Denuncias por no retirar símbolos de la dictadura

Publicado en Público el 14.04.2015:

Denuncian a 15 obispados por no retirar símbolos de la dictadura y por mantener a Franco en el Valle de los Caídos

El abogado denunciante, Eduardo Ranz, pedirá al Supremo investigar a aforados, como Belloch, García-Page o Imbroda, por mantener vestigios en sus ciudades.

Vista del interior de la basílica del Valle de los Caídos lugar donde está enterrado el dictador Francisco Franco. EFE/Archivo

Foto: Vista del interior de la basílica del Valle de los Caídos lugar donde está enterrado el dictador Francisco Franco. EFE/Archivo

EUROPA PRESS

MADRID.- Una quincena de Obispados y Arzobispados de toda España serán denunciados este martes ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener en sus basílicas los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.

Así lo expone el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentará este martes 14 de abril -coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República- ante los tribunales por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.

Por su parte, los escritos de alegaciones canónicas se presentarán ante los Obispados y Arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.

En el caso de Madrid, el abogado interpondrá este martes a las 11 horas ante el Arzobispado, situado en la calle Bailén, un escrito solicitando la retirada de la simbología de franquista y la salida de los restos de Franco y Primo de Rivera que descansan en la Basílica del Valle de los Caídos. En este sentido, cita también la placa conmemorativa del fundador de la Falange Española en la basílica de la Concepción de Nuestra Señora, situada en el barrio de Salamanca, en Goya, 26.

“Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica, y del canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente: ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos”, explica el abogado, para añadir que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar estos símbolos.

Por lo tanto, añade, el Arzobispado de Madrid, “con su permisividad o inacción, está vulnerando manifiestamente los cánones, puesto que ni Francisco Franco Bahamonde ni José Antonio Primo de Rivera son, no han sido, al menos de forma pública y notoria, Romano Pontífice, Obispo o Cardenal”.

Ranz, que pide al Arzobispado de Sevilla retirar la tumba del teniente general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra de la basílica de La Macarena, cita como precedente un caso de Alicante, donde la basílica de Nuestra Señora del Socorro eliminó una placa que contenía las palabras ‘José Antonio’, en conmemoración al fundador de la Falange.

Denuncias contra aforados

Por su parte, se ampliarán a 42 consistorios las denuncias penales por mantener estos vestigios. Entre ellos, varias denuncias se presentarán ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de sus regidores, como el de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.

“Si en un tiempo prudencial no obtuviera respuesta, acudiré al romano Pontífice y a la Curia Romana, como órgano colegiado”, advierte el abogado respecto a los obispos, para añadir que la Conferencia Episcopal no tiene competencia sobre este asunto en aplicación de los cánones del Código de Derecho Canónico.

Ranz denunció inicialmente en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

Símbolos del franquismo

Milenio.com ha publicado un artículo sobre los símbolos del franquismo:

Reportaje: Caza a los símbolos del franquismo todavía presentes en España

Cuarenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, su régimen sigue presente en símbolos, inscripciones, calles, monumentos, lo que es considerado una vergüenza por sus víctimas.
El Arco de la Victoria, en Madrid, construido por orden de Franco en 1956 como un homenaje a la victoria de su ejército nacionalista
Foto: El Arco de la Victoria, en Madrid, construido por orden de Franco en 1956 como un homenaje a la victoria de su ejército nacionalista (AFP)

Madrid

Cuatro décadas después de la muerte de Francisco Franco, España no termina de pasar página a su dictadura, que aún ronda en sus calles, monumentos, símbolos e inscripciones, algo considerado indignante por sus víctimas.

“Es impensable que hubiera en Alemania una plaza al Fuhrer o una plaza dedicada al Duce en Italia”, lamenta Eduardo Ranz, un abogado de 30 años que lidera la batalla para retirar los símbolos del franquismo. “Es impensable que en Alemania una víctima del nazismo vaya por la calle y se encuentre con una cruz esvástica. No cabe en la cabeza”, añade.

En España eso puede ocurrir, por ejemplo, en el enclave de Melilla, en el norte de Marruecos, a los pies de cuya muralla todavía se levanta una estatua de bronce del dictador que tomó el poder en 1939 tras una sangrienta guerra civil y lo mantuvo hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.

Por ello, Ranz presentó el 11 de febrero una denuncia contra 38 alcaldes del país –entre ellos la líder de Madrid, Ana Botella, mujer del ex mandatario José María Aznar– para retirar 86 símbolos de la dictadura de Franco del espacio público. La fecha no es casual: marca la proclamación de la Primera República española en 1873, que apenas duró dos años.

El 14 de abril, aniversario de la Segunda República inaugurada en 1931 que finalizó con la dictadura franquista, ampliará su demanda contra “la simbología franquista que pertenece a la Iglesia católica y los colegios religiosos”, estamento muy vinculado al franquismo en algunas regiones.

Su objetivo es “recuperar la dignidad para las víctimas del franquismo y dejar de humillarnos como país”, dice el jurista. Anteriormente habían existido otras denuncias contra estos símbolos pero nunca con tantos ayuntamientos implicados, destaca Ranz.

En 2007 se consiguieron importantes avances gracias a una ley aprobada por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que retiró muchos de los vestigios franquistas, pero se realizaron excepciones con objetos de particular valor religioso o artístico.

Un mausoleo al dictador

Uno de los pilares de la transición democrática posterior a la muerte del dictador fue una ley de Amnistía en 1977 que puso un velo pudoroso frente a los excesos de la guerra y la dictadura por parte de ambos bandos. El resultado es que abrir el debate aún es tabú.

“Las víctimas del franquismo pagan con sus propios impuestos la tumba del dictador”, lamenta Emilio Silva, fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AMRH).

“Esto no existe en ningún país democrático del mundo”, añade Silva, cuyo abuelo fue asesinado por las tropas franquistas en 1936. Silva se refiere al Valle de los Caídos, un enorme mausoleo dedicado al dictador en las afueras de Madrid, construido por los prisioneros del bando republicano derrotado durante la Guerra Civil.

No es el único ejemplo en la capital, donde todavía permanece en pie el Arco de la Victoria, de 50 metros de altura, construido en los años 1950 para conmemorar la victoria de Franco en el conflicto.

“Está a 800 metros de la residencia del presidente de gobierno y ningún presidente se ha sentido molesto ni ha tomado medidas para quitarlo o cambiar su significado”, critica Silva. “Están haciendo un reconocimiento público a gente que participaron en el asesinato de más de cien mil civiles”, apunta.

“Humillación”

Más de 113 mil civiles desaparecieron durante la Guerra Civil española y los primeros años de la dictadura, cuando la represión era más dura, según la ARMH. De ellos, solo seis mil fueron encontrados, principalmente en fosas comunes, y enterradas dignamente, explica Silva.

Los ayuntamientos de Madrid y Melilla no respondieron a las solicitudes de entrevista. El gobierno de la ciudad africana rechazó en numerosas ocasiones retirar la estatua alegando que honora al militar y no al dictador.

“España es un caso único en el mundo democrático no solo por el hecho que no se ha juzgado a nadie sino porque todavía se mantienen numerosos monumentos”, afirma Silva.

Para Eduardo Ranz, estos símbolos vulneran la ley de 2007 que obliga a las administraciones a “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos” del régimen franquista.

Incluso las Naciones Unidas, en un informe del 2 de julio de 2014, instan a España a implementar “la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

Para Chon Vargas, cuyo abuelo era un líder sindical ejecutado tras un juicio sumario en 1939, estos símbolos son “una humillación” para las familias de las víctimas. Su madre, Ascensión Mendieta, vive en una calle dedicada a los hermanos García Noblejas, que lucharon junto a Franco en la Guerra Civil y se hicieron célebres por su crueldad.

“Quiero que quiten este nombre a la calle”, dice. “Los judíos recibieron reparación por el nazismo. Nosotros también la queremos”, reclama. Pero la crisis parece haber enterrado este debate, muy activo a principios de siglo, explica el profesor de ciencias políticas y especialista de la materia Jesús de Andrés. Si el joven partido antiliberal Podemos llega al poder, “volverá a surgir este debate”.

Simbología franquista

Este artículo salió ayer en el diario Público:

Denuncian a Ana Botella y a otros 37 alcaldes por mantener simbología franquista en sus calles

La denuncia se interpondrá este miércoles, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República.

Rambla del general Franco

Foto: Rambla del general Franco

El abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, presentará este miércoles una denuncia contra 38 alcaldes españoles, entre ellos la regidora de Madrid Ana Botella, por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista.

La denuncia se interpondrá, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra Botella y en los registros de los juzgados de otros 37 municipios, entre los que figuran Huelva, Zaragoza, Vigo, Córdoba o Salamanca.

El abogado pondrá también los hechos en conocimiento de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien trasladará que las embajadas de Bolivia, Panamá y el Consulado de Marruecos exhiben este tipo de símbolos.

En Madrid hay una docena de vestigios que vulneran la Ley de Memoria Histórica, entre ellos, el Arco de la Victoria

En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ranz advierte de que en el municipio de Madrid hay una docena de vestigios que vulneran la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre ellos se encuentra el Arco de la Victoria situado a la entrada de la capital en la carretera de La Coruña; el Palacio de Santa Cruz con dos escudos de la dictadura en piedra; o varios edificios de Defensa con placas y lápidas de mármol recordando a Francisco Franco, a la “guerra de liberación de España”, o a varios militares caídos durante la contienda.

Símbolos con el semblante de Franco

Cita también el escudo con el águila ubicado en varias fachadas de la sede del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura; el relieve con el escudo del régimen franquista que se puede ver en la pared de la Oficina de Atención Integral del Contribuyente; una placa del Palacio del Pardo o el medallón con el semblante de perfil del general Francisco Franco del Tribunal de Cuentas.

El abogado, vecino del municipio de Madrid, recuerda que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

Acusa a los regidores de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

De forma subsidiaria, el abogado cree que los hechos podrían ser constitutivos de una falta contra el orden público del 634 del Código Penal, que contempla una pena de multa de diez a sesenta días.

La España de Franco en 2015

Público ha sacado otro artículo sobre los símbolos franquistas que siguen presentes en España hoy en día. Así comienza el artículo:

Guía turística por la España de Franco en el año 2015

A pesar de la Ley de Memoria Histórica es posible encontrar multitud de símbolos franquistas en todo el país. ‘Público’ selecciona diez de ellos aunque la lista es mucho más amplia.

Francisco Franco, dictador de España entre 1939 y 1975

Foto: Francisco Franco, dictador de España entre 1939 y 1975

MADRID.- El dictador Francisco Franco murió en la cama hace 40 años, pero España sigue marcada por los 36 años de totalitarismo fascista. Más allá de las evidentes muestras de déficit democrático que arrastra el sistema, la marca de la dictadura se puede apreciar en monumentos, calles, edificios, e iglesias en todo el país.

De hecho, a día de hoy, y casi ocho años después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica resulta imposible conocer cuántos vestigios franquistas siguen presentes. Así, el Ministerio de Cultura indica que en los edificios de la Administración General del Estado quedan por retirar 104 monumentos. Sin embargo, esta cifra varía a 135 según una respuesta parlamentaria del Gobierno del 1 de diciembre y desciende a 97 según la información que facilitó en el Congreso el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

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Monumentos franquistas

Como demuestra un artículo publicado en el diario Público hace unos días, el debate sobre los monumentos franquistas sigue vivo en España. Así comienza el artículo:

CiU impide el derecho a decidir el futuro de un monumento franquista

La formación rechaza celebrar una consulta ciudadana sobre una enorme escultura de Tortosa, el mayor vestigio de la dictadura que hay en Catalunya. El mismo alcalde ya tumbó una propuesta ciudadana para retirarla en 2010. La conservación de este tipo de símbolos aún genera debate entre historiadores

Monumento franquista en Tortosa.

Foto: Monumento franquista en Tortosa.

BARCELONA.- En Tortosa (Tarragona), inmune aunque degradado en medio del río Ebro, se levanta el mayor monumento franquista que queda en Catalunya. La obra mide 45 metros de altura, fue inaugurada en 1966 por el mismo dictador y casi medio siglo después vuelve a estar en el centro de la polémica, después de que el pleno municipal de la ciudad rechazara el lunes por la noche una moción que reclamaba celebrar una consulta ciudadana para decidir el futuro de la escultura. La moción era una propuesta de ICV y recibió el apoyo de los ediles de ERC y PSC, y el voto contrario de CiU –que, con 12 representantes, tiene mayoría en el consistorio-, PP y la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC).

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