España incumple el Tratado de Extradición

Os dejo aquí dos artículos relacionados con la querella argentina publicados en Público el 27 de marzo de 2015.

BUENOS AIRES.- Argentina sigue atenta la evolución de la causa abierta en el país para juzgar los crímenes del franquismo. Los representantes de las víctimas se han reunido este jueves con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para referirse a la querella y denunciar la actitud del Gobierno español, que rechazó el 13 de marzo la extradición de los 20 imputados franquistas que solicitó la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso.

En la reunión con Fresneda también participó una delegación de la plataforma argentina de apoyo a la querella y Carlos María Duhalde, consejero de la embajada argentina en Madrid. “España nos enseñó a nosotros qué era la jurisdicción universal, y ahora desanda un camino que nos había marcado a todo el mundo”, expresó el secretario de Derechos Humanos tras el encuentro.

Fresneda también manifestó su contrariedad por que España obstaculice cualquier intento de averiguar lo que sucedió durante el franquismo. “No sirve tener inmensos mausoleos de la memoria que no provocan la discusión de las nuevas generaciones sobre lo que pasó en la historia. ¿Qué aprendizaje tiene la juventud española para decir ‘nosotros somos garantes de la democracia’ si le tapan todo? El mundo tendrá que hacerse cargo”, afirmó.

Los representantes de las víctimas recordaron al secretario que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, vigente desde 1990, al negarse a colaborar con la causa. “El único que puede exigir que cumpla ese tratado es el Gobierno argentino. Por eso buscamos constantemente el apoyo de la comunidad internacional y cómo no, el de un referente en derechos humanos como es Argentina”, explicó a Público Manuela Bergerot, representante de La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

“El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables”

El Gobierno español no sólo ha espantado cualquier tipo de cooperación, sino que en mayo de 2013 realizó una protesta formal ante el Ejecutivo argentino cuando estaban por producirse las primeras videoconferencias entre Servini y las víctimas. En aquel comunicado, España alegó que se estaba incumpliendo el Tratado entre ambos países porque interpretaba que se necesitaba su autorización para que pudieran presentarse testigos ante el consulado argentino.

“El Tratado se hace cuando es necesario la colaboración judicial de un país con otro, no cuando las víctimas se presentan a declarar voluntariamente”, objetó Slepoy. “Pero este precedente de protesta nos sirve, porque hoy planteamos que ha habido un incumplimiento muy serio precisamente de ese Tratado. Hay un artículo que establece que por razones de urgencia, y lo es en caso de delitos de lesa humanidad, se puede pedir la detención previa en el marco de un proceso de extradición, y por lo tanto, es obligación detener a esas personas y ponerlas a disposición judicial”.

Eso significa que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. “El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste”, expresó el abogado.

“Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente”

Slepoy considera que la situación con el Gobierno español es muy similar a lo que sucedió en Argentina ante los pedidos de detención hechos desde España para juzgar a los responsables de su última dictadura (1976-1983).

“El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables”, relató el letrado. “Su sucesor Fernando De La Rúa moderó esa posición al establecer que daría traslado de cada denuncia que llegara a los jueces argentinos”.

No debe olvidarse que el juez Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente. Años después, un juez argentino decidió detener a los máximos jerarcas de la dictadura. Así se desencadenó el fin de la impunidad en Argentina con el Gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso anuló las leyes que impedían juzgar a los responsables.

Los cambios en España también son paulatinos, pero visibles. Todos los partidos, menos el PP, firmaron este martes una resolución en el Senado para establecer una comisión de la verdad sobre el franquismo. Los organismos de derechos humanos en torno a la ONU insisten también con que España debe investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio territorio.

Los cambios políticos que pueden producirse a corto plazo en España pueden provocar, por último, el final de una impunidad que comenzó a resquebrajarse hace casi cinco años, cuando los primeros querellantes de la causa presentaron sus denuncias ante la Justicia argentina.

* * * * *

La ONU advierte a España de que está “obligada” a extraditar a los mandos franquistas

El Gobierno se negó a extraditar a los 17 altos cargos acusados por la justicia argentina. El jefe para Derechos Humanos de la ONU dice que “no se está cumpliendo el derecho a la verdad de las víctimas”

Los exministros franquistas José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez. EFE

GINEBRA.- España está “obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas”, aseguró este viernes un grupo de expertos de la ONU en Ginebra.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explicó, en un comunicado, que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, indicaron los expertos de la ONU.

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, acusa la ONU

En la nota, se explica que el grupo “ha mantenido comunicación con el Gobierno español en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada ‘querella argentina’,en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos”, se añade en la nota.

La jueza argentina María Servini de Cubria había pedido la extradición para ser juzgados de 20 acusados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.

“Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición”, indicaron los expertos, pero, en ese caso, “tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad”.

Los expertos independientes recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos”.

“En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”, señalaron, al insistir en que “la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad”.

Los expertos resaltaron que “el derecho internacional es muy enfático: los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables”.

“Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona”, aclararon.

El Gobierno español también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación, pero, según los expertos de la ONU, estos principios no son aplicables en este caso, ya que “más de 40 años después de los hechos en España no se han iniciado investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo”.

Leave a Reply