Month: April 2010

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El infierno de Azaña

Perdida la Guerra Civil, Manuel Azaña se vio abandonado por casi todos los suyos y vivió huyendo de franquistas y nazis hasta su muerte, hace ahora 70 años. Extracto de un nuevo libro sobre el ex presidente de la II República

MIGUEL ÁNGEL VILLENA – El País – 18/04/2010

Manuel Azaña, pronunciando un discurso como presidente de la II República.-

Mientras el ahora simple ciudadano Manuel Azaña vivía aquel exilio introvertido y melancólico, las autoridades franquistas incoaban en Madrid un expediente, iniciado el 31 de agosto de 1939, a quien fuera símbolo de la República. Con su casona familiar de Alcalá saqueada y posteriormente ocupada por la Falange, los servicios policiales y militares iban calificando a Azaña de persona “de carácter seco, agrio, con dureza más efectiva que real”, iban tildando al político de “hábil sofista, contundente polemista y enemigo rencoroso de la Iglesia” y, en definitiva, iban desgranando los tópicos que más tarde persiguieron, durante las décadas del franquismo, al jefe del Estado republicano. Maricón, pervertido, anticlerical, monstruo, cobarde o destructor del Ejército y de los valores patrios fueron lugares comunes de una de las campañas de desprestigio más sistemáticas y brutales de la España contemporánea.

Cuando el tribunal de depuración dictó su sentencia, en abril de 1941, Azaña ya había muerto, aunque esa circunstancia no impidió que fuera condenado al pago de 100 millones de pesetas, una fortuna para la época.

(…) La incomodidad y el nerviosismo de todos aumentó enormemente cuando el 1 de septiembre de aquel año (1939) la Alemania nazi ocupó Polonia y obligó a Francia y el Reino Unido a declarar la guerra a Hitler. El temor a una invasión germana del territorio francés y los recelos hacia la posibilidad de que Suiza pudiera perder su neutralidad llevaron a los Azaña Rivas a sopesar la posibilidad de trasladarse al oeste de Francia. “No creo que Franco vaya a buscarnos a Burdeos”, fue el comentario esperanzado de don Manuel. Se equivocaba, no obstante. De este modo, el grupo refugiado en Collonges-sous-Salève recogía la sugerencia que les había hecho Carlos Montilla, ex embajador republicano en Belgrado y La Habana, un diplomático demócrata y admirador de Azaña, a quien había visitado en su refugio alpino. Así pues, a mediados de octubre, Manuel Azaña y su inseparable cuñado realizaron el largo viaje desde Collonges-sous-Salève hasta Arcachon en ferrocarril, y no por carretera, dadas las dificultades para conseguir gasolina y permisos de circulación en Francia una vez iniciada la guerra. Guiados por Montilla y por su mujer, que ya se habían instalado en Pyla-sur-Mer, llegaron a aquel paraje de la costa atlántica, famoso por sus inmensas dunas, muy cerca de Arcachon y a 50 kilómetros de Burdeos.

(…) A medida que pasaban los meses de su exilio francés, el ex presidente se iba desilusionando de la actitud del país vecino, esa Francia a la que él había admirado, casi reverenciado, desde su juventud. Pero cuando llegó la hora del destierro, Azaña se percató de que, junto a una minoría de franceses, que lo saludaban y lo elogiaban en la calle, el resto de ciudadanos y, de manera especial, las autoridades adoptaban una actitud despectiva no tanto hacia su persona, sino, lo que era más grave, hacia el régimen republicano que él había encarnado. Así pues, sus críticas hacia la cínica e injusta política de no intervención durante la guerra se vieron acrecentadas por el trato que se daba a los españoles en los campos de concentración del Mediodía francés, por la escasa consideración que recibían los combatientes de la República y, en suma, por el menosprecio del que eran objeto unos soldados y civiles que habían defendido en España la libertad de Europa.

Esta actitud miope y cobarde de los gobiernos de París le indignó mucho. No fue el único refugiado de talla que dejó constancia de su decepción con Francia. La abogada, miembro de Izquierda Republicana y diputada Victoria Kent, enviada por el Gobierno en 1937 a la embajada en París para canalizar la salida de los refugiados, se vio forzada, tras la entrada de los nazis en la capital francesa en junio de 1940, a vivir de forma clandestina durante cuatro años para evitar que la Gestapo y la policía franquista la detuvieran y la deportaran a España para ser juzgada y “probablemente fusilada”, como dijo ella misma. Con el nombre falso de madame Duval, y protegida por la Cruz Roja y la Resistencia, Kent pudo observar la actitud de los franceses, que osciló entre el colaboracionismo y la oposición, pasando por una gran mayoría acomodaticia.

(…) Los temores a que Azaña fuera detenido por la Gestapo, que dominaba la zona de Arcachon y toda la fachada atlántica francesa hasta la frontera con España, se volvieron más fundados cada día que pasaba, y por ello los diplomáticos mexicanos, que se habían hecho cargo de su protección, recomendaron su desplazamiento hacia el sureste de Francia. Es importante reseñar que los terribles oficiales nazis actuaron durante aquellos tiempos a las órdenes de la policía franquista en lo que se refería a la persecución y detención de dirigentes republicanos, y el ex jefe del Estado era, por supuesto, una de las piezas más codiciadas por el nuevo régimen fascista. De hecho, el cuñado de Franco y ministro de Exteriores, Ramón Serrano Súñer, puso especial empeño en que Azaña fuera extraditado, si bien no logró su propósito. Convencido, pues, por los mexicanos, el matrimonio Azaña Rivas decidió finalmente abandonar Pyla-sur-Mer. Su secretario, Martínez Saura, refirió en sus memorias la marcha de Azaña, a finales de junio, desde Pyla-sur-Mer hasta Montauban, una pequeña ciudad de provincias cercana a Toulouse. (…) El grupo salió de Pyla-sur-Mer con los nazis pisándoles literalmente los talones.

(…) Todo el cuadro se había oscurecido aún más desde que la pareja recibiese la noticia de que la Gestapo y la policía franquista habían detenido a Cipriano Rivas Cherif (cuñado de Azaña), Carlos Montilla y Miguel Salvador, un ex diputado de Izquierda Republicana en Pyla-sur-Mer, el 10 de julio, poco después de la marcha de los Azaña Rivas. Los tres fueron extraditados casi de inmediato a España, donde fueron juzgados en consejo de guerra sumarísimo y condenados a la pena de muerte, una noticia que fue conocida a finales de aquel septiembre. (…) Azaña, que había sufrido un amago de infarto cerebral al conocer aquella noticia, ya casi no podía ni hablar y estaba, por tanto, incapacitado para realizar ningún tipo de gestión. Sólo acertó a decir en una ocasión: “¡Bien saben lo que me han hecho! Esto sí que no lo resisto!”.

Ciudadano Azaña, de Miguel Ángel Villena. Editorial Península. Precio: 23,90 euros.

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El derecho a ser llorados

JOSEP RAMONEDA – El País –  18/04/2010

Convertir a los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Por esto resulta irritante el procesamiento de Garzón por su intento de reconocer y dar reparación a las víctimas del franquismo. Están convirtiendo el pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimiento a las víctimas y de blanqueo del franquismo. El espíritu de la transición era avanzar hacia adelante desde la exigencia moral de no volver nunca a un enfrentamiento como la Guerra Civil. Para ello, se pactó una amnistía que protegiera a todos los potenciales protagonistas del cambio, los que venían del franquismo y los que venían de la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado. Era, simplemente, aplazar el duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y su equilibrio. Con paciencia, se dejaron pasar los años, pero el tiempo de silencio no podía ser indefinido. Algo falla en la democracia española si, a estas alturas, todavía los verdugos pasan por delante de las víctimas.

Resulta difícil de entender la extraña alianza que se ha trenzado entre la ultraderecha, la derecha y un núcleo muy concreto de la izquierda judicial. Y es inquietante el papel de un Gobierno (con algún portador del virus antiGarzón incrustado) que, amparándose en la no intromisión entre poderes, deja hacer, olvidando que no estamos ante un problema judicial sino político y que será el Gobierno el que tendrá que lidiar con las consecuencias internas y con el descrédito internacional que provocaría una sentencia condenatoria. La prensa extranjera no puede entender que España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hecho ya otros países, como Chile y Argentina. Lo decía The New York Times: “España necesita una explicación honesta de su pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla”.

El Consejo General del Poder Judicial -a petición de parte: el juez empeñado en cargarse a Garzón- descalifica las críticas. El Poder Judicial es tan susceptible de ser criticado como cualquier otro. En democracia nadie, ni siquiera los jueces, está por encima de la libertad de expresión. Y es especialmente grave que el Poder Judicial pretenda limitar algunas expresiones, porque es el único poder del Estado que no tiene otro control que el de la opinión pública. Al Poder Ejecutivo lo controla el Legislativo, al Legislativo lo controla el ciudadano, que tiene la capacidad de cambiar las mayorías con su voto, a ambos los controla el Poder Judicial y, desde lejos, la opinión pública. El Poder Judicial se controla a sí mismo. Por lo menos, que aguanten los envites que puedan venir de la opinión pública.

La derecha, que desde el caso Gürtel va a por todas contra Garzón, habla de las críticas a los jueces que le han de juzgar como un atentado a la democracia. La libertad de expresión nunca atenta contra la democracia. Lo que sí atenta contra la democracia es el querer escapar a ella. A la derecha el cuerpo le pide pelea contra Garzón, pero puede salir trasquilada: conseguirá movilizar a una izquierda que estaba muy desactivada.

Si el primer principio de la Justicia, como dice Amartya Sen, es actuar contra la injusticia flagrante, en este caso hay una clara inversión de los valores: una presunta injusticia -querer enjuiciar a los verdugos con una interpretación de la ley que algunos jueces consideran inapropiada- se utiliza para tapar una flagrante injusticia -la negación del reconocimiento a las víctimas del franquismo-.

La justicia tiene un marco y un contexto. Se ejerce en una comunidad con unos valores determinados y con un trayecto histórico. La norma legal no tiene la asepsia de un teorema. El que la interpreta debe saber encontrar el equilibrio entre el texto y el contexto para actuar con equidad. Y la equidad dice que la injusticia flagrante no se está cometiendo con los verdugos -que salieron de rositas de esta historia- sino con las víctimas. La justicia no puede decidir que hay víctimas que no tienen derecho a ser lloradas, para decirlo con la expresión de Judit Butler.

La imagen liberal de España va a retroceder varios escalones en el mundo, porque es difícil entender que a estas alturas el franquismo aún tenga protección y los que lo denuncian aún tengan que pagar por ello. Creo que la prensa internacional lleva razón: la democracia española sigue cojeando porque una parte de este país todavía no puede admitir la realidad del franquismo.

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La tumba

MANUEL VICENT – El País – 18/04/2010

La izquierda política considera un escándalo que Falange Española, salida, de repente, del baúl de la historia, tenga fuerza suficiente todavía para sentar al juez Garzón en el banquillo. No es tan raro. El cadáver de José Antonio, fundador de ese movimiento fascista, está enterrado con todo honor al pie del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos, y durante 30 años de democracia nadie ha osado tocarlo. Al iniciar su instrucción sobre los crímenes del franquismo el juez Garzón pidió el certificado de defunción de Francisco Franco y esta diligencia, que sólo era un requisito formal, causó asombro en la mayoría de españoles. Los más ingenuos pensaron que ese papel era innecesario porque se sabe a ciencia cierta que los huesos del dictador permanecen bajo una losa de mil kilos en la basílica del Valle de los Caídos construido por presos políticos, y en la vertical de sus despojos se levanta una poderosa cruz de granito. En cambio, otros más suspicaces dudan que Franco haya muerto, porque precisamente esa enorme cruz proyecta todavía desde las breñas de Cuelgamuros la sombra del dictador sobre todas las instituciones de la democracia. A estas alturas lo realmente escandaloso debería ser el miedo reverencial que sienten los demócratas españoles hacia ese panteón faraónico, como si esa olla de hormigón guardara una barra de uranio que puede liberar una incontrolada carga radioactiva muy peligrosa. De ese miedo nacen todas las ruedas de molino con las que hay que comulgar. Es evidente que la actitud de este juez ha liberado unas fuerzas reaccionarias muy oscuras que nuestra democracia creía cegadas para siempre. Metidos en estos enredos jurídicos de rábulas se puede discutir si el juez Garzón ha prevaricado a la hora de tocar esa barra de uranio radioactivo. Juristas insignes lo niegan. El acto con que un juez inicia unas diligencias de investigación no puede ser nunca constitutivo de prevaricación porque en ese momento no se actúa aun contra nadie en concreto, en consecuencia no hay resolución injusta, puesto que no hay perjudicados todavía. Pero en el fondo, con este pleito político solo se trata de saber si Franco realmente ha muerto, por eso hizo muy bien el juez Garzón en pedir antes que nada su certificado de defunción.

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Cámara, acción… ¡todos al suelo!

Chema de la Peña dirige la primera película sobre el 23-F, con Paco Tous en el papel de Tejero, Juan Diego en el de Armada y Fernando Cayo en el del Rey – Bono pone pegas para rodar en el Congreso

ROCÍO GARCÍA – El País – 17/04/2010

El teniente coronel Tejero, amenazando la democracia desde la tribuna del Congreso el 23-F de 1981.- BARRIOPEDRO

Es la mañana del 23 de febrero de 1981 y el teniente coronel Antonio Tejero está en la cocina de su casa. Su mujer, Carmen Díez, está corrigiendo unos exámenes mientras desayuna. “¿Te tuesto un poco de pan? Quedan unas madalenas…”. “No, no, ya me lo tomo en la calle. ¿Te queda mucho, ratita?”. “Un par de exámenes. Cada día escriben con más faltas. No sé este país dónde va a llegar cuando estos niños crezcan”. Tejero le da un beso en la frente y ella nota algo raro. “¿Va todo bien papaíto?”. “Nada, luego te llamo”. Ese lunes, pocas horas después, exactamente a las 18.23, Tejero y 200 guardias civiles irrumpieron pistola en mano en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo de Madrid, secuestrando al Gobierno y a todos los parlamentarios reunidos. Después de 17 horas y media, ya en la mañana del martes 24, tras una noche trágica en la que se estuvo a punto de acabar con la incipiente democracia española, el golpe había fracasado.

El relato minuto a minuto de esas 17 horas y media es lo que narrará la película 23F que, dirigida por Chema de la Peña y producida por Lazona con participación de TVE, se empezará a rodar en agosto y se convertirá en la primera aproximación cinematográfica a esos acontecimientos. “Será un thriller político con mucha intriga y al mismo tiempo muchas conversaciones privadas. Contamos con una exhaustiva información y una profunda investigación sobre los hechos objetivos. Me atrae mucho este género político que en nuestro país es casi inexistente sobre un hecho histórico tan presente en la vida de los españoles. Más allá de los tópicos vamos a entrar de lleno en las motivaciones de los personajes con esos elementos tan shakespearianos de códigos de honor, vida, valentía y traición”, asegura Chema de la Peña (Salamanca, 1964).

El estreno del filme, el 23 de febrero de 2011, coincidirá con el 30º aniversario de este acontecimiento. Paco Tous, en el papel de Tejero, Juan Diego en el del general Alfonso Armada y Fernando Cayo, como el rey Juan Carlos, son los principales protagonistas de este proyecto que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Hasta llegar al reparto definitivo ha habido muchos saltos y propuestas. Incluso se contactó con Antonio Banderas para el papel del Rey, aunque él, antes de retirarse del proyecto por problemas de fecha, sugirió que lo que de verdad le gustaría sería hacer… de Tejero.

Chema de la Peña asegura que cuando leyó el guión, escrito por Joaquín Andújar, sintió que tenía entre sus manos “un diamante en bruto”. “Es tan difícil que eso pase que es como un milagro”, dice el realizador, que tardó apenas dos días en dar el sí al encargo que le hicieron los hermanos Ignacio y Gonzalo Salazar, productores de Lazona, que tenían 13 y 11 años, respectivamente, el 23-F de 1981.

“Por salud democrática es fundamental hacer esta película”, explica Gonzalo, el menor de los hermanos, en la luminosa oficina que la productora tiene en Madrid. “El 23-F tiene los elementos suficientes dramáticos y cinematográficos como para llevarla al cine. Además representa mucho para los españoles”, dice Ignacio.

Todo comenzó hace cuatro años una tarde a la salida de una proyección de The Queen, el filme de Stephen Frears sobre la muerte de Lady Di y su repercusión en la monarquía británica. “Iba sin muchas ganas porque a mí la historia de Diana de Gales no me interesaba especialmente, pero nada más salir del cine y antes de llegar al coche ya había tomado la decisión de llevar al cine nuestro 23-F”, señala Ignacio Salazar, que comenzó un laborioso trabajo de investigación y documentación y entrevistas con muchos de los protagonistas reales, como el entonces director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete; Landelino Lavilla, ex presidente del Congreso; José Pedro Pérez Llorca, entonces diputado de UCD, y otros muchos más. “Me lo sé casi todo de ese día. Nuestra intención es contar todo lo que ocurrió con rigor y objetividad, sin entrar en las teorías conspirativas y enfoques políticos”.

23F dará cuenta de si hacía calor o frío en el hemiciclo o en las calles de Valencia, contará pequeñas anécdotas como la de las pistolas de los guardaespaldas amontonadas sobre una mesa de un despacho del Congreso, como el bar del recinto parlamentario fue saqueado esa noche por los guardias civiles y al día siguiente hubo que reponerlo con 300.000 pesetas o los reproches que se hicieron en la intimidad el entonces presidente Adolfo Suárez y el general golpista que entró en el Congreso, pistola en mano, al aterrador grito de. “¡Todo el mundo al suelo!”.

Después de conseguir permiso para rodar en los jardines del palacio de la Zarzuela o el patio de la Guardia Civil, es el rodaje en el propio hemiciclo, en donde todavía se pueden ver las huellas de los disparos de los guardias civiles amotinados, donde los hermanos Salazar se están enfrentando al mayor problema. El presidente del Congreso, José Bono, y los miembros de la Mesa están negándoles, de momento, lo que ellos consideran un derecho como es el de rodar en el mismo lugar en el que se produjeron los acontecimientos.

“Es fundamental para el proyecto”, aseguran los productores. Aunque tienen todo preparado para reconstruir en decorados los diferentes escenarios del Congreso, en caso de que la negativa sea definitiva, todavía confían en poder entrar en el mismo lugar en el que el teniente coronel Tejero le espetó a su superior, el general Aramburu Topete, cuando este procedía a su detención. “Si da un paso más le pego un tiro y luego me mato”.

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La censura política en los medios

15 Abr 2010 – VICENÇ NAVARRO – Público (blog Dominio Público)

dominio-04-15.jpgDurante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Reino Unido) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.
No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al rey y a la monarquía, frente a cualquier tipo de crítica. En realidad, tales medios promocionaban al rey y a la monarquía en una campaña propagandística, presentando a la monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el rey se presentaba como un demócrata camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al rey se veía como criticar la Transición y el establecimiento de la democracia.
Es fácilmente demostrable que esta imagen del monarca es profundamente falsa. El rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y en la Transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer Gobierno monárquico hizo para establecer la democracia. Tanto en las reglas del proceso democrático, como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y la democratización de aquellas propuestas. La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión, explican, sin embargo, que aquella Transición inmodélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la monarquía como su eje, lo cual explica su blindaje mediático.
No fue hasta hace poco que la televisión, el mayor medio de difusión en España, exhibió un documental, “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis, que muestra el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental, que vio la luz en la televisión pública catalana, ponía de manifiesto cómo el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco. En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Catalunya, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.
Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.
Mientras, a los autores de aquel documental se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nueva obra, ¿Monarquía o República?, en la que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como a partidarios de la monarquía. Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara la emisión de un documental (presentado como ficción), 23-F: el día más difícil del Rey, que era una mera propaganda de la monarquía y del papel del rey en el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981. No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas– que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, nunca se mostrará su versión original y nunca se emitirá, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.
La Vanguardia, el diario monárquico de Catalunya, propiedad de la familia del conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Catalunya) felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la república y la monarquía, que requería un enfoque distinto” (10-04-10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia, alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la república en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

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Entierro de Franco

Carmen Polo, acompañada de su hija, pasa delante del féretro de su marido.rtve

Ayer vimos una versión ficticia de los últimos momentos de la vida de Franco. En cambio, en la página de RTVE (Radio Televisión Española) tenéis acceso a material documental del entierro de Franco (vídeos, fotos).

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uU0LMGzN2rk&feature=related]

En este vídeo, Carlos Arias Navarro, entonces presidente del Gobierno, anuncia el 20 de noviembre de 1975 a todos los españoles la muerte de Franco. Muy emocionado, Arias lee el testamento político del dictador antes de proferir con voz quebrada un ¡Viva España!.

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Gente que ya estaba antes de 1975

Isaac Rosa – Público (blog Trabajar cansa) – 16/04/2010

“Argentina tiene problemas de todas clases; sería bueno que intentaran resolverlos y no querer resolver los nuestros.”-Manuel Fraga, presidente fundador del PP-

No parece probable –aunque sólo sea por razones de edad- que Manuel Fraga vaya a acabar extraditado a Argentina. Pero la sola mención de su nombre, a cuenta de la querella por los crímenes franquistas, ya pone nerviosos a muchos. Es nada menos que el fundador de la actual derecha española, y oficialmente uno de los padres de la democracia. Que un redactor de la Constitución pueda ser denunciado como colaborador de la dictadura resume bien cómo se ha gestionado el pasado reciente en España.

Durante mi adolescencia, cuando aún era víctima de la ignorancia que sobre el franquismo me impartieron en el bachillerato, siempre me llamaba la atención un hecho curioso: cómo la biografía política y profesional de muchos prohombres de la democracia –leída en la solapa de un libro, por ejemplo- comenzaba en 1975, como si antes de esa fecha ni siquiera hubieran nacido.

Luego, claro, creces y te enteras de que muchos jueces ya eran jueces antes de 1975 –como ha recordado Jiménez Villarejo, quien también era fiscal entonces-, que los padres de la democracia ya eran ministros o directores generales con Franco, que muchos policías ya habían sido grises y crearon escuela, que el rey ya era príncipe, o que el poder económico actual se parece mucho al que hizo fortuna entonces.

De Fraga ya sabíamos que había sido ministro franquista, no es ningún secreto. Pero siempre nos aclaran que lo fue de Información y Turismo, para que nos fijemos en la segunda parte, Turismo, que parece algo inocente, y no veamos lo primero: Información, portavoz del gobierno, responsable de cuidar la imagen del régimen en momentos como la ejecución de Grimau.

La sola mención a Fraga pondrá de los nervios a muchos. Porque si él no es intocable, nadie está a salvo. Y se confirmarían los temores de quienes hoy hablan de guerracivilismo y llevan años resistiéndose a mirar atrás: que esto no tiene sólo que ver con la guerra –tan lejana, casi todos ya muertos-, sino que los crímenes perseguibles son más recientes, en el tardofranquismo y hasta la modélica Transición.

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Vidas paralelas en las cárceles de la dictadura

Los padres de Gaspar Zarrías y Cándido Méndez sufrieron la justicia franquista

Concentración en Jaén durante la Transición. Junto a Zarrías, Felipe Alcaraz y Fernando Calahorro. – DIARIO JAÉN

ANTONIO AVENDAÑO – Público – 16/04/2010 02:00

El actual secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías Arévalo (Madrid, 1955), nació tres años después de que su padre, Gaspar Zarrías Jareño (Algeciras, 1918), saliera de la cárcel por segunda vez. Y aún habría una tercera. La primera vez que había dejado a sus espaldas las rejas franquistas fue en el año 1944, pero dos años más tarde sería nuevamente detenido por actividades subversivas. Zarrías Jareño lo había pasado mal, pero al menos podía contarlo. Quien, entre tantas decenas de miles, no podía contarlo era su propio padre, Gaspar Zarrías Moya, fusilado en Andújar en el desolado invierno de 1940.

El actual secretario de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez Rodríguez (Badajoz, 1952), nació siete años después de que su padre, Cándido Méndez Núñez (Barcarrota, Badajoz, 1910), fuera puesto en libertad vigilada tras haberle sido conmutada la pena de muerte a la que fue condenado inicialmente por la justicia de entonces, y después de haber pasado por un campo de concentración y varias cárceles. Aunque ni Cándido padre ni Cándido hijo nacieron en Jaén, toda su trayectoria política y sentimental ha estado vinculada a esta provincia, adonde el padre había sido destinado por su empresa de construcción.

Referentes de la izquierda

Las vidas de los dos padres fueron vidas paralelas y, de algún modo, las vidas de los dos hijos también lo están siendo. Cándido padre y Gaspar padre, ambos ya fallecidos, tenían en común unas convicciones socialistas a prueba de cárceles y una determinación vital a prueba de sentencias. Lo pasaron mal, pero nunca se rindieron. La cárcel de la dictadura no pudo con los padres, del mismo modo que el olvido de la democracia no ha podido con sus hijos.

La presencia de estos últimos en el acto de la Universidad Complutense de desagravio al juez democrático Baltasar Garzón no puede leerse en clave únicamente ideológica, sino en también en clave vital: no en vano sus padres sufrieron la persecución de la justicia franquista y tuvieron la grandeza de perdonar a sus perseguidores, pese a cruzarse diariamente con no pocos de ellos por las plácidas calles del Jaén de los ochenta.

Junto con el también fallecido Antonio Villargordo, Zarrías Jareño y Méndez Núñez fueron los padres fundadores del socialismo jienense, cuya acta fundacional redactaron a las puertas un cortijo a mediados de los setenta. Y son también uno de los referentes históricos imprescindibles de la izquierda andaluza. Méndez sería elegido concejal por el PSOE en la primera corporación democrática de la capital jienense y Zarrías sería senador electo por la misma provincia desde 1977 hasta 1993.

En el libro Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Jaén, el periodista Francisco Romacho rescata una anécdota esclarecedora del talante del padre del líder de UGT: “Cándido Méndez Núñez dejó para el lapidario de la Transición una de las más hermosas paradojas de la recuperación de la democracia: Lo peor de las campañas electorales es lo sucias que me dejáis las calles. Había luchado como el que más por las libertades. Pero era el concejal de Limpieza”.

De él decía también el subdelegado del Gobierno en Jáen, y a su vez histórico militante socialista Fernando Calahorro, en un acto de homenaje a los primeros concejales democráticos estas sentidas palabras: “¡Que más quisiera yo que parecerme a la suela de los zapatos de Cándido Méndez Núñez”.

Amor entre rejas

La historia de Zarrías padre está forjada también con los materiales de un heroísmo no exento de ribetes románticos. Zarrías conoció en la cárcel madrileña de Yeserías a la que sería su esposa cuando esta acudía a la prisión a visitar a su propio padre, encarcelado por motivos políticos. Zarrías hijo lo recordaba ayer así para Público: “Mi madre iba a llevar la comida a su padre y alguien le habló de un chaval de Jaén también encarcelado y solo; allí se conocieron, se enamoraron y se casaron al salir mi padre”.

El abuelo materno de Zarrías hijo también habría de pasar nada menos que 14 años en la cárcel. Había sido dirigente sindical de artes blancas, que es como llamaban entonces al sector de panaderos. “En mi casa, mi padre y mi suegro discutían amigablemente porque, aunque los dos eran socialistas, mi padre era prietista y mi suegro era caballerista“.

Zarrías Jareño saldría por segunda vez de la cárcel en el 52, pero volvería a ella en el 59. Atrapado ayer en el aeropuerto de Bruselas, donde su vuelo fue suspendido a causa de las cenizas de un volcán islandés, su hijo rememoraba con emoción las lejanas visitas a la cárcel de Yeserías de la mano de su madre. ¿Fueron tiempos difíciles? “Lo fueron, pero en mi casa nunca hubo resentimiento”.

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Miguel Delibes

El escritor Miguel Delibes, premio Cervantes, posa en su casa de Valladolid ante un retrato suyo. -Miguel Gener

Os recomiendo que echéis un vistazo a las páginas que El País ha dedicado al escritor Miguel Delibes, que falleció el pasado 12 de marzo. Encontraréis mucha información sobre su vida y obra. En el marco de este curso, resultan especialmente interesantes sus novelas Cinco horas con Mario (1966) y Los santos inocentes (1981).

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El Poder Judicial duda si el auto de Varela implica apartar a Garzón

Los vocales progresistas dan tres nombres para la Sala Tercera del Supremo

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ – El País – 16/04/2010

Las aguas judiciales siguen convulsas. Con el telón de fondo de las críticas y manifestaciones ante las querellas que tramita el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar juez Garzón, los vocales del sector progresista del Consejo del Poder Judicial, con tres ausencias, se reunieron ayer para perfilar su estrategia con vistas a su sesión plenaria del próximo día 22. Apenas se habló de Garzón. Pero porque no hay certidumbre de que en el pleno de ese día el Consejo debata si suspende o no al magistrado a la vista del auto del juez del Supremo Luciano Varela en el que dictamina que “ha lugar a proceder” contra el magistrado por su actuación en las diligencias contra las víctimas del franquismo.

La duda entre algunos vocales progresistas es de interpretación: es decir, si la indicación de Varela de “ha lugar a proceder” es suficiente o hay que esperar a que la resolución, recurrida por el magistrado ante la Sala de lo Penal, sea firme. De todas formas, no está claro que el Consejo aborde este asunto el día 22, ya que el Supremo aún no le ha remitido oficialmente el auto de Varela.

La remisión del auto es una facultad del presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y éste no ha remitido nada aún, según fuentes del Consejo. Quizás, interpretan estos medios, porque entiende que hay que esperar a que haya un auto firme de apertura del juicio oral. Por tanto, y salvo que el auto llegase hoy, o el lunes, el asunto Garzón no llegaría al pleno del día 22. Y es que, legalmente, el orden del día debe estar configurado con 72 horas de antelación y sólo una decisión unánime de todos los vocales a favor de incorporarlo sobre la marcha salvaría este obstáculo.

Pero no es fácil hallar unanimidades en este Consejo, y menos en un asunto tan espinoso. Así, la eventual suspensión del magistrado tendría que esperar al siguiente pleno, a finales de mayo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también salió ayer en defensa de los jueces del Supremo frente a las “intolerables” críticas que está recibiendo este alto tribunal por el asunto del juez Baltasar Garzón. Sin mencionarlo, era una clara alusión al acto celebrado esta semana en la Universidad Complutense de Madrid.

Conde-Pumpido defendió la “amplia libertad de expresión” que existe en España pero señaló que las críticas que se están excediendo de lo razonable. A renglón seguido volvió a insistir en que, a su juicio, Garzón no prevaricó en su actuación indagatoria sobre los crímenes del franquismo y que su departamento mantendrá que no debe sentarse en el banquillo.

También terció en la polémica Gregorio Peces-Barba, que fue presidente de las Cortes y que anoche participó en un acto en la Residencia de Estudiantes. Peces-Barba, que considera que Garzón “no es un prevaricador”, demandó a los jueces “respeto por la ciudadanía y por lo que supone la memoria histórica”.

La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, también criticó las presiones al Tribunal Supremo. “Los ciudadanos de un país democrático tienen derecho a manifestarse y además a ejercer su libertad de opinión, pero lo que no podemos tolerar”, explicó, “son los ataques sistemáticos a las Instituciones, y en este caso al máximo órgano del poder judicial, como es el Tribunal Supremo”.

Lo que sí hizo ayer el grupo progresista del Consejo fue hablar de la vacante en la presidencia de la Sala Tercera del Supremo. Vocales consultados coinciden en que los siete jueces aspirantes son “muy buenos”. Y avanzaron que es probable que en el pleno del día 22 haya un acuerdo entre progresistas y conservadores sobre el sustituto de Ramón Trillo al frente de esta Sala, que es la que lleva los pleitos entre los ciudadanos y la Administración. E incluso los recursos contra las propias decisiones del Consejo.

Pero los recelos en el sector progresista siguen a flor de piel. Un hecho ha enrarecido el ambiente. Hace cuatro días, la Comisión de Calificación del Consejo decidió, por tres votos a favor y dos votos particulares en contra (los del progresista José Manuel Gómez Benítez y el conservador Claro José Fernández) elevar al pleno, sin extraer ninguna terna, a los siete jueces que se postulan para el cargo. Dado que uno de los que apoyaron esta propuesta fue el progresista Félix Azón, delfín de Margarita Robles, se pensó que podía tratarse de una jugada más de Robles para colocar a uno de sus amigos, en concreto a José Manuel Bandrés, en la presidencia de la Sala Tercera, en la que estará Robles cuando expire su mandato en el Consejo. Pero no. El grupo progresista descartó ayer a Bandrés por su “juventud” y se decantó porque el nuevo presidente sea alguno de los siguientes jueces: José Manuel Sieira o Fernando Montalvo, ambos progresistas. La opción de los conservadores es Ricardo Enríquez. A los progresistas, sólo como última opción, no les parecería mal Enríquez.