Sobre el uso de símbolos y ruinas

21 May 2010 – blog Dominio Público

RICARD VINYES

05-21.jpgNuestro paisaje simbólico está en cambio. Monumentos a próceres fascistas se desvanecen en la madrugada sin dejar rastro. Estatuas de militares golpistas son confinadas, de repente y sin aviso, en lugares ocultos a la mirada; y bien parece que las melodramáticas águilas negras de San Juan alzaron el vuelo sin dejar rastro en las cornisas donde anidaron siete décadas.
Una parte de nuestra sociedad pidió con insistencia que los símbolos de la dictadura fuesen retirados del espacio público; y con razón, porque esas efigies, esos pájaros, nombres, dardos y arcos victoriosos, ese palacio del miedo en Cuelgamuros, son ejemplo tan solo de dos cosas: la violencia como proyecto y la humillación como instrumento.
Transcurridos 30 años, el resultado de esa demanda ha sido el artículo 15 de la Ley de reparación 52/2007 de 26 de diciembre, que establece la retirada de todo el ajuar faccioso; con salvedades: las que ampare la presunta condición de arte. En cualquier caso, la ley permite una limpieza notable. Y ahora que eso es posible, considero urgente meditar los términos de su retirada. ¿Deben desaparecer sin más? Opino que no. Pensar qué hacer con todo ello es más efectivo que la precipitada solución terminal, porque esa siempre existirá. No se trata de usar los iconos de la dictadura y actuar en ellos para establecerlos como pieza didáctica para “aleccionar-sobre-lo-que-pasó”, sino para levantar interrogaciones, curiosidad –esa acción que Nabokov definió como la transgresión en estado puro– sobre la ética de nuestra sociedad, puesto que los símbolos es de ética de lo que hablan. Resignificar es otorgar la posibilidad de debatir nuevos contenidos para la memoria pública, que no es otra cosa que la imagen del pasado públicamente discutida. Derribar o transformar un monumento o edificio sin meditar su provecho es una pérdida grande, tras la cual sólo aparece el vacío. ¿Era eso lo deseado, un vacío permanente?
El 20 de noviembre de 2005, Montserrat Iniesta, una de las más interesantes museólogas de este país, directora de Vinseum, se dirigió a la sala de reserva del museo y regresó con el busto del dictador que había presidido el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Estaba en buenas condiciones. Colocó en el vestíbulo una peana y sobre ella la cabeza de piedra de aquel símbolo principal de la dictadura. Añadió una mesa y puso en ella un libro con páginas limpias, lo asistió con un bolígrafo de tinta azul y un videomatón cercano a una esquina de la sala. Dispuso luz templada y colgó en la entrada el nombre de aquella instalación: Escolta, Franco. Acto seguido, convocó a los ciudadanos a visitar el busto para decirle a Franco lo que nunca le habían podido decir, por escrito, o de viva voz, podían hablar o entonar una canción. El resultado fue integral: aplausos y recriminaciones. Radio, televisión y prensa se hicieron eco de aquella propuesta con un entusiasmo desconocido en los eventos conmemorativos y sus aburridas liturgias. Nunca se habló tanto de Franco ni de memoria como en aquellos días. El espacio de la instalación que exhibía el símbolo central de la dictadura se convirtió en fuente de la memoria democrática con la interpelación permanente de ciudadanos que expresaron sus opiniones sobre el dictador, y sobre la bondad o la maldad de aquella iniciativa. En síntesis, alguien había pensado cómo actuar en los procesos sociales que pueden generar los símbolos. Aquel acto constituye una decisión de referencia para pensar con sosiego, más allá de la iconoclasia simple, precipitada.
El mismo año, Rudolf Herz se reunía con un albañil suabo a quien el Ayuntamiento de Dresde había entregado las piezas del enorme monumento a Lenin, retirado del centro de la ciudad. Llegaron a un acuerdo. Herz montó el busto de Lenin y sus dos anónimos guardianes en la plataforma descubierta de un camión tráiler, y cruzó Europa durante cuatro semanas. Denominó la operación Lenin on tour. Se detenía en mercados y plazas, o ante edificios y lugares emblemáticos y concurridos. Retrató las reacciones de los transeúntes. Hubo de todo, botes de pintura y flores, asombro, deleite, curiosidad. Entrevistó y filmó ciudadanos ante la efigie, y constituyó un archivo cuya exposición podía verse en el Museo Ludwig de Colonia el pasado otoño. Impresiona el debate generado. Herz contó el objetivo de su actuación: “Mostrar Lenin a mis contemporáneos para que me muestren ellos el Lenin del siglo XXI”. La piedra puede ser dialógica.
Imagino pasear por España la nave con la que el generalísimo surcaba las aguas extrayendo peces que ilustraban los noticieros, y que ahora muere en una llanura de Burgos, pasto del ácido y la yedra, despojada de sentido y de valía. La imagino ante el arco de la Victoria, en Moncloa, o frente al Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo, o ante el Parlamento. Y que alguien filme y guarde.
Retengo, por encima de cualquier otro, el proyecto que Horst Hoheisel presentó al concurso público para realizar el Memorial del Holocausto en Berlín. Situaba sendos pilares con los nombres de los principales campos de extermino ante los dos pabellones que encuadran la puerta de Brandeburgo. El siguiente paso consistía en dinamitar el conjunto monumental. Así, las ruinas de la puerta de Brandeburgo, el monumento que encarna la “grandeza nacional de Alemania”, entrelazadas con los nombres de los campos de la muerte, serían el Memorial del Holocausto. Como era de esperar, el proyecto no prosperó. Pero me parece una buena sugerencia para el Valle de los Caídos, mucho más que mutarlo en un ridículo museo de la Guerra Civil. Sí, sugiero ese proyecto para el Valle. Desde luego, antes deberían sacar los restos allí recluidos; y a los benedictinos, claro, que nadie por un descuido se olvide de ellos, pobre gente.

Ricard Vinyes es historiador

Ilustración de Alberto Aragón

ICV denuncia el coste público de las obras del Valle de los Caídos

Joan Herrera pregunta cuánto ha gastado el Gobierno en la restauración

MIGUEL ÁNGEL MARFULL – Público – 19/05/2010 02:00 Actualizado: 19/05/2010 03:00

Vista del Valle de los Caídos.mónica patxot

Vista del Valle de los Caídos. Mónica Patxot

El Valle de los Caídos vuelve a pasar factura al erario público. Los recortes no afectan a una restauración en la que, según informó Público en abril, Patrimonio Nacional reconoce un gasto de 27.000 euros sólo para desmontar La Piedad, escultura que saluda a la entrada del mausoleo del dictador.

La restauración podría costar medio millón de euros, según expertos consultados por este diario, aunque Patrimonio prefiere “no especular” sobre este desembolso.

Por este motivo, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, ha trasladado al Gobierno una batería de preguntas sobre el montante final de la operación y el fondo de esta actuación a cargo de fondos públicos.

Herrera quiere saber si el Ejecutivo “considera prioritaria” la restauración de “una estatua de dudoso valor artístico” como La Piedad, cuánto costará hacerlo, si se plantean otras reformas en el complejo franquista y si el Ejecutivo no encuentra mejor destino para el dinero público que lavar la cara al monumento erigido por Franco, entre otras cuestiones.

Trasladar a Franco

El parlamentario ecosocialista interpela al Gobierno también sobre el futuro de este icono del franquismo: “¿Se han planteado otras actuaciones, como, por ejemplo, el traslado de las tumbas de los dictadores Primo de Rivera y Franco?”, interroga Herrera, según recoge la iniciativa parlamentaria a la que ha tenido acceso Público. La respuesta le será remitida al diputado por escrito.

La restauración de La Piedad no es, además, la única tarea de recuperación que se ha realizado en el Valle de los Caídos en los últimos meses. También se han rehabilitado las imágenes falangistas de la bóveda de la basílica, cuya iconografía roza todos los límites de la Ley de Memoria Histórica al exaltar sin complejos la Guerra Civil y el franquismo.

Herrera cuestionó ayer la restauración del Valle de los Caídos, una vez que no se ha convertido a este complejo en un espacio para la memoria, como es Villa Grimaldi en Argentina, o antiguos campos de concentración nazis en Alemania. “No se trata de demolerlo, sino de explicarlo”, concluyó Herrera.

Un procesado por la ‘Malaya’ restaura el Valle de los Caídos

Muferfi SL, de Ismael Pérez Peña, contribuyó a remozar la bóveda falangista. La abadía prepara un informe para explicar a Patrimonio los detalles de la obra

DIEGO BARCALA – Público – 05/05/2010

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa  Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya' Ismael Pérez Peña. -  DIEGO BARCALA

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya’ Ismael Pérez Peña. – DIEGO BARCALA

Una de las cuatro empresas que restauró las imágenes falangistas de la bóveda del Valle de los Caídos, Muferfi SL, es propiedad de Ismael Pérez Peña, uno de los protagonista de la red de corrupción destapada en Marbella en la operación Malaya. El empresario madrileño está procesado por haber regalado a la ex alcaldesa andaluza Marisol Yagüe varios coches a cambio de lucrarse con los contratos municipales adjudicados a sus empresas por el líder de la trama, Juan Antonio Roca.

La abadía benedictina reconoce que pudo emprender la remodelación gracias “a un donante privado” y prepara un informe explicativo para dar cuenta a Patrimonio Nacional de los detalles de la restauración. “Estamos elaborando un folleto y próximamente contaremos a Patrimonio todo lo relacionado con aquello”, admite a este diario el abad benedictino, Anselmo Álvarez.

El empresario Pérez Peña no quiso explicar a este periódico en qué consiste su participación en la renovación de la cúpula, aunque un portavoz de Muferfi SL (especializada en mudanzas y almacenaje) admitió que las empresas que forman esa sociedad “hicieron la obra”. Las otras tres sociedades que trabajaron para remozar el techo del altar, bajo el que reposan los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, son Vamasa (grúas), Adriá (grúas y mampostería) y Eulen (limpieza).

Pérez Peña fue detenido en marzo de 2006 en el polígono industrial de Getafe donde tiene su sede Muferfi SL. La policía intervino varias conversaciones telefónicas de este empresario con Roca en las que se compromete a prestarle 1,8 millones de euros en dinero negro, según los datos del sumario. La red corrupta fue destapada en gran parte gracias a que Pérez Peña perdió la paciencia con el Ayuntamiento de Marbella por el impago de 1,4 millones de euros por la adjudicación de la grúa municipal. El empresario llegó a amenazar en 2005 al ex concejal de Transporte Victoriano Rodríguez con “tirar de la manta”.

La remodelación que llevó a cabo entre noviembre y diciembre pasados la empresa de Pérez Peña en Cuelgamuros tuvo como objeto recuperar los elementos dañados por una bomba de los GRAPO que explotó en 1999. La limpieza ha dejado a la vista de los visitantes las banderas falangistas y carlistas sobre un tanque de los generales sublevados en 1936.

Ley de la Memoria

Una comisión de expertos del Ministerio de Cultura visitó el pasado 26 de marzo el templo para comprobar si el mosaico debe ser retirado por incumplir el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Esta norma impide la exhibición en lugares públicos de “símbolos y monumentos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, protagonistas de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El siguiente artículo de la ley, el 16, cita al Valle de los Caídos, y en su segundo punto, aclara: “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. También señala que será un lugar que “se regirá estrictamente” como un lugar de culto. El abad niega que se haga apología del franquismo en su basílica.

El Valle de los Caídos es una ruina

Un informe de Patrimonio Nacional advierte de que los desprendimientos de las gigantescas esculturas suponen “un serio riesgo de daño para las personas”

DIEGO BARCALA – Público – 02/05/2010

El Valle de los Caídos ha echado el cierre por causa de fuerza mayor: el riesgo para los visitantes causado por los desprendimientos que sufren los conjuntos escultóricos gigantes que Juan de Ávalos diseñó al gusto de Francisco Franco. Un informe de Patrimonio Nacional del pasado 11 de noviembre de 2009, al que ha tenido acceso Público, destaca el “ritmo de deterioro muy peligroso y considerable” experimentado por el monumento durante el último año.

[leer todo el artículo]

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Apología restaurada de Falange Española

VergaraPúblico – 03/05/2010

La tumba

MANUEL VICENT El País – 18/04/2010

La izquierda política considera un escándalo que Falange Española, salida, de repente, del baúl de la historia, tenga fuerza suficiente todavía para sentar al juez Garzón en el banquillo. No es tan raro. El cadáver de José Antonio, fundador de ese movimiento fascista, está enterrado con todo honor al pie del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos, y durante 30 años de democracia nadie ha osado tocarlo. Al iniciar su instrucción sobre los crímenes del franquismo el juez Garzón pidió el certificado de defunción de Francisco Franco y esta diligencia, que sólo era un requisito formal, causó asombro en la mayoría de españoles. Los más ingenuos pensaron que ese papel era innecesario porque se sabe a ciencia cierta que los huesos del dictador permanecen bajo una losa de mil kilos en la basílica del Valle de los Caídos construido por presos políticos, y en la vertical de sus despojos se levanta una poderosa cruz de granito. En cambio, otros más suspicaces dudan que Franco haya muerto, porque precisamente esa enorme cruz proyecta todavía desde las breñas de Cuelgamuros la sombra del dictador sobre todas las instituciones de la democracia. A estas alturas lo realmente escandaloso debería ser el miedo reverencial que sienten los demócratas españoles hacia ese panteón faraónico, como si esa olla de hormigón guardara una barra de uranio que puede liberar una incontrolada carga radioactiva muy peligrosa. De ese miedo nacen todas las ruedas de molino con las que hay que comulgar. Es evidente que la actitud de este juez ha liberado unas fuerzas reaccionarias muy oscuras que nuestra democracia creía cegadas para siempre. Metidos en estos enredos jurídicos de rábulas se puede discutir si el juez Garzón ha prevaricado a la hora de tocar esa barra de uranio radioactivo. Juristas insignes lo niegan. El acto con que un juez inicia unas diligencias de investigación no puede ser nunca constitutivo de prevaricación porque en ese momento no se actúa aun contra nadie en concreto, en consecuencia no hay resolución injusta, puesto que no hay perjudicados todavía. Pero en el fondo, con este pleito político solo se trata de saber si Franco realmente ha muerto, por eso hizo muy bien el juez Garzón en pedir antes que nada su certificado de defunción.

Garzón, Prego y el Valle de Franco

Félix PoblaciónPúblico – 08/04/2010

Ahora que ante la perplejidad y reprobación de los más cualificados medios de información internacionales tenemos al juez Baltasar Garzón camino del banquillo por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, a requerimiento de los familiares de las víctimas enterradas sin sepultura en las fosas comunes y cunetas de España, es momento de recordar al magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Olvier, ponente del auto que admitió a trámite la querella de Falange Española contra el juez.

Sabemos, porque se publicó en su día, que Prego fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española, que puso a caldo el Estatut de Cataluña y la política antiterrorista de Zapatero durante la primera legislatura. Que Prego firmó asimismo un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Histórica, en consonancia con su criterio de que la Guerra Civil no la motivó la sublevación franquista sino la llamada Revolución de Octubre de 1934, por lo que el golpe franquista fue una contrarrevolución.

Pero lo que más nos debe llamar la atención, ahora que una inhabilitación de hasta veinte años puede pesar sobre Baltasar Garzón, son los artículos suscritos por don Adolfo en la revista Altar Mayor de la Hermandad del Valle de los Caídos, en cuyo faraónico escenario, construido por presidarios republicanos en durísimas jornadas de trabajo, están enterrados el general dictador y el máximo dirigente de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura cifra en 33.847 los restos documentados de víctimas del conflicto, todos pertenecientes al bando sublevado. Junto a ellos pueden hallarse entre 15.000 y 40.000 víctimas republicanas sin identificar, cuyos huesos fueron trasladados en los años sesenta a Cuelgamuros, sin permiso de sus familiares, después de haber sido desenterrados de las fosas comunes en que se encontraban.

Lo que el juez Baltasar Garzó ha pretendido, y por lo que se le va a sentar en el banquillo, es reparar la dignidad y la memoria de tantos muertos sin nombre, muchos de ellos víctimas de la vesania falangista, a quienes los vencedores propinaron como última y más grave ofensa la de ser enterrados junto a los máximos cabecillas de sus verdugos.

Sobre esa oscura memoria, insólita en el mundo, ¿cómo se puede pregonar, según reza el artículo primero de la Hermandad del Valle de los Caídos, que su fundación obedece al propósito de mantener vivo el mensaje de paz y reconciliación que pregona el grandioso símbolo cristiano erigido en Cuelgamuros? ¿Será porque visitó la basílica el cardenal Joseph Ratzinger en 1989?

33.832 personas están enterradas con Franco en la mayor fosa común

El Gobierno termina el censo del Valle de los Caídos previo a la exhumación

NATALIA JUNQUERA El País27/03/2010

Francisco Franco, en el centro, el día de la inaguración del monumento y la basílica del Valle de los Caídos, el 1 de abril de 1959.-El Gobierno ya sabe cuántas personas hay enterradas en la mayor fosa común de España, el Valle de los Caídos, o al menos cuántas hay registradas: 33.833, incluido el dictador Francisco Franco. Es el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel. Como el general, sólo 21.423 están identificadas, según fuentes del Ministerio de Justicia. El resto, figuran como desconocidas.

La elaboración de este censo es el primer paso para autorizar exhumaciones, el deseo de muchas familias de republicanos cuyos restos fueron sacados de la fosa común donde yacían y trasladados al Valle de los Caídos, es decir, enterrados junto a su verdugo, Franco. IU, ERC e ICV instaron al Gobierno en 2008 a elaborar este censo con el fin de devolver los cuerpos a sus familiares. Un año después, el 30 de septiembre de 2009, el Congreso aprobó la iniciativa, a la que se había sumado otra de Na Bai, para cuantificar los restos y facilitar su traslado. El compromiso era tener el censo listo antes de seis meses. Ese plazo expiraba el 31 de marzo.

Ahora, el paso siguiente es que el Ministerio de la Presidencia abra la línea de subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria histórica, el mecanismo a través del cual se canalizarán las peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, según las mismas fuentes. Aunque el procedimiento todavía no está en marcha, ya hay cuatro familias que han pedido sacar del mausoleo los restos de sus parientes.

Como Fausto Canales, de 75 años, hijo de Valerico y sobrino de Fidel, dos de los republicanos cuyos cuerpos robó el régimen franquista para alimentar la descomunal cripta con la que quiso inmortalizar su victoria. Lleva siete años intentando corregir “la aberración” que le supone que su padre, fusilado por falangistas, yazca junto a la autoridad que ordenó darle muerte. Vuelve a estar cerca de cumplir su deseo, como en noviembre de 2008, cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que sustituía a Baltasar Garzón, de baja- autorizó la exhumación. Pero teme que ahora, como entonces, el proceso vuelva a torcerse: “Ya no me fío. Cuando salga la orden de Presidencia, encontrarán una nueva razón para retrasar esto. El Valle de los Caídos es un enorme tabú. La presión del PP y de la Iglesia es muy fuerte”.

Canales sabe incluso dónde está su padre, “en el columbario 198, piso primero”, porque se lo señaló un benedictino. Si todo sale bien, aún tendría que superar un último obstáculo: algunos expertos creen que el estado de los restos puede impedir su identificación.

El Gobierno censa los restos del Valle de los Caídos

Patrimonio y Justicia han firmado un convenio para digitalizar los archivos de la abadía. Los familiares de los republicanos trasladados allí sin permiso podrán pedir su salida del recinto

Los días previos a la inauguración del recinto, en 1959, fueron llevadas las cajas con los restos de las fosas. – EFE

DIEGO BARCALA – Público – 21/03/2010 08:00

Los republicanos saldrán del Valle de los Caídos. El Gobierno ha elaborado un censo de enterrados en el mausoleo para facilitar a las familias que lo soliciten un lugar digno para el descanso de sus antepasados. El proyecto cuenta con un presupuesto de dos millones de euros para que las víctimas dejen de descansar junto al culpable de su muerte, el dictador Francisco Franco.

El pasado 1 de septiembre, tan sólo dos días después de que el Congreso instara al Ejecutivo a facilitar a las familias la exhumación de sus antepasados, se firmó el convenio entre el Ministerio de Justicia y el de Presidencia para llevar a cabo el compromiso. Desde entonces, se han digitalizado los tres libros de registro que la abadía benedictina conserva en el valle de Cuelgamuros para cruzar los datos de entrada de cuerpos con los documentos guardados en el Archivo General de la Administración que indican el origen de los restos.

El dictador comenzó su propia memoria histórica para la inauguración del recinto en 1959. Puso a los gobernadores civiles a elaborar mapas de fosas por provincias, a exhumar los cadáveres y a trasladarlos para la inauguración que conmemoraba “20 años de paz”. En el camino profanó las fosas de fusilados republicanos y gastó el equivalente a 226 millones de euros. La dignificación de esos cuerpos robados costará sólo dos millones.

El método del Gobierno para sufragar el proceso es a través de las subvenciones que el Ministerio de Presidencia otorga desde 2006 a los proyectos de recuperación de la memoria histórica. Una enmienda presentada por IU, ICV y ERC a los últimos Presupuestos Generales del Estado aumentó en dos millones, los 1,5 previstos para todos los proyectos que las asociaciones presentaran para 2010.

Sin embargo, los solicitantes están esperando a que se publique la convocatoria de esas subvenciones, que llevan cuatro meses de retraso. La oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura asegura que sólo ha recibido una solicitud, pese a que este suceso fue denunciado ante la Audiencia Nacional por decenas de afectados. Ese solicitante es Fausto Canales, quien conoce el lugar exacto de los columbarios donde los franquistas depositaron las cajas de los fusilados en Aldeaseca (Ávila), entre los que estaba su padre. “En la investigación descubrí que mi tío también había sido trasladado desde Griñón (Madrid)”, explica Canales.

Esos cuerpos de fusilados por los partidarios de los golpistas no tienen nombre ni apellidos en los registros. Los burócratas benedictinos tan sólo censaron con nombre y apellidos a 33.847 cadáveres. Todos de su bando. Los republicanos entre 15.000 y 40.000 según los investigadores fueron señalados por el pueblo de procedencia. Unas fotografías realizadas por la agencia Efe de los traslados en 1959 muestran cómo las cajas eran selladas con el nombre de la localidad de origen.

El 23-F rompió el proceso

No será la primera vez que se realice un proyecto de este tipo en el Valle de los Caídos. En 1980 fue creada una comisión dirigida por el historiador Javier Tussel, que organizó la exhumación de 103 personas llevadas allí desde Lodosa (Navarra). El golpe de Estado del 23-F, un año después, paralizó cualquier intento de alteración de las tumbas.

En 2004, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, retomó la labor y visitó el Valle de los Caídos para elaborar un estudio sobre el estado de los restos. Fuentes de Patrimonio Nacional institución del organigrama de Presidencia aseguran que los restos están “en un estado de conservación preocupante por las condiciones de humedad”.

Canales no pierde la esperanza: “Puede que haya habido filtraciones, pero si hubo un precedente en 1980, también se puede hacer ahora. Habrá que hacer pruebas de ADN y lo que haga falta”.