Exmilitar chileno juzgado por el asesinato de Víctor Jara

Una noticia chilena que salió en Público el 16 de abril de 2015.

Un exmilitar chileno será juzgado por el asesinato de Víctor Jara

Pedro Barrientos será juzgado en Estados Unidos por el asesinato del cantante y activista político, un hecho que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1973, en los días del golpe de Estado dirigido por Pinochet.

Exmilitar chileno será juzgado en EEUU por el asesinato de Víctor Jara. /REUTERS

Foto: Exmilitar chileno será juzgado en EEUU por el asesinato de Víctor Jara. /REUTERS

El exmilitar chileno Pedro Barrientos será juzgado en Estados Unidos por el asesinato del cantante y activista político Víctor Jara, un hecho que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1973, en los días del golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet.

Un juez estadounidense ha autorizado el proceso, atendiendo a una demanda presentada por la viuda del cantante, Joan, y su hija Amanda hace dos años, tal y como informa la cadena BBC.

Barrientos, ciudadano estadounidense nacido en Chile y que vive en Florida, se enfrenta a cargos por tortura y asesinato extrajudicial –aunque no por crimen de lesa humanidad, cargo que ha sido desestimado por el letrado–.

El pasado mes de marzo el magistrado de la Corte de Apelaciones de Chile, Miguel Vázquez, cerraba el sumario en la investigación por los homicidios del cantautor Víctor Jara y el exdirector de Gendarmería Littre Quiroga, quienes fueron asesinados por los militares hace más de 40 años.

De esta forma, concluía la etapa de investigación por la muerte de ambos, por la que actualmente doce personas se encuentran procesadas, entre ellas el propio Barrientos, que se encuentra en Estados Unidos desde el año 1990 y cuya solicitud de extradición se encuentra pendiente.

Durante el golpe de Estado encabezado por el general Pinochet contra el presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre, Jara fue detenido junto a otros profesores y alumnos y trasladado al Estadio Chile –que actualmente lleva su nombre–. Allí fue torturado durante horas y finalmente fue acribillado a balazos.

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Os dejo aquí también un enlace al documental El derecho de vivir sobre la vida de Víctor Jara.

Un artículo publicado en Público el 14.04.2015:

La jueza Servini entrevistará a seis nuevas víctimas del franquismo

La magistrada envía otro exhorto a España para solicitar por segunda vez que se exhumen los restos de Timoteo Mendieta. Buenos Aires celebró el aniversario de la causa el mismo día que en España se festejaba el de la II República.

Nora Cortiñas, la titular de las Madres de la Plaza de Mayo, el abogado Máximo Castex, el primer querellante Darío Rivas, y el abogado Carlos Slepoy.

Foto: Nora Cortiñas, titular de las Madres de la Plaza de Mayo -Línea Fundadora, junto al abogado Máximo Castex, el primer querellante Darío Rivas, y el abogado Carlos Slepoy.

BUENOS AIRES.- La causa abierta en Argentina para investigar los crímenes del franquismo cumple cinco años en su momento más álgido. Los abogados de la querella han anunciado que la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso, entrevistará el próximo 23 de abril a seis nuevas víctimas de la dictadura franquista.

Los querellantes se desplazarán ese día al consulado argentino en Madrid para dialogar con la jueza a través de videoconferencias. Éste era un pedido que había realizado la querella tras el viaje emprendido por la magistrada en mayo de 2014, cuando durante 13 días recorrió Madrid, Andalucía y el País Vasco para dialogar en persona con las víctimas y visitar lugares testimoniales citados en la causa.

Unas 16 personas no llegaron a entrevistarse con Servini de Cubría por falta de tiempo. La jueza ha citado ahora a las primeras seis, y se espera que en los próximos días concrete nuevas reuniones para que todas ellas sean escuchadas por la máxima responsable de la causa.

Insiste en exhumación

La magistrada argentina tampoco se olvida del rechazo, por parte de un juzgado de Guadalajara, de un exhorto que ella libró en febrero de 2014 para exhumar a una víctima de la dictadura, Timoteo Mendieta. La jueza que tuvo que responder a Servini, María Lourdes Platero, se tomó casi un año para denegar la exhumación de los restos de Mendieta, localizados en una fosa común en esa provincia.

“Así se descubrió que Platero había realizado una inspección en el cementerio sin la participación de la familia, cosa muy rara, para luego negar la exhumación”, explicó a Público el abogado Máximo Castex. “Entregamos un nuevo escrito a Servini protestando por la irregularidad del procedimiento que realizó Platero, y ahora la magistrada ha vuelto a enviar un exhorto, que volverá a caer en manos de la jueza de Guadalajara”.

La hija de Timoteo Mendieta, Ascensión, es uno de los casos paradigmáticos que ha desvelado esta causa. Con 88 años, la mujer viajó a Buenos Aires en diciembre de 2013 para entrevistarse con la jueza y pedir con lo que ahora insiste Servini: la exhumación de la fosa donde se encuentra su padre.

Momento crucial

“El momento más crucial e importante de la causa lo estamos viviendo ahora con este nuevo aniversario”, afirmó más tarde Castex al informar de los pedidos que el pasado viernes trasladaron a la jueza.

Servini tiene sobre la mesa dos nuevas solicitudes de los abogados: la primera requiere la imputación de una docena de personas por crímenes cometidos durante la transición –además de pedir la ampliación de los cargos contra el exministro Rodolfo Martín Villa–; la segunda insta a la jueza a viajar a España para tomarle declaración indagatoria a los 17 imputados que ya tiene la causa.

“En el proceso se ha logrado la participación del Ministerio Público Fiscal, que realizó una requisitoria contabilizando más de 4.500 víctimas”, recordó Castex. “Además hay cuatro organismos de Naciones Unidas que reprochan la actuación del Gobierno español por haberse negado a la extradición de los imputados”.

A ello se le suma el ya mencionado viaje de la jueza a España, las videoconferencias de algunas víctimas, el viaje de otras que se personaron ante la jueza, y la apertura de los consulados argentinos para que cualquier persona pueda incorporarse a la querella. “Son cientos las denuncias que ingresan cada mes por los distintos consulados y que luego viajan hasta Argentina por vía diplomática”, celebró Castex.

Homenaje a la II República

La conferencia de la querella se celebró en la Legislatura de Buenos Aires, algunos de cuyos miembros prometieron aceptar la propuesta que les hagan llegar los abogados de las víctimas y darle traslado a la Cámara de Diputados de la Nación. La querella espera que los órganos legislativos de Argentina desautoricen la negativa de España a extraditar a los imputados, lo que incurre en una vulneración del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica firmada por ambos países.

El abogado Carlos Slepoy confirmó por ello que esperan conseguir la condena al Ejecutivo de Mariano Rajoy por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Las noticias que lleguen de los apoyos en Argentina es sustancial, como lo fue la solidaridad del pueblo español con las causas de las dictaduras argentina y chilena”, indicó.

El acto también quiso ser un homenaje a la República, según anunció el abogado argentino. La República, convino, fue un acontecimiento extraordinario en el siglo XX, y a ella confluyeron decenas de miles de voluntarios a pelear por la libertad y la democracia.

“Sin embargo, en España la República parece un acontecimiento menor”, alertó. “El discurso es que no hay que investigar porque se mataron unos a otros, sigue existiendo la teoría de los dos demonios, de modo que las siguientes generaciones de españoles se están desarrollado sin conocer esta experiencia atroz que fue la del franquismo”.

Denuncias por no retirar símbolos de la dictadura

Publicado en Público el 14.04.2015:

Denuncian a 15 obispados por no retirar símbolos de la dictadura y por mantener a Franco en el Valle de los Caídos

El abogado denunciante, Eduardo Ranz, pedirá al Supremo investigar a aforados, como Belloch, García-Page o Imbroda, por mantener vestigios en sus ciudades.

Vista del interior de la basílica del Valle de los Caídos lugar donde está enterrado el dictador Francisco Franco. EFE/Archivo

Foto: Vista del interior de la basílica del Valle de los Caídos lugar donde está enterrado el dictador Francisco Franco. EFE/Archivo

EUROPA PRESS

MADRID.- Una quincena de Obispados y Arzobispados de toda España serán denunciados este martes ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener en sus basílicas los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.

Así lo expone el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentará este martes 14 de abril -coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República- ante los tribunales por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.

Por su parte, los escritos de alegaciones canónicas se presentarán ante los Obispados y Arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.

En el caso de Madrid, el abogado interpondrá este martes a las 11 horas ante el Arzobispado, situado en la calle Bailén, un escrito solicitando la retirada de la simbología de franquista y la salida de los restos de Franco y Primo de Rivera que descansan en la Basílica del Valle de los Caídos. En este sentido, cita también la placa conmemorativa del fundador de la Falange Española en la basílica de la Concepción de Nuestra Señora, situada en el barrio de Salamanca, en Goya, 26.

“Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica, y del canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente: ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos”, explica el abogado, para añadir que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar estos símbolos.

Por lo tanto, añade, el Arzobispado de Madrid, “con su permisividad o inacción, está vulnerando manifiestamente los cánones, puesto que ni Francisco Franco Bahamonde ni José Antonio Primo de Rivera son, no han sido, al menos de forma pública y notoria, Romano Pontífice, Obispo o Cardenal”.

Ranz, que pide al Arzobispado de Sevilla retirar la tumba del teniente general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra de la basílica de La Macarena, cita como precedente un caso de Alicante, donde la basílica de Nuestra Señora del Socorro eliminó una placa que contenía las palabras ‘José Antonio’, en conmemoración al fundador de la Falange.

Denuncias contra aforados

Por su parte, se ampliarán a 42 consistorios las denuncias penales por mantener estos vestigios. Entre ellos, varias denuncias se presentarán ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de sus regidores, como el de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.

“Si en un tiempo prudencial no obtuviera respuesta, acudiré al romano Pontífice y a la Curia Romana, como órgano colegiado”, advierte el abogado respecto a los obispos, para añadir que la Conferencia Episcopal no tiene competencia sobre este asunto en aplicación de los cánones del Código de Derecho Canónico.

Ranz denunció inicialmente en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

Nuevos pedidos de detención internacional

Una noticia publicada en Público el 10.04.2015.

Las víctimas del franquismo piden nuevas detenciones por delitos durante la transición

Los abogados de la querella Carlos Slepoy y Máximo Castex se presentaron ante la jueza María Servini de Cubría para solicitar también que la magistrada viaje a España a interrogar a los imputados

Abogados entrando a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires

Foto: Abogados entrando a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires

BUENOS AIRES.- La causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes franquistas llega a las puertas de su quinto aniversario de vida con un gran impulso de la querella. Los abogados Carlos Slepoy y Máximo Castex han presentado ante la jueza a cargo del caso, María Servini de Cubría, nuevos pedidos de detención internacional y una solicitud para que la misma magistrada tome declaración indagatoria en España a todos los imputados.

Familiares de seis víctimas del franquismo denunciaron el 27 de febrero ante el consulado argentino de Madrid los crímenes cometidos contra sus allegados. A raíz de ello, la querella pide en su primer escrito la extradición del exministro Rodolfo Martín Villa por el delito de homicidio agravado en perjuicio de todos ellos, cinco hombres y una mujer.

Martín Villa, imputado por la propia Servini hace casi medio año, ya estaba acusado de delitos de lesa humanidad cometidos no durante la dictadura de Franco, sino precisamente durante la transición. Por entonces, el funcionario disfrutaba de la incipiente democracia primero como ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, y luego como ministro de Gobernación bajo la presidencia de Adolfo Suárez.

“En el período que medió entre julio de 1976 y el 15 de junio de 1977, con Martín Villa como Ministro de Gobernación, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales cometieron decenas de asesinatos, siendo la regla la impunidad de sus autores”, resalta el primer documento.

Y añade: “La totalidad de los hechos a que se refieren estas denuncias se produjeron en el período en que Rodolfo Martín Villa, ya imputado en esta causa por la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, era Ministro de la Gobernación, cargo equivalente al de Ministro del Interior y, en virtud de ello, era el máximo responsable de las fuerzas represivas del Estado”. El escrito concluye que Martín Villa nunca fue indagado ni investigado por estos crímenes.

Los abogados argentinos reclaman además la detención internacional de los que eran en 1977 el gobernador civil de Guipúzcoa, el jefe de la Policía Armada en Pamplona, y quien ocupara la gobernatura civil de Vizcaya en 1977 y también en 1976. Además solicitan la detención internacional de tres antiguos guardias civiles (dos de ellos oficiales), dos miembros de la banda parapolicial ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, y el que fuera responsable de la Dirección General de Seguridad en Madrid en 1977.

En total, son una decena de nuevos pedidos de imputación, lo que podría derivar en el consiguiente exhorto de la jueza librando órdenes de captura internacional contra los acusados. Hasta el presente, todos los pedidos de extradición que ha solicitado la querella han sido concedidos por la magistrada.

La causa investiga los delitos perpetrados entre julio de 1936 y junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, por lo que la querella refleja una vez más que también durante la transición se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Expectativa por que Servini viaje a España

En el segundo documento presentado a Servini, Slepoy y Castex solicitan a la jueza que viaje a España para tomar declaración indagatoria a las 17 personas ya imputadas por la magistrada en octubre de 2014.

Los representantes de las víctimas recuerdan que diez ellas, entre las que se encuentran los exministros Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, están acusadas de “delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por estos crímenes, constatan, “le corresponde a cada uno de ellos la pena de prisión perpetua”.

A otros seis imputados se les acusa del delito de torturas, penado con entre 8 y 25 años de cárcel. El médico Abelardo García Balaguer, por último, enfrenta entre 5 y 25 años de prisión por el delito de sustracción de un menor de 10 años.

A tal efecto, solicitan “se libre Comisión Rogatoria por vía diplomática a las autoridades españolas a fin de que por el Juez de la Audiencia Nacional de España que por turno corresponda, o en su defecto por parte del Juzgado que las mismas estimen competentes, se cite a los imputados (…) para prestar declaración indagatoria”.

Ello podría realizarse “bien en presencia de Ssª [su señoría], para lo que deberá ser notificada de dicha citación por las autoridades españolas con antelación suficiente para trasladarse a España a tal efecto, bien a través de videoconferencias”.

La relevancia de los escritos que ya tiene Servini de Cubría en sus manos fue destacada por Carlos Slepoy poco antes de encontrarse con la jueza. “Estos pedidos, junto con la condena al Gobierno español por parte de los Relatores de la ONU y de otros organismos como Amnistía Internacional, unida al proceso abierto en Soria para investigar los delitos de la dictadura, dan la pauta de que cada vez está más cerca la posibilidad de poner fin a la impunidad del franquismo”, celebró.