BENJAMÍN PRADO – El País – 18/01/2009

Sus cuerpos e historias siguen ocultos. Españoles asesinados en 1936 y 1951 y enterrados dos veces, en realidad. Entonces, por la Guerra Civil, y ahora, por las trabas burocráticas de todo signo político y la excusa de que el olvido mejora la convivencia.

No se sabe quién los mató, pero sí quiénes no van a desenterrarlos: esas personas a las que el poeta Juan Gelman ha descrito como “los organizadores del olvido” y cuyo trabajo en España ha sido tan eficaz que aún hoy -cuando se cumplen 70 años del final de la Guerra Civil y 30 de la llegada de la democracia- quedan decenas de miles de víctimas de la dictadura enterradas en las innumerables fosas comunes que cruzan el país igual que una cicatriz siniestra y a las que, según la lista que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le entregó al juez Baltasar Garzón cuando éste inició una causa para investigar el paradero de los asesinados por los golpistas entre julio de 1936 y diciembre de 1951, fueron a parar al menos 130.137 personas en España y 7.000 más en campos de concentración en el extranjero. […]

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Murió custodiado por la policía franquista. La tesis del suicidio de Enrique Ruano es insostenible

NATALIA JUNQUERA – El País – 18/01/2009

El chico de la imagen en blanco y negro murió cinco días después de haberse hecho esa fotografía, que le pedían para el servicio militar obligatorio. Tenía 21 años, se llamaba Enrique Ruano y falleció al caer desde un séptimo piso, mientras estaba custodiado por tres policías de la Brigada Político Social de Franco, el 20 de enero de 1969, en Madrid. El régimen mantuvo entonces que aquel estudiante de Derecho, miembro del Frente de Liberación Popular -que había escogido como herramienta “para cambiar el mundo”-, se había suicidado. Que, en un descuido, había conseguido zafarse de los tres agentes armados que previamente le habían torturado; que había recorrido el diminuto piso de la calle del General Mola, hoy Príncipe de Vergara, en el que buscaban pruebas incriminatorias, sin que ninguno lograra contenerle; y que se había arrojado por la ventana. Cuarenta años después, las dos mujeres que, delante de la puerta de la Justicia, frente al Tribunal Supremo, parecen sostenerse la una sobre la otra, como vienen haciendo desde aquel 20 de enero, mantienen que fue un asesinato. Son Margot Ruano y Lola Ruiz, la hermana y la novia del estudiante defenestrado. […]

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El esfuerzo que realizó parte de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas es un patrimonio ético de esta sociedad. El Gobierno es responsable de garantizar que se transmita y se conozca

RICARD VINYES – El País – 07/01/2009

Los Gobiernos que han desarrollado políticas públicas de memoria -pero también buena parte de instituciones y movimientos memoriales- han promovido un modelo canónico fundado y sostenido en un principio imperativo, el deber de memoria, el imperativo de memoria. Un modelo del cual derivan al menos dos consecuencias. Primera, el establecimiento de un relato transmisible único, impermeable en su lógica interna, cartesiano, que el ciudadano tiene el supuesto deber moral de saber y transmitir de manera idéntica a como lo ha recibido, una forma de transmisión propia de cualquier confesión religiosa.

La segunda consecuencia de ese imperativo moral consiste en establecer el daño y sufrimiento generados en el individuo como el activo esencial de la memoria transmisible, su capital y su guión. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, es una experiencia. El dolor causado por el terror de Estado forma parte de la experiencia histórica de los procesos de democratización, y debe ser conocido por la vulneración que significa de los derechos a las personas. Pero situar el dolor generado por el terror de Estado y las dictaduras en el centro de una política pública de memoria conlleva un corolario preocupante: la constitución del sufrimiento en un principio de autoridad sustitutivo de la razón. ¿Deberíamos llamarlo biologismo memorial?

Además, resulta un magnífico instrumento de pacificación para los conflictos entre memorias, puesto que situar en el centro del discurso el sujeto víctima, permite agitar la doctrina de los dos demonios, ahora llamada también “memoria completa”, para finalmente practicar la impunidad equitativa, prescindiendo de toda causalidad histórica en una suerte de positivismo del dolor y el daño. Por poner un ejemplo, eso es lo que instaura el capítulo 4 de la Ley de Memoria Histórica al establecer el certificado de víctima. El presidente del Gobierno sintetizó maravillosamente bien, en sede parlamentaria, la utilidad de la víctima: “Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país”. ¿Cabe preguntarse de qué derechos fueron privados los miembros de la Brigada Político Social? ¿Tendrá Melitón Manzanas su certificado? Al fin y al cabo fue asesinado por poner en práctica sus ideas.

Considerar la memoria como un deber moral, o considerar el olvido como un imperativo político y civil -como a menudo se nos repite impúdicamente hasta el cansancio- genera un elemento de coerción, pero sobre todo crea un dilema al plantear la opción entre olvido y recuerdo: ¿Es preciso recordar, o es preciso olvidar?

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JOSÉ VIDAL-BENEYTO – El País – 08/01/2009

En su Carta a los Reyes Magos del 3 de enero, prosigue Martín Villa su propósito de convencernos de que desmanes hubo en los dos bandos y, por tanto, hay que olvidarlos, pues lo importante es que la democracia de hoy es producto del franquismo de ayer, añadiendo ahora que la hazaña debe apuntárseles a los alevines del movimiento nacional, los azules, que en su versión seuista él capitaneó desde 1961 y que, como inspirador del grupo de los “reformistas del franquismo” -la expresión es suya-, pilotó hasta el final.

En su obra mayor, Al servicio del Estado (Planeta, 1984), escribe que, “sin ellos, la reforma política y el cambio no hubieran sido posibles”. En este vigoroso alegato pro domo sua, después de invalidar a los verdaderos demócratas contra Franco -Gil Robles, “repleto de escepticismo, esclavo de ideas preconcebidas”; Emilio Attard, “ese curioso personaje con la habilidad de un abogado de provincias”; Álvarez de Miranda, “de notable ingenuidad”; la Junta Democrática, “de propósitos muy ambiciosos que contrastaban con sus limitadas posibilidades”, etcétera-, repite su tesis mayor: “Fueron los reformistas del franquismo…, los jóvenes aperturistas del régimen, los que ejecutaron el proyecto de reforma política del Rey y el alumbramiento de una democracia para todos”.

La insistencia en la denominación “reformistas del franquismo”, que no rupturistas, tiene un objetivo semántico-ideológico claro: confirmar la filiación franquista del grupo para preservar las potencialidades democratizadoras del régimen de Franco y poder atribuirle las virtualidades democráticas posteriores.

En este caso, como en tantos otros, la política, y más concretamente la democracia, acompañada por la invocación monárquica, funcionan como una pócima mágica que todo lo puede, que todo lo cura. Adolfo Suárez -el jefe de su grupo, nos recuerda Martín Villa- consiguió en 240 días el prodigio de convertir al jefe de una organización parafascista en el líder de una democracia occidental. “La transición la hemos ganado todos”, reitera el autor, olvidando añadir que la han disfrutado los de siempre, sin haber tenido que pagar costo alguno por ese disfrute. Pero ni las campañas retóricas de los beneficiarios del franquismo ni los avales académicos de los portavoces del revisionismo histórico podrán operar el prodigio de convertir un parafascismo degenerado en matriz de la democracia. Por mucha monarquía que le pongan.

Pues el franquismo fue resultado de una sublevación militar contra un Estado de plena legalidad política, y la democracia que le ha sucedido ha condonado, sin contrapartida alguna, todas las iniquidades que cometieron los sublevados.

El deber de Memoria obliga no sólo a enterrar a todas las víctimas de Franco, sino también a hacerlo, con todos los honores, con el cadáver simbólico de la República Española que yace insepulto y denigrado en todas las cunetas de España.