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Los niños robados del franquismo

REBECA IGLESIAS, Abril 2010

1.- INTRODUCCIÓN

Los niños robados del franquismo, son aquellos que, durante la Guerra Civil Española y la posguerra, fueron arrebatados a sus madres republicanas o repatriados sin permiso de sus padres ni de los países a los que la República los había evacuado durante la guerra, y entregados posteriormente en adopción a otras familias adeptas al régimen para su reeducación en los principios del nacionalcatolicismo.

Los primeros robos comenzaron a principios de los años 40 y continuaron durante las décadas 50, 60 y 70. El robo fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades, y funcionaban de forma organizada, pues en ellos participaban funcionarios, curas, monjas, médicos, matronas, militares… El Estado y la Iglesia fueron sin duda los principales responsables de este problema.

Estos robos tenían una connotación claramente política pero también económica, pues las familias más adineradas llegaban a pagar por las adopciones hasta 200.000 pesetas de la época, dinero que se repartían entre la Iglesia, los médicos y los funcionarios ‘comprados’.

2.- LAS CÁRCELES

Tras la victoria de las tropas franquistas en la Guerra, miles de hombres y mujeres van a parar a las prisiones. Algunas de estas mujeres habían tenido una activa militancia política en defensa de La República, pero otras sólo estaban acusadas de un delito: ser esposas, madres o hermanas de los hombres que combatieron en el bando republicano y, por ello, fueron encarceladas, torturadas y muchas fusiladas. Había aún otro tipo de condenados, los hijos de las reclusas, criaturas inocentes que nacieron o que ingresaron en prisión con sus madres y que pasaron los primeros años de su vida privados de libertad por ser hijos de presos políticos.

Las condiciones de vida en las cárceles eran deplorables. Debido a los arrestos masivos, estaban saturadas, albergaban incluso 10 veces más el número de personas para el que en un primer momento se habían construido. Apenas daban de comer a las presas y a los pequeños, las condiciones higiénicas eran lamentables y vivían rodeados de enfermedades.

Madres y niños pasaron momentos muy duros en las cárceles. Los maltratos físicos eran brutales y los psicológicos quizá peores si cabe. Las madres no tenían derecho a estar con sus hijos cuando ellos lo necesitaban. Los escuchaban llorar de hambre, de frío o de dolor y no podían hacer nada. Debido a la situación infrahumana en la que vivían, muchos de los niños que estaban con sus madres en las cárceles morían en ellas y a los que sobrevivían, no les esperaba un destino mejor.

A los menores que entraban o nacían en prisión no se les registraba en el libro de entradas y esto era un grave problema, pues al no quedar registrados, se podía hacer con ellos cualquier cosa.

Los niños que sobrevivían eran separados de sus madres, bien al nacer o cuando cumplían 3 años, ya que por ley no les estaba permitido estar allí por más tiempo. Las madres que los mandaban voluntariamente a internados no los volvían a recuperar una vez fuera de la cárcel y a las que se los arrebataban, ni siquiera sabían a dónde los mandaban, desaparecían un buen día sin ninguna explicación o les decían que habían muerto tras el parto y nunca más los volvían a ver. La mayoría eran dados en adopciones ilegales y otros muchos solían ingresar en el Auxilio Social u otros centros benéficos del Estado y de la Iglesia católica.

3.- LIMPIEZA DE SANGRE

Al poco de acabar la guerra Franco dictó una ley según la cual la patria potestad de todos los niños que entraban en Auxilio Social pasaba a manos del Estado. El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940. El plan de sustracción de niños se desarrollaba entonces bajo cobertura legar, al contrario que en otros países, como por ejemplo Argentina, donde todos los robos de menores fueron clandestinos, y el Estado estaba orgulloso de ello porque lo veía como una operación de salvamento de los niños.

De este modo, los hospicios de Auxilio Social, organización caritativa fundada por Mercedes Sanz Bachiller (viuda del líder falangista Onésimo Redondo) y dependiente de Falange Española, se llenaron de huérfanos o hijos de presos. En 1942 contaba con unos 9.000 niños y en sólo un año la cifra había subido un 40%; eran más de 12.000 los hijos de republicanos bajo tutela estatal.

El régimen presumía de dar un trato exquisito a los niños de los centros de Auxilio Social, pero esta afirmación no se acercaba ni un poco a la realidad. Según Ricard Vinyes, en la práctica, no eran otra cosa que campos de concentración de niños, donde no se exterminaba a personas, pero sí a una clase social, los rojos. Pretendía, tal y como recomendaba Vallejo Nájera “extirpar el gen marxista” de la sociedad.

El psiquiatra militar Antonio Vallejo Nájera se puso al servicio de Franco desde el levantamiento militar. Su formación psiquiátrica fue, en parte, en Alemania, donde estudió las teorías racistas nazis de las cuales era un gran admirador. Pero su interpretación de raza tenía más componentes político-culturales y psicológicos que étnicos. Opinaba que el marxismo era una enfermedad mental y contagiosa, por lo que era necesario el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”.

Siguiendo estas teorías, tanto el Estado como la Iglesia se encargaron de la “depuración de la raza”. No se sabe a ciencia cierta cuántos, pero se estima que más de 30.000 niños fueron segregados de sus padres y dados en adopción o internados en centros de Auxilio Social para ser educados según los ideales del Movimiento Nacional e inculcarles el odio hacia las ideas de sus padres.

4.- REPATRIACIÓN

Durante la guerra civil, muchos padres tuvieron que tomar la difícil decisión de confiar sus hijos a La República para que los evacuara al extranjero. Inglaterra, Francia, México y la Unión Soviética fueron los destinos de miles niños. Confiados y alejados del conflicto, esperaban volver pronto a una España en paz y liberada del fascismo. Pero su destino fue muy diferente.

Tras ganar la guerra, Franco decide que todos estos niños tenían que regresar a España. Confió esta misión a la Falange a través del “Servicio Exterior de Repatriación de Menores” que empieza a buscar a todos los pequeños que estaban en el extranjero para hacerlos volver independientemente de si es con o sin autorización paterna. Algunas familias que habían acogido a niños en el extranjero empiezan a conocer los métodos del Servicio de Repatriación y temen que los pequeños sean literalmente raptados.

El régimen convierte la repatriación de estos menores en una gran operación propagandística. De entre todos los niños españoles en el extranjero, el régimen franquista tenía particular interés en los que estaban evacuados en la Unión Soviética. Para Franco era un todo triunfo el poder sacarlos del país donde había nacido la revolución comunista y gracias al que se había propagado por todo el mundo. El caudillo ve a estos niños como peligrosos elementos sovietizados y la mejor manera de controlarlos de cerca era no devolvérselos a sus padres. Muchos de ellos no supieron nada de la suerte y destino de sus hijos

Para facilitar esta tarea, en 1941 se redacta una ley, firmada por el mismo Franco, en la que se autorizaba cambiar los apellidos a los niños repatriados. Esto permitía poder darlos en adopciones irregulares sin el permiso de sus progenitores y dificultaba aún más que éstos pudieran encontrarlos.

La historia de muchos de estos niños está depositada en miles y miles de expedientes, muchos de ellos todavía reservados. Existe un documento sobre la repatriación de menores del año 49 donde la Secretaría General de la Falange Española, valora el trabajo hecho hasta aquel momento, y prueba los métodos que el régimen de Franco utilizó para devolver los niños a España.

“La principal tarea, la más difícil, ruda y paciente, es localizar el mayor número de expatriados que se pueda, estén o no reclamados. Nuestros delegados en el extranjero solicitan su devolución a España; en un 99% de los casos, esta solicitud es denegada. Se recurre entonces, sin miramientos a los medios extraordinarios, con los que de una forma o de otra, casi siempre se podrá al fin obtener el menor”.

El resultado de todo esto fue miles de niños repatriados (según datos recopilados por Ricard Vinyes de 32.037 niños enviados por sus padres al exterior fueron repatriados 20.266), niños, que ahora superan los 60 años, con nuevos apellidos, identidades, lugares de origen… que han estado toda su vida buscando su propia identidad, que continúan sin saber quiénes son o que ni siquiera saben que fueron arrebatados a sus familias biológicas por las que creen que son sus verdaderas familias.

5.- ACTUALIDAD

Los Niños robados del franquismo, es quizá el episodio más atroz y menos conocido, o desconocido incluso, por muchos españoles, de la represión franquista. Durante más de 60 años no ha sido prácticamente objeto de ninguna investigación, aunque sí ha habido algunos momentos en el que este asunto ha salido a la luz. A pesar de esto, continúa siendo un tema, cuanto menos, oscuro.

En los años 90 cuando surgió el programa de televisión ¿Quién sabe dónde? llegaron a la redacción cientos de casos que buscaban a sus familiares desaparecidos en el franquismo, muchos de ellos hablaban de sus hijos robados. La intensidad de llamadas fue tal que el propio presentador, Paco Lobatón, impulsó en 1996 la creación de la asociación de víctimas ANDAS, hoy inactiva, que tuvo más de 5.000 socios.

Más recientemente, ya entrados en los 2000, la memoria de algunos de estos niños se ha hecho pública gracias al documental Els nens perduts del franquisme, realizado tras un minucioso trabajo documental y de recogida de varios testimonios reales. Encontramos también unos pocos libros que relatan este tema, como por ejemplo: Los niños perdidos del franquismo, de Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis –surgido a raíz del documental del mismo nombre-, Irredentas, de Ricard Vinyes, o Mala gente que camina de Benjamín Prado.

El juez Garzón ha devuelto a la actualidad este drama. Para él, el robo de niños durante el franquismo es un delito que constituye un crimen contra la Humanidad que no ha prescrito, ya que muchas víctimas, hijos y algunos padres, pueden aún estar vivos. Por este motivo, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y se repare a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada.

La vida de todos estos niños ha estado marcada por la búsqueda de su propia historia. Una búsqueda que ha topado con un muro de silencio cómplice y con las trabas burocráticas de muchos archivos. Los especialistas y los familiares coinciden en que la Iglesia y el Registro Civil son las dos instituciones que lo ponen más difícil, por no decir imposible. Además, existe desde 1985 la Ley de Patrimonio Histórico 16/85 que, sobre la consulta de archivos, recoge que, en virtud de la protección de la madre, no se pueden ofrecer sus datos a quien la busque hasta pasados cincuenta años. Por su parte, el Tribunal Tutelar de Menores impide consultar sus archivos a pesar de que esos ‘menores’ ya tienen 60 o 70 años.

Hoy en día, son miles los niños que continúan con su vida sin conocer quiénes son, amparados bajo un engaño que ni el Estado español ni las autoridades pertinentes parecen querer desenmascarar.

BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web:

http://alvandres.blogspot.com/2008/11/los-nios-del-franquismo.html

http://bolinf.es/blogs/memoria/2009/08/07/los-ninos-robados-del-franquismo-reclaman-su-memoria/

http://coordinadoravictimas.blogspot.com/2010/04/los-ninos-robados-del-franquismo.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_robados_por_el_franquismo

http://memoriadesaparecidos.blogspot.com/2008/11/una-tragedia-poco-conocida-los-nios.html

http://memoria-historica.fillos.org/tag/comercio-bebes

http://shiandalus.blogspot.com/2009/10/el-robo-de-ninos-para-darlos-en.html

http://www.diagonalperiodico.net/La-madre-biologica-entraba-por-un.html

http://www.elmundo.es/cronica/2002/357/1029750367.html

http://www.elpais.com/articulo/opinion/ninos/perdidos/franquismo/elpepiopi/20081224elpepiopi_10/Tes

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Sera/usted/nino/robado/franquismo/elpepiopi/20090116elpepiopi_4/Tes

http://www.izaping.com/6287/los-ninos-robados-del-franquismo.html

http://www.larepublica.es/spip.php?article19295

http://www.memoriahistorica.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1168

http://www.memoriahistorica.org/modules.php?name=News&file=print&sid=651

http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/documentos/lafogata_ninosperdidosfranquismo.htm

http://www.paralelo36.com/%C2%A1no-me-la-quiten-%C2%A1no-quiero-dejar-a-mi-hija-con-estos-verdugos/

http://www.publico.es/189000/garzon/envia/siete/juzgados/robo/ninos/franquismo

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1311

http://www.terra.es/personal/fcyborg/ideologia/franquismo/ninosperdidos.htm

http://www.webislam.com/?idt=12897

* Vídeos y Audios:

Els nens perduts del franquisme (2006) de Montse Armengou y Ricard Belis [documental]

PARTE 1 > http://vimeo.com/2599250

PARTE 2 > http://vimeo.com/2658532

http://www.rtve.es/mediateca/audios/20081119/catedratico-casanova-habla-del-robo-ninos-franquismo-rne/344399.shtml

http://www.rtve.es/mediateca/audios/20091112/ninos-tutelados-por-franquismo-cara-oculta-historia-tolerancia-cero/627045.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20081119/robo-ninos-del-franquismo-fue-peor-que-argentina-segun-garzon/196073.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=EC_NW5f4zXM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Pd7tYyzsTS4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SgpoF_97J08

http://www.youtube.com/watch?v=U06nfvqigjw

http://www.youtube.com/watch?v=wRGthfdiRQA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wunwQzRYyeQ

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Condenado a 25 años de prisión el último presidente de la dictadura argentina

A Reynaldo Bignone, de 82 años, se le imputa la desaparición de 30.000 personas y el robo de 500 bebés

El País – 21/04/2010

Reynaldo Bignone, durante el juicio- REUTERS

Un tribunal de Buenos Aires ha condenado a 25 años de prisión al dictador argentino Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura militar (1976-1983), por delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención del régimen de facto, Campo de Mayo. Se le imputa la desaparición de más de 30.000 personas y el robo de unos 500 bebés cuyas madres fueron obligadas a dar a luz en centros de detención clandestinos.

Asimismo, el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad de San Martín, a las afueras de la capital argentina, dictó también penas para otros seis imputados: los ex militares Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen (25 años de prisión), Carlos Tepedino (20 años) y Jorge García y Eugenio Guañabens Perelló (18 y 17 años, respectivamente), y absolvió al ex policía Germán Montenegro.

En una resolución que fue aplaudida por familiares de las víctimas de la dictadura que presenciaron la lectura del veredicto, el tribunal ordenó además que se revoque la prisión domiciliaria que hasta hoy cumplían Bignone (1982-1983), Tepedino y Guañabens Perelló, quienes ahora deberán ser conducidos a una cárcel común junto al resto de los condenados.

“Estamos felices por las condenas y la decisión de internarlos en una cárcel común, por los 30.000 desaparecidos, por las madres, las abuelas, los hijos, por el pueblo argentino”, afirmó Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. En la misma línea se pronunció el secretario de Derechos Humanos del país, Eduardo Luis Duhalde, para quien la sentencia es “justa, acorde con los hechos probados”.

Bignone, de 82 años, ha afirmado en su testimonio final ante los jueces que en Argentina se desarrolló una “guerra irregular” en la que las Fuerzas Armadas “tuvieron que intervenir para derrocar al terrorismo”. El dictador, para quien las víctimas de la represión “ni eran tan jóvenes ni tan idealistas”, recurrió a una cita del ex presidente Juan Domingo Perón para justificar la represión y cuestionó las cifras de víctimas del régimen de facto.

Frente a los 30.000 desaparecidos y 500 bebés apropiados denunciados por los organismos humanitarios, Bignone ha asegurado que “no está demostrado” que hubiera más de 8.000 desaparecidos y unos 30 niños robados durante la dictadura.

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Videla cumplirá sus condenas pendientes en Argentina

Un tribunal alemán pide la extradición del dictador Videla

El final de la impunidad en Argentina

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La censura política en los medios

15 Abr 2010 – VICENÇ NAVARRO – Público (blog Dominio Público)

dominio-04-15.jpgDurante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Reino Unido) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.
No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al rey y a la monarquía, frente a cualquier tipo de crítica. En realidad, tales medios promocionaban al rey y a la monarquía en una campaña propagandística, presentando a la monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el rey se presentaba como un demócrata camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al rey se veía como criticar la Transición y el establecimiento de la democracia.
Es fácilmente demostrable que esta imagen del monarca es profundamente falsa. El rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y en la Transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer Gobierno monárquico hizo para establecer la democracia. Tanto en las reglas del proceso democrático, como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y la democratización de aquellas propuestas. La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión, explican, sin embargo, que aquella Transición inmodélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la monarquía como su eje, lo cual explica su blindaje mediático.
No fue hasta hace poco que la televisión, el mayor medio de difusión en España, exhibió un documental, “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis, que muestra el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental, que vio la luz en la televisión pública catalana, ponía de manifiesto cómo el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco. En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Catalunya, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.
Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.
Mientras, a los autores de aquel documental se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nueva obra, ¿Monarquía o República?, en la que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como a partidarios de la monarquía. Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara la emisión de un documental (presentado como ficción), 23-F: el día más difícil del Rey, que era una mera propaganda de la monarquía y del papel del rey en el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981. No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas– que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, nunca se mostrará su versión original y nunca se emitirá, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.
La Vanguardia, el diario monárquico de Catalunya, propiedad de la familia del conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Catalunya) felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la república y la monarquía, que requería un enfoque distinto” (10-04-10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia, alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la república en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

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“Garzón me ayudó a saber quién soy”

Carla Artés vivió casi una década con el presunto asesino de su madre

NATALIA JUNQUERA – El País – 14/04/2010

Carla Artés tenía un año y dos meses cuando mataron a su padre. Su madre es una de las desaparecidas de la dictadura argentina. Y ella supo quién era en realidad a los 10 años, cuando la recuperó a su abuela. “Viví todo ese tiempo con un torturador que posiblemente es el asesino de mi madre”, explicaba ayer, en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Complutense, donde acudió al acto de apoyo a Baltasar Garzón. La diferencia entre su caso y el de muchos de los familiares de víctimas del franquismo que la rodeaban ayer, explicó, “es que el torturador que me retuvo está en la cárcel y en junio voy a declarar a un juicio. Garzón me ha ayudado a saber quién soy, a recuperar mi identidad, promoviendo los primeros juicios a la dictadura argentina”.

Por eso Carla Artés está dispuesta a ir a todos los actos que se convoquen en defensa del magistrado de la Audiencia Nacional, como el de ayer. “Es el juez que más se ha involucrado en la defensa de los derechos humanos. Han ido a por él. Ojalá hubiera más jueces como Garzón”. Mientras, confía en la vía que se ha abierto en Argentina. “La justicia es universal, ¿no?”, añadió

Carla Artés besa a su abuela

Carla Artés besa a su abuela en el acto de apoyo a Garzón.- ULY MARTÍN

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Las vueltas de la historia

Mario Wainfeld- Página 12 -Martes, 13 de abril de 2010

“Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”
Antonio Machado

Una vez ganada la guerra civil, el franquismo tomó una decisión brutal, apropiarse de los hijos de muchas mujeres republicanas presas, muertas o a punto de ser condenadas a muerte. La fundamentó en perversas teorías psicologistas: considerando a los marxistas “psicópatas antisociales”, “segregarlos de sus madres desde la infancia ahorraría una plaga a la sociedad”. Dicho y hecho, miles de familias fueron privadas de la patria potestad, que se endosó al Estado. Decenas de miles de niños, quizá centenares de miles, fueron “resocializados” en orfanatos creados al efecto y, eventualmente, entregados en adopción borrando todos los datos de su familia de origen. Todo se legisló, urdiéndose una pesada trama burocrática y pseudoasistencial.

En España, aún hoy día, poco se conoce sobre el asunto, memorablemente narrado en el libro Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Es una novela inusual, que combina elementos ficcionales con una formidable investigación. Prado es novelista, ensayista, poeta, periodista. Hasta letrista, colaboró en las letras de las canciones del último disco de Joaquín Sabina. El año pasado presentó Mala gente… en la Feria del Libro de Buenos Aires. En varias entrevistas, burla burlando, dijo que una de sus finalidades era aliviar de culpas a los argentinos: “Quiero contaros que vuestra dictadura no inventó nada”.

Ironías (y diferencias de implementación) aparte, bastante de eso hay. La violación de derechos humanos es una constante expandida en varias latitudes, potenciada en el siglo XX. También el surgimiento de una justicia universal que saltea fronteras para impedir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Baltasar Garzón fue pionero en esa brega, aunque no su inventor. Para el movimiento de derechos humanos argentino, las causas abiertas por ese magistrado fueron un catalizador, un impulso llegado de ultramar que revitalizó la gesta contra la impunidad en nuestro territorio.

* * *

Hiperactivo y bastante solitario, Garzón encarnó una proeza persiguiendo a represores de este rincón del mundo. Contaba con pocos “fierros”, siendo apenas juez de primera instancia. Pero su tarea movilizó a víctimas, organizaciones nobles y militantes, abogados tan comprometidos como creativos. Ese inesperado colectivo litigó en España, abriendo ventanas en la formidable lucha de los movimientos de derechos humanos argentinos.

En un alarde de coraje y prepotencia de trabajo, Garzón arrestó a Augusto Pinochet en Londres, tras escribir sus fundamentos con la sola cooperación de un empleado de su juzgado en una noche febril.

Las réplicas primeras de los gobiernos argentino y chileno fueron deplorables. Por acá, bajo el mandato de dos presidentes argentinos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, brotó un nacionalismo de opereta, pretendiendo poner fronteras al derecho de gentes. Entre tanto, se glorificaba la globalización y se permitía el despliegue irrefrenable de los mercados del mundo. Los flujos financieros no requerían pasaporte ni aduana, pero eso sí: la Argentina devino un aguantadero para represores genocidas. Para colmo de inconsecuencias, se lo justificaba con una retórica chauvinista que apestaba a naftalina. Y a complicidad.

* * *

Los escenarios han cambiado, en España y en Argentina. Tras vicisitudes (y con enormes bretes aún) se abrieron procesos por los crímenes de la dictadura. En su patria, Garzón está siendo asediado por una avanzada de la derecha, que tiene aliados transversales en cierta sedicente progresía. Como explicó con minucia y garbo el colega Martín Granovsky el domingo pasado en Página/12, el señor juez no se privó de nada. Puso en el banquillo a los criminales sudamericanos, a la ETA, a los GAL prohijadas por Felipe González, a terroristas islámicos. En los últimos tiempos pateó dos hormigueros domésticos. Uno fue la corrupción del Partido Popular, consagrada en el apodado caso Gürtel que está hoy día a punto caramelo, enlodando a la flor y nata del centroderecha hispano.

Además, consistente con su prédica para otras comarcas, Garzón interpretó que la Ley de Amnistía de su país no ampara los delitos contra la humanidad, imprescriptibles e imperdonables por vía de pretensas leyes. Develar los crímenes del franquismo fue un reto al silencio y a las componendas de décadas. Una coalición amplia y mediocre busca revancha: quiere juzgar al juzgador, condenarlo penalmente, privarlo de su cargo. Esa pelea está desplegándose y la solidaridad internacional tiene algo que hacer. Desde estas pampas, sumarse es un deber de gratitud.

La batida contra Garzón no es, tan solo, un ajuste de cuentas personal. Frena las causas contra los crímenes del franquismo. Los corsi y ricorsi de la historia validan la movida que se hará mañana, de la que se da cuenta en la nota central de estas páginas. La doctrina que ha recorrido el mundo se postulará ante los tribunales locales, a quienes se recabará que apliquen la ley universal.

Carlos Slepoy, el abogado argentino que representó a muchas víctimas en España, definió lo que se viene como “una devolución a Garzón”. Abrir los tribunales argentinos para evitar la inmunidad de crímenes afrentosos es un rizo de la historia, también un modo justo de pagar una deuda. ¿Encontrarán los demandantes un magistrado de la talla de Baltasar Garzón? Parece muy difícil, aun tomando en cuenta su personalismo y algunos errores, propios de quien hace tanto.

¿Encontrará el reclamo, al menos, jueces que se hagan cargo de lo que es legal y digno? No es seguro, no es imposible, sería justo y necesario.

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Los testigos de Garzón que Varela se niega a escuchar

Varios de los testigos explican a ‘Público’ por qué la Ley de Amnistía no protege los crímenes del franquismo

PERE RUSIÑOL – Público – 12/04/2010 08:14

De izquierda a derecha: Hernán Hormazábal, Hugo Relva, Ricard Vinyes, Sergio G Ramírez, C. Jiménez Villarejo y Carla del Ponte.

Son 15 juristas o expertos de primera división mundial que suman décadas estudiando los derechos humanos y la legislación internacional. Han lidiado con los fueros que gracias a variantes diversas de leyes de amnistía protegían a dictadores como Slobodan Milosevic, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, entre otros. Y fueron citados por Baltasar Garzón como testigos para tratar de demostrar al Tribunal Supremo que no prevaricó al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Pero Luciano Varela, el juez instructor de la causa contra Garzón, los ventiló a todos de un plumazo en el auto del 7 de abril: no es necesario escucharles.

A algunos les rechaza educadamente porque dice que ya han dejado por escrito sus posiciones, pero a otros se los saca de encima sin ocultar el malestar que le genera la sugerencia. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, reclamado en su condición de miembro del Grupo de Expertos designado en el sumario de Garzón: “No se expone qué tipo de experiencia ha puesto a contribución en la causa en su día tramitada, tampoco resulta útil para hacer visible la intencionalidad del imputado”, sostiene Varela en su auto, que Garzón recurrió el sábado.

O Ricard Vinyes, historiador de la Universitat de Barcelona (UB), el mayor experto en el robo de niños a las madres del bando republicano tras la guerra: “No es pertinente la declaración de don Ricardo Vinyes, al que se pretende convocar para ilustrar a este instructor a fin de que pueda valorar lo horrendo de los crímenes relativos a secuestro de niños, por cuanto que, aún en la hipótesis de que el Instructor careciera de capacidad propia para tal valoración, esa constatación nada añadiría, ni restaría, a las razones de la imputación“, escribe Varela.

Ley de Amnistía

La mayoría de los expertos fueron citados para tratar de demostrar que, al igual que ha sucedido en otros países, la ley internacional impide amnistiar los crímenes más graves en derecho internacional, por mucho que así lo decidieron normas nacionales. El haber ignorado supuestamente la Ley de Amnistía -aprobada en 1977, antes que la Constitución- es uno de los argumentos centrales que esgrime Varela para seguir adelante con las querellas presentadas por Manos Limpias y Falange.

Vinyes fue llamado en su momento por Garzón para ratificarse en el contenido de su libro Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Temas de Hoy), donde documenta cómo al menos 12.000 niños fueron arrancados de sus madres tras la guerra para extirpar el virus rojo de las nuevas generaciones. Y esta cifra incluye sólo
los casos hasta 1943.

“Las desapariciones infantiles no fueron un azar, sino un sistema muy bien planificado. No es como pasó después en Argentina, donde se hacía a escondidas. Aquí el régimen se enorgullecía. Si tenemos tantos datos es porque lo cuenta el Estado”, explica Vinyes.

La raza y la democracia

“El sistema nació de unos experimentos de Antonio Vallejo-Nájera [jefe de los servicios psiquiátricos militares de Franco] con presas en Málaga, en los que supuestamente demostraba cómo la raza española, que según sus teorías existía con una base más cultural que genética, se había ido deteriorando a medida que avanzaba la democracia”, prosigue el historiador. Y añade: “De aquí salen la propuesta para evitar la transmisión cultural de madres a hijos: la segregación. Es decir, quitarles los hijos”.

En 1949, este “sistema organizado” de robo de niños sigue operativo y se ha ampliado al extranjero, como demuestra un documento del Servicio Exterior de Falange para buscar hijos de republicanos fuera. “Es gravísimo que aún exista impunidad sobre estos crímenes”, concluye Vinyes.

Uno de los mayores expertos en leyes de amnistía y en qué delitos prescriben según la ley internacional es Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, que ha seguido muy de cerca todos los debates equiparables en América Latina: Argentina, Chile, Brasil, Perú. Es otro de los testigos solicitados por Garzón.

“En todos los países, este tipo de leyes de amnistía tienen validez durante algunos años, pero siempre acaban cayendo. La única excepción es España”, explica Relva en conversación telefónica desde Buenos Aires. “Lo más incomprensible es que además en España se castiga por poner en tela de juicio la legalidad de la norma, algo que en todos los países con leyes de este tipo se ha hecho sin problema”, agrega.

“Los derechos de las víctimas a ser oídas y a ir a un tribunal para recuperar restos están amparados por todos los tratados de derecho internacional suscritos por España, que además impiden amnistiar crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio”, apunta Relva. Y concluye: “¡Qué ironía que esto suceda en España, que llevó a procesos a extranjeros que cometieron crímenes, y que luego no se pueda investigar los crímenes cometidos en el país!”

Entre los testigos propuestos también hay varios juristas que, ya sea como jueces o como fiscales, han actuado contra grandes acuerdos políticos que, al firmarse, prometían impunidad y borrón y cuenta nueva: la suiza Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que firmó en 2005 la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida; el chileno Juan Guzmán, que abrió causa contra Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres de víctimas de la dictadura pese al manto de silencio político, y el mexicano Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente de jurisprudencia para buena parte de los casos en América Latina equiparables a la causa que instruyó Garzón en España.

A todos estos expertos internacionales los rechaza Varela en un párrafo de su auto de la semana pasada. Lo hace con enfado evidente: “Solamente desde una apriorística desconsideración, no ya del Tribunal enjuiciador, sino de la capacidad técnica de la defensa letrada de las partes, se puede entender necesario, ni siquiera útil, acudir a la opinión de otros juristas para formar el criterio que aquel enjuiciamiento reclama”.

Otros países

Previamente, Varela rechaza cualquier comparación con causas abiertas en otros países: “La relación de causas penales abiertas por Juzgados Centrales de Instrucción contra otros individuos a los que se imputan otros delitos cometidos en otros países tampoco resulta trascendente, en esta fase del procedimiento, para determinar cuál debe ser la subsunción de los hechos imputados al querellado en el ordenamiento jurídico español”.

Sin embargo, la histórica sentencia argentina de junio de 2005 tiene muchos paralelismos con los argumentos de Garzón sobre los que pesa la acusación de prevaricación.

Zaffaroni la fundamentó así: “Que desde ese momento [cuando se aprueban las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida] hasta el presente, el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales que imponen la revisión de lo resuelto en esa ocasión. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas características, cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido”.

Previamente, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos humanos había fijado los límites de las leyes de amnistía o perdón con la rúbrica de García Ramírez: “Esas disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad”.

Aquel mismo año, 2001, Europa avanzaba en la misma línea con la detención de Slobodan Milosevic, gracias en parte al ímpetu de Del Ponte. La ex fiscal es hoy embajadora de Suiza en Buenos Aires y no está autorizada a hablar públicamente de su etapa en La Haya. Pero tras la detención de Milosevic, que había firmado bajo el auspicio de la comunidad internacional los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia, declaró: “Nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de la justicia internacional. Hoy, la comunidad internacional demuestra con su determinación que las víctimas no serán olvidadas y que su historia será contada”.

Abrir fosas

En una entrevista reciente con Radio Holanda Internacional, Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que se atrevió con Pinochet, se expresó en términos parecidos a los que a Garzón le ha costado la acusación de prevaricar: “Está muy claro que ni la amnistía del año 1977 ni la prescripción se pueden hacer valer por esas muertes sistemáticas”. Y remachó: “Es una norma de derecho internacional, y la única manera de investigar esto es abriendo las fosas”.

Otro de los testigos rechazados por Varela es Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona, uno de los mayores especialistas en España en derecho penal internacional. A su juicio, “no hay ni la más mínima base técnica ni jurídica para procesar a Garzón”.

“Las supuestas resoluciones injustas de Garzón son un trámite procesal formal, de los que se dictan miles cada día”, opina Hormazábal.

El catedrático concluye que no puede existir prevaricación cuando el origen del conflicto es el choque entre “dos posiciones doctrinales diferentes, ambas con fuerte arraigo doctrinal”. “La manifestación de una opinión doctrinal formalizada en una resolución judicial no puede ser nunca prevaricación”, concluye.

Su argumento coincide con el de Carlos Jiménez Villarejo, testigo también rechazado por Varela. El ex fiscal subraya que la Ley de Amnistía “es preconstitucional y se acordó en condiciones de desigualdad, en un proceso conducido por franquistas, como muy bien contó en sus memorias Rodolfo Martín Villa [ex ministro de Gobernación de Adolfo Suárez y hoy presidente de Sogecable]”.

“Por más que haya posiciones jurídicas discordantes, no puede impedirse que la causa se abra y menos aún imputar al juez por ello”, recalca Jiménez Villarejo, muy preocupado porque a Garzón “ni siquiera se le permite practicar pruebas”, lo que en su opinión vulnera “el principio básico del derecho a un juicio justo”.

El ex fiscal no sale de su asombro: “A los acusadores, en cambio, se les acepta todo. Salvando las distancias, el proceso se asemeja cada vez más y de forma muy peligrosa a los juicios que se realizaban durante el franquismo”.

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Diferencia entre niños robados durante franquismo

Argentina

29/03/2010 ANSA

Las prácticas de apropiación de niños en el régimen franquista se hicieron a la “luz pública”, fueron respaldadas por una legislación y presentadas como medidas de “protección”, a diferencia de lo ocurrido en Argentina durante la dictadura militar (1976-1983), que se efectuaron de forma clandestina. “Una de las diferencias básicas con Argentina es que ahí todo ese proceso es oculto, clandestino. En cambio, aquí se hace a la luz pública y el estado se enorgullece de hacerlo, pues el discurso es que está salvando a los niños del mal”, dijo el historiador Ricard Vinyes a ANSA. Otra diferencia es que, en España, “hay indicios de que pudo haber adopciones ilegales, aunque no certezas, porque la documentación no es clara”, sostuvo Vinyes. En su obra “Irredentas”, el historiador afirmó que “la intencionalidad política de sustracción de los hijos de encarcelados y represaliados era una evidencia misma de la propaganda del régimen”. Así, citó una declaración del Patronato de la Merced en 1944: “miles de niños han sido arrancados de la miseria moral y material, miles de padres de esos niños, distanciados políticamente del nuevo estado español, se van acercando a él agradecidos a esta obra de protección”. De ese modo, el estado presenta como modelo las acciones de segregación, que no hubiesen sido posibles sin la “activa” intervención de la Iglesia Católica.
Según planteó Vinyes en “Irredentas”, en Argentina “las desapariciones fueron resultado de practicar la guerra sucia contra aquellos que eran considerados incómodos por el régimen, bajo el nombre global de izquierdistas”. “En España no. La pérdida y desaparición fue resultado de la purificación pública del país”, por lo que “la clandestinidad de las actuaciones argentinas no existió”, precisó. “Jamás hubo centros clandestinos de detención en nuestro país. Al contrario, fue el estado quien constituyó” el proceso legal y administrativo “que facilitó las desapariciones, especialmente desde la cárceles de mujeres”, completó el historiador en “Irredentas”. Después de 34 años de cometido el golpe, en Argentina siguen las investigaciones para encontrar a niños que fueron apropiados por los represores y que en muchos casos fueron entregados a otros militares o a civiles cómplices de la dictadura. GAT

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Izarren argia / Estrellas que alcanzar

Os dejo aquí el trailer de la película Izarren argia/Estrellas que alcanzar (2010) de Mikel Rueda:

[vimeo http://vimeo.com/6928311]

Sinopsis de la película:

Estrellas que alcanzar cuenta la historia de Victoria, una viuda republicana que tuvo la desgracia de ingresar en la cárcel de Saturraran, lugar de experimento de una de las más macabras teorías del régimen franquista: la separación de los hijos de sus madres para darlos en adopción a familias afines al régimen y así romper la cadena del comunismo.

A Victoria no sólo le privaron de libertad sino que le robaron lo más querido que una madre puede tener, su hijo. La lucha junto a las otras presas para recuperar su dignidad como mujeres y madres será el argumento de este largometraje. Y es que ante una situación así la esperanza es lo único que puede mantenerte en pie y salvarte. Victoria aprenderá a vivir con la esperanza de recuperar a su hijo.

Título: Izarren argia
Nacionalidad: España
Año de producción: 2010
Género:Drama
Director: Mikel Rueda
Producción: BALEUKO
Actores: Barbara Goenaga, Itziar Lazkano, Klara Badiola, Estíbaliz Gabilondo, Amaia Lizarralde, Sara Cozar, Garbiñe Insausti, Teresa Calo, Patxi Santamaria, Aitor Beltra, Eric Probanza
Duración: 90 min.

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El reencuentro 101 de las Abuelas de Plaza de Mayo

Un padre conoce a su hijo 32 años después de que éste desapareciese durante la dictadura militar argentina

ALEJANDRO REBOSSIO – El País – 24/02/2010

Reencuentro después de 32 años

Foto: Francisco Madariaga Quintela hoy junto a su verdadero padre Abel Pedro Madariaga durante una conferencia de prensa- AP

Abel Madariaga sólo había visto a su hijo Francisco dentro del vientre de su pareja, Silvia Quintela, una médica militante de la Juventud Peronista que a los cuatro meses de embarazo, durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), desapareció. Ayer, Abel y Francisco dieron una conferencia de prensa para contar que se buscaron y se encontraron 32 años después del secuestro. “Nos fundimos en un abrazo de padre e hijo como si hubiéramos estados separados un año”, relató Abel en referencia al reencuentro, el primero cara a cara.

Con el caso de Francisco Madariaga Quintela ya son 101 los hijos de detenidas desaparecidas durante el régimen que recuperaron su identidad. Todavía falta por resolver el destino de otros 300 bebés que nacieron en campos de detención ilegal y tortura de la dictadura y que fueron entregados en adopción a militares, policías y otras familias, pero no a las suyas porque las autoridades las consideraban criaderos de “subversivos”. La tarea de búsqueda de aquellos niños, ahora jóvenes adultos, fue emprendida por las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Fueron 32 años de angustia, de vivir mucha violencia y maltratos. Ha sido una historia oscura…”, relató ayer Francisco Madariaga Quintela, que confesó que había vivido “como un fantasma”, con “un vacío inexplicable”. Pero su presente contrasta con aquel pasado: “Tener identidad es lo más lindo que hay. Es hermosa la vivencia de encontrar algo tuyo y algo [de lo] que me habían privado 32 años, de la verdad”, añadió Francisco.

Abrazado a él, su padre recordó lo que sintió cuando se reencontraron: “Se me llenó el alma de alegría y sentí la mayor felicidad de mi vida”.

Silvia Quintela caminaba la mañana del 17 de enero de 1977 hacia la estación de tren del suburbio de Florida cuando tres Ford Falcon, el habitual vehículo que se empleaba durante la dictadura, la rodearon y militares vestidos de civil se la llevaron al centro de detención clandestino del regimiento de Campo de Mayo, en las afueras de la capital. También buscaban a su pareja, Abel Madariaga, secretario de prensa de la guerrilla peronista Montoneros, pero él logró escapar y se exilió en Suecia. Después migró a México y en 1983, con el regreso de la democracia a Argentina, volvió a su país y se acercó a las Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a su hijo. En la actualidad, Madariaga es el secretario de esta asociación civil.

Silvia Quintela, que sigue desaparecida, parió en el Hospital Militar de Campo de Mayo y su bebé fue a parar a manos del actual capitán retirado del Ejército Víctor Alejandro Gallo. Este militar participó años más tarde del movimiento carapintada, que se oponía a los juicios de la democracia contra los criminales de la dictadura y que protagonizaron cuatro alzamientos, tres contra el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y otro contra el de Carlos Menem (1989-1999). Alfonsín y Menem impulsaron amnistías, pero los responsables del terrorismo de Estado han comenzado a ser juzgados después de que la Corte Suprema durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007) declarara la inconstitucionalidad de aquellos perdones.

A Abel Madariaga y otros miembros de Abuelas de Plaza de Mayor se les había ocurrido en los últimos años emprender una campaña en los medios para que los jóvenes nacidos durante la dictadura con dudas sobre sus orígenes se acercaran a la asociación. Y vos, ¿sabés quién sos?, decía el anuncio. Abel confiaba en que estos adultos de 20 o 30 años, incluido su hijo, se movilizaran para recuperar la identidad.

Eso fue lo que hizo Francisco. Su padre adoptivo había protagonizado un robo en el que terminó matando a un matrimonio y su hija en 1994 y por eso había permanecido preso entre 1997 y 2007. Francisco se acercó a Abuelas y se sometió a la prueba de ADN, que fue comparada con los del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así fue como padre verdadero e hijo se reencontraron. El pasado viernes, Gallo fue detenido por la apropiación de Francisco.

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Garzón y los crímenes del franquismo en The Sunday Times

The Sunday Times – March 1, 2009

“Spain’s stolen children“

During General Franco’s reign, tens of thousands of children were taken from their families, handed over to fascist sympathisers and brainwashed. Now growing old, they are fighting to discover the truth about their past before it’s lost for ever. By Christine Toomey. Photographs: Clemente Bernad

Barcelona (Spain). 2009. Trinidad Gallego shows a photograph of her with her mother and her grandmother, all of them imprisoned.

The only memory that Antonia Radas has of her father has haunted her as a recurring nightmare for nearly 70 years; it is the moment of his death.

Antonia is a small child in her mother Carmen’s arms. Both are looking out through the refectory window of a prison where Carmen’s husband, Antonio, is being held. They see him lined up against a courtyard wall. Shots ring out. Antonia sees a red stain burst through her father’s white shirt. His arms are in the air. Another bullet goes straight through his hand.

After that Antonia believes she and her mother must have fled the prison. But Carmen and her two-year-old daughter were soon arrested. They had been arrested before. That was why Antonio had given himself up, thinking this would guarantee their freedom. But they were the family of a rojo or red — a left-wing supporter of Spain’s democratically elected Second Republic, crushed by General Francisco Franco’s nationalist forces during the country’s barbarous 1936-to-1939 civil war. As such they would be punished. These were the years just after the war had finished, and the generalissimo’s violent reprisals against the vanquished republicans were in full flow.

Antonia is now 71 and living in Malaga. Her memories of much of the rest of her childhood are clear, and many of them happy. “I was raised like a princess. I was given pretty dresses and dolls, a good education, piano lessons,” she says.

It is only when I ask what she remembers about her mother, Carmen, from her childhood that Antonia’s memory once again becomes sketchy. “I remember that she was thin and she wore a white dress. Nothing else. I didn’t want to remember anything about her,” she says with a steely look. “I thought she had abandoned me.”

This is what the couple who raised Antonia told her when she came home from school one day when she was seven years old, crying because another child had said that she couldn’t be the couple’s real daughter since she did not share their surnames. “They told me that my mother had given me away and that my real family were all dead. They said they loved me like a daughter and not to ask any more questions. So I didn’t.”

By then a culture of silence and secrecy had descended on the whole of the country, not just the south where Antonia grew up. These were the early years of Franco’s dictatorship, when loose talk, false allegations, petty grievances and grudges between neighbours and within families often fuelled the blood-letting that continued long after the civil war had finished. In addition to the estimated 500,000 men, women and children who died during the civil war — a curtain-raiser for the global war between fascism and communism that followed — a further 60,000 to 100,000 republicans were estimated to have been killed or died in prison in the post-war period.

Even after Franco’s death in 1975, after nearly 40 years of fascist dictatorship, few questions were asked about the events that had blighted Spain for nearly half a century. To expedite the country’s transition to democracy, the truth was simply swept under the carpet.

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The Sunday Times – October 26, 2008

“Spain stirs its civil war ghosts“

A bid by families to exhume Franco’s victims is creating new conflict

Matthew Campbell

Both her sisters disapprove and her daughter is unenthusiastic, but that has not stopped Nieves Galindo from pursuing her unusual quest: she wants to exhume the remains of her grandfather, a victim of the Spanish civil war.

This jovial, 49-year-old council worker is by no means alone. More and more Spanish families have joined an increasingly energetic movement to unearth the bodies of relatives executed decades ago by General Francisco Franco’s death squads.

Conservatives complain that digging up the past will only reopen old wounds, creating more conflict. Galindo believes that the opposite is true.

“It will help to close our wounds,” she said last week in the flat she shares with a Siamese cat and her husband in Baides, a sleepy village 100 miles northeast of Madrid. “Only by coming to terms with the past and understanding what happened, and to how many people it happened, can we move on as a country.”

The recent decision of Baltasar Garzon, a popular judge, to order an investigation into the disappearance of 114,000 people during the civil war and Franco’s ensuing dictatorship appears to have encouraged families all over the country to apply for help in locating the graves of executed relatives.

Already about 170 graves have been investigated and thousands of victims’ remains have been returned to their families in the past few years.

“It’s a movement of grandsons and granddaughters,” said Marcos Ana, 89, a communist poet known as the “Spanish Mandela”, because he spent 23 years as a political prisoner under Franco after being arrested when he was 16.

“It is time to end the silence of the tomb,” he said in his apartment, dominated by a photograph of Che Guevara, the revolutionary. “The next generation must know what happened so that it does not happen again.”

Not everyone subscribes to that view. Garzon, famous for his pursuit of Basque terrorists and Latin American dictators, has been accused by conservatives of playing with fire by launching a case against Franco, who ruled Spain for 36 years until his death in 1975. Besides Franco, Garzon has accused 34 former generals and ministers of crimes against humanity between 1936 and 1951. They are dead, but many Spaniards are worried about how far the “super-judge”, as they call him, could go.

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