El Poder Judicial permite a Garzón trabajar en La Haya

La comisión permanente del CGPJ no concede al juez los servicios especiales que pidió y opta por un polémico y confuso acuerdo

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID – Público – 18/05/2010 20:49 Actualizado: 19/05/2010 02:47

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) optó ayer por un acuerdo polémico y confuso por el que autoriza al juez Baltasar Garzón a “prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional“, pese a haber sido suspendido de sus funciones jurisdiccionales el viernes. La resolución ni siquiera menciona la situación en la que el juez pedía ser declarado (en servicios especiales), lo que le permitía conservar su plaza en la Audiencia Nacional.

La decisión se adoptó con los votos del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, el primero nombrado a propuesta del PP y la segunda, del PSOE. Los otros dos miembros de la permanente, Antonio Dorado y Almudena Lastra, anunciaron sendos votos particulares.

Todos los informes recabados por la permanente eran favorables a la petición del juez Garzón. Pero el determinante para formular técnicamente la autorización fue el del secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, que entendía que los servicios especiales eran incompatibles con la suspensión cautelar de funciones en la que se encuentra Garzón desde el pasado día 14.

Tras regresar de Burgos, donde celebraron la reunión semanal de la permanente, sus cinco miembros volvieron a citarse en Madrid a partir de las 19.30 horas. El acuerdo alcanzado repasa el caso de Garzón, es decir, la suspensión en la que se encuentra y los informes favorables emitidos por “la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores”, a petición de la permanente reunida el pasado viernes.

El acuerdo de la permanente dice textualmente: “La comisión permanente acuerda participar a Baltasar Garzón Real, así como a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que desde el punto de vista orgánico, no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, y en consecuencia, la comisión permanente permite tal contratación”.

No resuelve lo solicitado

Tanto Almudena Lastra como Antonio Dorado discrepan de la mayoría, porque entienden que la permanente no resuelve lo solicitado, que es la declaración en servicios especiales. La primera, nombrada a propuesta del PSOE, cree que no hay inconveniente legal para conceder esta situación, como la Fiscalía General del Estado informó ayer al respeto en un extenso dictamen. Antonio Dorado, designado a propuesta del PP, dice, en cambio, que la comisión ha negado la declaración en servicios especiales, por lo que el “acuerdo debería limitarse a esta declaración, sin perjuicio de que una nueva petición de Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser estimada”.

Fuentes del Consejo indicaron que con este acuerdo Garzón no pierde su plaza en la Audiencia Nacional. Y se dará la paradoja de que compatibilizará el sueldo base que percibe estando suspendido con lo que cobre en la Corte Penal Internacional, porque implícitamente la permanente está permitiéndole la compatibilidad de ambas situaciones.

Otras fuentes señalan que en vez de dar una solución a Garzón, la permanente le ha planteado un nuevo problema, fiscal, porque cobrar ambas remuneraciones es incompatible. Añaden que la compatibilidad de los jueces sólo está prevista para la docencia, por lo que el acuerdo podría acabar forzándolo a pedir una excedencia.

* * * * * *La Fiscalía y el Supremo no ven impedimento en el traslado de Garzón a La Haya

Un vocal del Consejo impugna varias decisiones contra Garzón

Gómez Benítez ve ilegal la actuación de la Permanente

JOSÉ A. HERNÁNDEZ El País17/05/2010

Hay serias dudas sobre la legalidad de lo que hicieron el pasado viernes los cinco miembros de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial. El vocal progresista José Manuel Gómez Benítez presentará hoy ante el Consejo un escrito en el que impugna el acuerdo adoptado el viernes por la Permanente de solicitar cinco informes a diferentes organismos para que se pronuncien sobre la solicitud de Garzón para irse en comisión de servicios como asesor externo de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI). Gómez Benítez, vocal y catedrático de Derecho, señala que, para estos casos, el Consejo tiene “su propio órgano consultor”, que no es otro que “la Comisión de Estudios e Informes” del Consejo, que él preside. Y añade que lo que hizo el viernes la Permanente “carece de todo respaldo legal”.

En su escrito, Benítez exige que se otorgue ya, sin más demora, el permiso al juez Garzón para irse a La Haya. Y, entre otras cosas, considera “ridículo” que esa comisión pida al TPI que certifique si el puesto de Garzón en este organismo lleva aparejada “inmunidad”. Es notorio que Garzón actuará como asesor externo, lo que no implica inmunidad, sostiene Gómez Benítez.

En un sector de las filas progresistas del Consejo, más dividas y enfrentadas que nunca, se ha instalado la indignación por la actuación de sus dos representantes en la Comisión Permanente, Almudena Lastra y Margarita Robles, y también por la actuación de otras vocales del grupo progresista que hicieron todo lo posible porque Garzón fuese suspendido antes de que se estudiase el permiso.

Asimismo, fuentes del sector progresista del Consejo aseguran que la Permanente -con el presidente Carlos Dívar a la cabeza, “como gran urdidor”- carecía de facultad para redactar el escrito de suspensión del juez, tarea que, señalan, era competencia pura del pleno. Además, cuestionan la intervención en esa comisión de Robles, dado que “estaba recusada” por Garzón (y ella se había abstenido).

El CGPJ convoca un pleno extraordinario el viernes para decidir si suspende a Garzón

El Consejo solicita información sobre la misión que desempeñará el magistrado en el Tribunal Penal Internacional

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ El País12/05/2010

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) ha convocado un pleno urgente para el próximo viernes, día 14, a petición de siete vocales, con un único punto del día: decidir si suspende al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según ha informado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo. Los miembros del pleno examinarán el auto que hoy ha dictado el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, en el que ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

La decisión de Varela se ha interpretado como un intento de impedir que el magistrado de la Audiencia Nacional se traslade al Tribunal Penal Internacional durante los próximos siete meses, como solicitó ayer. Precisamente, los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ se habían reunido hoy para examinar la petición de Garzón, que finalmente han admitido a trámite.

Sin embargo, lo más probable es que Garzón sea suspendido antes de que la Comisión Permanente pueda estudiar la solicitud del juez. Durante la reunión, los miembros del CGPJ han acordado requerir información a la Corte de la Haya para que concrete la misión que ejercerá allí el magistrado como adjunto de la fiscalía. Además, han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que valore la conveniencia para España del traslado de Garzón.

Preguntada sobre si se puede permitir el traslado de Garzón a la Haya si es suspendido, Gabriela Bravo ha contestado que todas estas cuestiones las tendrá que dilucidar el pleno.

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Auto de apertura de juicio oral contra Garzón (causa del franquismo)

El derecho a ser llorados

JOSEP RAMONEDA – El País –  18/04/2010

Convertir a los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Por esto resulta irritante el procesamiento de Garzón por su intento de reconocer y dar reparación a las víctimas del franquismo. Están convirtiendo el pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimiento a las víctimas y de blanqueo del franquismo. El espíritu de la transición era avanzar hacia adelante desde la exigencia moral de no volver nunca a un enfrentamiento como la Guerra Civil. Para ello, se pactó una amnistía que protegiera a todos los potenciales protagonistas del cambio, los que venían del franquismo y los que venían de la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado. Era, simplemente, aplazar el duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y su equilibrio. Con paciencia, se dejaron pasar los años, pero el tiempo de silencio no podía ser indefinido. Algo falla en la democracia española si, a estas alturas, todavía los verdugos pasan por delante de las víctimas.

Resulta difícil de entender la extraña alianza que se ha trenzado entre la ultraderecha, la derecha y un núcleo muy concreto de la izquierda judicial. Y es inquietante el papel de un Gobierno (con algún portador del virus antiGarzón incrustado) que, amparándose en la no intromisión entre poderes, deja hacer, olvidando que no estamos ante un problema judicial sino político y que será el Gobierno el que tendrá que lidiar con las consecuencias internas y con el descrédito internacional que provocaría una sentencia condenatoria. La prensa extranjera no puede entender que España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hecho ya otros países, como Chile y Argentina. Lo decía The New York Times: “España necesita una explicación honesta de su pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla”.

El Consejo General del Poder Judicial -a petición de parte: el juez empeñado en cargarse a Garzón- descalifica las críticas. El Poder Judicial es tan susceptible de ser criticado como cualquier otro. En democracia nadie, ni siquiera los jueces, está por encima de la libertad de expresión. Y es especialmente grave que el Poder Judicial pretenda limitar algunas expresiones, porque es el único poder del Estado que no tiene otro control que el de la opinión pública. Al Poder Ejecutivo lo controla el Legislativo, al Legislativo lo controla el ciudadano, que tiene la capacidad de cambiar las mayorías con su voto, a ambos los controla el Poder Judicial y, desde lejos, la opinión pública. El Poder Judicial se controla a sí mismo. Por lo menos, que aguanten los envites que puedan venir de la opinión pública.

La derecha, que desde el caso Gürtel va a por todas contra Garzón, habla de las críticas a los jueces que le han de juzgar como un atentado a la democracia. La libertad de expresión nunca atenta contra la democracia. Lo que sí atenta contra la democracia es el querer escapar a ella. A la derecha el cuerpo le pide pelea contra Garzón, pero puede salir trasquilada: conseguirá movilizar a una izquierda que estaba muy desactivada.

Si el primer principio de la Justicia, como dice Amartya Sen, es actuar contra la injusticia flagrante, en este caso hay una clara inversión de los valores: una presunta injusticia -querer enjuiciar a los verdugos con una interpretación de la ley que algunos jueces consideran inapropiada- se utiliza para tapar una flagrante injusticia -la negación del reconocimiento a las víctimas del franquismo-.

La justicia tiene un marco y un contexto. Se ejerce en una comunidad con unos valores determinados y con un trayecto histórico. La norma legal no tiene la asepsia de un teorema. El que la interpreta debe saber encontrar el equilibrio entre el texto y el contexto para actuar con equidad. Y la equidad dice que la injusticia flagrante no se está cometiendo con los verdugos -que salieron de rositas de esta historia- sino con las víctimas. La justicia no puede decidir que hay víctimas que no tienen derecho a ser lloradas, para decirlo con la expresión de Judit Butler.

La imagen liberal de España va a retroceder varios escalones en el mundo, porque es difícil entender que a estas alturas el franquismo aún tenga protección y los que lo denuncian aún tengan que pagar por ello. Creo que la prensa internacional lleva razón: la democracia española sigue cojeando porque una parte de este país todavía no puede admitir la realidad del franquismo.

El Poder Judicial duda si el auto de Varela implica apartar a Garzón

Los vocales progresistas dan tres nombres para la Sala Tercera del Supremo

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ El País16/04/2010

Las aguas judiciales siguen convulsas. Con el telón de fondo de las críticas y manifestaciones ante las querellas que tramita el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar juez Garzón, los vocales del sector progresista del Consejo del Poder Judicial, con tres ausencias, se reunieron ayer para perfilar su estrategia con vistas a su sesión plenaria del próximo día 22. Apenas se habló de Garzón. Pero porque no hay certidumbre de que en el pleno de ese día el Consejo debata si suspende o no al magistrado a la vista del auto del juez del Supremo Luciano Varela en el que dictamina que “ha lugar a proceder” contra el magistrado por su actuación en las diligencias contra las víctimas del franquismo.

La duda entre algunos vocales progresistas es de interpretación: es decir, si la indicación de Varela de “ha lugar a proceder” es suficiente o hay que esperar a que la resolución, recurrida por el magistrado ante la Sala de lo Penal, sea firme. De todas formas, no está claro que el Consejo aborde este asunto el día 22, ya que el Supremo aún no le ha remitido oficialmente el auto de Varela.

La remisión del auto es una facultad del presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y éste no ha remitido nada aún, según fuentes del Consejo. Quizás, interpretan estos medios, porque entiende que hay que esperar a que haya un auto firme de apertura del juicio oral. Por tanto, y salvo que el auto llegase hoy, o el lunes, el asunto Garzón no llegaría al pleno del día 22. Y es que, legalmente, el orden del día debe estar configurado con 72 horas de antelación y sólo una decisión unánime de todos los vocales a favor de incorporarlo sobre la marcha salvaría este obstáculo.

Pero no es fácil hallar unanimidades en este Consejo, y menos en un asunto tan espinoso. Así, la eventual suspensión del magistrado tendría que esperar al siguiente pleno, a finales de mayo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también salió ayer en defensa de los jueces del Supremo frente a las “intolerables” críticas que está recibiendo este alto tribunal por el asunto del juez Baltasar Garzón. Sin mencionarlo, era una clara alusión al acto celebrado esta semana en la Universidad Complutense de Madrid.

Conde-Pumpido defendió la “amplia libertad de expresión” que existe en España pero señaló que las críticas que se están excediendo de lo razonable. A renglón seguido volvió a insistir en que, a su juicio, Garzón no prevaricó en su actuación indagatoria sobre los crímenes del franquismo y que su departamento mantendrá que no debe sentarse en el banquillo.

También terció en la polémica Gregorio Peces-Barba, que fue presidente de las Cortes y que anoche participó en un acto en la Residencia de Estudiantes. Peces-Barba, que considera que Garzón “no es un prevaricador”, demandó a los jueces “respeto por la ciudadanía y por lo que supone la memoria histórica”.

La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, también criticó las presiones al Tribunal Supremo. “Los ciudadanos de un país democrático tienen derecho a manifestarse y además a ejercer su libertad de opinión, pero lo que no podemos tolerar”, explicó, “son los ataques sistemáticos a las Instituciones, y en este caso al máximo órgano del poder judicial, como es el Tribunal Supremo”.

Lo que sí hizo ayer el grupo progresista del Consejo fue hablar de la vacante en la presidencia de la Sala Tercera del Supremo. Vocales consultados coinciden en que los siete jueces aspirantes son “muy buenos”. Y avanzaron que es probable que en el pleno del día 22 haya un acuerdo entre progresistas y conservadores sobre el sustituto de Ramón Trillo al frente de esta Sala, que es la que lleva los pleitos entre los ciudadanos y la Administración. E incluso los recursos contra las propias decisiones del Consejo.

Pero los recelos en el sector progresista siguen a flor de piel. Un hecho ha enrarecido el ambiente. Hace cuatro días, la Comisión de Calificación del Consejo decidió, por tres votos a favor y dos votos particulares en contra (los del progresista José Manuel Gómez Benítez y el conservador Claro José Fernández) elevar al pleno, sin extraer ninguna terna, a los siete jueces que se postulan para el cargo. Dado que uno de los que apoyaron esta propuesta fue el progresista Félix Azón, delfín de Margarita Robles, se pensó que podía tratarse de una jugada más de Robles para colocar a uno de sus amigos, en concreto a José Manuel Bandrés, en la presidencia de la Sala Tercera, en la que estará Robles cuando expire su mandato en el Consejo. Pero no. El grupo progresista descartó ayer a Bandrés por su “juventud” y se decantó porque el nuevo presidente sea alguno de los siguientes jueces: José Manuel Sieira o Fernando Montalvo, ambos progresistas. La opción de los conservadores es Ricardo Enríquez. A los progresistas, sólo como última opción, no les parecería mal Enríquez.