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En España la justicia es lenta. Es lenta para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Es lento el Tribunal Supremo para resolver recursos. Es superlento el Constitucional para renovarse, gracias a que su situación actual aprovecha a determinados partidos políticos, y es provocadoramente lento para resolver un recurso por encima de voluntades autonómicas, acuerdos parlamentarios o referendos ciudadanos. Es lenta, sí, y eso ya no es justicia.

Pero estoy asombrada de la rapidez que tiene cuando quiere realizar injusticias o perpetrar atropellos jurídicos. Me imagino al magistrado Luciano Varela trabajando mañana, tarde y noche para resolver en un solo día más de cinco recursos, y en algún caso, sobre todo cuando se quiere defender a sí mismo, con muchísimos folios. Todo ello con una finalidad: que llegue al Consejo del Poder Judicial un auto apresurado, pero suficiente para él, por la finalidad que persigue, en el que inicia el juicio oral contra Baltasar Garzón. Un Garzón al que, por supuesto, Varela le ha denegado todas sus pruebas, al tiempo que se las ha admitido al seudosindicato Manos ¿qué?, al que, además, cual maestro ejemplar, le ha dictado, a su gusto, un escrito de acusación. El que supuestamente era el juez, con sus lecciones magistrales a Manos ¿qué?, se ha convertido de hecho en el único acusador de Garzón. Y todo ello en 24 horas. ¿Habéis conocido alguna vez, ciudadanos, profesionales del Derecho, tal rapidez?

Y en cuanto al Consejo del Poder Judicial, ¿habéis observado la celeridad sorprendente de que en dos días se convoquen las reuniones necesarias para poder suspender al juez Baltasar Garzón, y esta se acuerde con presteza y unanimidad? La consumación de la injusticia fue rápida, en dos horas despacharon el tema y, acto seguido, llamaron por teléfono a Garzón para decirle que estaba suspendido en sus funciones y que tenía que dejar la Audiencia Nacional. Y ahí se terminaron las prisas. Misión cumplida: el juez Garzón había sido humillado.

Se rechazó incluso la posibilidad de dar una salida digna, por temporal que fuera, al asunto accediendo previamente a que Garzón se fuera en comisión de servicios a La Haya. Esto ya no tenía tanta prisa y se vería después. Porque somos mayoría los que tenemos la seguridad de que, en algún momento, nuestros tribunales verán la razón y desmontarán toda esta trama de envidias, rencillas y disparates jurídicos que estamos viviendo, y de que, si llega a ser juzgado, Garzón será absuelto.

Se nos ha dicho que el Consejo del Poder Judicial no tenía más remedio que suspender al magistrado una vez que había recibido el auto de apertura del juicio oral. ¿Pero se preocuparon sus señorías del Consejo de averiguar el porqué de la rapidez del juez Varela? Si ese auto es firme porque en principio no tiene recurso, ¿no recibieron ninguna noticia de que penden otros varios recursos ante la Sala del Tribunal Supremo, algunos de ellos de suma importancia, para no consumar este ataque sin precedentes a Garzón?

Quiero recordar que existen dos recursos, de importancia extrema, para resolver antes de seguir adelante. De un lado, la defensa de Garzón ha presentado recurso contra otro auto del rápido Varela haciendo constar que la instrucción no estaba terminada puesto que estaba recurrida la denegación de la totalidad de las pruebas solicitadas por el magistrado, lo que supone una absoluta indefensión.

Por otra parte, tanto el ministerio fiscal como la defensa de Garzón presentaron recursos de nulidad de actuaciones ante lo insólito del actuar del instructor dando instrucciones precisas tanto a Falange como a Manos ¿qué? para que volvieran a hacer los escritos de acusación en la forma que él les indicaba, lo que evidencia una actuación totalmente contraria al procedimiento. El ministerio fiscal solicita que se tengan por no hechas en forma esas acusaciones y, en consecuencia, se archive el procedimiento.

Pero eso no importaba. Los miembros del Consejo ni tan siquiera concedieron una oportunidad a la Sala para conocer esos recursos determinantes a la hora de seguir o no con la acusación. Solo les interesaba suspender a Garzón. Los derechos y la justicia, ya se verá.

Sé que hay muchos jueces que no comparten esta concepción de la justicia. Sé que hay muchos que realizan un cotidiano trabajo, a veces extenuante, para impartir justicia a los ciudadanos. A todos y a todas les muestro mi respeto. Pero sí quiero expresar mi más rotunda indignación por lo que está ocurriendo con Garzón.

Después de 42 años como abogada, muchos luchando por una justicia democrática, que para nada existía en mis primeros tiempos de duro ejercicio profesional, cuando defendía a trabajadores y presos políticos durante el franquismo, no puedo quedarme impasible ante la posibilidad de que en nombre de la justicia, que recuerdo que “emana del pueblo”, se puedan cometer este tipo de atropellos. La sociedad necesita sentirse amparada por la credibilidad y la confianza en sus instituciones de justicia, y hoy esa credibilidad está totalmente en entredicho, no solo en España, sino en todos los países democráticos.

Por ello termino al contrario de como empecé: la injusticia es rápida.

El Colegio de Abogados de Nueva York, con 23.000 miembros, ha enviado una carta al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la que les urge -a ellos y al resto de magistrados del alto tribunal- a hacer todo lo posible para acabar con los procesos pendientes contra Baltasar Garzón.

La carta, firmada por la decana, Patricia M. Hynes, compara el caso del juez español con el de los magistrados Iftijar Chaudhry y María Lourdes Afiuni. El primero fue suspendido por el ex dictador paquistaní Pervez Musharraf por investigar torturas y desapariciones ocurridas durante su régimen, mientras que la segunda permanece en prisión tras liberar a un empresario opositor al régimen de Hugo Chávez en Venezuela.

“Los jueces nunca deberían ser castigados por decisiones de buena fe que un tribunal superior haya corregido (…). Hacerlo destruye toda apariencia de independencia judicial y socava el derecho de la nación a ser gobernada por la ley”, se asegura en la carta.

El colegio subraya que la petición se hace “con todo el respeto por la independencia de los tribunales españoles”. Pero precisa que es ese respeto el que convierte en “preocupantes” los procesos a Garzón y contra otros abogados y juristas en todo el mundo.

“Invitamos respetuosamente al Consejo General del Poder Judicial a que tenga en cuenta nuestras preocupaciones en cualquier proceso contra el juez Garzón y revoque lo antes posible las amenazas de sanciones criminales contra él”, concluye el escrito.

Lo que desprestigia al Supremo no son tales o cuales declaraciones, sino la actuación infundada e incomprensible contra el juez Garzón. También en Derecho el fondo es más importante que la forma

El día 27 de abril se publicaba en este periódico un artículo que, bajo el título El procedimiento en democracia, firmaban cinco magistrados, refiriéndose a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por sus investigaciones relativas a los crímenes de la Guerra Civil y de la posguerra franquista. Reconociendo que en tal escrito se manejan argumentos nuevos y atractivos sobre la cuestión, no se pueden compartir, sin embargo, algunas de las afirmaciones que se hacen o algunos de los resultados interpretativos que se alcanzan.

Para empezar, se refieren los firmantes a la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de 12 de diciembre de 2000, por la que se impide el recuento manual de votos que antes había sido ordenado por la justicia de Florida a la vista de que existían claros y razonables indicios de que unos 180.000 votos de aquel Estado no hubieran sido bien leídos por las máquinas. El resultado de tal sentencia del Supremo estadounidense es sabido: derrota de Al Gore y George W. Bush instalado en la Casa Blanca.

Los magistrados autores del artículo que me ocupa subrayan dos de los argumentos del fallo de la Corte Suprema: los tribunales no pueden inmiscuirse en el cómputo de los votos y no se garantiza que el recuento manual acabe antes del plazo que la ley otorga para dar por finalizado el cálculo. Pero todo ello se afirma tras reconocer la posibilidad de irregularidades en el cómputo mecánico y, con ello, de un resultado distinto -Al Gore, presidente- en caso de realizarse un nuevo recuento. Se concluye en el artículo que comento que la decisión de la Corte se fundamentaba en la idea de “que el procedimiento debía respetarse de forma estricta”, y, además, se califica tal decisión como “probablemente, (la) más trascendente de la historia, atendidas sus implicaciones”.

Dos consideraciones me vienen a la cabeza. Primera: procedimiento para decidir y justicia en la decisión no deben estar reñidos, máxime si para salvar el procedimiento -el plazo previsto para el fin del recuento-, se admite que el resultado electoral real podría haber llevado a Gore a la presidencia de Estados Unidos y no a Bush. Segunda: no sé si esta sentencia es la más importante de la historia, pero creo que es una de las más lamentables, precisamente, “atendidas sus implicaciones”, por llevar a la Casa Blanca a quien llevó (el “mejor” presidente de los Estados Unidos, que será recordado por su falta de preparación para el cargo y por sus errores imperdonables, que a todos nos han salpicado).

Y llevan razón los magistrados firmantes cuando afirman que la esencia del sistema constitucional no está solo en el reconocimiento de los derechos, sino también en la existencia de reglas y procedimientos para ejercer el poder, pero insisto, una y otra esencia no pueden ser antinómicas, y, en caso de chocar, siempre deberá primar el fondo sobre la forma. El incumplimiento del plazo del recuento es un mal menor y dar por válido un resultado electoral del que se duda es un mal enorme. Es posible que el sistema electoral americano adolezca de éste y otros defectos, pero la solución que se alcanzó ningunea el valor de la más básica regla de una democracia: que mandan los votos.

Otro argumento que aporta el artículo de referencia: el juez en el sistema político implantado con la Revolución Francesa es un burócrata funcionario, con un poder insignificante, mientras que el juez que sale de la Revolución Norteamericana tiene un importante papel de controlador de los otros poderes, lo que plantea la cuestión de cuáles son los límites del poder del juez. Para los magistrados firmantes esta cuestión no está resuelta.

Y así parece, porque lo que estaba claro hasta hace unos meses, hoy ha sido puesto en crisis desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Me explico: superada la figura del juez autómata de Montesquieu y Beccaria, al que se le prohibía interpretar la ley, que debía aplicar como si de una receta se tratase, surge el juez que aplica la ley tras interpretarla, seleccionando, de entre los entendimientos posibles, uno que es el que se impone, salvo que un tribunal superior, en vía de recurso corrija esa interpretación.

Y aquí se acaba la historia. Cualquier intento de criminalizar como prevaricador al juez que sostiene una tesis posible y defendible en Derecho es una aberración.

Siguen los magistrados autores diciendo que en el “caso Garzón I” es imprescindible respetar las reglas procedimentales y “aceptar la legitimidad de aquellos órganos de poder a los que la Constitución les otorga la última palabra”, lo que, a su entender, no está ocurriendo cuando se afirma que “las decisiones… de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son un golpe de Estado perpetrado por togas fascistas, cómplices de la tortura”.

Expresiones como ésta pueden compartirse o no, pero son inocuas para poner en riesgo el sistema; el sistema no es tan débil y no resulta afectado por lo que no es más que una manifestación, afortunada o no, de la libertad de expresión.

Lo que pone en riesgo el sistema es la actuación infundada e incomprensible hecha desde dentro. Discrepo de la premisa de la que parten los magistrados de que en la causa contra Garzón haya suficientes motivos para investigar y proceder. Yo creo que, en origen, esta causa estaba huérfana de contenido penal y no hay ningún indicio para mantener este procedimiento por prevaricación porque no prevarica quien aplica una interpretación de la ley sostenible, sostenida y fundada. Y si en origen la investigación contra el juez carecía de fundamento, en su desarrollo ha llegado al “no va más” del esperpento jurídico: el instructor se ha convertido en tutor de las acusaciones, corrigiendo sus deberes mal hechos -por dos veces-, hasta obtener el aprobado y con ello una acusación “válida” para sentar a Garzón en el banquillo.

La perversión del procedimiento y de las reglas del juego es supina; el imputado ve cercenadas sus expectativas de defensa, pues pasa a oponerse a una acusación “admisible”, cuando, de no haber irrumpido el instructor Varela en la escena rompiendo la igualdad de armas, se habría confrontado con una acusación impresentable, rechazable de plano e ineficaz para abrir el camino al banquillo.

El proceso debido -al que se refieren los magistrados firmantes del texto que analizo- se ha roto porque el instructor se ha salido de su papel, inventándose un trámite contra-procesal, no previsto en el procedimiento, y tomando partido por la acusación, a cuyo servicio se ha puesto.

En este caso, las reglas de procedimiento -que han de respetarse siempre- no se han visto amenazadas por unas u otras manifestaciones, por duras o injustas que sean, sino que se ha prescindido de ellas desde dentro, lo que es grave, muy grave. Quiero decir, el sistema no está siendo desprestigiado sin motivo desde fuera; ni los muertos de las cunetas, ni las críticas más despiadadas, ni las opiniones de los más prestigiosos juristas del mundo son responsables de la que le está cayendo encima a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Más bien ocurre que algunos de sus integrantes están siendo víctimas del fuego amigo.

Concluyo tomando prestada una afirmación del artículo de referencia: es necesario “respetar las reglas de los procesos decisionales”. Reitero que estoy de acuerdo, pero ese respeto es exigible en primer lugar a los que protagonizan el procedimiento y, especialmente a quien lo dirige y no ocurriendo así, pedir respeto para el Tribunal Supremo y sus decisiones parece una broma. Cada palo que aguante su vela.

Con esta innata propensión a la tolerancia y la mesura que nos caracteriza a los españoles, he aquí que estamos sumergidos una vez más en una batalla campal, ahora por Garzón. Nos encanta polarizarnos, dividirnos en hinchadas enemigas, helarnos el corazón unos a otros y escupirnos en los ojos, a ser posible.

Si fuéramos más normales, Garzón no tendría que ser tan puro como Juana de Arco o tan malo como Landrú. Por ejemplo, parece evidente que la Ley de Amnistía no ampara delitos de lesa humanidad. ¿Por qué no se van a poder perseguir los crímenes del franquismo? Hemos aplaudido actuaciones semejantes en otros países. Pero para mí también es evidente que un juez no debe mandar resbaladizas cartas al presidente de un banco: la prensa sacó fotos de esas cartas y, si no está falsificada, una dice adjuntar “la propuesta y el presupuesto” de un seminario. Y, aunque estoy segura de que él no se ha lucrado, creo que eso simplemente no se hace y que los favores, por pequeños que sean, crean lazos. Garzón, en fin, ha tenido actuaciones magníficas, y otras imprudentes y bastante torpes: recordemos las fotos de caza con el ministro Bermejo. Las cosas, como siempre, no son blancas y negras. Pero lo peor de todo este gorigori es la enorme sensación de arbitrariedad y sectarismo judicial que produce. Esta lluvia de causas contra Garzón, ¿tiene motivos políticos? Sin duda. Y la numantina defensa en torno a él, ¿es partidista? Pues también. Hay magistrados estupendos, pero la justicia española está bajo mínimos. Las asociaciones judiciales alardean de acaparar cargos para sus compañeros de ideología, el Constitucional está catatónico, los partidos crían a sus pechos lustrosos rebaños de dóciles jueces. El 65% de los españoles creen que la Justicia está politizada. Y cuando la justicia no parece justa, nada funciona.