Un artículo publicado en Público el 14.04.2015:

La jueza Servini entrevistará a seis nuevas víctimas del franquismo

La magistrada envía otro exhorto a España para solicitar por segunda vez que se exhumen los restos de Timoteo Mendieta. Buenos Aires celebró el aniversario de la causa el mismo día que en España se festejaba el de la II República.

Nora Cortiñas, la titular de las Madres de la Plaza de Mayo, el abogado Máximo Castex, el primer querellante Darío Rivas, y el abogado Carlos Slepoy.

Foto: Nora Cortiñas, titular de las Madres de la Plaza de Mayo -Línea Fundadora, junto al abogado Máximo Castex, el primer querellante Darío Rivas, y el abogado Carlos Slepoy.

BUENOS AIRES.- La causa abierta en Argentina para investigar los crímenes del franquismo cumple cinco años en su momento más álgido. Los abogados de la querella han anunciado que la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso, entrevistará el próximo 23 de abril a seis nuevas víctimas de la dictadura franquista.

Los querellantes se desplazarán ese día al consulado argentino en Madrid para dialogar con la jueza a través de videoconferencias. Éste era un pedido que había realizado la querella tras el viaje emprendido por la magistrada en mayo de 2014, cuando durante 13 días recorrió Madrid, Andalucía y el País Vasco para dialogar en persona con las víctimas y visitar lugares testimoniales citados en la causa.

Unas 16 personas no llegaron a entrevistarse con Servini de Cubría por falta de tiempo. La jueza ha citado ahora a las primeras seis, y se espera que en los próximos días concrete nuevas reuniones para que todas ellas sean escuchadas por la máxima responsable de la causa.

Insiste en exhumación

La magistrada argentina tampoco se olvida del rechazo, por parte de un juzgado de Guadalajara, de un exhorto que ella libró en febrero de 2014 para exhumar a una víctima de la dictadura, Timoteo Mendieta. La jueza que tuvo que responder a Servini, María Lourdes Platero, se tomó casi un año para denegar la exhumación de los restos de Mendieta, localizados en una fosa común en esa provincia.

“Así se descubrió que Platero había realizado una inspección en el cementerio sin la participación de la familia, cosa muy rara, para luego negar la exhumación”, explicó a Público el abogado Máximo Castex. “Entregamos un nuevo escrito a Servini protestando por la irregularidad del procedimiento que realizó Platero, y ahora la magistrada ha vuelto a enviar un exhorto, que volverá a caer en manos de la jueza de Guadalajara”.

La hija de Timoteo Mendieta, Ascensión, es uno de los casos paradigmáticos que ha desvelado esta causa. Con 88 años, la mujer viajó a Buenos Aires en diciembre de 2013 para entrevistarse con la jueza y pedir con lo que ahora insiste Servini: la exhumación de la fosa donde se encuentra su padre.

Momento crucial

“El momento más crucial e importante de la causa lo estamos viviendo ahora con este nuevo aniversario”, afirmó más tarde Castex al informar de los pedidos que el pasado viernes trasladaron a la jueza.

Servini tiene sobre la mesa dos nuevas solicitudes de los abogados: la primera requiere la imputación de una docena de personas por crímenes cometidos durante la transición –además de pedir la ampliación de los cargos contra el exministro Rodolfo Martín Villa–; la segunda insta a la jueza a viajar a España para tomarle declaración indagatoria a los 17 imputados que ya tiene la causa.

“En el proceso se ha logrado la participación del Ministerio Público Fiscal, que realizó una requisitoria contabilizando más de 4.500 víctimas”, recordó Castex. “Además hay cuatro organismos de Naciones Unidas que reprochan la actuación del Gobierno español por haberse negado a la extradición de los imputados”.

A ello se le suma el ya mencionado viaje de la jueza a España, las videoconferencias de algunas víctimas, el viaje de otras que se personaron ante la jueza, y la apertura de los consulados argentinos para que cualquier persona pueda incorporarse a la querella. “Son cientos las denuncias que ingresan cada mes por los distintos consulados y que luego viajan hasta Argentina por vía diplomática”, celebró Castex.

Homenaje a la II República

La conferencia de la querella se celebró en la Legislatura de Buenos Aires, algunos de cuyos miembros prometieron aceptar la propuesta que les hagan llegar los abogados de las víctimas y darle traslado a la Cámara de Diputados de la Nación. La querella espera que los órganos legislativos de Argentina desautoricen la negativa de España a extraditar a los imputados, lo que incurre en una vulneración del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica firmada por ambos países.

El abogado Carlos Slepoy confirmó por ello que esperan conseguir la condena al Ejecutivo de Mariano Rajoy por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Las noticias que lleguen de los apoyos en Argentina es sustancial, como lo fue la solidaridad del pueblo español con las causas de las dictaduras argentina y chilena”, indicó.

El acto también quiso ser un homenaje a la República, según anunció el abogado argentino. La República, convino, fue un acontecimiento extraordinario en el siglo XX, y a ella confluyeron decenas de miles de voluntarios a pelear por la libertad y la democracia.

“Sin embargo, en España la República parece un acontecimiento menor”, alertó. “El discurso es que no hay que investigar porque se mataron unos a otros, sigue existiendo la teoría de los dos demonios, de modo que las siguientes generaciones de españoles se están desarrollado sin conocer esta experiencia atroz que fue la del franquismo”.

Nuevos pedidos de detención internacional

Una noticia publicada en Público el 10.04.2015.

Las víctimas del franquismo piden nuevas detenciones por delitos durante la transición

Los abogados de la querella Carlos Slepoy y Máximo Castex se presentaron ante la jueza María Servini de Cubría para solicitar también que la magistrada viaje a España a interrogar a los imputados

Abogados entrando a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires

Foto: Abogados entrando a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires

BUENOS AIRES.- La causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes franquistas llega a las puertas de su quinto aniversario de vida con un gran impulso de la querella. Los abogados Carlos Slepoy y Máximo Castex han presentado ante la jueza a cargo del caso, María Servini de Cubría, nuevos pedidos de detención internacional y una solicitud para que la misma magistrada tome declaración indagatoria en España a todos los imputados.

Familiares de seis víctimas del franquismo denunciaron el 27 de febrero ante el consulado argentino de Madrid los crímenes cometidos contra sus allegados. A raíz de ello, la querella pide en su primer escrito la extradición del exministro Rodolfo Martín Villa por el delito de homicidio agravado en perjuicio de todos ellos, cinco hombres y una mujer.

Martín Villa, imputado por la propia Servini hace casi medio año, ya estaba acusado de delitos de lesa humanidad cometidos no durante la dictadura de Franco, sino precisamente durante la transición. Por entonces, el funcionario disfrutaba de la incipiente democracia primero como ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, y luego como ministro de Gobernación bajo la presidencia de Adolfo Suárez.

“En el período que medió entre julio de 1976 y el 15 de junio de 1977, con Martín Villa como Ministro de Gobernación, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales cometieron decenas de asesinatos, siendo la regla la impunidad de sus autores”, resalta el primer documento.

Y añade: “La totalidad de los hechos a que se refieren estas denuncias se produjeron en el período en que Rodolfo Martín Villa, ya imputado en esta causa por la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, era Ministro de la Gobernación, cargo equivalente al de Ministro del Interior y, en virtud de ello, era el máximo responsable de las fuerzas represivas del Estado”. El escrito concluye que Martín Villa nunca fue indagado ni investigado por estos crímenes.

Los abogados argentinos reclaman además la detención internacional de los que eran en 1977 el gobernador civil de Guipúzcoa, el jefe de la Policía Armada en Pamplona, y quien ocupara la gobernatura civil de Vizcaya en 1977 y también en 1976. Además solicitan la detención internacional de tres antiguos guardias civiles (dos de ellos oficiales), dos miembros de la banda parapolicial ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, y el que fuera responsable de la Dirección General de Seguridad en Madrid en 1977.

En total, son una decena de nuevos pedidos de imputación, lo que podría derivar en el consiguiente exhorto de la jueza librando órdenes de captura internacional contra los acusados. Hasta el presente, todos los pedidos de extradición que ha solicitado la querella han sido concedidos por la magistrada.

La causa investiga los delitos perpetrados entre julio de 1936 y junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, por lo que la querella refleja una vez más que también durante la transición se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Expectativa por que Servini viaje a España

En el segundo documento presentado a Servini, Slepoy y Castex solicitan a la jueza que viaje a España para tomar declaración indagatoria a las 17 personas ya imputadas por la magistrada en octubre de 2014.

Los representantes de las víctimas recuerdan que diez ellas, entre las que se encuentran los exministros Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, están acusadas de “delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por estos crímenes, constatan, “le corresponde a cada uno de ellos la pena de prisión perpetua”.

A otros seis imputados se les acusa del delito de torturas, penado con entre 8 y 25 años de cárcel. El médico Abelardo García Balaguer, por último, enfrenta entre 5 y 25 años de prisión por el delito de sustracción de un menor de 10 años.

A tal efecto, solicitan “se libre Comisión Rogatoria por vía diplomática a las autoridades españolas a fin de que por el Juez de la Audiencia Nacional de España que por turno corresponda, o en su defecto por parte del Juzgado que las mismas estimen competentes, se cite a los imputados (…) para prestar declaración indagatoria”.

Ello podría realizarse “bien en presencia de Ssª [su señoría], para lo que deberá ser notificada de dicha citación por las autoridades españolas con antelación suficiente para trasladarse a España a tal efecto, bien a través de videoconferencias”.

La relevancia de los escritos que ya tiene Servini de Cubría en sus manos fue destacada por Carlos Slepoy poco antes de encontrarse con la jueza. “Estos pedidos, junto con la condena al Gobierno español por parte de los Relatores de la ONU y de otros organismos como Amnistía Internacional, unida al proceso abierto en Soria para investigar los delitos de la dictadura, dan la pauta de que cada vez está más cerca la posibilidad de poner fin a la impunidad del franquismo”, celebró.

¿El fin de la impunidad?

Una noticia publicada en Público:

“El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo”

Las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional anuncian el impacto que tendrá en la causa abierta en Argentina el reproche de la ONU al Gobierno español por negarse a la extradición de los imputados que reclama su Justicia.

Once ministros forman el primer Gobierno de Franco, constituido en Burgos el 30 de enero de 1938

Foto: Once ministros forman el primer Gobierno de Franco, constituido en Burgos el 30 de enero de 1938.

ANA DELICADO

BUENOS AIRES.- Las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional han respondido rápido a la reprimenda que el pasado viernes Naciones Unidas dio al Gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas que reclama Argentina. Este mismo lunes han manifestado su apoyo al organismo, aludiendo a futuras medidas que tomarán en breve y que pondrán a España en un brete aún más evidente.

Presentes en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires estaban los tres querellantes originales de la causa abierta en el país para investigar los crímenes franquistas –Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández–, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA), la plataforma argentina de apoyo a la querella, Amnistía Internacional Argentina y España.

“Uno de los motivos por los que España rechaza la extradición es porque afirma que ya está investigando y que por lo tanto Argentina no es competente” adujo Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. “Nosotros hemos documentado cómo en realidad no investiga los estas causas. En España se han presentado 114.000 denuncias, la mayoría por desapariciones forzadas. Nosotros tuvimos acceso a esos expedientes, y pudimos corroborar que todos ellos, sin excepción, han sido archivados”.

El comunicado emitido por la ONU concluía que si España no iba a investigar los crímenes del franquismo, estaba obligada a extraditar a los imputados requeridos por la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del proceso. El documento fue suscrito por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

“Después de 5 años luchando en esta querella, pidiendo medidas y acompañando a las víctimas, sabíamos que España nunca indagaría estos crímenes y que pondría trabas a su investigación. Y ésta fue la constante en las respuestas que daba a las rogatorias de la jueza”, relató el abogado que desde Argentina impulsa la causa, Máximo Castex. “Que ahora cuatro organismos internacionales de derechos humanes dicten este comunicado nos posiciona en una nueva etapa en la que vamos a seguir insistiendo con las extradiciones y con las indagatorias”.

El letrado mencionó el último pedido librado por la magistrada para exhumar a una de las víctimas, Timoteo Mendieta, localizado en una fosa común en Guadalajara. Después de un año, una jueza de esa provincia que debía resolver el exhorto de Argentina rechazó la exhumación. “¿Qué le queda a la querella? Insistir. Y esta semana se nos ha confirmado que se ha librado un nuevo auto insistiendo en esta exhumación”, reveló Castex.

Cuestión de tiempo

Manuela Bergerot, representante de CeAQUA, recordó que el de Argentina es el único proceso judicial abierto en el mundo que está investigando el franquismo. La joven contó que la Coordinadora está inmersa en una campaña desde octubre de 2014, cuando Servini dictó el auto de detención preventiva para 20 imputados –tres de los cuales han fallecido recientemente. “Hemos viajado a Ginebra donde pudimos reunirnos con el relator de la ONU Pablo de Greiff, se nos recibió también en el Parlamento Europeo, donde fuimos a pedir apoyo, y por eso ahora hemos venido también a Buenos Aires, donde buscamos un compromiso incluso de fuerzas políticas”.

Uno de los principales referentes en la causa, el abogado Carlos Slepoy, confirmó que han pedido al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que eleve su protesta contra España por incumplir el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito por ambos países. “El Ejecutivo argentino debe protestar puesto que se trata de delitos de lesa humanidad: o se extradita, o se juzga, no se dejan con impunidad los crímenes de uno de los peores genocidios cometidos en el siglo XX, apoyado además por el nazismo alemán y el fascismo italiano”.

Slepoy destacó la colaboración permanente del Consulado argentino en Madrid, adonde acuden personas de manera continua para declarar e incorporarse a la querella.

“Fue un hecho insólito que todos los partidos, menos el PP, firmaron en el Senado una resolución hace unos días para crear una comisión de la verdad. Hemos conseguido para la querella argentina el apoyo de más de 100 ayuntamientos y gobernaciones en España. Algunos se han planteado presentarse como querellantes”, indicó el abogado. “El fin de la impunidad es irreversible. Cuánto tiempo durará, no lo sabemos con exactitud. Sí hay fuerzas políticas – Podemos, Izquierda Unida y distintas fuerzas nacionalistas del País Vasco, entre otras organizaciones, que están en contra de la impunidad del franquismo. Tienen un peso importante. Como sucedió en Argentina, esto acelerará el proceso”.

Hablan los querellantes

“El Estado español está cada vez más cercado para obligarlo a cumplir el principio de justicia universal”, resaltó la querellante Inés García Holgado. Su compañera Adriana Fernández contó que tanto ellas como Darío Rivas se reunieron hace unos días por primera vez con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Fue la primera vez que pudimos contar lo que pasó con nuestros familiares ante un organismo internacional”, observó la mujer. “Pido justicia por las 114.000 historias que están enterradas en las cunetas. Al no hacerse cargo el Estado, los familiares también van muriendo. Yo supe hace seis años que mi abuelo había sido asesinado por la Falange. Como yo durante mucho tiempo, debe haber muchos casos que viven en el más profundo de los silencios”.

El querellante que inició la causa en Argentina, Darío Rivas, señaló por último que Franco todavía vive en España con sus leyes. “Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos”, alegó con sus 95 años. “Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y se le ocurrió hacer las leyes para regir el Estado después de muerto, poniendo de cabecilla a una corte con un rey corrupto. El actual Gobierno es representante del franquismo, así que la lucha es despareja”.

España incumple el Tratado de Extradición

Os dejo aquí dos artículos relacionados con la querella argentina publicados en Público el 27 de marzo de 2015.

BUENOS AIRES.- Argentina sigue atenta la evolución de la causa abierta en el país para juzgar los crímenes del franquismo. Los representantes de las víctimas se han reunido este jueves con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para referirse a la querella y denunciar la actitud del Gobierno español, que rechazó el 13 de marzo la extradición de los 20 imputados franquistas que solicitó la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso.

En la reunión con Fresneda también participó una delegación de la plataforma argentina de apoyo a la querella y Carlos María Duhalde, consejero de la embajada argentina en Madrid. “España nos enseñó a nosotros qué era la jurisdicción universal, y ahora desanda un camino que nos había marcado a todo el mundo”, expresó el secretario de Derechos Humanos tras el encuentro.

Fresneda también manifestó su contrariedad por que España obstaculice cualquier intento de averiguar lo que sucedió durante el franquismo. “No sirve tener inmensos mausoleos de la memoria que no provocan la discusión de las nuevas generaciones sobre lo que pasó en la historia. ¿Qué aprendizaje tiene la juventud española para decir ‘nosotros somos garantes de la democracia’ si le tapan todo? El mundo tendrá que hacerse cargo”, afirmó.

Los representantes de las víctimas recordaron al secretario que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, vigente desde 1990, al negarse a colaborar con la causa. “El único que puede exigir que cumpla ese tratado es el Gobierno argentino. Por eso buscamos constantemente el apoyo de la comunidad internacional y cómo no, el de un referente en derechos humanos como es Argentina”, explicó a Público Manuela Bergerot, representante de La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

“El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables”

El Gobierno español no sólo ha espantado cualquier tipo de cooperación, sino que en mayo de 2013 realizó una protesta formal ante el Ejecutivo argentino cuando estaban por producirse las primeras videoconferencias entre Servini y las víctimas. En aquel comunicado, España alegó que se estaba incumpliendo el Tratado entre ambos países porque interpretaba que se necesitaba su autorización para que pudieran presentarse testigos ante el consulado argentino.

“El Tratado se hace cuando es necesario la colaboración judicial de un país con otro, no cuando las víctimas se presentan a declarar voluntariamente”, objetó Slepoy. “Pero este precedente de protesta nos sirve, porque hoy planteamos que ha habido un incumplimiento muy serio precisamente de ese Tratado. Hay un artículo que establece que por razones de urgencia, y lo es en caso de delitos de lesa humanidad, se puede pedir la detención previa en el marco de un proceso de extradición, y por lo tanto, es obligación detener a esas personas y ponerlas a disposición judicial”.

Eso significa que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. “El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste”, expresó el abogado.

“Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente”

Slepoy considera que la situación con el Gobierno español es muy similar a lo que sucedió en Argentina ante los pedidos de detención hechos desde España para juzgar a los responsables de su última dictadura (1976-1983).

“El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables”, relató el letrado. “Su sucesor Fernando De La Rúa moderó esa posición al establecer que daría traslado de cada denuncia que llegara a los jueces argentinos”.

No debe olvidarse que el juez Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente. Años después, un juez argentino decidió detener a los máximos jerarcas de la dictadura. Así se desencadenó el fin de la impunidad en Argentina con el Gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso anuló las leyes que impedían juzgar a los responsables.

Los cambios en España también son paulatinos, pero visibles. Todos los partidos, menos el PP, firmaron este martes una resolución en el Senado para establecer una comisión de la verdad sobre el franquismo. Los organismos de derechos humanos en torno a la ONU insisten también con que España debe investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio territorio.

Los cambios políticos que pueden producirse a corto plazo en España pueden provocar, por último, el final de una impunidad que comenzó a resquebrajarse hace casi cinco años, cuando los primeros querellantes de la causa presentaron sus denuncias ante la Justicia argentina.

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La ONU advierte a España de que está “obligada” a extraditar a los mandos franquistas

El Gobierno se negó a extraditar a los 17 altos cargos acusados por la justicia argentina. El jefe para Derechos Humanos de la ONU dice que “no se está cumpliendo el derecho a la verdad de las víctimas”

Los exministros franquistas José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez. EFE

GINEBRA.- España está “obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas”, aseguró este viernes un grupo de expertos de la ONU en Ginebra.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explicó, en un comunicado, que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, indicaron los expertos de la ONU.

“La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, acusa la ONU

En la nota, se explica que el grupo “ha mantenido comunicación con el Gobierno español en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada ‘querella argentina’,en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos”, se añade en la nota.

La jueza argentina María Servini de Cubria había pedido la extradición para ser juzgados de 20 acusados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.

“Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición”, indicaron los expertos, pero, en ese caso, “tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad”.

Los expertos independientes recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos”.

“En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”, señalaron, al insistir en que “la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad”.

Los expertos resaltaron que “el derecho internacional es muy enfático: los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables”.

“Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona”, aclararon.

El Gobierno español también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación, pero, según los expertos de la ONU, estos principios no son aplicables en este caso, ya que “más de 40 años después de los hechos en España no se han iniciado investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo”.

Querella argentina

Os dejo aquí un enlace a dos artículos recientes relacionados con la querella argentina. Ambos salieron en Público:

El Gobierno argumenta en favor de los ministros franquistas que firmar penas de muerte no era delito

El titular de Justicia aduce que los hechos han prescrito y que España podría juzgarlos para rechazar la extradición a Argentina

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros./ EFE

Foto: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros./ EFE

 ANA PARDO DE VERA

MADRID.- El Consejo de Ministros ha actuado este viernes como era previsible que lo hiciera: rechazando la extradición de veinte personas —entre ellas, exministros franquistas—, reclamada por la jueza argentina María Servini por presuntos delito durante la dictadura de Franco: haber firmado penas de muerte. El Gobierno se ha pronunciado al fin tras recibir la petición de Servini e información complementaria que se le solicitó posteriormente y que llegó el pasado mes de diciembre.

[Lee todo el artículo aquí.]

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Slepoy: “España da un bochornoso espectáculo de impunidad con la causa del franquismo”

Las víctimas del franquismo redoblarán sus acciones tras el rechazo del Consejo de Ministros de extraditar a los exministros franquistas. Se disponen a emitir un comunicado de repulsa por la decisión del Gobierno español.

El abogado Carlos Slepoy. / A.D.

Foto: El abogado Carlos Slepoy. / A.D.

BUENOS AIRES.- Los representantes de las víctimas del franquismo van a difundir un comunicado de repudio a la decisión del Consejo de Ministros este viernes, que denegó la solicitud de extradición solicitada por la Justicia argentina de ocho exministros franquistas y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad.

[Lee todo el artículo aquí.]