Month: February 2010

JULIO M. LÁZARO – El País – 27/02/2010

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado al Consejo General del Poder Judicial que no procede la suspensión de funciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, porque de adoptarse ahora “sería contraria a las garantías de independencia e inamovilidad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Este informe responde a un escrito instado por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles para “ganar tiempo” y relevar al juez antes incluso de que el Tribunal Supremo le siente en el banquillo. El informe del fiscal, que no es vinculante para el Poder Judicial, se refiere a los procesos abiertos a Garzón por su investigación del franquismo y por el patrocinio de cursos en Nueva York por el banco Santander, ya que cuando se recabó aún no se había admitido la querella por las escuchas del caso Gürtel.

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26/02/2010 – El País (editorial)

No es una metáfora: el ataque judicial desencadenado contra Garzón se está produciendo por tierra, mar y aire. La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió ayer a trámite otra querella -la tercera- contra el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por supuestas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel de los que Garzón tenía fundadas sospechas de que actuaban como correos de sus clientes recluidos en la cárcel. Esta tercera querella se acumula a las otras dos que tramita la misma sala por el intento de abrir una causa penal al franquismo a instancias de familiares de víctimas de la Guerra Civil que yacen todavía en fosas comunes y por haber dirigido un curso en Nueva York patrocinado por el Banco Santander.

Las tres querellas buscan, cada cual desde su particular perspectiva, acabar con la carrera de Garzón, expulsarle de la judicatura y poner un colofón infamante a 23 años de servicio a la justicia y a los ciudadanos en ámbitos tan difíciles como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia económica. Pero la tercera y por ahora última querella apunta a un objetivo concreto: anular y dejar sin efecto la instrucción sumarial del caso Gürtel, un designio que vienen persiguiendo los dirigentes del PP, en concreto su responsable para asuntos de la justicia Federico Trillo-Figueroa, prácticamente desde que Garzón comenzó a tramitar las diligencias sobre dicho asunto.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo señala, según una fórmula estereotipada, que “las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas”. Sin embargo, el ministerio fiscal las juzga algo más grave que absurdas y carentes de sentido y llega a considerar la querella como un fraude de ley que busca dejar sin efecto todo lo investigado hasta ahora sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, de acuerdo con una común estrategia defensiva de los 65 implicados en la causa. Se da la circunstancia de que al abogado del caso Gürtel que ha interpuesto la querella no se le ha intervenido ninguna comunicación carcelaria por la sencilla razón de que su cliente nunca ha estado preso.

Prescindir de la opinión informada del ministerio fiscal en según que casos es algo habitual del Tribunal Supremo. Pero da la casualidad de que esto es lo que ha sucedido precisamente en las tres querellas presentadas contra Garzón. En todas ellas se ha hecho caso omiso de su informe contrario a la admisión, con el añadido de que, en relación con las escuchas, Garzón cuenta con el aval del actual juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, que ha defendido en un auto motivado la legalidad de las intervenciones carcelarias ordenadas. Así, pues, “las hipótesis incriminatorias” del querellante son más absurdas y carentes de sentido de lo que presume el Supremo. Y el empeño del Supremo por desembarazarse de Garzón, evidente.

JULIO M. LÁZARO – El País – 26/02/2010

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió ayer la querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama corrupta Gürtel con sus abogados. La admisión de esta tercera querella contra Garzón en menos de un año y, sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15 magistrados titulares de la Sala, de todas las tendencias, amenaza seriamente la continuidad de Garzón como juez de la Audiencia Nacional.

El magistrado, que se esperaba ya la decisión de la Sala, declaró a EL PAÍS: “Voy a seguir mientras pueda trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar”, remachó. De sus palabras se desprende que Garzón no va a rehuir la pelea en el Supremo, por más que esta decisión entraña que en breve será suspendido de funciones quizá durante años, y que se arriesga a que recaigan sobre él severas penas de inhabilitación como juez.

De haber optado por renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional, perdería el fuero ante el Supremo y las tres causas que tiene abiertas pasarían a ser competencia de un tribunal superior de susticia, donde tendría muchas más posibilidades de salir indemne. En la propia Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega fueron suspendidos de funciones y sometidos a un calvario judicial por haber liberado al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, 15 días antes de su juicio. A partir del momento en que renunciaron a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se diluyeron como por ensalmo.

La querella admitida ayer es la primera que determina la incriminación de un juez por ordenar unas escuchas telefónicas. El Supremo ha invalidado centenares de procesos por escuchas irregulares, pero nunca hasta ayer había admitido una querella contra el juez que las ordenó, aunque también se habían invalidado escuchas en prisión.[leer todo el artículo]

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Las querellas contra el juez Baltasar Garzón

– Investigación de los crímenes del franquismo. Fue presentada en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo. El instructor, el magistrado Luciano Varela, estima que Garzón ignoró la Ley de Memoria Histórica para asumir el control de la localización de las víctimas de la represión y que se saltó la Ley de Amnistía. Considera que eso puede ser prevaricación, castigada con inhabilitación de 12 a 20 años. Los querellantes son el pseudosindicato ultra Manos Limpias (que preside Miguel Bernard), la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Está pendiente de una decisión de la Sala de lo Penal a fin de preparar el juicio oral.

– Los honorarios de Nueva York y un patrocinio. Fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por supuestos cobros irregulares de Baltasar Garzón como profesor distinguido de la Universidad de Nueva York. El Supremo la admitió a trámite. Le acusan de haber obtenido del banco Santander 1,2 millones de euros y luego haber archivado una querella contra el presidente de la entidad bancaria Emilio Botín. El archivo luego fue ratificado por la Audiencia y el Supremo. Los 1,2 millones fueron en realidad 216.000 euros, y no fueron al bolsillo del juez, sino que sirvieron para patrocinar unos coloquios en la universidad. Es la tercera vez que el Supremo estudia el caso, que ya fue archivado por la propia Sala Penal y por el Consejo General del Poder Judicial.

– Las escuchas en prisión a la trama Gürtel. El Supremo la admitió a trámite ayer. La presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor del constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. En ese sumario constan datos sobre su amistad con Francisco Correa, jefe de la trama, y sobre el supuesto pago de comisiones a políticos para obtener concursos públicos. Peláez (ex fiscal en la Audiencia Nacional en los casos Sogecable y Pinochet, y que fue juzgado y absuelto en el caso de la carta falsa de Los Albertos) dice que Garzón habría prevaricado al autorizar la grabación de las conversaciones de los imputados con sus abogados en la cárcel. Su cliente, Ulibarri, no está entre ellos.

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“La trama corrupta pide anular el proceso”

JULIO M. LÁZARO – El País – 25/02/2010

La Sala de lo Penal del Supremo se ha declarado competente para instruir la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por escuchas a abogados de presuntos implicados en el caso Gürtel que se encontraban en prisión.

La sala ha acordado imputar al magistrado los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, y ha designado instructor de la causa al magistrado Alberto Jorge Barreiro.

Tras recibir la notificación del Supremo, Garzón ha asegurado a EL PAÍS que va a seguir “trabajando por la justicia”. “No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar”, ha remachado.

Es la tercera querella admitida por el Supremo contra Garzón después de las presentadas por la causa contra el franquismo y por supuesto cohecho al haber solicitado patrocinio del banco Santander en unos cursos que dirigió en Nueva York.

En esta nueva causa, al igual que las dos anteriores, ha sido admitida a trámite en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió que se rechazara la querella al entender que los hechos no son constitutivos de delitos. En el auto hecho público este jueves, los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal aseguran que existen “dudas que se proyectan cuando menos, sobre la legalidad” de las resoluciones adoptadas por Garzón y añaden que “las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas”.

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El fiscal insiste en que Garzón no prevaricó y su defensa reclama la admisión de pruebas

Consulta el auto del Supremo que admite la tercera querella contra Garzón