Sinfonía de maldad

JULIÁN CASANOVA El País – 23/05/2010

El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia “superar” aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.

Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.

En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.

Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.

La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.

Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

El último listado de presos políticos

Las sentencias del Tribunal de Orden Público (TOP) recopilan las historias de más de 10.000 hombres y mujeres

PEDRO ÁGUEDA – Público – 19/05/2010

Carmen, esposa del histórico Sánchez Montero.G. DEL RÍO

Carmen, esposa del histórico Sánchez Montero.G. DEL RÍO

Ángel se quedó sin trabajo en 1969. Tenía 17 años y fabricaba carburadores en un polígono industrial de Madrid. “Ausencia injustificada”, decía la carta de despido que llegó a su casa. Tres días llevaba sin aparecer por el tajo. No podía, lo estaban moliendo a palos en la Brigada Político Social para ver si cantaba el nombre de algún compañero de las entonces incipientes Juventudes de Comisiones Obreras de San Blas. El patrón que firmaba la carta era el mismo que lo había delatado.

Y Ángel Jurado, Andrés para la clandestinidad, contaba ayer el asunto del despido como “una anécdota”, sin atisbo de rencor en su rostro, por el que tampoco asomaba el orgullo que debía sentir por haber traído la democracia a este país. Porque eso es lo que hicieron los más de 10.000 hombres y mujeres que aparecen en las sentencias del Tribunal de Orden Público (TOP), recopiladas ahora por la Fundación de los Abogados de Atocha en un CD que permite buscar a los protagonistas a través de treinta buscadores. Porque, como reconoció ayer en la presentación el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, “debajo” de todas las lecturas políticas que se han hecho están todos aquellos que hicieron la Transición a pie de calle y en los calabozos de la Puerta del Sol. Invitado por ser la versión democrática de los ministros de Gobernación, Rubalcaba dijo que fueron aquellos estudiantes, trabajadores, abogados, profesores y artistas, juzgados y condenados por el TOP, los auténticos “héroes de nuestra democracia”.

Silencio, pero no olvido

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma accidentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerla y no había que arrepentirse, pero del silencio al olvido sólo hay dos pasos y sería pernicioso que algunos los dieran”. La cita es del jurista Francisco Tomás y Valiente y fue utilizada por Rubalcaba para explicar el sentido de la obra presentada por la Fundación.

El magistrado Juan José del Águila y los catedráticos José Gómez Alén y Rubén Vega han recopilado las 3.797 sentencias dictadas por el TOP entre 1964 y 1977, con excepción de las del primer trimestre de 1972, que se han perdido. “Era imposible ser sindicalista y no estar en el TOP. Sólo había un sindicato (legal)”, contó ayer Cristina Almeida, una de aquellas abogadas. Almeida dio un salto a la actualidad: “No quiero echar más lágrimas por ver al juez Garzón perseguido por el sindicato Manos Limpias o, mejor dicho, manos sucias. Tampoco por quienes no pueden desenterrar a sus familiares y hacerles un monumento”.

Al terminar el acto, José Luis Ballesteros se quejaba con amargura: “Ha venido Rubalcaba, que no quiso dejar en pie la cárcel de Carabanchel”, símbolo de la represión franquista. Allí fue a dar con sus huesos José Luis, tras un juicio militar, y muchos de los condenados por el TOP, incluido Ángel. Tenía diecisiete años entonces y pasó tres meses en el talego. Y al salir de la cárcel, en paro.

Del TOP al Supremo

La gran mayoría de jueces y fiscales del franquista Tribunal de Orden Público fue promocionada en democracia

PERE RUSIÑOL MADRID – Público – 16/05/2010

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario  durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. - EFE

José Francisco Mateu Cánovas (de espaldas) escucha al secretario durante su toma de posesión como presidente del TOP, en 1968. – EFE

El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar, gritó: “¡Me cago en Franco!”.

Gabriel García Márquez aún no había inventado su estirpe Buendía, pero el personaje homónimo le hubiera podido servir de inspiración para encarnar el realismo mágico. El problema es que el ataque de sinceridad fue real y a Timoteo le costó muy caro: fue condenado a diez años de cárcel.

Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 incluida la célebre 1.001, que en 1972 condenó a la dirección en pleno de CCOO antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.

La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando ultra en 1977, ha editado ahora un CD que recoge todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.

“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación. La presentación será el martes en la sede de CCOO en Madrid y está anunciada la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El mes pasado, ya en plena ofensiva contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar el franquismo, el TOP volvió a las primeras páginas. Lo citó en el acto de la Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo: “El auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años”, dijo.

El CD que se presenta el martes muestra hasta qué punto fue implacable el TOP: el 74% de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.

Identificación total

Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.

Las peculiaridades de la Transición, pilotada por los sectores aperturistas del franquismo y pactada con la izquierda reformista, permitió que los magistrados y fiscales del TOP encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No sólo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático, sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63% del total fueron en democracia magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen, que también sobrevivió a la democracia.

“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo. Él mismo forma parte de la sala que juzgará a Garzón, pero al ser emérito no puede participar al tratarse de una causa especial.

El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País, donde recalaron varios periodistas condenados por el infausto tribunal.

La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.

Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.

De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.

Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.

Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.

Contra la desmemoria, repensemos los relatos audiovisuales sobre la historia reciente de España

En el ciclo Narrar la historia se descubre la presencia de una serie de propuestas y de creadores que, al margen de la tendencia general a obviar el pasado durante la década de los noventa, se preocuparon por canalizar un sentimiento que se encontraba abandonado pero muy presente en un sector de la sociedad española.

Uno de los peligros a los que se enfrenta cualquier acercamiento al pasado histórico es la tendencia a perpetuar aquellas perspectivas, juicios e imaginarios que han constituido el centro del discurso mayoritario en torno a determinada época o acontecimiento y a eludir aquellas otras que, por diversos motivos, han permanecido al margen desde sus inicios. Siendo conscientes de este riesgo, determinadas iniciativas provenientes del ámbito cultural y académico se han acercado a algunos momentos de la historia intentando dejar de lado las desatenciones y los maniqueísmos que han regido los discursos predominantes sobre sucesos concretos. Así ocurrió, por ejemplo, con la revisión llevada a cabo el pasado 2008 de las revueltas de mayo del 68 con motivo de su 50 aniversario: frente a ese “escenario generalmente reducido a los iconos de las barricadas, pintadas y manifestaciones estudiantiles”(1) que pobló la mayor parte de los discursos conmemorativos del mayo del 68 francés, los comisarios de una muestra organizada en el Instituto Francés de Barcelona que se podía disfrutar durante el mes de mayo apostaron por el cine declaradamente militante y realizado in situ para aportar una mirada más directa y rigurosa a dicho acontecimiento histórico.

Una motivación similar se aprecia en el ciclo de vídeo y conferencias que la artista Virginia Villaplana programó para el MNCARS (2), que tuvo lugar entre el 22 de febrero y el 26 de marzo, y que podemos interpretar como una respuesta tardía pero, desde luego, muy útil aún al tono exultante de las distintas efemérides celebradas en los últimos cinco años para conmemorar la consecución de la democracia en España. Dicho ciclo, que formaba parte de un proyecto más amplio (en el que se incluía una instalación en la galería Off Limits, un taller, la presentación de una novela y hasta una visita guiada a las fosas de la ciudad de Valencia), se planteó como un espacio de reflexión en torno a uno de los periodos de la historia de España que más relatos míticos ha provocado hasta el momento: la Transición democrática. Su intención fue “centrar la atención sobre las formas de olvido, trauma y narración tomando como caso de estudio la memoria familiar, las formas de resistencia en el relato oral y el documentalismo como práctica artística” (3).

Reproduciendo en parte ese impulso que durante los años setenta llevó a determinados realizadores a ofrecer una visión distinta y, en ocasiones, contrapuesta a la oficial, algunos creadores se han lanzado en los últimos quince años a concebir una serie de relatos audiovisuales que hacen hincapié en las ambigüedades de una memoria que, desde mediados de los años ochenta, se ha visto claramente infravalorada o simplificada. Dichos relatos (algunos de los cuales fueron incluidos en la muestra) se sitúan en las antípodas del modelo que, representado por la serie televisiva La Transición, dirigida por Victoria Prego en 1995, se ha impuesto como predominante en los medios. Si en dicha serie el éxito de la democratización de España se explicaba desde los cambios impulsados por la clase política del momento, en aquéllos se valora como indispensable la disposición renovadora y hasta radical del ciudadano de a pie; si en el primero se optaba por una locución explicativa que aportaba todas las claves necesarias para conocer, de una manera clara y precisa, quiénes fueron los impulsores de ese cambio político y cómo se llevó a cabo, en estas nuevas aportaciones se buscan aquellas zonas de sombra e ideas que contradicen la existencia de una única mirada sobre el hecho histórico, recurriendo principalmente, tal y como deducimos del ciclo que nos ocupa, a la entrevista y a la evocación poética.

Piezas como Abanico Rojo (Pedro Ortuño, 1997) y La tierra de la madre (José Antonio Hergueta y Marcelo Expósito, 1993-94), donde la entrevista es un dispositivo imprescindible, se plantean desplazar los relatos absolutos y cerrados con la inclusión de testimonios diversos -y a veces contrapuestos entre sí- de los “niños de la guerra”; así como con la apertura de varios puntos de fuga que, si bien inciden negativamente en la línea discursiva (en ocasiones da la sensación de que estamos visionando varias películas en una), logran trasladar al espectador la sensación de complejidad que les falta a otros discursos audiovisuales más definidos y acabados. Por su parte, No haber olvidado nada (Marcelo Expósito, Arturo Fito Rodríguez y Gabriel Villota, 1996-97) y Plan Rosebud 1 (La escena del crimen)  y 2 (Convocando a los fantasmas), de María Ruido (2008), denuncian la desmemoria que ha estado presente en los medios de comunicación desde los años posteriores a la Transición y que ha acompañado a los discursos institucionales hasta ahora. Cercanos a una de las tendencias más consolidadas del documental (la que mezcla entrevista con el uso de imágenes de archivo), todos estos trabajos reivindican la importancia del relato particular frente al relato impersonal que suelen presentar los medios para componer un fresco irregular en su forma pero rico en su contenido.

Explotando el poder evocador de las imágenes y de la voz, propuestas como Mortaja (Antonio Perumanes, 1995), Contando con los dedos de una mano (Josu Rekalde, 1996) y Más Muertas Vivas que Nunca (Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, 2002) realizan operaciones más sutiles que entrañan una reflexión sobre el tiempo histórico y el tipo de acceso que se tiene a él. Mortaja se interna en la memoria fragmentaria y plena de detalles de una mujer perteneciente a la generación que vivió la posguerra y que, desde la muerte, lanza sus recuerdos al silencio de un presente desconectado del pasado. Contando con los dedos de una mano hace reflexivo el hecho de narrar una historia mediante el recurso de reducir la puesta en escena a la mínima expresión: los diez dedos de sus manos le sirven al autor para ilustrar de manera metafórica lo que su voz va contando, una historia en la que se remite al pasado reciente (la dictadura y la democracia) y que denuncia la “tiranía de la imagen (y) de las palabras” a la hora de construir relatos sobre el tiempo. Por último, Más Muertas Vivas que Nunca emplea una puesta en escena donde se reproduce a modo de tableau vivant el cuadro La coiffure (El peinado) de 1896 de Degas, acompañada de una lectura en tono subjetivo que remite de manera poética a la experiencia de las mujeres víctimas de la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz en agosto de 1936; el film cuestiona los imaginarios femeninos a la vez que fomenta una reflexión sobre los relatos traumáticos, que suelen acabar convirtiéndose en monumentos, esos lugares donde, según explican los autores, “las víctimas nunca tienen la palabra” (4) . Las tres piezas renuncian a utilizar las formas habituales de representación audiovisual para proponer otro tipo de relación con el pasado; una relación que parte de la conciencia de la dificultad que ésta entraña y que ve en diversas estrategias de extrañamiento la manera de plantear un ejercicio de reflexión en torno a las formas de narrar los hechos del pasado.

En este recorrido se descubre la presencia de una serie de propuestas y de creadores que, al margen de la tendencia general a obviar el pasado durante la década de los noventa, se preocuparon por canalizar un sentimiento que se encontraba abandonado pero muy presente en un sector de la sociedad española. Un sentimiento que, como evidencian esas otras piezas incluidas en el ciclo y de factura más reciente, ha permanecido y quizá hasta cobrado fuerza durante los últimos diez años, cuando éste ha adquirido una visibilidad inusitada en forma, por ejemplo, de relatos audiovisuales que, de manera más o menos interesante, han abordado la memoria y la historia reciente del país (5).

Narrar la historia es una muestra pertinente en cuanto que plantea la necesidad de compilar y mostrar aquellos trabajos que, en parte por su marginalidad, en parte por su novedad, son capaces de cuestionar y hasta enmendar algunas de las fallas en las que han podido incurrir los relatos en torno a la historia reciente de España que han abundado en los medios hasta la actualidad. Un planteamiento que resulta relevante por lo que conlleva de reflexión sobre “la función política de las imágenes, su relación con la historia, y la producción de desmemoria histórica como proceso social y contemporáneo” (6). Cuestiones todas ellas que se han revelado como imprescindibles a la hora de entender la realidad política, social y cultural de nuestro país durante las últimas décadas.

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(1)“Presentación”, David Cortés y Amador Fernández-Savater (eds.), Con y contra el cine. En torno a Mayo del 68, Sevilla / Madrid / Barcelona, Unia Arte y Pensamiento / Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Fundació Antoni Tàpies, 2008, pág. 11.

(2) Motivación que parece justificar la presencia de la única propuesta incluida en el ciclo que no corresponde a las dos últimas décadas: Ocaña. Exposición en la galería Mec-Mec (Video-NOU, 1977), un documento que “muestra un fragmento de la vida contracultural de la Barcelona de la transición democrática” y que aporta la memoria personal del transgresor artista. Ésta puede ser interpretada como el lugar desde el que desea partir el ciclo: el de aquellos relatos situados en los márgenes del discurso histórico que surgieron directamente del encuentro con “la calle” durante los años setenta y principios de los ochenta.

(3) Cuadernillo que complementa el proyecto, MNCARS, 2010.

(4) Ver nota anterior.

(5) Podemos mencionar, entre otros, Los niños de Rusia (Jaime Camino, 2001), La guerrilla de la memoria (Javier Corcuera, 2002), Así en la tierra como en el cielo (Isadora Guardia, cortometraje, 2002), Entre el dictador y yo (VV. AA., 2005), El tren de la memoria (Marta Arribas y Ana García, 2005), Bucarest, la memoria perdida (Albert Solé, 2008) y Nadar (Carla Subirana, 2008). Una aproximación a las estrategias de rememoración empleadas en estos trabajos podrá encontrarse en el texto “Hacer visible el trauma: la invocación de la memoria en la producción documental desde los años setenta en España”, que aparecerá publicado próximamente en el n.º 31 de Secuencias. Revista de Historia del cine, monográfico dedicado a las relaciones entre el cine y la memoria (traumática).
(6) Ver nota 3.

Perdonar no es olvidar

NATALIA RUPÉREZ El País06/05/2010

Los sacaron de sus casas. Fueron vilmente asesinados sin ningún tipo de explicación ni juicio previo alguno y los sepultaron bajo tierra para que se los tragara el olvido. Eran gente normal, como cualquiera de nosotros, trabajadores, campesinos, padres de familia. Su único delito fue simpatizar con un régimen legal y democráticamente establecido por las urnas. No se dignaron tan siquiera ni a decirnos dónde estaban. Tuvimos que buscar para poder encontrarlos y desenterrarlos de cunetas y tapias de cementerios. A muchos hoy seguimos sin poderlos localizar. Pero un controvertido juez intenta ayudarnos a encontrar a los que todavía quedan desaparecidos. Él ha querido llegar adonde la Ley de Memoria Histórica no se atreve: a 70 años de silencio, de mentiras, de olvido de parte de la historia de nuestro país y de la nuestra. Pero este juez se ha tropezado con los herederos de aquellos asesinatos y ahora es a él al que quieren eliminar. Y nos piden que callemos por el bien de lo que se llamó “una buena y ejemplar transición”. Pero ¡perdonar no es olvidar!, ¡ni tampoco callar!

¿La amnistía contra la Constitución?

JAVIER PRADERA El País – 05/05/2010

Cualesquiera que sean sus auténticas motivaciones (reivindicar sinceramente a las víctimas del franquismo o replantear hipócritamente las reglas de juego político), las iniciativas para invalidar la Ley de Amnistía de 1977 han pasado a formar parte de las corrientes revisionistas de la Transición. La teoría según la cual la amnistía habría sido la formalización jurídica de un pacto político de silencio sobre los crímenes del franquismo suscrito por la oposición, atemorizada y empequeñecida ante los herederos de la dictadura, no es sólo una vileza moral para los derrotados en la Guerra Civil y los opositores que poblaron las cárceles de la dictadura; también pone al descubierto la ignorancia de los forjadores de la fábula. Esa peregrina tesis sólo podría ser tomada seriamente en algún debate entre las dos ramas más frikis del revisionismo histórico sobre la Guerra Civil: la escuela de historiografía policial acaudillada hoy -nunca mejor dicho- por Pío Moa y la cuadra de publicistas que niegan el carácter democrático del sistema político actual y lo consideran franquismo disfrazado.

Al mismo registro de simplezas derogatorias pertenece la elevación a categoría jurídica de ley preconstitucional la obvia constatación cronológica de que la amnistía de 1977 abrió la actividad de las Cortes que se cerraron con la aprobación de la Constitución de 1978. La fraudulenta equiparación entre la Ley de Amnistía, promulgada por el primer Parlamento democrático elegido tras cuatro décadas de dictadura, y las auto-amnistías autocráticas (Franco amnistió en 1939 los delitos políticos por afinidad con el Movimiento Nacional entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936) injuria a los diputados que la votaron y falsea la historia de su elaboración. La amnistía fue una iniciativa de los partidos recién salidos de la clandestinidad boicoteada por los nostálgicos del franquismo. Sin la amnistía de 1977 no existiría la Constitución de 1978: forma parte de su génesis y empapa su articulado. La reconciliación entre vencedores y vencidos fue el cimiento de una Constitución que descansó por vez primera en la historia de España sobre el consenso social.

Otras circunstancias, fuera de la estupidez o la mala fe, ayudan a entender -aunque no a justificar- esa inesperada puesta en la picota de la Ley de Amnistía de 1977. Durante las dos décadas siguientes a la Transición española, en el marco de Naciones Unidas se aceleró el proceso de codificación de los instrumentos del Derecho Penal Internacional que castigan y consideran imprescriptibles las más graves violaciones de los derechos humanos. Los tribunales especiales sobre los crímenes en Ruanda y la antigua Yugoslavia anunciaron la Corte Penal Internacional. Los responsables de algunas feroces dictaduras latinoamericanas pagaron parcialmente sus culpas. De manera ilógica, los contornos aún brumosos de ese nuevo Derecho Penal Internacional convencional o consuetudinario en proceso de formación están siendo utilizados inadecuadamente para impugnar la validez de la Ley de Amnistía; la excelente monografía de la profesora Alicia Gil Gil sobre La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica (Atelier, 2009) demuestra, sin embargo, la inaplicabilidad de esos recientes desarrollos a los hechos de la Guerra Civil española.

Los horrores de la primera mitad del siglo XX sensibilizaron a la opinión pública mundial a favor de la defensa de los derechos humanos. Entre el final de la II Guerra Mundial y el Estatuto de Roma fueron aprobados numerosos convenios preventivos y sancionadores de crímenes susceptibles de persecución universal. Los Estados firmantes de esos tratados vinculantes para el futuro están obligados, sin embargo, a respetar los principios de legalidad penal, prescripción de los delitos e irretroactividad de las normas desfavorables respecto a los hechos producidos con anterioridad al momento de la adhesión. En octubre de 1977, España no había tipificado penalmente ni declarado imprescriptibles en su derecho interno los delitos de lesa humanidad ahora incorporados al artículo 607 bis del Código Penal. Mal hubiese podido la Ley de Amnistía exceptuarlos de su ámbito pese a quienes desean derogarla precisamente por no haberlo hecho.

Ecos de la transición en Washington Square

Tres jornadas celebradas en la New York University evocan el gran cambio político y social

ANDREA AGUILAR El País30/04/2010

El escritor Antonio Muñoz Molina- JORDI SOCÍAS

Reunir a algunos de testigos y actores de la Transición y escuchar sus recuerdos y testimonios en primera persona, sin quedar enredados en largas conferencias académicas. Esto es lo que se propuso el novelista Antonio Muñoz Molina cuando decidió organizar El presente del porvenir, unas jornadas celebradas la semana pasada en el King Juan Carlos I Center de la Universidad de Nueva York, patrocinadas por la Fundación Pablo Iglesias, el Consulado de España y el Instituto Cervantes.

“Como español de ida y vuelta, a medio camino entre Nueva York y Madrid, soy muy consciente de los lugares comunes y los estereotipos con que muchas veces se mira desde aquí la realidad española”, explicó Muñoz Molina en las palabras de introducción. En su lucha contra el cliché ha querido enseñar al público “cómo España cambió, el salto tan grande que dio nuestro país”, añade en conversación telefónica. Estructuradas en tres bloques, las jornadas arrancaron el pasado martes con las intervenciones de Salvador Clotas, presidente de la Fundación Pablo Iglesias, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y la periodista Adela Gooch que ocupó durante varios años la corresponsalía en Madrid del diario The Guardian.

“Se habló de la Ley de Amnistía y cómo fue aprobada no para olvidar sino para poder convivir”, dice el novelista. “Nadie olvidaba nada, pero había que dejar en suspenso una parte del pasado. Tanto la vicepresidenta como Virgilio Zapatero [en su intervención posterior] recordaron que aquella ley fue una exigencia de la izquierda no una graciosa concesión de la derecha”. El miércoles el catedrático de Historia, Santos Juliá, y el profesor de la Universidad de Pensilvania, Mauro Guillén, hablaron acerca de los rápidos cambios políticos y económicos que atravesó el país tras la muerte de Franco. En un coloquio posterior Manuel Marín evocó sus recuerdos de las negociaciones para el ingreso de España en la UE. Ayer estaba previsto que se celebrara un debate entre la novelista Elvira Lindo, la presidenta de UNIFEM Inés Alberdi y el sociólogo Fernando Vallespín sobre el avance social que ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas, y la incorporación de las mujeres a la escena pública. La última intervención programada fue la del vicepresidente del gobierno socialista desde 1982 hasta 1991, Alfonso Guerra.

Dice Muñoz Molina que la tensión entre las leyendas, los tópicos y la realidad siempre existe. Por eso importante hacer memoria y compartirla. “El tránsito de la dictadura a la democracia no fue una concesión despectiva de los herederos del franquismo a unas fuerzas democráticas impacientes por rendirse, sino el resultado de una enorme y duradera movilización popular y de un esfuerzo admirable de muchas personas de posiciones políticas muy diversas por encontrar un espacio común de convivencia en libertad para la inmensa mayoría. De aquel porvenir que nadie imaginaba vino este presente en el que se encuentra ahora España”, afirmó el novelista.

La resistencia a conocer el pasado

VICENÇ NAVARRO – blog Dominio Público – 29 Abr 2010

04-29.jpgLa movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10),  “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

Amnistía a los franquistas

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR – El País –  27/04/2010

Estamos dispuestos a pulverizar nuestros logros cualesquiera que sean, parecemos imbuidos del entusiasmo por el desastre, vamos encaminados hacia el triunfalismo de la catástrofe, que el fatalismo considera inscrito en el ADN de nuestra historia. Incapaces de concedernos la más mínima tregua para asimilar éxito alguno, después de haber servido de modelo a tantas otras transiciones de países europeos y americanos, ahora, agarrados a las vicisitudes que afectan al juez campeador Baltasar Garzón, se diría que por fin nos mostramos todos decididos a abominar de aquel periodo en el que los españoles decidimos reconciliarnos. Lo hicimos contra todo pronóstico y para desdicha de los hispanistas, dispuestos a narrar de nuevo nuestras desventuras guerracivilistas y obtener así valiosos méritos académicos y lucrativos éxitos editoriales.

La salud de Franco entraba en barrena. Pero aún con fuerzas para dar el enterado a los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, uno de sus últimos actos conscientes. Revalidaba así el prestigio del terror que había sido cimiento y referencia de aquel régimen. Era también en el ámbito personal el regreso a los orígenes, la recuperación del arte de fusilar, que ensayó por vez primera en la Legión, al ejecutar a uno de los que instruía en 1920. Expertos de diferente extracción pensaban, conforme a la inercia de tantos desatinos, que se desatarían nuestras pasiones mediterráneas, que prevalecería nuestra exasperación unamuniana y brindaríamos un nuevo espectáculo de enfrentamiento cainita. Pero los españoles dimos la sorpresa y adoptamos el comportamiento frío propio de los ribereños del Báltico. Optamos por el discurso del método, convencidos de que el procedimiento prejuzga el resultado.

El bando franquista ya se había escindido como reacción a lo sucedido en Portugal con la caída del salazarismo. Cundió el espíritu de concordia, quienes sostenían posiciones políticas antagónicas hicieron esfuerzos permanentes para ponerse en los zapatos de sus adversarios y así se hizo posible la primera convocatoria de elecciones generales con todos los partidos y sindicatos dentro de la Ley y se formaron las Cámaras que aprobaron la amnistía de “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (Ley 46/1977 de 15 de octubre). Una amnistía que extendía y completaba las medidas anticipadas en dos Reales Decretos Leyes de 30 de julio de 1976 y de 14 de marzo de 1977 y que ahora se pretende invalidar como si hubiera sido consecuencia de imposiciones de unos sobre otros. Sucede que la reconciliación ya la planteó el Partido Comunista en 1956 y que la amnistía era el estribillo de todas las demandas políticas a partir de esa fecha.

Recuerdo una ocasión del pretérito imperfecto, cuando en 1968 el entonces secretario general de los Sindicatos Verticales, Rodolfo Martín Villa, presentó en Mayte Comedero la nueva Ley Sindical. Los periodistas echaban a faltar una amnistía rehabilitadora de todos los enlaces sindicales electos que habían sido desposeídos de sus cargos por aplicación de un decreto despótico de 1942. Martín Villa reiteraba al responderles su preferencia por mantenerse abierto en la ley y conservador en las personas. Un buen amigo, al que le correspondió intervenir casi al final, quiso tranquilizar a todos y anticipó que “la primera medida del postfranquismo sería una generosa, completa y total amnistía para todos los franquistas”. Entonces, algunos fornidos “procuradores sindicales” se levantaron dispuestos a la agresión. Recuperada la calma, Martín Villa sentenció: es muy duro que os invitemos a cenar para que nos perdonéis la vida. Ese mismo amigo considera que sus procesamientos ante el Tribunal de Orden Público en 1967 y ante los Tribunales Militares, confirman que estuvo donde debía en defensa de las libertades. Para nada quiere su anulación.

Deseemos ahora al Juez Campeador que le vaya bien y que tenga un juicio justo con todos los elementos precisos para articular su legítima defensa en las mejores condiciones. Pero evitemos la confusión y reconozcamos, por ejemplo, que dar digna sepultura a quienes fueron víctimas de la violencia de los alzados en el 36 es un deber pendiente, que todos hemos de honrar con independencia de que Garzón desistiera en su día de proseguirlo.

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VergaraPúblico – 25/04/2010

Víctimas vencidas y víctimas vencedoras

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA – El País –  26/04/2010

Se pensaba que, cuatro décadas después, las dos Españas era una idea superada por nuestra convivencia democrática. Es lamentable afirmarlo, pero no es así. Sigue existiendo la brecha que nos separa y nos divide. Debe ser que la Transición no salió tan bien como se pensaba y que dejamos veredas abiertas por las que algunos se adentraron, convirtiéndolas, con el paso del tiempo, en autopistas por las que se vuelve a circular hacia el rencor, el odio y la división.

No es extraño que algunas cosas se hicieran mal, porque la correlación de fuerzas era desigual. De una parte, todo el aparato del franquismo, intacto, poderoso y retador, y, de otra, una izquierda débil, radicalizada y temerosa de no saber encontrar el hueco apropiado para que España se adentrara por la senda democrática y constitucional.

Han pasado 70 años y sería necesario que los demócratas fuéramos capaces de transmitir nuestros sentimientos sin revancha, cuando nos referimos al salvajismo sobrevenido del golpe de Estado del año 1936. Y desde esa voluntad noble, se puede ser consciente de que, si no recuperamos la España que perdió en las trincheras, no es que tengamos una sola España, es que tendremos media España. Teníamos la España de Franco, pero llegó la Democracia y es justo que España recupere el patrimonio de la otra España silenciada. También aquellos perdedores eran España. Nadie puede pretender cambiar la realidad sino explicarla. La guerra la ganó Franco. No hay duda. Ese no es el debate.

Quiero comprender a muchos de los que estuvieron en el bando ganador. Muchos ganadores fueron también sufridores de una guerra que ganaron. Los soldados ganadores también fueron arrancados de sus hogares, marchitaron sus esperanzas y su juventud, abandonaron a sus padres ya ancianos, a sus esposas, a sus hijos. Muchos fueron lanzados a un combate en el que no querían participar, les obligaron a sobrevivir entre la pólvora y la sangre. Sin querer combatieron, sin querer mataron y sin querer murieron. Aquella guerra asustó tanto a los que ganaron como a los que perdieron, porque, al final, todos perdieron, perdió España. No es guerracivilismo estudiar los excesos de los vencedores, pero tampoco ha de serlo entrar en la averiguación de las torpezas republicanas.

No tendremos la paz de todos hasta que sepamos todas las situaciones que padecimos. Para que nadie pueda albergar reservas mentales, los demócratas aceptamos, sin objeción alguna, que se estudie, que se revise el periodo republicano, que se aireen las luces y las sombras de esos años convulsos de la historia de España. Pero, de igual forma, como medio completo de higiene, porque no tiene sentido asear sólo medio cuerpo, tenemos que aceptar que se estudie el periodo completo de la Guerra Civil y la posterior dictadura, también por los excesos que protagonizaron los vencedores. Pero ahí, entre los que vencieron que murieron y los que murieron que perdieron, es de justicia recibirlos con honor, porque creían defender unos ideales y, ante tal creencia, no caben discriminaciones. El soldado merece el respeto, pero no lo merece el asesino, ese otro personaje que, instalado a veces en la retaguardia, era el manijero que señalaba los ajustes de cuentas, en frío y sin piedad.

Es necesario entender que la ley aprobada sugiere también abrir las puertas de par en par a la verdad histórica, a esa historia de hace 70 años que nos heló el corazón, pero donde hubo, en un sitio u otro, gente de bien, personas que creían en una idea y lucharon por ella y hasta dieron la vida. La memoria histórica no es un instrumento para afilar el arma arrojadiza, sino una idea noble para devolver al presente nombres y circunstancias, a fin de que también moren en los vivos esas páginas reencontradas con toda la dignidad posible. Y aunque todavía hay resquemores porque no hay circunstancias más sangrantes que los enfrentamientos en una guerra civil, es lo cierto que hemos de tender a una serenidad amable, aunque sea a contrapelo de nuestro dolor, pensando que la gran mayoría de los combatientes no fueron culpables, porque ellos no provocaron ni decidieron ir al combate.

Los hijos o nietos de aquellas víctimas no quieren ya sacar los colores a nadie, ni buscar afrentas, ni pedir venganza. El deseo de estas personas es muy sencillo, es ejercer el derecho de enterrar dignamente a sus muertos y dejar clara su memoria. Muchos familiares no saben dónde están los restos de sus padres o de sus abuelos. Cada uno desea pacificar su propia vida dando sepultura a sus seres queridos. Eso persiguen quienes participan ahora en la Recuperación de la Memoria Histórica, dar satisfacción a un sentimiento humano, cumplir con un ritual indispensable para aliviar el dolor, desagraviar a aquellos que cayeron, con el último gesto que les pueden dedicar, darles una tumba y renovarles el recuerdo. La voz de los herederos de esos perdedores no dice más que una cosa: “Que mis muertos y su papel en esa terrible historia quede aclarado y descansen en paz”.

Nadie debe ganarnos en generosidad a quienes, desde la izquierda, hemos contribuido a la Democracia. Las víctimas de los que se sintieron vencedores ya tuvieron la oportunidad de honrar a sus muertos. ¿Creen ellos que ya es hora de que las víctimas de los que perdieron tengan también esa misma oportunidad? Porque hay el mismo dolor humano en unos que en otros, porque el dolor no sabe de siglas, de ideologías ni de banderas.

La mayor parte de los contendientes en la Guerra Civil fueron víctimas, víctimas vencidas y víctimas vencedoras. Otros, los menos, son los culpables de subvertir un orden que estaba democráticamente construido y cimentado. No podemos -ni debemos- bendecir lo criminal, pero sí queremos que cada uno reivindique la memoria de quienes, sin ser culpables, padecieron, murieron y fueron olvidados. Desde la izquierda, vivido lo vivido y aprendido lo aprendido, y habiendo escuchado de labios de gente que venció confesiones de dolor y desasosiego, porque no quisieron ser protagonistas de lo que hicieron, confieso que no albergo resquemor alguno. Pero comprendo y apoyo, en toda su dimensión humana, la esperanza, la última esperanza, para brindar el último homenaje a los anónimos e ignorados, gracias a un deseo que no es reaccionario ni vengativo. Esa es la voluntad sincera de recuperación de la Memoria Histórica.

No cabe la menor duda, pues, de que la Ley de Memoria Histórica pretende ayudar a que todo el mundo pueda cumplir ese deseo de encontrar y enterrar dignamente a sus muertos. Lo acontecido desde su aprobación por las Cortes, con el último episodio judicial que tanto nos divide, no está permitiendo que eso ocurra de la forma en que querían y quieren familiares y demócratas amantes de la concordia y reconciliación. Se debería intentar, por todos los medios y con máxima celeridad, una modificación de esa ley o la elaboración de otra que obligue a todas las instituciones del Estado a facilitar los medios de todo tipo para que ese objetivo pueda ser alcanzado, separando al muerto de las circunstancias de su muerte o asesinato.

Y cuando las fuerzas políticas consideren necesario aclarar las circunstancias de esas muertes, que se revise lo pactado en la Transición, que se legisle en función de la justicia y que ningún juez encuentre en esa legislación ningún resquicio para, unilateralmente, alterar lo que se haya decidido en nombre de la soberanía nacional. El Gobierno tiene la obligación de liderar este proceso que nos devuelva la concordia.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es ex presidente de la Junta de Extremadura.