Category: Historia

El general Olivera protagoniza el juicio más importante a la dictadura después de los procesos a Videla y Massera

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – El País – 11/02/2009

El general argentino Jorge Carlos Olivera Rovere compareció ayer ante el Tribunal Oral Federal Número 5 de Buenos Aires con un impecable terno gris y paso reposado, propio de sus 82 años de edad. Miró de frente, casi sin pestañear, a los familiares de los asesinados y desaparecidos, y se sentó con la espalda rígida, sin hacer caso a los murmullos de “asesino” que recorrieron la sala. El general Olivera Rovere está acusado de ser el máximo responsable de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en Buenos Aires durante los años de la dictadura y su juicio es, quizás, el más importante que se ha desarrollado en Argentina contra los responsables de aquella barbarie, una vez procesados los integrantes de la propia Junta Militar, como Videla o Massera.

Olivera y los otros cinco altos mandos que comparecieron ayer con él (dos generales, dos coroneles y un teniente coronel, subjefes de la misma zona militar) representan al terrible Primer Cuerpo del Ejército que encabezó la represión política en Buenos Aires a partir de 1976. En concreto, y para esta causa, Olivera está acusado de cuatro asesinatos (cuatro refugiados uruguayos, entre ellos los diputados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, que fueron arrebatados a la puerta de sus hoteles el 18 de mayo de 1976 y cuyos cuerpos aparecieron tres días después en un coche abandonado), 116 secuestros y desapariciones, y numerosos delitos de tortura. Entre sus víctimas puede figurar también el escritor y periodista Haroldo Conti.

El general Olivera casi logró salir impune, a pesar de la larga lista de crímenes que se le imputan. Con la llegada de la democracia fue procesado, pero su eventual condena quedó interrumpida gracias a las leyes de perdón y amnistía. Reabiertas las causas en 2003, fue de nuevo detenido y estuvo preso durante tres años, hasta que la Cámara de Casación lo puso en libertad a la espera de juicio.

Así pues, Jorge Carlos Olivera llegó ayer al Tribunal tranquilamente, desde su domicilio porteño. El secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, que asistió a la sesión, aseguró que “las pruebas colectadas son tan abrumadoras” que considera que la condena está asegurada. “Espero que sea condenado al máximo de la pena prevista”, añadió. Dada su edad es, sin embargo, poco probable que vuelva a pisar la cárcel.

El juicio, que durará varios meses debido al gran número de testigos citados, empezó en medio de una fuerte polémica porque los jueces del Tribunal Federal impidieron la entrada de cámaras de televisión y fotográficas, en contra, se supone, de las órdenes ya dadas por la Corte Suprema que ampara el derecho a la publicidad de los juicios. Los jueces de este tribunal decidieron autorizar únicamente a un cámara del canal público de televisión y a un fotógrafo para que entraran en la sala durante tres minutos. La televisión rechazó el acuerdo y el fotógrafo no pudo hacer ninguna foto sensata, porque los jueces decidieron sorprendentemente que los tres minutos habían acabado antes de que el procesado entrara en la sala. “Queremos ver la cara del asesino”, protestaban en la puerta familiares de las víctimas. El tribunal, integrado por los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Frías, se mostraron también inflexibles al exigir a las representantes de las Abuelas de la Plaza de Mayo que se despojaran de sus famosos pañuelos blancos, por considerarlos “símbolos” inapropiados.

Entre los testigos figuran algunas de las víctimas que consiguieron sobrevivir a su paso por alguno de los centros de detención controlados por el Primer Cuerpo del Ejército, cuyo jefe era el tristemente célebre general Carlos Suárez Mason, el más despiadado de los despiadados, muerto en 2005, a los 81 años, de un ataque al corazón. Lugares como El Banco, el Olimpo o Automotores Orletti forman ya parte de la historia de la infamia en Argentina.

El alcalde socialista rebautiza una vía dedicada a un golpista

CONCHA MONSERRAT – El País – 14/02/2009

La decisión del alcalde de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch, de dedicar una de las calles del centro de la ciudad al fundador del Opus Dei, san Josemaría Escrivá de Balaguer, quien nació en la localidad oscense de Barbastro, ha encendido una polémica que crece más deprisa que el caudal del Ebro y que tiene también muchas posibilidades de desbordarse. Belloch ya ha advertido que la decisión ha sido suya y que no dará su brazo a torcer.

El asunto arrancó cuando el Ayuntamiento se dispuso a aplicar la Ley de Memoria Histórica. Entre las propuestas para renombrar las calles dedicadas a personajes franquistas, el alcalde incluyó una singular: que la calle dedicada al general Sueiro (miembro del primer claustro de profesores de la Academia General Militar junto a otros destacados militares golpistas que llegó a desempeñar una capitanía general) pasara a homenajear al fundador del Opus. Se da la circunstancia de que en ella hay un colegio propiedad de esa organización católica.

Desde entonces se vienen sucediendo las manifestaciones de ciudadanos en contra de la iniciativa de Belloch. Frente a ellas, el alcalde socialista argumenta que Escrivá es un aragonés de renombre universal y que, además, es santo. “No hay un marxista culto que se oponga a esto”, dice, “porque, independientemente de cuales fuesen sus ideas, que han generado bastantes catástrofes en la humanidad, es un hombre importante. A un señor no se le pone una calle por consenso, sino por méritos. Y la verdad es que [Escrivá] los tiene: ser santo”.

El concejal de IU, José Manuel Alonso, ha puesto el grito en el cielo. Pero la contestación más dura a la iniciativa del alcalde la protagonizó el jueves un socialista histórico: el diputado constituyente Antonio Piazuelo, hoy diputado regional, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza y medalla de oro de la ciudad. En una carta durísima, Piazuelo acusa al alcalde de fraude de ley: “Me permito recordar que en uno de los últimos Gobiernos presididos por el General Franco, con participación de cuatro ministros del Opus, se produjeron las últimas condenas a muerte de antifranquistas. Dedicarle una calle [al fundador del Opus Dei] me parece un fraude de ley claro y rotundo que tendrá, espero y deseo, defensa y contestación jurídica”.

En la misma línea se pronunció ayer el historiador Julián Casanova, autor del libro La Iglesia de Franco. Escrivá, señala, “no tuvo que ver con la violación de derechos humanos (…), pero el Opus mantuvo el aparato de la dictadura y a sus miembros nunca les importó que ese aparato asesinara a miles de españoles y violara los derechos humanos más elementales”.

La inclinación del alcalde de Zaragoza por la Iglesia no es nueva. Ya en las primeras primarias del PSOE sorprendió al entonces candidato Josep Borrell llevándole a rezar ante la virgen del Pilar, “cosa que yo hago nada más llegar a Zaragoza”, le dijo.

Este mismo año, apoyó el rechazo de la compañía de transportes urbanos a la campaña de anuncios con el lema: Probablemente Dios no existe.

Los republicanos españoles pagaron la derrota no sólo con la vida, la cárcel o el exilio. Los tribunales políticos del franquismo también confiscaron sus bienes y fijaron abultadas multas

TEREIXA CONSTENLA – El País – 15/02/2009

Margarita Xirgu era un icono del teatro, un meteorito que horadó el casticismo de las tablas con su apuesta por la vanguardia europea. Para media España, un símbolo del compromiso de una generación de artistas de entreguerras. Para la otra media, una roja con un pasado que expiar. El expediente de la actriz es uno de los 36.018 resueltos hasta noviembre de 1941 por los 18 tribunales regionales de responsabilidades políticas, creados para castigar a los perdedores de la Guerra Civil por su ideología, a golpe de multas e incautaciones.

Por ellos desfilaron desde presidentes de la República como Manuel Azaña o Niceto Alcalá Zamora hasta insignificantes militantes de partidos del Frente Popular que alguien ponía en la diana del tribunal. Daba igual que el procesado estuviese en España o en el exilio; daba igual que estuviese vivo o muerto. En el peor de los casos, la familia pagaba el ajuste de cuentas. Así que Xirgu, de notoria afinidad republicana, no se libró de esta persecución, que comenzó mientras ella estaba de gira en México. “Es persona de izquierda, figurando afiliada en Izquierda Republicana. En octubre de 1934 tuvo oculto en su casa a Manuel Azaña, del que era íntima amiga, así como de Marcelino Domingo

[ministro de Instrucción Pública]. Le cogió el Movimiento Nacional en el extranjero, no habiendo regresado a su patria, dedicándose a realizar propaganda roja en festivales, representaciones teatrales y giras. Protege a los elementos marxistas en una finca que ha adquirido en Chile”.

Por tales “hechos graves”, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona le confiscó todos sus bienes en 1941, la inhabilitó para ocupar cargos “de toda clase” a perpetuidad y la condenó al destierro, también perpetuo. Entre las propiedades incautadas se incluían tres viviendas en Barcelona y la casa de Badalona, donde Azaña se había alojado tras su retención en el puerto barcelonés en 1934, y por la que también habían pasado Federico García Lorca y Jacinto Benavente.

Margarita Xirgu jamás regresó del exilio, a su juicio, el peor de los males. […]

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JORDI SOLER – El País -15/02/2009

El éxodo de republicanos que, huyendo de la cólera vengativa del general Franco, cruzó la frontera francesa en febrero de 1939, fue repartido en varios campos de concentración que, en general, no eran más que grandes extensiones de terreno cercado con alambre, una especie de corral, vigilado por guardias senegaleses, donde los republicanos españoles vivían, dormían, defecaban y con frecuencia morían a la intemperie. El más grande y emblemático de estos campos era el de Argelès-sur-Mer, una larga playa donde murieron cientos de españoles que hoy se ha reconvertido en lugar de veraneo; en esa misma arena donde los republicanos luchaban por sobrevivir, o morían de hambre, enfermedad o desesperación, ahora los turistas beben cerveza en un chiringuito con D. J. o exponen, sobre una toalla mullida, sus cuerpos al sol. Mi abuelo, al perder la guerra, purgó varios meses en esa playa y en ese tiempo, un tiempo indecente para vivir a la intemperie, experimentó una serie de cambios que fueron transformando el signo del campo de concentración: al principio era una prisión exclusiva para republicanos pero conforme la Segunda Guerra Mundial fue consolidándose comenzaron a llegar judíos y gitanos, dos pueblos que, junto con el éxodo republicano, constituían entonces una tribu errante que no tenía lugar en Europa, y que en la España franquista contaba incluso con un eslogan, con una idea machacona que decía, muy a la manera de Bush y su Eje del Mal, que todas las desgracias del mundo se debían a un complot de rojos, judíos y masones.

Luego vino el horrendo capítulo de los campos de concentración y de exterminio nazis donde volvieron a coincidir judíos y republicanos, en una proporción, y a partir de un proceso de selección, que desde luego los convierte en tragedias que no pueden compararse. Sin embargo, aquél es un capítulo, el de los rojos y los judíos en el mismo campo de concentración, que por salud mental, y para no perder la perspectiva histórica, no deberíamos olvidar; sobre todo en esta temporada en que España acaba de ser declarada, por el prestigioso Pew Research Center de Washington, el país más antisemita de Europa; un deshonor mayor que es la suma de la clásica, y añeja, animadversión del mundo católico frente al judío, y de la educación franquista que durante décadas reforzó esta animadversión.

Mientras Europa, después de la Guerra Mundial, lidiaba con el genocidio nazi, trataba de digerirlo y hacía un examen de conciencia a nivel colectivo y personal, en España los judíos seguían perteneciendo a ese eje del mal que Franco con tanto empeño y desparpajo había promocionado. Alejandro Baer, enun estupendo artículo publicado en estas mismas páginas, nos contaba cómo la Noche de los Cristales, ese pogromo antisemita que organizaron los nazis en 1938, fue condenado por la República española y justificado, e incluso aplaudido, por el bando franquista. Cuarenta años de discurso oficial antisemita es tiempo suficiente para contaminar a varias generaciones, para deformar la visión que tiene el país del pueblo judío y de los individuos que lo componen. ¿Que España es el país más antisemita de Europa? Según el Pew Research Center lo es, pero también es el país que tiene la curia más poderosa, vociferante y arcaica del planeta, dos anomalías complementarias que deberían revisarse seriamente como eso que son, anomalías en un país europeo, en la octava economía del mundo, anomalías como esos huesos de los combatientes republicanos que sus familias no pueden desenterrar.

Quiero decir que el antisemitismo español tiene mucho de tara, tiene que ver con esa zona de burricie que el dictador extendió durante décadas para perfilar un ambiente que sirviera a sus propósitos, y así como es necesario que cada ciudadano pueda desenterrar a sus muertos de la Guerra Civil (para que después pueda enterrarlos en santa paz), también es imperativo un análisis personal sobre esa pulsión antisemita que, según ese centro de investigadores de Washington, posee la mitad de España.

La guerra entre Israel y Palestina ha puesto esta pulsión al rojo vivo, en las manifestaciones de Madrid y Barcelona hemos oído consignas y leído pancartas que tienen que ver más con el antisemitismo puro y duro que con la guerra misma. En la de Barcelona, por ejemplo, vimos fotografías de respetables ciudadanos barceloneses a los que, exclusivamente por el hecho de ser judíos, les habían pintado un blanco en la frente, y, hace unos días, fue vandalizada una de las sinagogas de la ciudad por un grupo de exaltados que piensan que con ese acto apoyan la causa palestina. Y esto acaba de suceder en Barcelona, una de las ciudades, no está de más recordarlo, que se cita a menudo como ejemplo de urbe civilizada y tolerante.

He empezado estas líneas en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer porque aquel episodio, casi olvidado, ilustra el flanco bárbaro de España, y en general de Europa. En aquella playa, expuesta a los cuatro vientos, españoles y franceses vivían encerrados por ser rojos y judíos, los dos sin un país al cual regresar, sin un rincón que les sirviera de refugio y con un futuro inmediato rigurosamente negro, ambos víctimas de un prejuicio que, en el caso de los judíos, sigue operando con alarmante virulencia, un prejuicio que en España le debe mucho al eje del mal que vislumbraba el dictador, que tiene mucho de tara y, con bastante frecuencia, es una forma de la ignorancia y la sandez.

Todos coincidimos en que la respuesta del ejército israelí ha sido desproporcionada y en que la masacre de la población civil palestina, con énfasis en las criaturas, no tiene ni nombre ni, si me lo permiten, perdón de Dios. Pero, a partir de aquí, habría que plantearse ¿qué culpa tiene un pacífico judío de Barcelona, o de París o de la Ciudad de México, de lo que hace aquel ejército?; ¿por qué el apoyo al pueblo palestino, apoyo que, por cierto, muchos judíos comparten, tiene que derivar en la barbarie antisemita? Así como han sido importantes las manifestaciones en la calle para detener aquella guerra, con esa misma energía habría que hacer un esfuerzo por separar a los dirigentes y al ejército del Estado de Israel de las personas que, por puro azar, han nacido judías, y viven entre nosotros. Porque el antisemitismo se dirime a ese nivel, en una cena, en una mesa donde, entre los invitados, hay un judío y en cuanto brinca el tema de la guerra entre Israel y Palestina, se instala entre el pan y el vino una incómoda tensión. La cosa empieza ahí, en esa cena hipotética donde, estos días, echan un pulso la civilización y la barbarie.

Jordi Soler es escritor.

RAMIN JAHANBEGLOO – El País – 15/02/2009

La llamada Ley de Memoria Histórica ha desatado un torbellino de debates en España. Según algunos españoles, el país tiene que mantener enterrado el pasado; de no ser así, la sociedad española se desgarraría totalmente. Pero España no es el primer país que se enfrenta a la pregunta sobre si debe o no recordarse un pasado atroz. Al abordar esta cuestión, es muy importante plantearse en primer lugar quién quiere olvidar. Y en segundo, saber si alguna víctima ha olvidado.

Cuando una nación tiene el valor de hacerse preguntas sobre su pasado, no sólo se trata de recordar su historia, sino de romper el silencio y de reivindicar la dignidad de las víctimas. En consecuencia, también tenemos que preguntarnos si recordar es un fin en sí mismo o si es el principio de un auténtico proceso de reconciliación y construcción de la paz. Como señaló James Joyce, “la historia es una pesadilla de la que tratamos de despertar”.

Para poder despertar, no es preciso ni amar el pasado ni odiarlo, sólo comprenderlo y superarlo. Y sólo siendo fieles a la verdad de la historia podremos lograr ambas cosas. Conocer la verdad histórica puede ser doloroso, pero no cabe duda de que es enormemente liberador. Con ese conocimiento, una nación puede dejar de lado el dolor.

En muchos países del mundo los procesos de conocimiento de la verdad histórica estuvieron congelados durante años. En las dictaduras de países de África, Latinoamérica y Oriente Próximo, la gente se vio obligada a vivir con culpa y la dignidad se convirtió en algo sin valor. Irónicamente, eran los oprimidos, no los opresores, los que se sentían culpables. A la gente comenzó a desagradarle su pasado, pero no podía cambiarlo. Las personas eran culpables de vivir en el lugar y el momento equivocados.

Sin embargo, la historia siempre encuentra formas de juzgarse y condenarse a sí misma. Echemos un vistazo al caso de Suráfrica. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación dio a los surafricanos la posibilidad de lidiar con su pasado partiendo de una base moral consensuada y de avanzar así hacia la reconciliación. En Suráfrica, las víctimas colocaron la necesidad de verdad y de reconocimiento por encima de la necesidad de reparación. En ese país, la cuestión no radicaba en si se imponían compensaciones monetarias o reparaciones simbólicas (o ambas). Lo primordial era la necesidad de verdad en un contexto de transición política negociada. La sustitución de la justicia punitiva por la recuperación de la verdad posibilitó que todo el mundo accediera a la información, proporcionando al mismo tiempo un testimonio incontestable sobre cómo habían tenido lugar los abusos y las vulneraciones de derechos individuales. Y el hecho de revelar la verdad sirvió para prevenir posibles violencias futuras.

En el caso español, la mayoría de los pretextos presentados para no recordar la época franquista es aquello de que no debemos reabrir las heridas del pasado. Pero negando ese pasado nunca podremos cerrar tales heridas. Si una nación, o una gran parte de ella, tiene la necesidad de recordar es porque no ha olvidado. El perdón asociado al olvido es la opción más tentadora para criminales y opresores, pero siempre es mejor perdonar sin olvidar.

Un proceso de recuerdo no sólo tiene que constituir una oportunidad para que las víctimas muestren su verdad, como hicieron los judíos respecto a la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazis, sino un método para que el conjunto de la sociedad construya una historia común. También sirve para que cada sociedad afronte sus pesadillas, acepte la responsabilidad de lo ocurrido y haga cambios que garanticen que esas atrocidades no vuelvan a ocurrir jamás.

El recuerdo debe ser un punto de partida que sirva para ver la propia historia con los ojos de las víctimas. Y debe ir vinculado a una nueva concepción del futuro. No tiene sentido volver la vista al pasado si no nos ayuda a crear un futuro mejor.

Una nación no puede cicatrizar sus heridas mientras la memoria colectiva esté en suspenso. La concesión de memoria histórica a las víctimas del periodo franquista es una forma de devolverle a la historia española la dignidad que merece. Pero también servirá para sacar a la luz realidades de la historia contemporánea española largo tiempo ocultas, proporcionando de manera retroactiva dignidad a los vencidos por esa misma historia. De este modo, la memoria de las víctimas del régimen franquista podría convertirse en un gran antídoto contra el odio y el prejuicio en España.

Sólo una sociedad que sepa cómo recordar al unísono sabrá cómo respetar la dignidad de la diferencia. Y el valor de ésta depende totalmente de la comprensión de sus límites. Dicho de otro modo, la historia debe escribirse por y para las víctimas que fueron abandonadas por la historia. No debemos olvidar el rastro de sangre y de lágrimas que la historia siempre deja a su paso. Un pueblo libre no puede permitirse olvidar las atrocidades de su pasado.

Ha llegado el momento de que España ponga al día su perspectiva histórica, reduciendo la brecha existente entre la memoria de las víctimas y el futuro de la democracia. La historia de la libertad tiene que ver con la posibilidad de juzgar libremente la propia historia.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

Ramin Jahanbegloo, filósofo iraní, es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto (Canadá).

JULIÁN CASANOVA – El País – 01/02/2009

El 26 de enero de 1939 las tropas de general Franco entraron en Barcelona. Unos días después, el 9 de febrero, “próxima la total liberación de España”, Franco firmó en Burgos la Ley de Responsabilidades Políticas, el primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó la Dictadura. La ley declaraba “la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas” que, desde el 1 de octubre de 1934, “contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España”, y las que, a partir del 18 de julio de 1936, “se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”.

Todos los partidos que habían integrado el Frente Popular, y sus “aliados, las organizaciones separatistas”, quedaban “fuera de la Ley” y sufrirían “la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de todos sus bienes”, que pasarían “íntegramente a ser propiedad del Estado”.

La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los rojos y los vencidos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Hasta octubre de 1941 se habían abierto 125.286 expedientes y unas 200.000 personas más sufrieron la “fuerza de la justicia” de esa ley en los años siguientes. La ley quedó derogada el 13 de abril de 1945, pero las decenas de expedientes en trámite siguieron su curso hasta el 10 de noviembre de 1966.

Las sanciones que la ley preveía eran durísimas y podían ser, según el artículo 8, de tres tipos: “restrictivas de la actividad”, con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de profesiones; “limitativas de la libertad de residencia”, que conllevaba el extrañamiento, la “relegación a nuestras posesiones africanas”, el confinamiento o el destierro; y “económicas”, con pérdida total o parcial de los bienes y pagos de multas. Ilustres republicanos, autoridades políticas y dirigentes sindicales cayeron bajo el peso de esa ley, que castigó a miles de personas ya asesinadas, desterradas, exiliadas, presas o “en paradero desconocido”. Los afectados y sus familiares, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria.

De acuerdo con la ley, el juez instructor debería pedir “la urgente remisión de informes del presunto responsable al Alcalde, al Jefe Local de Falange, Cura Párroco y Comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquél tenga su vecindad o su último domicilio, acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo, anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936”.

La ley marcaba así el círculo de autoridades poderoso y omnipresente, de ilimitado poder coercitivo y administrativo, que iba a controlar durante los largos años de la paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos: el alcalde, que era además jefe local del Movimiento, el comandante de puesto de la Guardia Civil y el párroco, una triada de dominio político, militar y religioso.

La Ley de Responsabilidades Políticas brindó la oportunidad a la Iglesia católica, por medio de los párrocos, de convertirse en una agencia de investigación parapolicial. No era suficiente con que la Iglesia, colmada de privilegios con la victoria, recuperara su papel de guardián de la buena moral y de las buenas costumbres. Los párrocos se convirtieron, gracias a esa ley, en investigadores públicos del pasado de todo vecino sospechoso de haber “subvertido el orden” y, por supuesto, de haber “atacado a la Iglesia”, acusaciones bajo las que podían implicar a los supuestos responsables y a toda su familia. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvió la vida cotidiana de esas pequeñas comunidades rurales en la posguerra.

Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Un porcentaje elevadísimo de las plazas “vacantes”, hasta el 80%, se reservaba para ex combatientes, ex cautivos, familiares de los mártires de la Cruzada, y para tener acceso al resto había que demostrar una total lealtad a los principios de los vencedores. Ahí residía una de las bases de apoyo duradero a la dictadura de Franco, la “adhesión inquebrantable” de todos aquellos beneficiados por la victoria.

Miles de fichas e informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, avales y salvoconductos, descubiertos por los historiadores en los últimos años en decenas de archivos, dan testimonio del grado de implicación de una parte importante de la población en ese sistema de terror. Hubo cientos de miles de personas que habían luchado en el bando vencedor, que aceptaron la legitimidad de ese régimen forjado en un pacto de sangre, que adoraban a Franco por haberles librado de los revolucionarios, por ofrecerles “paz y tranquilidad”. Sin esa participación ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a fuerza y coerción. Conviene recordarlo ahora, 70 años después de que todo aquello comenzara, como una forma de resistencia frente al silencio y la falsificación de los hechos.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Entre 20.000 y 35.000 judíos europeos lograron salvarse de la persecución de Hitler huyendo a través de la Península con el apoyo de españoles anónimos. Tres supervivientes cuentan su historia a EL PAÍS

JESÚS DUVA – El País – 31/01/2009

Miles de judíos -entre ellos gran número de niños- escaparon del terror nazi a través de España. Hay historiadores que calculan que entre 20.000 y 35.000 judíos huyeron del genocida Adolf Hitler cruzando el territorio español a partir del año 1940. Lo hicieron aprovechando la tolerancia del régimen del dictador Franco, que sin embargo tuvo buen cuidado de que ninguno de ellos echara raíces, sino que simplemente utilizaran España como una escala en su éxodo. […]

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