratos libres para investigar la represión franquista y la complicidad del mundo judicial.

¿Qué opina del revuelo por lo que dijo Jiménez Villarejo sobre el TOP?

Muchos medios manipularon lo que dijo. Es obvio que no hablaba de los magistrados actuales porque por una cuestión meramente biológica sería imposible que hubieran sido del TOP. Lo que dijo es que hubo un alto grado de colaboración y complicidad del entramado judicial con el franquismo. Y esto es una evidencia.

¿Pero qué tienen que ver las instituciones actuales con las de la Justicia’ franquista?

Mire, el Tribunal Supremo editó en 2006 un libro autolaudatorio, carísimo. Y el mensaje que transmite respecto al franquismo es la continuidad legal: al principio y al final. El libro habla de todo, pero pasa de puntillas sobre el franquismo. No se cuenta que en la sede del Tribunal Supremo se celebraron miles de consejos de guerra, se ignora cómo los miembros de la carrera judicial participaron activamente en la represión: en la magistraturas de Trabajo de estilo fascista, en los tribunales para la represión del comunismo, la masonería y las responsabilidades políticas, en múltiples comisiones mixtas… ¡Ni siquiera se menciona el TOP, que fue una creación judicial al 100% y cuyas sentencias eran revisadas por el Supremo!

¿La transición no fue completa en el mundo judicial?

No hubo ruptura en ningún ámbito judicial ni político. Ahora no deberíamos extrañarnos de lo que pasa. A día de hoy, las altas instancias judiciales son sociológicamente franquistas. Sobre todo en su concepción del orden. Lo que sucede en la Sala de lo Militar del Supremo es llamativo. Siguen considerando justas sentencias fruto de consejos de guerra con el argumento de la seguridad jurídica. Algo así sería difícilmente asimilable en un país democrático.

¿Y las nuevas generaciones?

Ni una sola de las convocatorias a oposiciones a jueces y fiscales desde 1977 ha incluido alguna materia que trate la represión. ¡Ni una línea del TOP! Imagine un juez de 35 años: ni se lo contaron en la escuela, ni en la universidad, ni tiene que estudiarlo para las oposiciones. ¿Qué se le puede pedir?

¿Quién es el responsable?

Todas las instituciones clave han asumido un pacto de silencio: el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, los sucesivos ministerios de Justicia… El Ministerio Fiscal también editó recientemente un lujoso libro autolaudatorio. Se remonta nada menos que hasta el siglo XIII, pero no dedica ni una línea a la Causa General que en 1943 Franco encargó a la Fiscalía General. Ni una línea para la represión.

¿Los problemas de Garzón se explican por intentar investigar el franquismo?

Garzón es un personaje muy polémico y desenfoca la cuestión central sobre el estado de la justicia en España el tener que opinar sobre él. Pero está claro que es una monstruosidad que el Supremo se dedique a esto.

La mayoría de juzgados que recibieron su causa ha archivado sin investigar.

Era previsible. ¿Cómo van a tener sensibilidad si no conocen lo que pasó? Tengo compañeros que no saben qué es el TOP. Cuando publiqué el libro, ninguna de las muchas publicaciones del CGPJ le dedicó ni una línea. Tampoco las asociaciones de judiciales, ni siquiera las progresistas. Me parece muy sintomático. Hubiera entendido críticas despiadadas. Pero hubo silencio sepulcral y eso que lo editaba una editorial como Planeta. Hay una actitud deliberada para que estos hechos no se conozcan.

Del TOP al Supremo

La gran mayoría de jueces y fiscales del franquista Tribunal de Orden Público fue promocionada en democracia

PERE RUSIÑOL MADRID – Público – 16/05/2010

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario  durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. - EFE

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. – EFE

El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar, gritó: “¡Me cago en Franco!”.

Gabriel García Márquez aún no había inventado su estirpe Buendía, pero el personaje homónimo le hubiera podido servir de inspiración para encarnar el realismo mágico. El problema es que el ataque de sinceridad fue real y a Timoteo le costó muy caro: fue condenado a diez años de cárcel.

Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 incluida la célebre 1.001, que en 1972 condenó a la dirección en pleno de CCOO antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.

La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando ultra en 1977, ha editado ahora un CD que recoge todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.

“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación. La presentación será el martes en la sede de CCOO en Madrid y está anunciada la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El mes pasado, ya en plena ofensiva contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar el franquismo, el TOP volvió a las primeras páginas. Lo citó en el acto de la Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo: “El auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años”, dijo.

El CD que se presenta el martes muestra hasta qué punto fue implacable el TOP: el 74% de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.

Identificación total

Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.

Las peculiaridades de la Transición, pilotada por los sectores aperturistas del franquismo y pactada con la izquierda reformista, permitió que los magistrados y fiscales del TOP encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No sólo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático, sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63% del total fueron en democracia magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen, que también sobrevivió a la democracia.

“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo. Él mismo forma parte de la sala que juzgará a Garzón, pero al ser emérito no puede participar al tratarse de una causa especial.

El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País, donde recalaron varios periodistas condenados por el infausto tribunal.

La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.

Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.

De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.

Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.

Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.

Mujeres invisibles, víctimas de la guerra

MERCÈ RIVAS El País – 17/05/2010

En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo Franco”.

Frases de este tipo las hemos leído en numerosas ocasiones, quizás en casi todos los conflictos bélicos. Detrás quedan numerosos muertos, heridos, todo tipo de agresiones a los derechos humanos, miseria, pero también quedan muchas mujeres rotas por las humillaciones sexuales llevadas a cabo por todas las partes en el conflicto.

El uso deliberado e impune de la violencia sexual como arma de guerra, se ha convertido en un crimen habitual en nuestra era, un arma más de lucha, de sometimiento al contrario. Gracias a estas prácticas se ha conseguido intimidar, crear terror político, sacar información y humillar a muchísimas mujeres y niñas. En otras ocasiones se ha utilizado como recompensa a los soldados.

Han tenido que pasar siglos para que un tribunal, concretamente el Tribunal Penal Internacional, dictaminase la violencia de género como delito contra la humanidad en los conflictos de Ruanda y de la antigua Yugoslavia en los años 90.

El hecho fue algo histórico, un gran avance para la dignidad de las mujeres violadas, aunque hasta el momento sólo se han dictado menos de dos docenas de sentencias. Realmente, si no fuese por lo humillante del tema, parecería una broma.

Todavía podemos recordar las “Estaciones de Confort” organizadas a lo largo y ancho de Asia por el Ejército Imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial en donde más de 200.000 mujeres y niñas, secuestradas previamente de sus casas, fueron sistemáticamente violadas por los soldados japoneses. Durante dicho conflicto las dos partes se acusaron mutuamente de violaciones en masa, sin embargo, ninguno de los tribunales establecidos en los países victoriosos para enjuiciar los crímenes de guerra, reconoció el delito de violencia sexual.

Al final de la guerra se calculaba que un millón de mujeres habían sido violadas por el Ejército ruso, tras la derrota de los nazis. Fue su celebración. Muchas de ellas parieron a los denominados Russenkinder.

En la Guerra Civil española también se utilizó este tipo de arma. Sólo tenemos que recordar las arengas del general Queipo de Llano manifestándose muy orgulloso de la conducta sexual de sus hombres, o de las violaciones masivas llevadas a cabo por las tropas del norte de África que apoyaban al bando golpista. Una vez “proclamada” la paz, esas mujeres tuvieron que convivir en silencio con sus agresores, ya fuesen vecinos, militares o policías.

Este mismo estigma persiguió a las mujeres latinoamericanas. Recordemos que en Guatemala, durante 36 años de guerra civil, la violación de mujeres, la mayoría indígenas, constituyó una práctica generalizada, por parte de las fuerzas del Estado. Y aunque la guerra terminó en 1996, Guatemala sigue teniendo uno de los índices de violencia sexual más altos del mundo, persistiendo la impunidad de estos actos. Y por qué no recordar a las colombianas que han sufrido agresiones por parte del Ejército, la guerrilla y los paramilitares.

También pudimos ver cómo se destruía el cuerpo de unas 400.000 mujeres en la guerra de los Grandes Lagos, sufriendo posteriormente graves secuelas físicas y mentales. Muchas acabaron muriendo de sida, otras embarazadas y repudiadas por sus propias familias, y un número considerable tuvo que abandonar sus pueblos. Las que por diferentes razones fueron a parar a campos de refugiados se convirtieron en seres extremadamente vulnerables. De ellas abusaron tanto las fuerzas rebeldes como las tropas internacionales. No hay que olvidar que el 80% de los refugiados y desplazados son mujeres y niños.

Y en los Balcanes ocurrió más de lo mismo. Naciones Unidas habla de más de 50.000 violaciones, pero sólo se enjuició a 18 hombres y se condenó a 12.

En la primera década del siglo XXI la paz llegaba a Sierra Leona dejando unas cifras terroríficas. Más del 75% de las mujeres y niñas del país fueron víctimas de abusos sexuales, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM). Sin olvidarnos de las niñas secuestradas para formar parte de los ejércitos de niños soldado y servir de esclavas sexuales de sus mandos.

Por fin el Tribunal Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la Resolución 1820, que en el 2010 cumple dos años, tomaron cartas en el asunto, pero los conflictos continúan y las mujeres siguen siendo un objetivo más.

Ahora nos queda seguir trabajando para que éstas pierdan el miedo a denunciar, a explicar qué y cómo les pasó y a identificar a sus agresores. Pero para que esto ocurra la comunidad internacional, sus gobiernos, los movimientos sociales y los órganos jurisdiccionales les deben dar protección, ayuda, asesoramiento e incluso cobijo. Y los países participantes en el Estatuto de Roma (1998) deben enjuiciar a todos aquellos criminales que sus países no están dispuestos a hacerlo. Eso es posible.

Mientras no las apoyemos incondicionalmente, ellas seguirán en silencio y destruidas. Los historiadores hablarán de muertos, heridos y daños económicos, y ellas seguirán siendo invisibles, como hasta ahora.

Mercè Rivas Torres es periodista y escritora.

El legado oculto de la Duquesa Roja

Gabriel, el hijo menor de la aristócrata, traza un crudo y sórdido retrato de su madre. De fondo, una disputa millonaria por la herencia

SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA El País – 16/05/2010

Luisa Isabel tenía por entonces fama de borracha y broncas. Eso le aseguraba condenas suculentas en todos los frentes. Dos periodistas norteamericanas le aconsejaron que se mostrara como madre amantísima. Con sus hijos al lado, ganaría público y ablandaría a los jueces. Como madre amantísima, calmaría los temores de la abuela y heredaría otra porción de su suculenta fortuna”. Los amargos recuerdos de Gabriel González de Gregorio, uno de los tres hijos de la duquesa de Medina-Sidonia, conocida como la Duquesa Roja, podrían constituir la columna vertebral de una novela de Charles Dickens o de Benito Pérez Galdós.

Sin embargo, forman parte de la vida de un ingeniero de montes nacido en 1958, que estudió con los maristas y al que le gustan mucho los libros (suele regalar a la gente que aprecia Historia de un alemán, de Sebastian Haffner). Gabriel es el más pequeño de los tres hijos de la aristócrata: los otros dos son Leoncio y Pilar.

Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura (Estoril, Portugal, 1936-Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2008) era duquesa de Medina-Sidonia, duquesa de Fernandina, princesa de Montalbán, marquesa de Villafranca del Bierzo, marquesa de Los Vélez y tres veces Grande de España. Gabriel tiene muchos recuerdos de su madre. El hecho de ser hijo de alguien como la Duquesa Roja no garantiza unos recuerdos llenos de boato. Porque la memoria de Gabriel está repleta de episodios que mucha gente podría considerar dignos de una vida espantosa.

La Duquesa Roja dejó un tesoro tras su muerte: la Fundación Casa de Medina-Sidonia, situada en el palacio del mismo nombre en Sanlúcar de Barrameda. La fundación guarda uno de los grandes archivos históricos del mundo. Son seis millones de documentos (el más antiguo data de 1228), una auténtica mina de oro para los que quieran conocer la Edad Media y los reinados de Carlos I de España y V de Alemania y el propio Papa temblaban; y Felipe II.

La viuda de la Duquesa Roja, Liliana Dahlmann, es presidenta de la fundación, en cuyo patronato están representados el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Diputación de Cádiz. La fundación, propietaria del palacio y de sus tesoros documentales, se creó en 1990. Los hijos de la duquesa y la Fundación Casa de Medina-Sidonia se disputan el legado de la aristócrata. Un archivo fundamental para los historiadores y los defensores del patrimonio andaluz se encuentra en el centro de un conflicto jurídico en torno al cual se mueven millones de euros. El gran valor económico del archivo y del palacio ha ocasionado que las dos partes afinen sus estrategias jurídicas y las espadas están en alto.

“Luisa Isabel, mi madre, nació el 18 de agosto de 1936 en Estoril. Desde niña, Luisa Isabel conoció el exilio. Fue un exilio trágico por el telón de la Guerra Civil. Terminada la contienda, la familia Medina-Sidonia volvió a Sanlúcar de Barrameda. Allí el matrimonio (los padres de la Duquesa Roja) llevó una vida bastante perra. Luisa Isabel fue testigo”, evoca Gabriel.

En la historia de la familia de Gabriel abundan los episodios sórdidos. “Al parecer, el duque de Medina-Sidonia (padre de la Duquesa Roja) se casó por dinero y para refrescar la sangre, pues era hijo y nieto de primos hermanos. Carmen Maura Herrera, la madre de la Duquesa Roja, era una de las herederas de la fabulosa fortuna Herrera”, relata Gabriel. Y recalca: “La relación de Luisa Isabel con esta efímera fortuna marcó su vida”.

Los Herrera hicieron su riqueza en La Habana a partir de 1830. La cerveza, el ron y los inmuebles están en el origen de aquel patrimonio. Gabriel hace hincapié en que ese dinero no procede de “haciendas, azúcar o esclavos”. “Aproximadamente un 50% de la fortuna cubana fue expatriada en la primera mitad del siglo XX e invertida en Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y España. Aun así, quedó mucho en Cuba. Sólo las rentas de alquileres de inmuebles en La Habana a nombre de Julia Herrera ascendieron a un millón de dólares en 1959”, asevera el benjamín de la Duquesa Roja.

Los recuerdos infantiles de la aristócrata tampoco debieron ser dulces. “Los padres de Luisa Isabel se llevaban mal. Económicamente dependían de los Maura”, continúa Gabriel, quien precisa que el padre de la Duquesa Roja “era bebedor y jugador”.

“Carmen (madre de la Duquesa Roja), como buena Maura, rebosaba capacidades e inquietudes. Pintaba, escribía, esculpía. Cuando llegó a Sanlúcar de Barrameda, Carmen añadió a estos talentos el de curandera. Fue esa su manera de aliviar el dolor de los humildes. En el palacio de su marido montó un pequeño dispensario y se ganó la veneración de las gentes”. Pero en la historia de estos personajes pertenecientes a la más alta aristocracia no falta cierta admiración hacia el criminal que sembró el mundo de millones de cadáveres. Muchos indicios apuntan a que Hitler no era mal visto por algunos miembros de la familia. “Se dice que Carmen llegó a cartearse con él”, afirma Gabriel.

“Luisa Isabel era, pues, hija de alcohólico y de santera filonazi. El alcohólico era falangista, lo que no debía ser muy del agrado de sus monárquicos suegros”, resume el hijo de la Duquesa Roja. “Luisa Isabel era hija única, caprichosa y consentida de su madre, pero menospreciada por su padre, que no veía en ella a la futura duquesa de Medina-Sidonia. La masculinidad estaba muy arraigada en la familia. Nunca había habido una duquesa de Medina-Sidonia”, agrega Gabriel.

“Luisa Isabel no debía sentirse a gusto en Sanlúcar de Barrameda. Era la casa de su padre, que maltrataba a su madre y a ella no la apreciaba”, comenta. Gabriel evoca algunos episodios de la infancia de su madre. “Los abuelos Maura le regalaron un caballo. Luisa Isabel montaba por la playa y echaba carreras a los niños desharrapados. Ellos a pie y ella a caballo”.

Gabriel dice que la duquesa sentía cariño por su familia materna. “Los Maura acabaron siendo su familia y se identificó con ellos. Aun así, los criticaba con crudeza. En el palacio de Mortera (Cantabria) aparecieron escritos en los que se mofaba de una de sus primas con síndrome de Down. Otras críticas fueron merecidas. Luisa Isabel siempre estaba por encima de todo el mundo. Por encima de su padre porque era un muerto de hambre. Por encima de los Maura porque ella descendía de la pata del Cid”.

Llegó el momento en que la aristócrata fue presentada en sociedad. “Con ese objeto y para hacerla más atractiva a los ojos de las grandes fortunas, su padre le cedió el título de marquesa de los Vélez. Luisa Isabel tenía 15 años. Pero los Vélez no es el condado de Niebla, que es lo que llevan por tradición los primogénitos de Medina-Sidonia”, añade.

“Se le conocen pocos novios. Sus primas Maura no recuerdan ni novios ni flirteos. En las fiestas de sociedad de la época aparece desarreglada y entristecida. No era fea, pero debía tener complejo de serlo”, relata Gabriel, una de cuyas novelas favoritas es La feria de las vanidades, de William Thackeray.

La joven proclamaba su fervor monárquico delante del general Franco. Algunos miembros de la familia Maura eran devotos de la monarquía. La Duquesa Roja compartía ese credo. “Y alardeaba de ello ante las mismas barbas de Franco. En los concursos hípicos en los que coincidían, Luisa Isabel daba ¡vivas! al Rey. Los gobernadores civiles se santiguaban. Algunos militares de alta graduación sonreían”, relata el hijo.

La duquesa quedó prendada de uno de los grandes jinetes de su época. “En el mundo de la hípica española había un adonis por el que todas las chicas suspiraban. Además era el campeón de España”. Se llamaba José Leoncio González de Gregorio y Martí. Se casó con él en 1955, “embarazada de varios meses, creo que cinco”, puntualiza Gabriel. “Se vistió de negro, por la reciente muerte de su padre y para no ir de blanco por lo que significaba. Ella era coherente en ciertos detalles”.

“Para cuando nací yo, el matrimonio ya se había roto. Al parecer, el caballista quería tener sólo dos hijos y ya se llevaba mal con Luisa Isabel, que estaba harta de sus infidelidades. Los adonis son así”. Luisa Isabel perdió el pleito de separación y la tutela. Entregó sus hijos a su abuela Julia Herrera. Sus tribulaciones no quedaron ahí. “Sus problemas con la Justicia empeoraron. Fue procesada por manifestación ilegal a causa de Palomares (el accidente nuclear ocurrido en aquella localidad almeriense en 1966) y por injurias a la Guardia Civil. Los procesos se le acumulaban y los abogados costaban mucho dinero”, recuerda Gabriel.

Fue en esa época cuando se acercó a sus hijos. “Con nosotros era maravillosa pero… las amigas de Luisa Isabel de por entonces cuentan las depresiones que le sobrevenían cada vez que le tocaba recibir nuestra visita. Leoncio, Pilar y yo nos hicimos devotos de nuestra madre y, con el tiempo, nos fue cogiendo cariño”.

La duquesa vivía exiliada en Francia, lejos de las garras de los esbirros de Franco. “La vida de Luisa Isabel en Francia fue su periodo más killer. Está por documentar. Se empieza a hablar de él. A nadie le interesa hablar porque es comprometido”, siempre según Gabriel González de Gregorio.

“Luisa Isabel vivió durante más de un año en Bayona (Francia) en un piso franco en el que vivían también varios miembros de ETA. Alternaba con etarras y con aristócratas como la marquesa de Portago”, evoca. Franco estaba vivo y Bayona era un enclave donde se movían como peces en el agua etarras y antifranquistas de todos los colores políticos. “Cuentan que los sábados iba a una cabina de teléfono a llamarnos a Leoncio, a Pilar y a mí mismo. Y no le pasaban las llamadas. La pobre mujer se quedaba destrozada. También cuentan que sufrió tres atentados de la extrema derecha”.

La lucha contra el dictador le pasó factura. Su defensa de la libertad le ocasionó graves quebrantos económicos. “A España volvió en la ruina”, resume Gabriel, quien señala que la duquesa entregó a sus dos hijos varones “lo poco que había quedado de aquello que les tenía que haber dado al cumplir 21 años”. Y les dejó un apartamento de 60 metros cuadrados en Madrid. Gabriel recuerda que dos tíos de su padre les prestaron apoyo económico a él y a Leoncio. La aristócrata confiaba, en que el marido de su hija “mantuviera” a Pilar.

El hijo pequeño de la Duquesa Roja habla de la falsificación del testamento de Julia Herrera, su bisabuela, en 1968. “También por aquellos tiempos los hijos conocimos la falsificación de la testamentaría de Julia. Tardamos en caer en que nuestro padre era también responsable. En lo que enseguida caímos fue en que nuestra santa, justiciera y ejemplar madre nos había vendido por dinero”, relata.

“Los tres nos juramentamos. Leoncio tomó las riendas. Pidió tregua para casarse. El nacimiento de su primer hijo y la influencia de su mujer lo cambiaron todo”, concluye Gabriel. Las cosas ya no fueron como antes. La unión de los tres hermanos para defender lo suyo se debilitó.

La Duquesa Roja falleció hace dos años. Gabriel la acusa de morir “estafando una vez más a sus hijos”. “Antes de morir había vendido todos los bienes inmuebles que le quedaban y el dinero había desaparecido. ¿Se lo quedó la viuda? ¿la fundación?”, se pregunta Gabriel. La Duquesa Roja pasó a la leyenda por su valentía y su amor a la democracia. Su hijo Gabriel quiere añadir algunos matices a un mito que es muy posible que no se desvanezca en el olvido.