Cuatro décadas después de la muerte de Francisco Franco, España no termina de pasar página a su dictadura, que aún ronda en sus calles, monumentos, símbolos e inscripciones, algo considerado indignante por sus víctimas.

“Es impensable que hubiera en Alemania una plaza al Fuhrer o una plaza dedicada al Duce en Italia”, lamenta Eduardo Ranz, un abogado de 30 años que lidera la batalla para retirar los símbolos del franquismo. “Es impensable que en Alemania una víctima del nazismo vaya por la calle y se encuentre con una cruz esvástica. No cabe en la cabeza”, añade.

En España eso puede ocurrir, por ejemplo, en el enclave de Melilla, en el norte de Marruecos, a los pies de cuya muralla todavía se levanta una estatua de bronce del dictador que tomó el poder en 1939 tras una sangrienta guerra civil y lo mantuvo hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.

Por ello, Ranz presentó el 11 de febrero una denuncia contra 38 alcaldes del país –entre ellos la líder de Madrid, Ana Botella, mujer del ex mandatario José María Aznar– para retirar 86 símbolos de la dictadura de Franco del espacio público. La fecha no es casual: marca la proclamación de la Primera República española en 1873, que apenas duró dos años.

El 14 de abril, aniversario de la Segunda República inaugurada en 1931 que finalizó con la dictadura franquista, ampliará su demanda contra “la simbología franquista que pertenece a la Iglesia católica y los colegios religiosos”, estamento muy vinculado al franquismo en algunas regiones.

Su objetivo es “recuperar la dignidad para las víctimas del franquismo y dejar de humillarnos como país”, dice el jurista. Anteriormente habían existido otras denuncias contra estos símbolos pero nunca con tantos ayuntamientos implicados, destaca Ranz.

En 2007 se consiguieron importantes avances gracias a una ley aprobada por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que retiró muchos de los vestigios franquistas, pero se realizaron excepciones con objetos de particular valor religioso o artístico.

Un mausoleo al dictador

Uno de los pilares de la transición democrática posterior a la muerte del dictador fue una ley de Amnistía en 1977 que puso un velo pudoroso frente a los excesos de la guerra y la dictadura por parte de ambos bandos. El resultado es que abrir el debate aún es tabú.

“Las víctimas del franquismo pagan con sus propios impuestos la tumba del dictador”, lamenta Emilio Silva, fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AMRH).

“Esto no existe en ningún país democrático del mundo”, añade Silva, cuyo abuelo fue asesinado por las tropas franquistas en 1936. Silva se refiere al Valle de los Caídos, un enorme mausoleo dedicado al dictador en las afueras de Madrid, construido por los prisioneros del bando republicano derrotado durante la Guerra Civil.

No es el único ejemplo en la capital, donde todavía permanece en pie el Arco de la Victoria, de 50 metros de altura, construido en los años 1950 para conmemorar la victoria de Franco en el conflicto.

“Está a 800 metros de la residencia del presidente de gobierno y ningún presidente se ha sentido molesto ni ha tomado medidas para quitarlo o cambiar su significado”, critica Silva. “Están haciendo un reconocimiento público a gente que participaron en el asesinato de más de cien mil civiles”, apunta.

“Humillación”

Más de 113 mil civiles desaparecieron durante la Guerra Civil española y los primeros años de la dictadura, cuando la represión era más dura, según la ARMH. De ellos, solo seis mil fueron encontrados, principalmente en fosas comunes, y enterradas dignamente, explica Silva.

Los ayuntamientos de Madrid y Melilla no respondieron a las solicitudes de entrevista. El gobierno de la ciudad africana rechazó en numerosas ocasiones retirar la estatua alegando que honora al militar y no al dictador.

“España es un caso único en el mundo democrático no solo por el hecho que no se ha juzgado a nadie sino porque todavía se mantienen numerosos monumentos”, afirma Silva.

Para Eduardo Ranz, estos símbolos vulneran la ley de 2007 que obliga a las administraciones a “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos” del régimen franquista.

Incluso las Naciones Unidas, en un informe del 2 de julio de 2014, instan a España a implementar “la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

Para Chon Vargas, cuyo abuelo era un líder sindical ejecutado tras un juicio sumario en 1939, estos símbolos son “una humillación” para las familias de las víctimas. Su madre, Ascensión Mendieta, vive en una calle dedicada a los hermanos García Noblejas, que lucharon junto a Franco en la Guerra Civil y se hicieron célebres por su crueldad.

“Quiero que quiten este nombre a la calle”, dice. “Los judíos recibieron reparación por el nazismo. Nosotros también la queremos”, reclama. Pero la crisis parece haber enterrado este debate, muy activo a principios de siglo, explica el profesor de ciencias políticas y especialista de la materia Jesús de Andrés. Si el joven partido antiliberal Podemos llega al poder, “volverá a surgir este debate”.