“Me siento culpable de lo que le pasa a Garzón”

Hilda Farfante, hija de fusilados, resume el sentir de muchos familiares de asesinados por el franquismo

NATALIA JUNQUERA El País15/04/2010

Hilda Farfante, ayer, en el encierro en apoyo a Garzón.- LUIS SEVILLANO

Sentada en una bancada de pupitres de un aula de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, Hilda Farfante Cayo, de 79 años, confesó ayer, entre lágrimas, que había sido el sentimiento de culpa el que la había llevado hasta allí, a participar en el encierro simbólico de apoyo al juez Baltasar Garzón. “Me siento culpable de lo que le pasa. Porque yo le veía que iba a por Pinochet y luego a por los argentinos y siempre decía: ¿Y lo de mis padres? ¿Y la represión franquista? Cuando dijo que se iba a ocupar de esto, me llevé la alegría de mi vida. Ahora, con todo lo que le está pasando, tengo ganas de pedirle perdón. Mi abuela siempre decía: ‘a los falangistas decidles siempre a todo que sí. No les llevéis nunca la contraria’. Y a lo mejor tenía razón”.

Hilda tenía cinco años cuando perdió a sus padres, ambos maestros, como ella. “Se conocían desde pequeños, iban siempre juntos. Nunca se habían separado. A mi madre fueron a buscarla cuando iba a abrir el colegio. Ocho años después, en su acta de defunción, escribieron como causa de la muerte: ‘Hecho de guerra’. Abrir el colegio de un pueblo era un hecho de guerra. Mi padre fue a buscarla al día siguiente y lo mataron también. Ella está enterrada en una cuneta. A él lo tiraron por un barranco. Son desaparecidos. A las tres hermanas nos separaron, cada una con un familiar. Ya nunca volvimos a estar juntos”, cuenta, emocionada.

“Yo siempre pensé que si esto lo cogía Garzón, se solucionaría todo, pero se ha metido en una trampa. El franquismo sigue gobernándolo todo”, concluye.

En la Oficina de Atención a las Víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han escuchado muchos testimonios parecidos a éste, de familiares que se sienten culpables por el proceso contra Garzón. “Se sienten víctimas y culpables. La frustración es enorme”, explica Guillermo Fouce, de Psicólogos sin Fronteras y coordinador de la oficina, que hoy cumple un año en funcionamiento.

Un equipo de 20 personas (psicólogos, historiadores, arqueólogos y sociólogos) ha atendido a un centenar de familiares desde entonces. “Vienen muchos abuelos animados por sus nietos y gente muy mayor, buscando su última oportunidad de cumplir con las deudas del pasado”, cuenta. “Muchos piden imposibles, pero a todos los atendemos. La oficina estatal de atención a las víctimas del franquismo incluso nos ha derivado casos”, explica. “Organizamos charlas de grupo para que cada uno cuente su caso. Esto lo hemos copiado de Chile y Argentina, por ejemplo con las Abuelas de Plaza de Mayo. Así se dan apoyo mutuo”, cuenta Fouce.

Los testimonios de esas personas son grabados para el Programa de Donantes de Memoria, que pronto se podrá consultar en Internet. “Me han impresionado algunos testimonios sobre niños robados y el hallazgo de fosas en Madrid. Hasta ahora se pensaba que no había, pero hemos encontrado indicios en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Getafe…”.

Fouce lleva mucho tiempo atendiendo a familiares, pero aún le sorprenden. “Todavía me pone los pelos de punta ver cómo bajan la voz para contar su historia. Y su capacidad de resistencia. Las víctimas que no son reconocidas acaban pasando por un proceso que en psicología se llama victimización secundaria y complica mucho la curación. En estos casos, todos son doblemente víctimas, porque no han sido escuchadas y ahora, además, tienen otra vez la sensación de que quieren callarlas”.

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Actos de apoyo al juez

Los familiares de víctimas del franquismo han acordado concentrarse cada día, a las ocho de la tarde, frente a la Audiencia Nacional, en apoyo de Garzón. Ayer lo hicieron unas 100 personas. La actriz Pilar Bardem, el actor Juan Diego Botto y la escritora Rosa Regás acudieron al encierro simbólico organizado en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense en defensa del juez. Hoy se presentará el balance de la oficina de atención a las víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y habrá un concierto y recital de poemas con Luis García Montero y Luis Pastor. El viernes está convocada una concentración frente al llamado Arco del Triunfo, en Moncloa, (Madrid) para exigir la retirada de símbolos franquistas.

La denuncia sostiene que la Ley de Amnistía no rige fuera de España

M. CEBERIO BELAZA El País15/04/2010

El proceso de Nüremberg contra los criminales nazis aparece citado varias veces en la querella presentada en Argentina para perseguir los delitos cometidos durante la dictadura franquista, y se repite la idea de que de nada valen las amnistías nacionales cuando se producen crímenes atroces contra la humanidad. El escrito hace referencia a varios casos de jurisdicción universal tramitados en España. Si el Tribunal Supremo pudo condenar al militar argentino Adolfo Scilingo, vienen a plantear los querellantes, ¿por qué no va a poder hacer lo mismo Argentina con los crímenes de la dictadura española que aquí no se pueden juzgar?

Aparte de citar convenios internacionales y jurisprudencia de tribunales de derechos humanos, el escrito utiliza la sentencia del Constitucional español de 23 de septiembre de 2005 en relación con el genocidio cometido en Guatemala para reafirmar su competencia. “No sólo no existe prohibición de intervención, ni la misma es facultativa, sino que es obligada la intervención de los tribunales de los distintos Estados en la persecución de crímenes lesivos para la humanidad”, dijo en su día el tribunal.

España hizo lo mismo

La Ley de Amnistía de 1977, según los querellantes, no impide la actuación de la justicia argentina. Sostienen que esta ley preconstitucional tampoco debería ser un obstáculo para que se juzguen en España, pero que, en todo caso, no afecta a la jurisdicción de los órganos judiciales de otros países. “Así lo pusieron de manifiesto los propios tribunales españoles que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos”, señala el escrito.

Los querellantes defienden, además, que los hechos ya eran delito cuando se cometieron, en virtud de las leyes internacionales, por lo que ni siquiera habría que aplicar normas de manera retroactiva: “Los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919″.

La querella en Argentina por crímenes franquistas avala a Garzón

El Nobel de la Paz Pérez Esquivel alerta de la persecución al juez español

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – Buenos Aires – 15/04/2010

El acto de presentación de la anunciada querella por crímenes franquistas que tuvo lugar ayer por la mañana ante la Cámara Federal de Buenos Aires se convirtió en una muestra de apoyo y solidaridad con el juez Baltasar Garzón, inculpado en España por un delito de prevaricación . La querella ha sido presentada por los familiares de dos víctimas del franquismo, un alcalde asesinado en 1937 y un desaparecido, presuntamente enterrado en una fosa común, y está respaldada por 10 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de recuperación de la memoria, autorizadas por la Constitución argentina a presentarse como parte implicada en cualquier demanda por violación de derechos básicos.

El caso ha caído en el Juzgado número 1 de la Cámara Federal, cuya titular es la magistrada Rolmilda Servini de Cubria, lo que no fue recibido con demasiado entusiasmo por los querellantes. La juez Servini es muy conocida en los ambientes jurídicos y políticos argentinos, y ha tenido que hacer frente en su ya larga carrera a varias demandas contra algunas de sus actuaciones profesionales. Tuvo a su cargo la causa denominada Yomogate, donde se acusaba a la cuñada del presidente Menem de lavar dinero proveniente del narcotráfico, y alcanzó popularidad a principios de los noventa al intentar censurar la sátira de un conocido cómico argentino.

Será ella quien decida si acepta la querella presentada ayer, que parte de los dos hechos relatados pero que implica el reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte de la justicia argentina. Los querellantes solicitan que se recaben en España los nombres y domicilios de los miembros de los Gobiernos existentes entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. La misma solicitud se formula respecto a “mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes del partido Falange Española” en ese mismo periodo. Según los abogados que han preparado la demanda, Beinusz Smukler y Ricardo Huñis, la Ley de Amnistía no puede aplicarse a crímenes que pueden ser asimilados a delitos de genocidio o lesa humanidad, como son, en su opinión, los de la dictadura franquista.

En la conferencia de prensa celebrada a última hora de la mañana de ayer (18.00 hora peninsular española), se hizo hincapié en el respeto profesional que provoca en América Latina el juez Baltasar Garzón. “Alguna vez se ha dicho que las acciones del juez Garzón dañaban la imagen de España en América Latina, pero es precisamente lo contrario. Nunca tuvo España mejor imagen en nuestros países que cuando Garzón abrió sus procedimientos contra los dictadores y torturadores de Chile y Argentina. Es ahora cuando esa imagen favorable está sufriendo, cuando se intenta procesar a Garzón por aplicar tratados internacionales que España suscribe”, explicó el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presente en el acto, apoyó al juez Garzón y exigió que se continúe la investigación sobre los crímenes cometidos en el franquismo. “No importa que los responsables estén muertos. Lo que importa es la verdad”, aseguró a EL PAÍS. “Toda esta movilización pretende llamar la atención sobre la persecución que está sufriendo el juez”, añadió en medio de los aplausos de los asistentes. Uno de los abogados firmantes de la querella, Ricardo Huñis, aseguró que ya está recibiendo muchas llamadas no sólo de Argentina sino de otros lugares del mundo, en las que descendientes de españoles asesinados durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra preguntan qué pueden hacer para sumarse a esta iniciativa.

El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, expresó su emoción y recordó que el acto coincidía con la fecha de proclamación de la II República. Agradeció a las asociaciones argentinas su defensa del juez Garzón y su voluntad de llevar adelante acciones judiciales contra los crímenes franquistas y solicitó apoyo para lograr que España derogue la Ley de Amnistía. La presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, insistió en la importancia del paso que acaba de darse y recordó la gran acogida que tuvo siempre en España su demanda de justicia para los desaparecidos argentinos.

La nota más emocionante la proporcionó Darío Rivas, de 90 años, hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo) asesinado en 1937, que logró recuperar sus restos en 2005 y que continúa exigiendo justicia. Darío estuvo en el acto, pero fue su sobrina quien leyó un texto en el que se acusa a España de seguir viviendo como en la época de la dictadura y de haber aceptado un pacto de silencio, indigno.

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Texto de la querella presentada en Buenos Aires por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista

Los que piden justicia

El PP eleva el tono contra los movimientos en defensa del magistrado y exige dimisiones

S. A. A. / P. X. S. El País15/04/2010

Criticar a los jueces y afirmar que actúan con motivaciones políticas es un “acto claramente antidemocrático”. Esta es la opinión de Mariano Rajoy sobre la reacción de diversos colectivos de izquierda contra el inminente procesamiento de Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo. Rajoy exigió también públicamente la dimisión del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, por participar en un homenaje a Garzón en la Complutense en el que se vertieron durísimas críticas contra los jueces del Supremo. El líder del PP pidió “respeto” para la actuación de los jueces.

Al lado de Rajoy, mientras pronunciaba estas palabras, estaba la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que el verano pasado acusó a “jueces, fiscales y policías” de prevaricar por orden del Gobierno para acosar a la oposición sin aportar pruebas.

También la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, cargó ayer contra el homenaje a Garzón, pero sobre todo arremetió contra el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, por presidir el acto. Aguirre mostró su “estupor y escándalo” por el uso de la universidad, pagada con fondos públicos, “para coaccionar y amenazar a los jueces del Tribunal Supremo a los que se ha llamado torturadores y fascistas”. Nuevas Generaciones del PP de Madrid se sumó también a esta petición.

La presidenta madrileña fue más lejos que Rajoy y tomó parte del lado de la imputación contra Garzón, al que acusó de contravenir la Ley de Amnistía, “el acuerdo de reconciliación entre todos los españoles que presidió la Transición”. Aunque recalcó que todavía no ha sido condenado, desgranó el fondo de las tres causas que se siguen contra el juez, dando por válidas las acusaciones. Para Aguirre, han sido “quince” jueces del Supremo los atacados y recordó que la imputación de Garzón se ha decidido “por unanimidad, sin ningún voto particular en contra”.

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Las víctimas acudirán a protestar todos los días a la Audiencia

Garzón comparece de nuevo ante el Supremo con la justicia en alta tensión

IU denuncia que el rey no haya condenado todavía el franquismo

IU reclama  la nulidad de los juicios sumarísimos franquistas

El líder de IU, Cayo Lara.

Público – 14/04/2010

IU reclama la “nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinados, torturados y encarcelados cientos de miles de personas” y defiende al magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón , procesado por investigar los crímenes de la dictadura. Así consta en el manifiesto redactado por la coalición que lidera Cayo Lara con motivo del 79 aniversario de la proclamación de la II República, que se cumple este miércoles.

“La condena de la dictadura de Franco, que en su momento aprobó el Consejo de Europa y que aún no ha realizado el rey Juan Carlos, sólo tendrá credibilidad si se declara la nulidad plena de todos los juicios militares sumarísimos por los que fueron asesinados, torturados y encarcelados cientos de miles de personas”, dice el texto.

A juicio de IU, “la restitución de su memoria exigiría romper el pacto de silencio que desde la Transición opera como una gigantesca ‘Ley de Punto Final'”. La coalición critica el procesamiento de Garzón , pues demuestra que “la Administración de Justicia en España no se ha adecuado a los valores democráticos y a la defensa de los derechos humanos”.

El manifiesto se refiere también a la monarquía, de la que afirma que “es la negación de la igualdad ante la ley”. Tras hacer un llamamiento para “avanzar en la legítima aspiración de la III República”, IU afirma que “no habrá democracia plena, si aún existen ámbitos del Estado al margen de la elección popular”, en referencia a la monarquía, de la que critica que se la considera “inviolable e irresponsable, y con privilegios y derechos por razones de nacimiento”.

IU recuerda que “la Casa Real española recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado cerca de 9 millones de euros, que gestiona con total falta de transparencia actuando como un verdadero paraíso fiscal”. Para la coalición que lidera Cayo Lara, “tratándose de dinero público, ninguna institución debería gestionarlo sin transparencia y sin control”.

Asimismo, expresa su rechazo a “un orden social en el que la desvergüenza, la impunidad y la corrupción parecen avanzar sin freno” y añade que “en medio de una crisis devastadora, la mayor deslegitimación del sistema proviene de la percepción del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, consecuencia implacable de las políticas especulativas y neoliberales”.

El manifiesto recuerda a las familias que, frente a los “beneficios insultantes de la Banca”, se ven sumidas en el paro, que no cesa de aumentar, pierden sus viviendas y abocadas a”la precariedad y a la temporalidad”.

Estado Laico

El texto defiende también la laicidad del Estado y de la educación pública, pues consideran que las creencias religiosas deben quedar en el seno de la conciencia personal de cada uno. “No se puede seguir argumentando que los acuerdos con la Santa Sede, de 1976 y 1979, son un muro insalvable para avanzar hacia una sociedad y una escuela laica. Exigimos su denuncia y derogación”, señala el texto.

Además, IU clama contra el vigente sistema electoral español porque “no garantiza la igualdad de voto”. Recuerda que la coalición necesita cuatro veces más votos que los partidos mayoritarios para obtener representación parlamentaria.

“Sería incomprensible que le apartasen del poder judicial”

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País14/04/2010

La querella que se presenta hoy ante los juzgados federales de instrucción de Buenos Aires para que se aplique la jurisdicción internacional a los crímenes cometidos durante el franquismo lleva la firma de uno de los abogados argentinos más conocidos por su defensa de los derechos humanos en la época más dura de la dictadura militar, Binusz Smukler.

El abogado, que ha sido presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas y que ocupa actualmente la presidencia de una de las dos agrupaciones de abogados de Buenos Aires (la más progresista), se confiesa seguidor de los procedimientos iniciados en su día por el juez Baltasar Garzón contra miembros de dictaduras latinoamericanas. “Creo que para la comunidad jurídica internacional sería incomprensible que los responsables del máximo tribunal español apartaran del poder judicial al juez Garzón, cuyos principios estamos retomando otros jueces en todo el mundo para lograr que se aplique la jurisdicción internacional contra crímenes de genocidio o lesa humanidad”, asegura.

Pregunta. ¿Su querella pide que se investiguen hechos ocurridos en la Guerra Civil y en fechas inmediatas o durante toda la dictadura franquista?

Respuesta. Nos referimos a hechos ocurridos entre 1937 y 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. Partimos de dos casos concretos, ocurridos en 1937, y pedimos que se investigue si alguno de los responsables de esos actos sigue vivo, lo que no es imposible. Somos conscientes de que jurídicamente no es posible abrir una causa si los imputados están muertos, pero nosotros tomamos todo el periodo franquista y pedimos al Gobierno español que nos informe de quiénes formaron parte de los sucesivos Gobiernos franquistas, altos cargos de la Guardia Civil, la policía y las Fuerzas Armadas, eventuales responsables de los hechos delictivos ocurridos en esas fechas. Pedimos que se abra una causa por el conjunto de los crímenes cometidos en todo el periodo de la dictadura de Franco. No creemos que esos hechos puedan ser amnistiados.

P. ¿Desde cuándo prepara el caso?

R. A finales del año pasado nos vino a ver Darío Rivas, hijo de un alcalde republicano gallego asesinado en 1937 por falangistas. Quería que estudiáramos si todavía era posible hacer algo ante los tribunales. Reconozco, sin embargo, que todo ha adquirido un ritmo muy rápido como consecuencia de la ofensiva para desplazar al juez Garzón y de dejar sin efecto la causa que él había abierto en España.

P. ¿Cuál es el calendario previsible ante los tribunales argentinos?

R. No tengo la seguridad de que la querella sea aceptada en la Cámara Federal, pero confío en que así sea, porque precisamente la Constitución argentina prevé la posibilidad, en determinadas circunstancias, de juzgar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Lo lógico sería que se aceptara la querella, se remitiera al fiscal y en algo menos de un mes hubiera novedades al respecto.

P. ¿No le preocupa la posibilidad de que esta iniciativa pueda terminar perjudicando a Garzón, si la querella es rechazada por la justicia argentina?

R. Sería una apreciación de tipo estratégico, que no me planteo. En principio, la decisión de los tribunales argentinos no debe ni beneficiar ni perjudicar al juez Garzón. Pero a nadie se le escapa que la apertura de la causa en los tribunales argentinos supondría retomar los mismos principios a los que aludió el juez español al iniciar su causa.

P. ¿Teme que la querella argentina pueda ser considerada como una forma más de presión sobre la justicia española?

R. No. Lo grave sería que el máximo tribunal español considerara motivo de sanción que un juez abra una causa relacionada con la jurisdicción internacional. Eso sí sería incomprensible.

La prensa internacional respalda a Garzón

La mayoría de los rotativos manifiestan su apoyo a la trayectoria del juez y lamentan que esta causa pueda dañar la imagen de la justicia española

El País14/04/2010

El ‘Süddeutsche Zeitung’ lamenta la polarización de la justicia española

El periódico muniqués Süddeutsche Zeitung afirma en un artículo titulado “Víctima de los poderosos”, que “sea cual sea la postura que se adopte” frente al juez, “hay algo que no le podrá negar ni su más enconado enemigo: que se escabulla de los casos incómodos”. Y prosigue: “hay buenas razones para considerar vergonzosa la causa contra Garzón. (…) Clama al cielo que Garzón vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por una querella de los herederos ideológicos de Franco, entre ellos el partido fascista de la Falange. (…) Aunque la comparación no es exacta es como si, trasladando los hechos a Alemania, se encausara al fiscal del proceso contra Demjanjuk porque un partido nazi se querellara contra él.(…) El caso Garzón es, además, un nuevo ejemplo de la fatal polarización de la justicia española. Esto lo demuestra no tanto la anécdota de que algunos de los jueces del Tribunal Supremo no hayan renunciado a su juramento de lealtad a Franco y al Movimiento, sino la coincidencia temporal –y probablemente causal– de que el último toque de trompeta en la caza de Garzón suene precisamente en el momento en el que intentaba sacar a la luz los oscuros casos de corrupción del Partido Popular. El PP, como los socialistas en el Gobierno, tiene considerable influencia en la judicatura. Así servirá de ejemplo el que se establece con Garzón: “nadie se mete impunemente con los poderosos.”

‘The Wall Street Journal Europe’: “Ha sobrepasado su jurisdicción”

The Wall Street Journal Europe, en su editorial “La jurisdicción universal se lleva su merecido”, mantiene que el juez Baltasar Garzón ha sobrepasado “su jurisdicción e ignorado la amnistía de 1977”. El periódico financiero recuerda que el procesamiento del difunto dictador Pinochet por parte del juez español “era una receta para la anarquía legal y la discordia internacional” y concluye: “Serán los españoles, en España y según la legislación española, quienes determinen si es legal que un juez español pueda librar de nuevo la Guerra Civil española de hace 70 años. Lo que nos suena correcto. Esperamos que los imitadores de Garzón otorguen a otros países el mismo respeto”.

Jean-Paul Marthoz: “El proceso contra Garzón empaña la imagen de España”

Jean-Paul Marthoz, en el diario belga Le Soir, afirma en un artículo titulado “Baltasar Garzón, culpable por tener razón”: “El juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo por prevaricación. Los simpatizantes de ETA aplauden, los nostálgicos del general Pinochet brindan con champán, los extremistas islámicos se muestran exultantes, los herederos del franquismo entonan el Cara al sol con el brazo en alto. El proceso contra Garzón empaña la imagen de España en la escena internacional. Insinúa que cierta España no ha entendido nada y que su adhesión a un régimen de libertad se debe más a la conveniencia que a la convicción”.

‘El Tiempo’ hace pública su preocupación por el proceso contra el juez

El Tiempo, de Colombia, en su editorial: “La campaña contra Garzón”, argumenta: “Un magistrado del Tribunal Supremo español ha ordenado que se juzgue como reo de ‘múltiples motivos opuestos al ordenamiento jurídico’ al juez Baltasar Garzón, adalid internacional que persiguió a dictadores, procesó a terroristas e investigó a corruptos y mafiosos. La decisión podría traer, como resultado final de la causa, una sanción que aparte a Garzón de los estrados judiciales durante veinte años y liquide así su carrera profesional”. “Preocupa la actuación contra el famoso juez por varias razones. La primera, porque revela una clara campaña de acoso y derribo intuitu personae: el propio auto dictado por el magistrado instructor está salpicado de alusiones impropias en un documento jurídico, como tachar irónicamente su trabajo de mera ‘imaginación creativa’. La segunda, porque tiñe la administración de Justicia de un velo político. De hecho, la acción contra Garzón nace de dos grupúsculos de extrema derecha, dos fantasmones del viejo franquismo. No es un secreto que los sectores más refractarios de la política española ya celebran la posible caída de Garzón, y resulta sospechoso el modo como han coincidido los últimos autos contra Garzón con el apogeo de un escándalo por corrupción del Partido Popular (conservador). En tercer lugar, porque ofrece una imagen de España y su Justicia que no se compadece con la democracia admirablemente recuperada tras más de cuatro décadas de dictadura”.

‘Die Zeit’: “Es un escándalo internacional”

El rotativo hamburgués Die Zeit, en el extenso artículo titulado “Solidaridad con el Juez Baltasar Garzón” que lleva la firma de Werner A. Perger, sostiene que “El hombre que como juez de instrucción ha llevado ante el tribunal desde finales de los años ochenta a capos de la droga, terroristas etarras, banqueros de primera fila, políticos internacionales, antiguos miembros del gobierno socialista y políticos locales y regionales conservadores y que desde hace cerca de veinte años está acompañado las 24 horas del día por escoltas, como los fiscales antimafia en Italia, debe responder por ‘prevaricación’. Se ha constituido una peculiar coalición de herederos del fascismo de Franco y archienemigos personales, antiguos izquierdistas, para expulsar al agitador de su cargo con todo el oprobio posible, con efecto disuasorio sobre otros supuestos fanáticos de la justicia.” Y concluye: “La lucha por los derechos humanos es una tarea internacional que requiere la solidaridad de todos quienes tienen competencia sobre ella. Pero requiere además la solidaridad de todos quienes están comprometidos con ella, y con mayor motivo cuando uno de ellos se vea en dificultades por cualquier pretexto nimio. Garzón es uno de estos casos. Para la justicia española, este extraño proceso es ya una vergüenza. Pero si acabara silenciando a Garzón –cosa que hace temer la composición del tribunal–, sería una derrota para la idea y el concepto del derecho penal internacional y para la cooperación contra la criminalidad organizada internacionalmente. Por eso, el caso Garzón no es un bochorno nacional. Es un escándalo internacional.”

“En España la justicia puede convertirse en víctima”, dice ‘The Guardian’

En el periódico británico The Guardian el columnista Reed Brody afirma en un artículo titulado “El sombrío ataque al juez Garzón” que “el juez español se ha granjeado muchos enemigos al intentar aplicar en España los mismos principios que ha aplicado con éxito en otros países”. Según Brody: “35 años después de la muerte del general Francisco Franco, por fin en España se va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil. Por desgracia, en este caso el acusado es Baltasar Garzón, el juez que ha intentado investigar esos crímenes”. El articulista considera que “sentar en el banquillo de los acusados a un juez por haber tomado una decisión controvertida, (…) es un peligroso ataque a la independencia judicial”. Y concluye que “gracias a Garzón, España se ha convertido en un símbolo de la justicia para las personas que han sido víctimas de atrocidades en todo el mundo. Ahora, es la justicia la que puede convertirse en España en víctima”.

Resumiendo

ELVIRA LINDO El País– 14/04/2010

Por primera vez en mucho tiempo, el New York Times le ha dedicado un editorial a España. Por primera vez en mucho tiempo, el asunto a tratar no han sido los toros, la tomatina o el jamón de bellota. Simultáneamente, hemos encabezado secciones internacionales de periódicos argentinos, chilenos, ingleses o franceses. Si queríamos que nuestro país ocupara un lugar notable en la prensa del mundo con un tema que no fuera folclórico lo hemos conseguido. Lástima que el resultado sea para recibir el pésame más que la enhorabuena. A estas alturas, extranjeros de aquí y de allá observan atónitos una noticia que para ellos se resume de la siguiente manera: dos organizaciones franquistas llevan a los tribunales al juez que ha querido fijar las responsabilidades de la represión y dar honrosa sepultura a los muertos que aún permanecen enterrados en fosas comunes.

Los españoles llevamos siguiendo los pormenores de este caso más de un año, conocemos (aunque sea por encima) las razones por las que, al margen del asunto de la memoria histórica, hay quien está deseando que Garzón abandone la Audiencia Nacional; pero para alguien que no se revuelque a diario en la charca de nuestra actualidad no sólo resulta inconcebible que un juez de tan dilatado prestigio sea apartado de su carrera de por vida, hay más. Este desgraciado asunto ha sembrado la idea de que en 30 años de democracia los españoles hemos sido incapaces de lidiar con el pasado, que la Transición fue una bajada de pantalones, que la Guerra Civil es un tema tabú y que hay una parte de la derecha que sigue siendo franquista. No sé si estarán de acuerdo con este balance aquellos que hicieron posible la Transición, pero finalmente esto es lo que a ojos de los demás ha quedado. Sea como sea, hay que darle las gracias a la justicia española por permitirnos hacer el más grande de los ridículos.

Explicar lo inexplicable

El Tribunal Supremo convoca a la prensa extranjera para justificar sus autos sobre Garzón

El País – 14/04/2010

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recurrido a una fórmula hasta ahora inédita en sus usos y costumbres para explicar sus actuaciones contra el juez Baltasar Garzón. A través del gabinete técnico del máximo órgano jurisdiccional, ha convocado una reunión a la que ha invitado a los corresponsales de medios de comunicación extranjeros para explicarles los aspectos procesales y las motivaciones jurídicas de las tres causas contra Garzón.

Aparte del carácter estrambótico de tal convocatoria, llama la atención que sólo se convoque a los periodistas extranjeros. ¿Por qué se ha discriminado en la convocatoria y no se ha convocado también a los periodistas españoles que suelen cubrir las informaciones judiciales? ¿Acaso se considera que los extranjeros no están suficientemente informados o tienen una mala preparación profesional para comprender los vericuetos de la justicia española? Si un tribunal decide dar a conocer determinados aspectos de su actividad que considera insuficientemente aclarados -cosa discutible en sí misma, puesto que los tribunales hablan por sus autos y sentencias-, en ningún caso tendría sentido que eligiera a quiénes debe dirigir esta comunicación. Pero que la Sala Segunda del Supremo tenga que recurrir a fórmulas tan esotéricas y extrañas a la jurisdicción como una reunión informativa sólo se explica, además, si sus autos y decisiones sobre el juez Garzón son poco claros y plantean problemas de compresión a todos, a extranjeros y a españoles.

En lo que se refiere a la causa abierta contra Garzón por los crímenes contra el franquismo, no son tan sólo los aspectos procesales los que generan la inquietud en buena parte de la sociedad española y en el extranjero: es el meollo sobre el que versa dicha causa. Se podrá explicar a los periodistas sus aspectos procesales, pero seguirá siendo incomprensible que se persiga penalmente a un juez que ha intentado dar satisfacción a los familiares de las víctimas del franquismo que todavía yacen sin identificar en fosas comunes.

En vez de convocar absurdas ruedas de prensa para explicar lo que no tiene explicación, el Poder Judicial debe atender y tomar bajo su tutela las demandas de identificación y exhumación de las víctimas del franquismo que todavía yacen en fosas comunes. Y el Tribunal Supremo debería situarse en la primera línea de esta tarea, en lugar de dedicarse a perseguir a Garzón por esta causa.