Sobre el uso de símbolos y ruinas

21 May 2010 – blog Dominio Público

RICARD VINYES

05-21.jpgNuestro paisaje simbólico está en cambio. Monumentos a próceres fascistas se desvanecen en la madrugada sin dejar rastro. Estatuas de militares golpistas son confinadas, de repente y sin aviso, en lugares ocultos a la mirada; y bien parece que las melodramáticas águilas negras de San Juan alzaron el vuelo sin dejar rastro en las cornisas donde anidaron siete décadas.
Una parte de nuestra sociedad pidió con insistencia que los símbolos de la dictadura fuesen retirados del espacio público; y con razón, porque esas efigies, esos pájaros, nombres, dardos y arcos victoriosos, ese palacio del miedo en Cuelgamuros, son ejemplo tan solo de dos cosas: la violencia como proyecto y la humillación como instrumento.
Transcurridos 30 años, el resultado de esa demanda ha sido el artículo 15 de la Ley de reparación 52/2007 de 26 de diciembre, que establece la retirada de todo el ajuar faccioso; con salvedades: las que ampare la presunta condición de arte. En cualquier caso, la ley permite una limpieza notable. Y ahora que eso es posible, considero urgente meditar los términos de su retirada. ¿Deben desaparecer sin más? Opino que no. Pensar qué hacer con todo ello es más efectivo que la precipitada solución terminal, porque esa siempre existirá. No se trata de usar los iconos de la dictadura y actuar en ellos para establecerlos como pieza didáctica para “aleccionar-sobre-lo-que-pasó”, sino para levantar interrogaciones, curiosidad –esa acción que Nabokov definió como la transgresión en estado puro– sobre la ética de nuestra sociedad, puesto que los símbolos es de ética de lo que hablan. Resignificar es otorgar la posibilidad de debatir nuevos contenidos para la memoria pública, que no es otra cosa que la imagen del pasado públicamente discutida. Derribar o transformar un monumento o edificio sin meditar su provecho es una pérdida grande, tras la cual sólo aparece el vacío. ¿Era eso lo deseado, un vacío permanente?
El 20 de noviembre de 2005, Montserrat Iniesta, una de las más interesantes museólogas de este país, directora de Vinseum, se dirigió a la sala de reserva del museo y regresó con el busto del dictador que había presidido el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Estaba en buenas condiciones. Colocó en el vestíbulo una peana y sobre ella la cabeza de piedra de aquel símbolo principal de la dictadura. Añadió una mesa y puso en ella un libro con páginas limpias, lo asistió con un bolígrafo de tinta azul y un videomatón cercano a una esquina de la sala. Dispuso luz templada y colgó en la entrada el nombre de aquella instalación: Escolta, Franco. Acto seguido, convocó a los ciudadanos a visitar el busto para decirle a Franco lo que nunca le habían podido decir, por escrito, o de viva voz, podían hablar o entonar una canción. El resultado fue integral: aplausos y recriminaciones. Radio, televisión y prensa se hicieron eco de aquella propuesta con un entusiasmo desconocido en los eventos conmemorativos y sus aburridas liturgias. Nunca se habló tanto de Franco ni de memoria como en aquellos días. El espacio de la instalación que exhibía el símbolo central de la dictadura se convirtió en fuente de la memoria democrática con la interpelación permanente de ciudadanos que expresaron sus opiniones sobre el dictador, y sobre la bondad o la maldad de aquella iniciativa. En síntesis, alguien había pensado cómo actuar en los procesos sociales que pueden generar los símbolos. Aquel acto constituye una decisión de referencia para pensar con sosiego, más allá de la iconoclasia simple, precipitada.
El mismo año, Rudolf Herz se reunía con un albañil suabo a quien el Ayuntamiento de Dresde había entregado las piezas del enorme monumento a Lenin, retirado del centro de la ciudad. Llegaron a un acuerdo. Herz montó el busto de Lenin y sus dos anónimos guardianes en la plataforma descubierta de un camión tráiler, y cruzó Europa durante cuatro semanas. Denominó la operación Lenin on tour. Se detenía en mercados y plazas, o ante edificios y lugares emblemáticos y concurridos. Retrató las reacciones de los transeúntes. Hubo de todo, botes de pintura y flores, asombro, deleite, curiosidad. Entrevistó y filmó ciudadanos ante la efigie, y constituyó un archivo cuya exposición podía verse en el Museo Ludwig de Colonia el pasado otoño. Impresiona el debate generado. Herz contó el objetivo de su actuación: “Mostrar Lenin a mis contemporáneos para que me muestren ellos el Lenin del siglo XXI”. La piedra puede ser dialógica.
Imagino pasear por España la nave con la que el generalísimo surcaba las aguas extrayendo peces que ilustraban los noticieros, y que ahora muere en una llanura de Burgos, pasto del ácido y la yedra, despojada de sentido y de valía. La imagino ante el arco de la Victoria, en Moncloa, o frente al Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo, o ante el Parlamento. Y que alguien filme y guarde.
Retengo, por encima de cualquier otro, el proyecto que Horst Hoheisel presentó al concurso público para realizar el Memorial del Holocausto en Berlín. Situaba sendos pilares con los nombres de los principales campos de extermino ante los dos pabellones que encuadran la puerta de Brandeburgo. El siguiente paso consistía en dinamitar el conjunto monumental. Así, las ruinas de la puerta de Brandeburgo, el monumento que encarna la “grandeza nacional de Alemania”, entrelazadas con los nombres de los campos de la muerte, serían el Memorial del Holocausto. Como era de esperar, el proyecto no prosperó. Pero me parece una buena sugerencia para el Valle de los Caídos, mucho más que mutarlo en un ridículo museo de la Guerra Civil. Sí, sugiero ese proyecto para el Valle. Desde luego, antes deberían sacar los restos allí recluidos; y a los benedictinos, claro, que nadie por un descuido se olvide de ellos, pobre gente.

Ricard Vinyes es historiador

Ilustración de Alberto Aragón

Un juez ante la historia

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN El País – 14/05/2010

Algunas veces, la Historia entra en los Tribunales. Los crímenes del nazismo y del fascismo se sentaron en el banquillo de los acusados. La Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado el golpe militar que dio lugar a la guerra civil española y la instauración duradera de un régimen que, según declaran, tuvo el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.

La victoria de los rebeldes dio paso a doscientos mil Consejos de Guerra sumarísimos, con más de cien mil sentencias de muerte. Los vencedores exterminaron extrajudicialmente a gran número de vencidos. Algunos consiguieron encontrar asilo y muchos otros vivieron un exilio interior, despojados de sus bienes y expulsados de sus cargos. Nunca pudieron reclamar sus derechos ante los tribunales.

Muerto el Dictador, una Ley de Amnistía (1977) ponía fin a la responsabilidad de los vencedores por hechos que toda la comunidad jurídica internacional calificaba como crímenes contra la humanidad. Los que pretendieron la revisión y anulación de los consejos de guerra fracasaron porque, como dijo la Sala Militar del Tribunal Supremo, se ajustaban al “ordenamiento legal vigente en aquella época”.

La Ley de Amnistía (1977) y la llamada Ley de la Memoria Histórica (2007), verdadera Ley de Punto Final se esgrime como barrera infranqueable para restaurar los principios de justicia y reparación que propugna el propio legislador.

Los legisladores de la Ley de la Memoria Histórica abandonan la idea de la nulidad de los juicios franquistas, si bien conceden que sus tribunales eran ilegítimos, contrarios a derecho y vulneraban las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos de Ginebra encargado de velar porque España cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda la obligación de derogar la Ley de Amnistía y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Con estos precedentes, un juez español, Baltasar Garzón, universalmente conocido por el caso Pinochet, estima que existe una base jurídica para realizar la revisión jurídica de una historia criminal. Abre una causa en la que incluye ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada como crímenes contra la humanidad y el secuestro y entrega a los vencedores de treinta mil niños arrebatados a sus madres y familias. A la vista de la reacción del Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón podría clamar como el príncipe Segismundo: ¿Qué delito cometí contra vosotros juzgando?

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Lo urgente

ELVIRA LINDO El País – 12/05/2010

Son cosas tan repetidas… Si el PCE empezó a usar la expresión “reconciliación nacional” en 1956, si en nuestro primer Parlamento democrático individuos de los dos bandos fueron capaces de sentarse codo con codo, ¿a qué viene ahora esta ira delegada? La historia está para estudiarla, reflexionar sobre ella; la Ley de la Memoria Histórica se basa en la reparación moral de las víctimas, pero todo eso nada tiene que ver con este baile de artículos en los que, como si se escribiera desde la trinchera, columnistas airados se tiran los muertos a la cabeza. El resultado es una falta de respeto hacia esas víctimas que intentan honrar y hacia los vivos también, por ejemplo, hacia esos más de cuatro millones de parados que claman por una solución a su desamparo.

Hay muchos asuntos en España sobre los que es urgente un consenso: la educación, la aplicación de la Ley de Dependencia, el recorte de gasto público, el cambio de nuestro sistema productivo. Son necesarias tanta energía e inteligencia como las que hicieron falta en la Transición. Ensuciar el ambiente reavivando la agresividad que escupía la prensa en los meses previos a la guerra es no tener cabeza. Si alguien ha de perder la calma, dejemos que sean los desesperados.

Recordar no es utilizar la historia como un arma para hacer política. España ya no es aquella que fue. Somos nosotros, en gran medida, esta clase privilegiada que la glosamos en tertulias o columnas, los que pareciera que queremos verla perpetuada en su pasado miserable. A diario se sacan a pasear los célebres versos de Gil de Biedma, “De todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal”. La belleza y la fuerza poéticas no tienen por qué ser fieles a la verdad. Y la verdad es que la Historia no se acaba. La estamos escribiendo ahora, con nuestra templanza o nuestra irresponsabilidad.

El Senado libra al Gobierno de asumir las exhumaciones

La Cámara alta tumba una propuesta para modificar la Ley de Memoria

NATALIA JUNQUERA El País12/03/2009

“El tiempo apremia. Cada día que pasa desaparece un descendiente de alguna víctima de la Guerra Civil. A los que siguen con vida debemos devolverles los restos de sus seres queridos para que puedan morir en paz”. El senador Pere Sampol (Bloc per Mallorca) arrancó su presentación de una propuesta de reforma de la Ley de Memoria para que el Estado asuma la exhumación de fosas franquistas, apelando a “la humanidad y la compasión” de sus colegas. Pretendía cambiar la ley, de diciembre de 2007, para que el Gobierno no se limite a “colaborar” con los familiares, sino a atender directamente sus demandas. El Senado tumbó ayer su proposición con 233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones.

“¿Qué grado de crueldad hay que tener para negar a los familiares de gente inocente recuperar sus cuerpos?”, insistió Sampol, poco antes de bajar de la tribuna. Cuando parecía que nadie iba a subir a exponer un voto en contra, como es habitual, Sampol subió de nuevo para dirigirse sólo al PSOE: “No pueden dejar este trabajo a medias”. Sería como haber “hurgado en las heridas, hacerlas más profundas”, en lugar de cerrarlas.

“No debe manosearse”

“Las leyes necesitan tiempo”, contestó Isidre Molas, presidente del PSC. “Es muy pronto”. Y añadió: “Hay temas que no están hechos para ser reabiertos a cada momento. No deben manosearse”. La senadora Susana Sumelzo (PSOE) aseguró que la ley estaba “alcanzando sus objetivos” y citó como ejemplo los 9,9 millones que el Ministerio de la Presidencia había concedido en subvenciones a tareas relacionadas con la recuperación de la memoria. Sumelzo llegó a acusar a Sampol de “falta de sensibilidad” con las asociaciones y la labor que llevan a cabo.

Sin embargo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, afirmó que apenas un 10% de esas subvenciones se han destinado a “recuperar cuerpos de las cunetas” y que, además, este año se han reducido (60.000 euros). “Es responsabilidad del Estado, me entristece la falta de sensibilidad de esas 233 personas”. Las asociaciones han recuperado más de 4.000 cuerpos desde 2000 gracias a arqueólogos, forenses, historiadores y psicólogos que han trabajado gratis.

El PP calificó la propuesta de “irrelevante e innecesaria, al igual que la ley”. Sólo el senador del PNV Joseba Zubia la apoyó con un “sí con mayúsculas” por considerar que la ley es “insuficiente” para lograr los objetivos que dice perseguir.

El PSOE acepta garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica

Pacta con Joan Herrera (ICV) una moción que acepta “reformas normativas” para garantizar las exhumaciones

FERNANDO GAREA El País11/05/2010

El Pleno del Congreso aprobará esta tarde una moción de Joan Herrera (ICV) sobre memoria histórica que incluye garantías de la Administración del Estado para exhumar los restos de las víctimas de la Guerra Civil. Herrera ha llegado hoy a un acuerdo con el PSOE para modificar su texto inicial y se incluye el compromiso de “impulsar reformas normativas” para garantizar esas exhumaciones.

ICV entiende que el Gobierno acepta estudiar la reforma de la Ley de Memoria Histórica, pero fuentes del Gobierno aseguran que sólo se prevé la aprobación de una orden ministerial que garantice que las comunidades cumplen con las exhumaciones.

Según Herrera, “hoy el Congreso dirá que el juez Garzón no puede ser incriminado” por perseguir los crímenes del franquismo.

El texto pactado señala que “el ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcance recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, en el Convenio para la sanción del genocidio y en resto de la legislación nacional e internacional que nuestra Constitución recoge y ampara”.

Añade que “el Congreso muestra su respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos”.

Y se insta al Gobierno a “transformar y potenciar la oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, son sede en el Ministerio de Justicia, para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley de memoria histórica, tanto en el seno de la Administración general del estado, como en las relaciones con las demás admninistraciones públicas competentes”.

Añade que el Gobierno debe “garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser esta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario. Para ello se impulsarán las reformas normativas necesarias”.

Concluye instando a “conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo”.

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El Senado libra al Gobierno de asumir las exhumaciones

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La ultraderecha se reúne para atacar la Ley de Memoria Histórica

Crean una plataforma para difundir las teorías revisionistas y reivindicar a sus “héroes caídos”

CHRISTIAN GONZÁLEZ – Público – 09/05/2010

Carteles del acto colocados en el cristal de un comercio.

Carteles del acto colocados en el cristal de un comercio.

Diversos grupos de ultraderecha se han reunido esta mañana en Madrid para presentar la ‘plataforma Memoria y Lealtad’ con el objetivo de atacar a la Ley de Memoria Histórica. El acto se anunció visiblemente por las calles de la capital con carteles colocados de forma vandálica -en medio de cristales de escaparates- en muchas ocasiones.

Según publica en su web uno de los grupos organizadores, los ultras Martín Yniestrillas, Emilio Marinat y Eduardo Arias  han sido los encargados de presentar el acto.  Desde el Hotel Vincci -donde ha tenido lugar la reunión- indican que el acto se ha desarrollado con normalidad.

Todo tipo de grupos ultraderechistas, filonazis y xenófobos -‘Alerta Nacional’, ‘La Falange’, ‘Ac. Amigos de Leon Degrelle’,  ‘El Nuevo Alcázar’, ‘Ancis’, etc.- figuran en una web creada por los organizadores que piden “brazos que nos ayuden en la pelea”.

Además de reclamar “el derecho y la libertad de los patriotas españoles a honrar la memoria” de los caídos “frente a la Ley de Memoria Histórica” reclaman el Valle de los Caídos como el lugar de culto a éstos.

Diversos comunicados informan de que seguirán difundiendo su visión de lo que supuso la Guerra Civil “en contra de la falsa versión oficial”.

Un procesado por la ‘Malaya’ restaura el Valle de los Caídos

Muferfi SL, de Ismael Pérez Peña, contribuyó a remozar la bóveda falangista. La abadía prepara un informe para explicar a Patrimonio los detalles de la obra

DIEGO BARCALA – Público – 05/05/2010

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa  Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya' Ismael Pérez Peña. -  DIEGO BARCALA

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya’ Ismael Pérez Peña. – DIEGO BARCALA

Una de las cuatro empresas que restauró las imágenes falangistas de la bóveda del Valle de los Caídos, Muferfi SL, es propiedad de Ismael Pérez Peña, uno de los protagonista de la red de corrupción destapada en Marbella en la operación Malaya. El empresario madrileño está procesado por haber regalado a la ex alcaldesa andaluza Marisol Yagüe varios coches a cambio de lucrarse con los contratos municipales adjudicados a sus empresas por el líder de la trama, Juan Antonio Roca.

La abadía benedictina reconoce que pudo emprender la remodelación gracias “a un donante privado” y prepara un informe explicativo para dar cuenta a Patrimonio Nacional de los detalles de la restauración. “Estamos elaborando un folleto y próximamente contaremos a Patrimonio todo lo relacionado con aquello”, admite a este diario el abad benedictino, Anselmo Álvarez.

El empresario Pérez Peña no quiso explicar a este periódico en qué consiste su participación en la renovación de la cúpula, aunque un portavoz de Muferfi SL (especializada en mudanzas y almacenaje) admitió que las empresas que forman esa sociedad “hicieron la obra”. Las otras tres sociedades que trabajaron para remozar el techo del altar, bajo el que reposan los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, son Vamasa (grúas), Adriá (grúas y mampostería) y Eulen (limpieza).

Pérez Peña fue detenido en marzo de 2006 en el polígono industrial de Getafe donde tiene su sede Muferfi SL. La policía intervino varias conversaciones telefónicas de este empresario con Roca en las que se compromete a prestarle 1,8 millones de euros en dinero negro, según los datos del sumario. La red corrupta fue destapada en gran parte gracias a que Pérez Peña perdió la paciencia con el Ayuntamiento de Marbella por el impago de 1,4 millones de euros por la adjudicación de la grúa municipal. El empresario llegó a amenazar en 2005 al ex concejal de Transporte Victoriano Rodríguez con “tirar de la manta”.

La remodelación que llevó a cabo entre noviembre y diciembre pasados la empresa de Pérez Peña en Cuelgamuros tuvo como objeto recuperar los elementos dañados por una bomba de los GRAPO que explotó en 1999. La limpieza ha dejado a la vista de los visitantes las banderas falangistas y carlistas sobre un tanque de los generales sublevados en 1936.

Ley de la Memoria

Una comisión de expertos del Ministerio de Cultura visitó el pasado 26 de marzo el templo para comprobar si el mosaico debe ser retirado por incumplir el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Esta norma impide la exhibición en lugares públicos de “símbolos y monumentos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, protagonistas de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El siguiente artículo de la ley, el 16, cita al Valle de los Caídos, y en su segundo punto, aclara: “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. También señala que será un lugar que “se regirá estrictamente” como un lugar de culto. El abad niega que se haga apología del franquismo en su basílica.

Caamaño abre la puerta a cambiar la Ley de Memoria

F. G. El País29/04/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, abrió ayer la puerta a futuras modificaciones de la llamada Ley de Memoria Histórica. En respuesta a una interpelación del diputado de ICV, Joan Herrera, Caamaño aseguró que el Gobierno está “abierto al diálogo, a revisar lo que haya que revisar, continuamente. Siempre estamos dispuestos a reformar y a mejorar las leyes o cualquier otra política pública desde la responsabilidad y siempre estamos dispuestos a buscar soluciones y a combatir y suprimir situaciones de discriminación o de injusticia”.

El ministro no explicó en qué dirección va ese cambio, pero Justicia ha hecho llegar que estaría dispuesto a estudiar cambiar el artículo 11 que habla de las fosas comunes, para facilitar las exhumaciones, una vez comprobado que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP no lo facilitan.

Herrera, de hecho, incidió en esta idea, denunciando el “vía crucis judicial” al que se ha condenado a los descendientes de los desaparecidos en la Guerra Civil que tienen que “ir juzgado por juzgado buscando los cuerpos de sus seres queridos”.

Para el próximo pleno, el diputado someterá a votación una moción que, precisamente, instará al Gobierno a retocar la ley para facilitar las exhumaciones.

El ministro de Justicia omitió cualquier referencia al proceso contra el juez Baltasar Garzón por investigar el franquismo. No lo hizo Herrera, quien aseguró que es un “proceso que ensucia de nuevo la memoria y condena las aspiraciones de Justicia”, y que se ha abierto, entre otras cosas, porque algunos han confundido la Ley de Amnistía de 1977 con una ley de “punto final”.

Justicia cierra el mapa informático de fosas sin las comunidades del PP

Hay 1.793 excavaciones a falta del recuento total de Andalucía y Cataluña

J. CASQUEIRO / L. R. AIZPEOLEA El País29/04/2010

El rastro de la tragedia. Fosas de la Guerra Civil señaladas por las ocho comunidades que participan en el mapa elaborado por el Gobierno.

“Puedo adelantarle que muy pronto podremos ver a la luz ese mapa con un aplicativo informático accesible para todos los ciudadanos de este país y que, además, según tengamos mayor información y se nos suministre, se irá actualizando, día a día, de manera permanente”. Así zanjó ayer en el Congreso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el debate sobre el balance de las actuaciones del Gobierno sobre la ley de Memoria Histórica. Se refería Caamaño al mapa integrado de fosas, previsto en el artículo 12.2 de esa ley, y que se está cerrando en estos días con las comunidades autónomas que han firmado los convenios de colaboración con el ministerio. Todas las comunidades, menos las gobernadas por el PP.

El Ejecutivo tiene listo ese mapa desde hace días y su presentación pública se producirá en breve. Cuestión de semanas. Habrá una página web pública y abierta, a la que los interesados podrán recurrir para conocer la localización casi exacta de cada fosa. A día de ayer estaban perfectamente registradas 1.793 excavaciones. Tan localizadas como para saber su latitud y longitud exactas. La web no facilitará esas coordenadas para evitar problemas, porque algunas de esas fosas están ubicadas en fincas o propiedades privadas. Pero sí se detallarán los municipios.

El dato final del mapa de fosas ascenderá algo sobre esa cifra, porque faltan por cerrar con las asociaciones de memoria algunas excavaciones de Cataluña y Andalucía. Pero con esas comunidades no está habiendo ningún tipo de problema de colaboración. Y en este asunto, después de varios años de debate y retrasos en el cumplimiento de la ley, lo que se pretende ahora es primar el rigor antes que la precipitación.

Los problemas se están registrando con las comunidades gobernadas desde el PP. El pasado 25 de enero, Justicia firmó convenios específicos de colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura y el País Vasco.

En el ministerio lamentan la nula cooperación hasta ahora de los Ejecutivos autonómicos del PP. Tanto cuando se les ofreció firmar los convenios de colaboración para el mapa de fosas como cuando se les requirió para suscribir el protocolo de exhumaciones, ninguna de las comunidades gobernadas por el PP siquiera contestó. Y especialmente significativo ha sido el desinterés del Ejecutivo de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre. En este caso, han sido las asociaciones de memoria histórica en esta región las que han facilitado datos más o menos precisos de más de 40 localizaciones.

“No se trata de exhumar la venganza, sino de reparar el daño que se haya podido causar”, ha subrayado Francisco Caamaño para justificar la aceleración que se quiere imprimir ahora a estas actuaciones, tras unos años de titubeos y de diferentes posiciones internas en el Gobierno. Y también para negar cualquier interés electoral o partidista, como el que ayer mismo le achacó la secretaria general de PP. María Dolores de Cospedal acusó en la Cope al Ejecutivo de “abrir heridas para sacar votos”. Y remachó: “Quizá una movilización ideológica de su electorado, volver a hablar de los unos y los otros, y volver a hablar de la Guerra Civil y de los de un lado y de los del otro, le puede dar rentabilidad política a Zapatero”.

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Aguirre pone su Gobierno “a disposición de las víctimas, también de las del franquismo”

Rifirrafe entre el PSOE y el PP en el Pleno por las calles franquistas

La Comunidad de Madrid no asumirá el coste de abrir fosas comunes

Amnistía y memoria histórica

RAMÓN JÁUREGUI El País – 21/04/2010

No hablaré de Garzón. Simplemente diré que sus excesos procesales no debieran ser considerados como prevaricación y que espero su absolución. Pero su persecución judicial por los falangistas a propósito de los desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil, está removiendo los delicados mimbres de nuestra Transición y, por tanto, las bases de nuestra exitosa reconciliación nacional, además de suscitar un debate jurídico sobre nuestra Ley de Amnistía, de incierto y preocupante recorrido.

Algunas precisiones sobre el tema me parecen necesarias. El deseo de construir una democracia reconciliada sobre la base del perdón de todos y a todos, implícita en la Ley de Amnistía de 1977, responde a una voluntad inequívoca y unánime del pueblo español. Pretender revisar esa decisión en base a que fue tomada bajo la presión de poderes fácticos de aquel tiempo, equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida nuestra Constitución. Compararla con leyes de punto final de las dictaduras chilena o argentina, es equiparar situaciones muy diferentes, entre otras cosas, porque hubo una guerra civil previa a la cruel represión franquista.

Admitir la investigación judicial de nuestro pasado, aunque sólo sea como indagación de la verdad, tiene consecuencias jurídicas inevitables e imprevisibles y no es posible poner una raya que limite la retroactividad de los hechos perseguibles por su carácter de delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Quienes defienden la nulidad de la Ley de Amnistía o su marginación jurídica a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado, tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.

A esa situación precisamente hizo frente la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, una ley que partía del hecho de reconocer que, aunque durante años la democracia española había ido compensando a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones, era evidente también que quedaban pendientes muchas situaciones inatendidas que golpeaban nuestra memoria y nuestro sentido de la justicia con reclamaciones inaplazables: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; la indemnización a las víctimas del tardo-franquismo que murieron en la defensa de derechos democráticos luego reconocidos por nuestra Constitución, etcétera. A todas ellas quisimos dar respuesta con una ley a la que, desgraciadamente, no se sumó el Partido Popular, pero que bien podría inscribirse entre las disposiciones que la democracia española ha ido adoptando en el contexto de nuestra reconciliación nacional.

Algunos círculos sociales y políticos de hoy se lamentan de este espíritu con el que la democracia española ha ido abordando este delicado asunto y lo cuestionan abiertamente. No son pocos los jóvenes que nos reprochan la Transición y nos exigen mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. La aplicación de razonamientos actuales al pasado y a contextos olvidados y desconocidos produce lamentables conclusiones. No excluyo la autocrítica, pero lamento que olvidemos que el éxito de España en estos últimos 30 años se cimentó precisamente en la construcción de un espacio de convivencia en el que cabemos todos los españoles, al margen de nuestra adscripción ideológica y de nuestra procedencia de un pasado que nos había dividido tan trágicamente. Fue el reconocimiento de la existencia del otro, con los mismos derechos que los nuestros, lo que fundó la tolerancia de la libertad que disfrutamos. Como en el verso de Machado: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas / es ojo porque te ve”. Mantener viva nuestra memoria histórica, la de cada uno y la de todos y ser consecuentes con ella, no debiera ser incompatible con los principios que hicieron posible nuestra transición a la democracia, ni con los valores constitucionales sobre los que se construyó, ni con las leyes que la hicieron posible, incluida la de Amnistía por supuesto.

Ramón Jáuregui es diputado socialista al Parlamento Europeo.