Tierra de la memoria

El último 24 de marzo, Carlos Gamerro participó en Leipzig junto con Laura Alcoba y Pablo Ramos de una mesa titulada “Los hijos de la memoria” –organizada por el comité para la participación argentina en la Feria de Frankfurt–, en la que se debatió acerca de la literatura escrita durante y después de la dictadura militar, relacionada con el período histórico y sus aspectos centrales en materia de memoria y derechos humanos. Este texto reconstruye esa presentación, incorporando reflexiones y conversaciones mantenidas entre los autores participantes (Tununa Mercado y Félix Bruzzone, además de los ya mencionados) y con el público presente.

Carlos Gamerro – Página 12 – Martes, 13 de abril de 2010

Como soy narrador, antes que ensayista o conferencista, voy a empezar hablando de tres descubrimientos que hice mientras trabajaba en algunas de mis novelas. Cuando estaba escribiendo Las Islas, que trata, entre otras cosas, de la Guerra de Malvinas, quise entrevistar a los soldados que habían participado en ella. En su ensayo Experiencia y pobreza, Walter Benjamin famosamente dijo que durante la Gran Guerra los hombres “volvían mudos del campo de batalla” y, agregaba, “no enriquecidos sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable”. De eso que había pasado en las trincheras, los soldados que volvían no podían hablar, eso que habían vivido nunca había pasado antes. Jorge Luis Borges nos recuerda, una y otra vez, que el lenguaje, para comunicar, requiere de experiencias compartidas. Palabras como “rojo”, “verde” o “violeta” nada pueden decirle a un ciego de nacimiento; ciegos también, y sordos, eran los oyentes de los soldados que volvían de las trincheras, educados por tres milenios de literatura épica y relatos orales a concebir la guerra como el terreno privilegiado donde se desplegaban valores como el honor, la gloria o la hombría. Mi descubrimiento personal fue que los soldados volvían de Malvinas no mudos sino lacónicos. Me miraban como si supieran de antemano que yo no iba a entender, que las mismas palabras significarían, para nosotros, cosas diferentes. Entre ellos, en cambio, se entendían perfectamente. Cada palabra que usaban, como “frío”, “pozo de zorro”, “balas trazadoras”, “bombardeo naval”, desbordaba de paisajes, situaciones y vivencias definidas y precisas, infinitamente ricas y sugerentes, aterradoras, intolerablemente vívidas. Uno de ellos las pronunciaba; los otros asentían, generalmente mudos. Para hablar conmigo, todas las palabras parecían insuficientes; para comunicarse entre ellos, las palabras eran casi innecesarias: lo mismo valían los silencios y los gestos.

Yo me había acercado a ellos con timidez, casi con vergüenza. ¿Cómo iba a escribir yo, que no había estado en la guerra, desde el punto de vista de un ex combatiente? ¿No estaban ellos, los que habían estado, mucho más capacitados para hacerlo? Pero estos encuentros que tuve con los ex combatientes paradójicamente sirvieron para infundirme confianza. Tuve una intuición en ese momento. Sentí: ellos no necesitan hacer real esa experiencia mediante el lenguaje. Yo, que no estuve allí, yo, el que nada ve y el que nada siente ante esas pobres palabras en que destila todo lo que vieron y vivieron, me veo obligado a construir esa experiencia con las palabras; debo hacerla verdadera para mí, primero, y si lo logro, hay una buena probabilidad de que logre hacerla verdadera para mis lectores; y quizá, quién sabe, verdadera, de modos nuevos, incluso para ellos, los que estuvieron. Ese fue mi primer descubrimiento, obvio tal vez, pero una de esas verdades que sólo valen si uno las descubre por su cuenta: que la pobreza de la experiencia puede ser suplida por la riqueza de la imaginación y, sobre todo, por el trabajo de la escritura, que no siempre el que ha tenido la experiencia será el que mejor la cuente.

Se cuenta, entonces, una experiencia que no es enteramente propia; pero para tener la urgencia de contarla –y sin esta urgencia no hay literatura posible– tampoco debe ser completamente ajena. ¿Por qué quería yo contar la Guerra de Malvinas? Hasta donde alcanzo a ver, mis motivaciones personales no eran ningún misterio. Soy clase ’62, la clase que fue a Malvinas. No fui a Malvinas. Malvinas, en ese sentido, me dejó la sensación de una vida, quizá también una muerte, paralela, fantasmal (la mía, si me hubiera tocado ir a la guerra). La ficción no sólo existe en la literatura, existe en cada uno de nosotros, en esas otras vidas posibles que se desarrollan paralelamente a la que nos tocó, o elegimos. Ese fue mi segundo descubrimiento: que la literatura puede ser autobiográfica en negativo: la historia no de lo que nos pasó sino de lo que nos pudo haber pasado.

Cuando mis novelas ya fueron varias, y mi afición a tratar en ellas el pasado reciente una rutina, un lector se acercó a preguntarme: “¿Y? ¿Para cuándo la novela del corralito?”. Me hice la pregunta a mí mismo. La época sin duda me había marcado, como a la mayoría de nosotros. Viví cada una de las angustias de ese tiempo, mis padres perdieron sus ahorros, yo perdí mi casa. Y, sin embargo, es algo que no caló con la profundidad necesaria: me lastimó la piel, me magulló los músculos, pero no se revolvía en mis tripas, ni se me alojaba en la médula de los huesos. La escritura necesita de raíces más profundas. Se nutre sobre todo de lo que no logramos percibir o entender en su momento; por eso éstas se hunden tantas veces en la adolescencia, la infancia temprana, e incluso la época anterior a nuestro nacimiento; luego, esas vivencias que nos convierten en otro, que nos cambian para siempre. Este fue mi tercer descubrimiento: hay experiencias que nos afectan, y experiencias que son la materia misma de la que estamos hechos. Estas últimas son el más poderoso motor de la escritura.

La literatura argentina sobre la dictadura pasó por cuatro etapas, etapas más lógicas que cronológicas. La primera (que por excesivo énfasis en el tema de la memoria de la dictadura obvié en mi presentación en Berlín, omisión que me ayudó a remediar Sergio Chejfec, presente entre el público) fue la literatura producida durante la dictadura, cuando cualquier revelación sobre lo que estaba sucediendo sería no sólo censurada sino castigada con la muerte. Las estrategias habituales para eludir la censura: la elipsis, el desplazamiento, la alegoría más o menos evidente, se extremaron en esta situación de censura de muerte. Ejemplar en este sentido es Respiración artificial de Ricardo Piglia (1980), novela tan críptica e inteligente que estaba garantizado que los militares no podrían entenderla, y en la cual la desaparición forzada de las personas, ya que no podía decirse, se realiza haciendo desaparecer a un personaje del texto de la novela. La literatura del período necesariamente debe haber tenido una elaboración diferente en los escritores que vivían en el exilio (obligado o voluntario) y publicaban en el extranjero. Pero en Nadie nada nunca (1980) de Juan José Saer o en Cuarteles de invierno (1982) de Osvaldo Soriano también se optó por versiones más o menos indirectas o metafóricas: como señaló Laura Alcoba, los exiliados, por solidaridad mimética, podrían haber limitado su propia libertad de expresión a imagen y semejanza de los que se habían quedado en situación de riesgo.

La etapa siguiente estuvo marcada por la producción discursiva de los participantes directos: militantes y sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura. La forma privilegiada fue el testimonio: lo sucedido en aquellos años había sido escamoteado, negado, borrado, desaparecido; era esencial rescatar la historia, oponer la verdad a las ficciones de la dictadura. En lo discursivo, recordemos, la dictadura y el periodismo cómplice fueron sobre todo creadores de ficciones: estábamos librando la tercera guerra mundial contra el comunismo, los desaparecidos estaban vivos en Europa, estábamos ganando día a día la Guerra de Malvinas. Frente a las ficciones del poder, la literatura se vio obligada a ocupar el lugar de la mera verdad: la imaginación era innecesaria, casi irreverente. El Nunca Más fue el texto fundamental del período: un informe, cuyo fin principal era el de establecer la verdad de los hechos, pero también una colección de relatos, que funda un género discursivo: el Decamerón o Las mil y una noches de los años oscuros. En esta etapa aparecen también novelas que oscilan entre la ficción y el testimonio, como Recuerdo de la muerte de Miguel Bonasso (1984), y ese otro Decamerón, ahora de los años de la militancia, que es La voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita (1997-1998). Posteriores, pero asimilables en algunos aspectos a la producción de esta etapa, fueron Villa de Luis Gusman (1995) y El fin de la historia de Liliana Heker (1996), novelas en las cuales la novedad está en haberles dado voz y adoptar el punto de vista de los victimarios –como el médico que trabaja para López Rega en la novela de Gusman–, o de una militante que pasa a colaborar con la represión, como en la de Heker.

Paralelamente empieza a elaborarse la literatura de los que podríamos llamar los testigos, aunque quizá les convenga mejor la palabra inglesa bystanders, que designa al testigo-observador más que al testigo–participante; niños o como mucho adolescentes cuando aquel fatídico 24 de marzo de 1976, demasiado jóvenes para la militancia y mucho más para la guerrilla; testigos a veces directos, como Laura Alcoba en La casa de los conejos (2008), novela que narra, desde la perspectiva de una nena de siete años, la vida cotidiana en una casa operativa de Montoneros; a veces meramente testigos de los silencios, las verdades a medias, o directamente las mentiras que nuestros mayores nos impartían. En esta etapa regresa la mirada indirecta, los testimonios sesgados y refractados de la primera, pero ahora no por necesidad práctica sino por elección estética, como la más adecuada a la naturaleza incompleta, bloqueada, turbia de la experiencia: como en las novelas Dos veces junio (2002) y Ciencias morales (2007) de Martín Kohan, con su énfasis en las actitudes de los que, como un colimba o una preceptora de escuela, habitan rincones remotos del aparato represivo, o La ley de la ferocidad de Pablo Ramos (2007), en la cual la violencia exterior es referida, metafórica o más bien metonímicamente –porque no se trata de un juego de analogías sino de contagios mutuos–, por la cadena de violencia familiar, y donde el orden moral se trastrueca cuando el hijo sometido a la violencia del padre se regodea de que éste, preso por la dictadura, deba “sentir en carne propia la ferocidad interminable de un sistema invencible”.

Y por último –por ahora– llegó la literatura de los que no tienen recuerdo personal alguno; que saben porque escucharon las historias familiares, o leyeron, o investigaron, o imaginaron lo sucedido. Albertina Carri en la película Los rubios (2003) o Félix Bruzzone con 76 (2007) y Los topos (2008). Los caminos parecen dividirse: en algunos casos, el de un furor investigativo, de llegar a la verdad, reponer lo elidido o desaparecido de la memoria o los relatos familiares y sociales. Pero esta investigación no logra a veces más que hacer presente la ausencia, como sucede en el documental-ficción de Carri. Otras veces, la imaginación se sacude todo imperativo de verdad y rellena y aun desborda los huecos de la historia, que parece ser la estrategia de Los topos.

Suele decirse que para entender un período histórico, sobre todo si es traumático, se necesita dejar pasar el tiempo, a veces una o dos generaciones (o tres o cuatro, subirán la apuesta los interesados en que nunca suceda). Pero el tiempo no pasa solo, hay que hacerlo pasar: no es tiempo de espera sino de trabajo incesante. La distancia no se crea con silencio sino a fuerza de escritura. Si se dejan pasar treinta años a la espera de ese momento adecuado, estaremos, treinta años después, todavía al comienzo. Cada escritor se apoya en lo que han hecho los anteriores; porque lo han hecho, puede pasarse a una segunda etapa, o a una tercera. En este proceso inciden todas las prácticas de la sociedad, no sólo la literatura. No importa cuánto tiempo ha pasado, lo que importa es lo que ha pasado en ese tiempo. En la Argentina, en los últimos 34 años desde el golpe, se realizaron los Juicios contra las Juntas, que continúan ahora con los otros responsables; se reivindicó y reparó, en la medida de lo posible, a las víctimas, se restableció la identidad a muchos cuerpos, se recuperaron muchos chicos arrebatados a sus familias. Si no hubiera sucedido todo eso, la literatura seguiría atada a las funciones más básicas del testimonio y la denuncia. El discurso de los derechos humanos, por su vinculación necesaria con la Justicia, es, necesariamente, un discurso de verdad; la literatura no lo es, no necesariamente, y puede, si no oponerse, hacer otra cosa. Cualquier cosa, como dijo Beatriz Sarlo a propósito de Los topos, novela cuya deriva, más que decurso, lleva al protagonista, hijo de desaparecidos, desde una vinculación a regañadientes con la agrupación H.I.J.O.S. hacia planes de venganza personal que lo impulsan a convertirse en travesti y, eventualmente, a convivir en cálida felicidad conyugal con el Alemán, un sádico-tierno, amante-torturador de travestis quizá vinculado con la dictadura. El protagonista, cuyo padre le fue señalado por la propia familia como topo (doble agente), se convierte a su vez en otro topo-traidor que intenta desmarcarse de lo que los discursos oficiales le impondrían, y a quitarle a la palabra H.I.J.O.S. las mayúsculas y los puntos.

Los discursos de la ficción adquieren, en la obra de estos autores, máxima independencia de discursos como los de la militancia o los de los derechos humanos, que pueden considerarse solidarios, pero no por eso rectores. No es que la literatura esté por encima, ni que se constituya en discurso soberano (en todo caso estará al costado, en un lugar marginal, o menor). Esta independencia respecto de los discursos de verdad va de la mano con otra: la independencia de los discursos de la experiencia y los de la memoria, subsidiarios de aquélla. Y no nos parece adecuada esta etiqueta de “hijos de la memoria”: contra la visión necesariamente maniquea del discurso de los derechos humanos, que opone la necesidad de la memoria al discurso del olvido interesado, la construcción de una memoria en los discursos de ficción parte de la comprobación de que el olvido, lejos de ser el opuesto de la memoria, es su componente creativo; que la memoria no es igual al registro del pasado sino una versión de éste, siempre cambiante, urdida en función de las necesidades del presente, la más acuciante de las cuales es la de la construcción de la identidad. No hay –lo señala Beatriz Sarlo en su Tiempo pasado– diferencia fundamental entre la construcción de la memoria por parte de los protagonistas, de los testigos, de los que no tienen experiencia directa para recordar: cada memoria personal es un constructo hecho de recuerdos personales, relatos oídos, los discursos de la historia y los medios masivos, sólo que en la obra de estos últimos autores esto se vuelve más evidente que nunca antes. En contra del sentido común, que nos dice que son los protagonistas, o los testigos, los más indicados para recordar y contar la historia, ellos indagan de manera absolutamente novedosa y potente en una época que no vivieron, pero que los gestó en su vientre; tienen pleno derecho a hacer lo que quieren con ella, porque ella los hizo; la mudez no es problema para ellos, porque no están volviendo del campo de batalla: en él nacieron.

Las vueltas de la historia

Mario Wainfeld- Página 12 -Martes, 13 de abril de 2010

“Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”

Antonio Machado

Una vez ganada la guerra civil, el franquismo tomó una decisión brutal, apropiarse de los hijos de muchas mujeres republicanas presas, muertas o a punto de ser condenadas a muerte. La fundamentó en perversas teorías psicologistas: considerando a los marxistas “psicópatas antisociales”, “segregarlos de sus madres desde la infancia ahorraría una plaga a la sociedad”. Dicho y hecho, miles de familias fueron privadas de la patria potestad, que se endosó al Estado. Decenas de miles de niños, quizá centenares de miles, fueron “resocializados” en orfanatos creados al efecto y, eventualmente, entregados en adopción borrando todos los datos de su familia de origen. Todo se legisló, urdiéndose una pesada trama burocrática y pseudoasistencial.

En España, aún hoy día, poco se conoce sobre el asunto, memorablemente narrado en el libro Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Es una novela inusual, que combina elementos ficcionales con una formidable investigación. Prado es novelista, ensayista, poeta, periodista. Hasta letrista, colaboró en las letras de las canciones del último disco de Joaquín Sabina. El año pasado presentó Mala gente… en la Feria del Libro de Buenos Aires. En varias entrevistas, burla burlando, dijo que una de sus finalidades era aliviar de culpas a los argentinos: “Quiero contaros que vuestra dictadura no inventó nada”.

Ironías (y diferencias de implementación) aparte, bastante de eso hay. La violación de derechos humanos es una constante expandida en varias latitudes, potenciada en el siglo XX. También el surgimiento de una justicia universal que saltea fronteras para impedir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Baltasar Garzón fue pionero en esa brega, aunque no su inventor. Para el movimiento de derechos humanos argentino, las causas abiertas por ese magistrado fueron un catalizador, un impulso llegado de ultramar que revitalizó la gesta contra la impunidad en nuestro territorio.

* * *

Hiperactivo y bastante solitario, Garzón encarnó una proeza persiguiendo a represores de este rincón del mundo. Contaba con pocos “fierros”, siendo apenas juez de primera instancia. Pero su tarea movilizó a víctimas, organizaciones nobles y militantes, abogados tan comprometidos como creativos. Ese inesperado colectivo litigó en España, abriendo ventanas en la formidable lucha de los movimientos de derechos humanos argentinos.

En un alarde de coraje y prepotencia de trabajo, Garzón arrestó a Augusto Pinochet en Londres, tras escribir sus fundamentos con la sola cooperación de un empleado de su juzgado en una noche febril.

Las réplicas primeras de los gobiernos argentino y chileno fueron deplorables. Por acá, bajo el mandato de dos presidentes argentinos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, brotó un nacionalismo de opereta, pretendiendo poner fronteras al derecho de gentes. Entre tanto, se glorificaba la globalización y se permitía el despliegue irrefrenable de los mercados del mundo. Los flujos financieros no requerían pasaporte ni aduana, pero eso sí: la Argentina devino un aguantadero para represores genocidas. Para colmo de inconsecuencias, se lo justificaba con una retórica chauvinista que apestaba a naftalina. Y a complicidad.

* * *

Los escenarios han cambiado, en España y en Argentina. Tras vicisitudes (y con enormes bretes aún) se abrieron procesos por los crímenes de la dictadura. En su patria, Garzón está siendo asediado por una avanzada de la derecha, que tiene aliados transversales en cierta sedicente progresía. Como explicó con minucia y garbo el colega Martín Granovsky el domingo pasado en Página/12, el señor juez no se privó de nada. Puso en el banquillo a los criminales sudamericanos, a la ETA, a los GAL prohijadas por Felipe González, a terroristas islámicos. En los últimos tiempos pateó dos hormigueros domésticos. Uno fue la corrupción del Partido Popular, consagrada en el apodado caso Gürtel que está hoy día a punto caramelo, enlodando a la flor y nata del centroderecha hispano.

Además, consistente con su prédica para otras comarcas, Garzón interpretó que la Ley de Amnistía de su país no ampara los delitos contra la humanidad, imprescriptibles e imperdonables por vía de pretensas leyes. Develar los crímenes del franquismo fue un reto al silencio y a las componendas de décadas. Una coalición amplia y mediocre busca revancha: quiere juzgar al juzgador, condenarlo penalmente, privarlo de su cargo. Esa pelea está desplegándose y la solidaridad internacional tiene algo que hacer. Desde estas pampas, sumarse es un deber de gratitud.

La batida contra Garzón no es, tan solo, un ajuste de cuentas personal. Frena las causas contra los crímenes del franquismo. Los corsi y ricorsi de la historia validan la movida que se hará mañana, de la que se da cuenta en la nota central de estas páginas. La doctrina que ha recorrido el mundo se postulará ante los tribunales locales, a quienes se recabará que apliquen la ley universal.

Carlos Slepoy, el abogado argentino que representó a muchas víctimas en España, definió lo que se viene como “una devolución a Garzón”. Abrir los tribunales argentinos para evitar la inmunidad de crímenes afrentosos es un rizo de la historia, también un modo justo de pagar una deuda. ¿Encontrarán los demandantes un magistrado de la talla de Baltasar Garzón? Parece muy difícil, aun tomando en cuenta su personalismo y algunos errores, propios de quien hace tanto.

¿Encontrará el reclamo, al menos, jueces que se hagan cargo de lo que es legal y digno? No es seguro, no es imposible, sería justo y necesario.

Canción de apoyo a Garzón

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_Y796aK1qcw]

«Yo estoy con Garzón»: el juez ya tiene quien le cante

12 Abril 2010 – La Razón

    Un dúo madrileño compone una canción de apoyo al juez y a las víctimas de la dictadura. La letra de la canción apunta a que los cantantes están con Garzón “como el mundo entero” y tienen el corazón “con los que perdieron”.

    El dúo madrileño Unomasuna ha compuesto una canción en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y a las víctimas de la dictadura franquista titulada ‘Yo estoy con Garzón’. Su intención es rendir un “particular homenaje musical a las víctimas de la   dictadura, que muchos años después de la muerte de Francisco Franco   todavía no han logrado obtener justicia”, señalan.

    Se trata de una canción con tintes latinos compuesta para la ocasión por Unomasuna (formado por Rafael Sánchez y Carolina Muñoz). El estribillo de la canción apunta a que los cantantes están con Garzón “como el mundo entero” y tienen el corazón “con los que   perdieron”.

    Asimismo, la letra alude a la querella interpuesta contra el juez   por el sindicato Manos Limpias por prevaricación manifestando que ‘huelen mal’ “esas manos que dicen tener tan limpias”.  La letra completa de la canción es la siguiente: “La Falange y Manos limpias denuncian al juez Garzón el Supremo lo aprovecha delirante acusación  quieren cobrarse las deudas vengarse de quién metió  el dedo en la llaga infecta de un silencio que mató. Por los desparecidos y enterrados en las fosas  tornar olvido en recuerdo donde hay huesos sembrar rosas  así no se cura el odio ni se cierran las heridas que mal huelen esas manos que dicen tener tan limpias”.

    Estribillo

    “Yo estoy con Garzón como el mundo entero tengo el corazón ay mi niña con los que perdieron.  Lo siento por esos jueces honestos de este País  que hicieron de su carrera un camino pa construir  esto no se entiende fuera es un insulto a la razón a la memoria de tantas familias y a su dolor. Mi gente, los sueños  las luces que se apagaron un día en ti se prendieron  nos duele, da rabia  por eso ha nacido este canto que nuestra boca dispara”.

    Efecto boomerang

    Página 12 – Oscar Guisoni – Martes, 13 de abril de 2010

    No está solo Baltasar Garzón en su batalla judicial por haber intentado juzgar a los responsables de la dictadura franquista. Los familiares de las víctimas del general Franco presentaron ayer una querella contra el juez Luciano Varela –que instruye la causa contra Garzón– y contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, el tribunal que lleva la causa y que ha rechazado todos los recursos interpuestos por la defensa del magistrado acusado. Los familiares creen que estos dos jueces están cometiendo el delito de prevaricación, el mismo del que está acusado Garzón, porque actúan a sabiendas de estar violando los tratados internacionales firmados por España que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como los cometidos por la dictadura española que ensangrentó el país entre 1936 y 1975.

    Han sido precisamente dos las organizaciones de víctimas del franquismo las encargadas de presentar las querellas: las asociaciones de Memoria de Mallorca y de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña. Y fue la coordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, quien se encargó de llevar la documentación ayer al alto tribunal madrileño y leer luego el comunicado a la prensa, en el que se afirma que sentar a Garzón en el banquillo de los acusados supone “un ataque frontal a las víctimas” de la dictadura. En la presentación judicial, las asociaciones sostienen que el juez Varela cometió delito, ya que comenzó el proceso a Garzón “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”. La querella contra Saavedra está amparada en que denegó a las víctimas presentarse en el juicio contra Garzón y rechazó todos los recursos interpuestos por la defensa del juez.

    Con este episodio recrudece la campaña legal y también política que se está desarrollando en torno del proceso contra Garzón, un escándalo judicial internacional del que no cesa de hablar la prensa mundial, para desconcierto de algunos españoles que parecen sorprendidos por la gran popularidad del juez en el extranjero. Un reflejo de la inquietud que el proceso está despertando en la ciudadanía es el crecimiento exponencial de las páginas que apoyan a Garzón en las redes sociales. Sólo en Facebook, una de ellas, Un millón de firmas para apoyar al juez Garzón, pasó de los 10 mil a los 98 mil adherentes en apenas cuatro días. Desde estas redes ha surgido una convocatoria independiente a manifestarse el próximo 24 de abril en las principales ciudades españolas. En YouTube apareció incluso un emotivo video grabado por un grupo musical llamado Unomasuna que ha registrado una pegadiza canción que dice “Yo estoy con Garzón/ como el mundo entero/ tengo el corazón, mi niña/ con los que perdieron”.

    En las webs de los grandes periódicos nacionales las noticias vinculadas con el proceso contra Garzón han sido las más comentadas y leídas durante las últimas semanas y son un verdadero muestrario de las opiniones encontradas que despierta el juez entre los españoles. Mientras una gran mayoría de los lectores se manifiestan sorprendidos por un proceso que huele demasiado a venganza política y a reafirmación de viejos poderes que se creían muertos y enterrados, una parte minoritaria pero significativa de la población sigue creyendo que el magistrado cometió un gran error al intentar juzgar al franquismo y reproduce algunos viejos clichés de la ultraderecha que despiertan verdadero pavor, como los que afirman que “el general Franco impidió que se instalara una dictadura comunista” y que “los rojos bien muertos están”.

    De hecho, una de las principales preocupaciones de las asociaciones de víctimas de la dictadura es la sensación de impunidad a la que han quedado expuestas y el recrudecimiento de los discursos ultraderechistas en la sociedad avalados por el status que el Tribunal Supremo les ha otorgado a Falange, JONS y al sindicato ultra Manos Limpias al reconocerlos como parte principal en la acusación contra Garzón, al tiempo que se les niega a las asociaciones de los represaliados ejercer su defensa. “No entendemos cómo es posible que un seudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange –representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre el 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975–, puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, expresaron ayer en el comunicado con el que acompañaron el inicio de las querellas contra los jueces que están sentando a Garzón en el banquillo.

    La justicia universal, ahora de Argentina a España

    Hace trece años, Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. El abogado Carlos Slepoy, que motorizó esa causa basado en la jurisdicción universal, impulsa que se devuelva el favor investigando al franquismo.

    Página 12 – Laura Vales – Martes, 13 de abril de 2010

    Elías García Holgado era alcalde y diputado provincial en Salamanca cuando, en 1936, fue encarcelado por el franquismo, que lo fusiló un año más tarde. Severino Rivas era también alcalde, de la localidad de Castro Rei, en Lugo; lo fusilaron en 1936 y su cuerpo permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común. Estos dos crímenes serán los casos iniciales con los que mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará una denuncia para que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco.

    La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Hasta ahora, la Argentina ha sido beneficiaria de esta herramienta, que permitió que jueces de España –como Baltasar Garzón– e Italia iniciaran investigaciones contra represores argentinos, abriendo allá causas que fueron claves para impedir la impunidad cuando acá los juicios estaban frenados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todavía no se ha dado la situación inversa, es decir que en la Argentina se investiguen crímenes cometidos fuera del territorio nacional, pero que por su gravedad, por tratarse de crímenes contra la humanidad, habilitan el uso del principio de la jurisdicción universal.

    En apoyo a Garzón

    La idea de presentar en Buenos Aires una denuncia contra los crímenes del franquismo nació luego de que sectores de la derecha española lograron frenar la investigación que había iniciado el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Garzón terminó enfrentando además un proceso por prevaricato, ya que lo acusaron de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. El argumento con el que fue acusado es que la amnistía dictada en España en el ’77 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero por el momento ha quedado no sólo frenado, sino bajo una ofensiva para destituirlo (ver aparte).

    La iniciativa de abrir en la Argentina una causa por los crímenes del franquismo –para evitar su impunidad y como modo de respaldo a Garzón– fue traída a Buenos Aires por el abogado Carlos Slepoy, argentino radicado en España y representante en Madrid de familiares de víctimas de la dictadura.

    Slepoy es uno de abogados que ha trabajado en la construcción del razonamiento jurídico que sostiene a la demanda. “Los tribunales de cualquier parte del mundo tienen legitimidad para juzgar a estos criminales”, dijo a Página/12. El abogado da la impresión de esperar que el camino sea fácil y sin tropiezos; sabe que el caso deberá encontrar un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. “Necesitamos un Garzón argentino”, sintetizó ante este diario en alusión a que un magistrado le ponga el cuerpo a la causa.

    El escrito, que ya está terminado, está caratulado como una denuncia “por genocidio y/o delitos de lesa humanidad” y “por la comisión de delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros”. En su primera parte cuenta cómo sucedieron los crímenes de los alcaldes Rivas y García Holgado. Por estos dos casos, que funcionarán como el puntapié inicial, se presentarán dos familiares como querellantes. Uno es Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rey. Rivas, que vive en la Argentina, hoy tiene 91 años. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que tiene otro tío abuelo fusilado y un tío desaparecido.

    Además de estos homicidios puntuales, la demanda pide que se tome como período de investigación a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España. Es decir que solicita que se investigue el genocidio.

    Incluye también un relato sobre el contexto histórico y la interpretación de que ocurrió un genocidio, en el sentido de que la dictadura de Franco tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad.

    “Habrá más denuncias”

    La pregunta es ¿hay imputados vivos? Eso parece imposible para crímenes cometidos, como con los alcaldes, en 1936. “Si se investiga hasta el ’77 hay criminales vivos. Ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas”, asegura Slepoy, quien confía en que por esto “mucha gente” va a presentarse “para traer su denuncia”.

    El equipo que patrocinará la querella se completa con los abogados locales David Baigún –director del posgrado de Derecho Penal de la UBA–, Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler.

    El trabajo clave de este equipo será el de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. Slepoy señala que “está en la Constitución Nacional, en su artículo 118”. Este artículo habla de los crímenes que se cometan “fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes”, y establece que el Congreso es quien debe decidir qué tribunal debe juzgarlos. “El Congreso ha establecido que sean los juzgados federales”, apunta Slepoy. También recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos “dictó resoluciones en el ’98 y 2003 instando a los países de América a que ejerzan la jurisdicción universal”.

    “Son crímenes que están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación”, agregó ayer su colega Máximo Castex. “En el caso de Rivas, por ejemplo, es una persona grande que logró recobrar los restos de su padre en el año 2005, a través de una exhumación que hizo él por cuenta propia; él cada vez que viajaba a España sentía esta necesidad de lograr justicia. Hay que pensar que estamos frente a una historia de 110 mil desaparecidos; hay mucha gente que todavía no sabe dónde están los cuerpos de sus familiares”.

    Un dato impactante es el interés que mostraron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas para sumarse a la causa como querellantes. Entre los que quieren presentarse a querellar están la Central de Trabajadores Argentinos y la Federación Gallega y la mayoría de los organismos: Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Todavía no está claro si todos van a poder hacerlo, ya que depende de que en sus estatutos tengan un objetivo que los habilite legalmente. Desde España vendrán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica de España, considerada la más importante de aquel país trabajando en el tema.

    La denuncia se presentara en los tribunales federales en la mañana del miércoles. Ese mismo día, los querellantes darán una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires que ayer homenajeó a Slepoy (foto). Darío Rivas e Inés García Holgado, los dos primeros querellantes, estarán entre los presentes para contar la historia de sus familiares y pedir justicia, 74 años después.

    Movilización en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo

    Una demanda plantea dos casos de asesinato en la Guerra

    SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País13/04/2010

    La posibilidad de que la Cámara Federal aplique el principio de la jurisdicción internacional y acepte que se abra juicio por dos casos concretos de asesinatos cometidos durante la Guerra Civil española mantiene en vilo al mundo jurídico argentino y al relacionado con los derechos humanos. La demanda se presentará el miércoles, apoyada por decenas de organizaciones y pretende también servir de apoyo al magistrado español Baltasar Garzón.

    “Es inaudito e inexplicable que se pretenda inhabilitar a Garzón por haber intentado investigar en España hechos parecidos”, aseguró ayer uno de los abogados implicados en la preparación de la demanda, Carlos Slepoy. Garzón cuenta con la admiración y devoción de los grupos de defensa de los derechos humanos en Argentina, agradecidos por los procedimientos que abrió en España contra el dictador chileno Augusto Pinochet y contra varios acusados de torturas y desapariciones durante la dictadura militar argentina.

    La eventualidad de que un tribunal federal considere que los dos asesinatos cometidos durante el franquismo están comprendidos en la figura jurídica del genocidio y que, por tanto, no prescriben y pueden ser juzgados por los jueces de este país se presenta ante muchos argentinos como la posibilidad de “devolver” el favor a España. Un sector importante de la sociedad argentina mantuvo lazos históricos con la República española y el país acogió a miles de refugiados y exiliados al fin de la Guerra Civil.

    Los abogados que llevarán directamente el caso, entre ellos Beinusz Smukler, ex miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, muy conocido por su implicación en organismos de recuperación de la memoria histórica, confían en que los dos casos concretos que van a presentar darán origen rápidamente a una auténtica bola de nieve, igual que ocurrió cuando el propio juez Garzón puso en marcha los procedimientos judiciales contra Pinochet. Según Smukler, ha sido la paralización en España de las actuaciones por los crímenes del franquismo lo que ha incentivado el avance de la querella ante la Justicia argentina.

    Esta sería la primera vez en que la Cámara Federal decidiera aplicar directamente el principio de jurisdicción internacional, lo que ya ha provocado una intensa polémica en medios jurídicos sobre la importancia de los precedentes existentes en otros países. Los impulsores de la demanda consideran que tanto la Constitución argentina como una ley posterior contienen fundamentos jurídicos que permiten juzgar un delito cometido fuera del territorio argentino.

    La demanda que se presentará mañana, en un acto que se espera sea multitudinario, pedirá que se investiguen crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento militar organizado por el general Franco) y el 15 de julio de 1977, fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas de la Transición.

    En condiciones normales, el juez de la Cámara Federal que reciba el caso (distribuido por sorteo) podría tardar entre 20 y 30 días en decidir si acepta la demanda o no. Contra su fallo existiría la posibilidad de presentar recurso. Un fallo positivo sería acogido en los organismos de defensa de los derechos humanos con júbilo, no sólo por su importancia como precedente jurídico sino, y muy especialmente, por el respaldo simbólico que recibiría el juez Baltasar Garzón.

    “Nadie comprende en Argentina que se pretenda inhabilitar al juez que más ha hecho por perseguir los crímenes de las dictaduras”, asegura Slepoy. La mayoría de los medios de comunicación argentinos se han hecho eco estos días del desprestigio que puede estar sufriendo la Justicia española, sometida públicamente a todo tipo de presiones. “Esperamos que el juez Garzón sea exonerado de cualquier responsabilidad, pero si no fuera así plantearíamos la posibilidad de que los jueces del Tribunal Supremo español estuvieran cometiendo, ellos sí, prevaricación”, se indigna el abogado argentino.

    * * * * * * *

    Descendientes de españoles

    La demanda que se presentará mañana se centra en dos casos y estará firmada por dos descendientes de españoles, que nunca abandonaron la idea de encontrar los restos de sus deudos y de llevar ante la justicia a los responsables de sus asesinatos. Darío Rivas, de 91 años, hijo del que fuera alcalde de Castro de Rei (Lugo), fusilado el 29 de octubre de 1936 y enterrado en una cuneta de Portomarín, logró encontrar el cuerpo en 2005, y ahora reclama que se investigue su muerte. Inés García Holgado, abogada, responsable del blog Justicia y Memoria, nunca pudo hallar los restos de un tío suyo y pide que se abra una investigación sobre su desaparición.

    Familiares de víctimas inician un maratón de apoyo al juez

    N. JUNQUERA El País13/04/2010

    La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica convertirá la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el número 29 de la madrileña calle de San Bernardo, en una especie de cuartel general desde el que defenderá al juez Baltasar Garzón y su causa contra el franquismo. A partir de mañana, y en principio hasta el día 22, cuando está previsto que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión del juez, el recinto académico acogerá conferencias sobre la memoria histórica, testimonios de familiares de víctimas y la proyección de varios documentales sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura.

    Entre otras actividades, está previsto que familiares de desaparecidos y fusilados lean en voz alta el auto del 16 de octubre de 2008 por el que el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. También se procederá a recoger firmas en apoyo del magistrado.

    Hoy también se celebra en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto en defensa de Garzón convocado por UGT y CC OO al que está previsto que asista el ex presidente catalán Pasqual Maragall, que encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras contra el acoso al juez.

    La Asociación Libre de Abogados aseguró en un comunicado que el juez Garzón “cumplió con su obligación” y acusa el Supremo de “colocar a las víctimas a merced de los verdugos”. La ALA “muestra su repulsa contra el auto de procesamiento” del magistrado “por lo que conlleva de retroceso en la lucha contra la impunidad” de aquellos que violaron sistemáticamente derechos fundamentales.

    “Imaginación creativa” o delito permanente de derecho internacional

    La Justicia europea ha restringido leyes de amnistía sobre crímenes universales

    NATALIA JUNQUERA El País13/04/2010

    El instructor del caso por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, sostiene que fue la “imaginación creativa” del juez de la Audiencia la que le llevó a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, cuarteando así “principios esenciales del Estado”. Pero el derecho y la jurisprudencia internacional de tribunales como el Europeo de Derechos Humanos muestra que Garzón no es, ni mucho menos, el único juez que ha restringido la aplicación de leyes de amnistía para juzgar delitos como las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos o el secuestro sistemático de niños. Otros jueces han interpretado también que la inexistencia de los responsables de un crimen (por fallecimiento o porque se hallaran en otro país) no exime a la justicia del deber de ofrecer una tutela judicial a las víctimas

    Más de una treintena de Estados se han planteado este debate jurídico en los últimos años a la hora de revisar su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos.

    – Los argumentos de Garzón. El 16 de octubre de 2008, el juez Garzón se declara competente para investigar lo que considera un plan sistemático de exterminio de rojos por parte de Franco, es decir, un crimen contra la Humanidad. Argumenta que los secuestros con desaparición de personas -lo que hacían los falangistas cuando iban a buscar a sus casas a las víctimas para darles el paseo– son delitos permanentes hasta que no se averigüe su paradero y por tanto, ni prescriben ni pueden ser amparados por una ley de amnistía. Garzón considera responsables a Franco y a otros 34 generales y ministros y solicita sus certificados de defunción. Reclama al Ministerio del Interior la identificación de los máximos dirigentes de Falange entre 1936 y 1951 y autoriza 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones, entre ellas, la de la fosa de Lorca.

    – La ley de Amnistía (1977). El artículo primero de la ley afirma que quedan amnistiados: “Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”.

    – El Derecho internacional. La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo recoge Naciones Unidas en su Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por España: “Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Y así lo ha aplicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de restringir leyes de amnistía cuando se ha ocupado de casos de desapariciones forzadas, por ejemplo cuando confirmó en 2009 la condena de la justicia francesa al mauritano Ely Ould Dah por torturas pese a que éste no estuvo presente en el proceso y pese a una ley de amnistía en Mauritania.

    – Argentina, Chile y Marruecos. Argentina anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores de la dictadura (1976-1983). En Chile, los represores han sido juzgados y condenados. El Gobierno creó una comisión de investigación de los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973- 1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. En Guatemala también han sido juzgados ex militares por desapariciones forzadas durante la guerra entre 1960 y 1996. El Estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la Iglesia.

    En Marruecos, el rey Mohamed VI creó el equivalente a una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. La comisión recomendó en sus conclusiones pedir perdón a las víctimas, que sí fueron indemnizadas. Suráfrica reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas, difíciles de cumplir en el contexto de pobreza del país.

    ‘Casablanca’ y el No-Do vuelven a la Gran Vía

    BEATRIZ PORTINARI El País13/04/2010

    Suenan los inconfundibles acordes del No-Do, aparecen los títulos en blanco y negro, los uniformes y Franco saludando al Frente de Juventudes y, en pleno siglo XXI, una sala de cine estalla en aplausos. Termina la información sobre la guerra en Europa, los nuevos inventos -como las “lámparas de incandescencia”, hoy llamadas bombillas-, vuelven a salir tropas de las SS, soldados aliados “en minoría” y el respetable vuelve a aplaudir.

    El cine Callao vivió ayer una tarde para nostálgicos con motivo de la conmemoración del centenario de la Gran Vía y su vinculación al mundo cinematográfico, con la programación en pantalla grande de la mítica Casablanca, que colgó el cartel de completo. Muchas de sus 1.033 butacas fueron ocupadas por veteranos que vivieron el estreno en 1946, y otros aproximadamente 50 asientos albergaban a jóvenes que, bien por afición al cine clásico o por pura curiosidad, se acercaron a ver en gran formato aquella mirada lánguida de Humphrey Bogart.

    Como si el cine Callao hubiera retrocedido en el tiempo hasta los años cuarenta, su fachada amaneció ayer cubierta por una gigantesca tela que reproducía aquella imagen inolvidable de (mejilla con mejilla) Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Una imagen y una historia que llegaron a España con cuatro años de retraso respecto al estreno mundial. Y no porque tuviera un mensaje amoral de adulterio o un claro trasfondo político, sino porque Hollywood no quería introducir películas en un país que había sido aliado del fascismo.

    “Si acudes a la prensa de la época te encuentras que no hay críticas de esta película. ¿Por qué? Porque se estrenó un poco de tapadillo. Si salió en 1942 aquí no llegó hasta diciembre de 1946 porque España estaba en la lista negra de quienes habían apoyado a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y los estudios americanos decidieron prohibir que sus películas se estrenaran aquí”, explicaba minutos antes de la proyección Antonio García-Rayo, coordinador del programa conmemorativo organizado por el Ayuntamiento y diversos comercios de Gran Vía-Callao, que incluye proyecciones de cine clásico, exposiciones de carteles, conferencias y tertulias cinematográficas.

    Entre esos testimonios gráficos se encuentran viejas fotografías de las interminables colas que se organizaban para conseguir una entrada de cine. “Para el estreno de Lo que el viento se llevó, que también llegó a España con retraso en el año 50, incluso se organizaban autobuses que iban a los pueblos, recogían a los espectadores, los traían a Madrid y esperaban una noche entera para el siguiente día comprar su entrada. En aquella época Madrid tenía cerca de 130.000 butacas en 160 salas y se llenaban todos los días. Era el ocio del momento”, describe García-Rayo.

    Y aunque ayer no hubo colas kilométricas, sino espectadores despistados que no tenían muy claro dónde sacar la invitación para el pase gratuito, Casablanca consiguió conmover de nuevo con el mítico tema As time goes by o la despedida en el aeropuerto que todavía mucha gente intenta explicarse.

    “Historias como esta, tan profundas y con un mensaje tan intenso ya no se hacen. El cine de antes no es lo mismo que el de ahora”, suspiraba nostálgica Blanca, de 72 años, que había acudido a Callao acompañada por sus amigas Angelines (90 años) y Sagrario (67), todas ellas con intensos recuerdos sobre el estreno en el año 46. “Me acuerdo que vi por primera vez esta película de joven, en alguno de los cines de la Gran Vía, no sé exactamente cuál”. “Yo lo vi en Cuatro Caminos, en un cine de barrio, que era donde podíamos ir los pobres”.

    Contrastaban con sus memorias los jóvenes que pocas butacas más allá intentaban sacar fotos de la pantalla con su teléfono móvil, cubo de palomitas en mano, y que admitían sin reparos no haber visto jamás la película. “Hombre, por edad no me fue posible acudir al estreno”, ironizaba Saray, de 19 años. “Pero sí es una película que siempre se comenta y se sabe por frases típicas como ‘Tócala otra vez, Sam”.

    El ciclo conmemorativo tiene previsto continuar las proyecciones cada lunes hasta el 14 de junio, con reestreno gratis de títulos como Lo que el viento se llevó (26 de abril), Cantando bajo la lluvia (3 de mayo), Mogambo (17 de mayo), o Gilda (14 de junio). Las invitaciones se podrán retirar el mismo día de la proyección en la FNAC o El Corte Inglés de Callao, de diez de la mañana a dos de la tarde. Ambos establecimientos albergarán además las exposiciones sobre carteles y publicidades cinematográficas de la época, y la estrecha relación de la Gran Vía con el mundo del celuloide.

    Pervivencia del franquismo judicial

    SALVADOR MILÀ El País– 13/04/2010

    Parece que en España algo quedó a medio hacer, o se hizo mal, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, en relación al sistema judicial, a éste tercer poder clave para determinar la calidad y buena salud democrática del Estado social y democrático de derecho.

    En estos últimos meses se están poniendo de manifiesto, de forma descarnada, muchos malentendidos -o sobrentendidos- en relación a la legalidad -formal- y legitimidad -social y política- del entramado judicial de excepción -primero- y “especial” -después- puesto en pie por la Junta Militar rebelde durante la guerra civil de 1936-39 y los sucesivos gobiernos del dictador Francisco Franco a golpe de bandos, decretos leyes, leyes de legislador único y expedientes de depuración, sin otra legitimación que la fuerza de las armas ni otra aspiración que la aniquilación y la venganza del “enemigo interior”.

    La sociedad española asiste con incredulidad a una serie de pronunciamientos judiciales -y fiscales- entorno a cómo aplicar la Ley de Memoria Histórica, ante las lógicas peticiones de revisión de sentencias condenatorias de personas a las que el Gobierno solemnemente ha reconocido que fueron injustamente encarceladas o ejecutadas por tribunales ilegítimos; o entorno a las resoluciones del Tribunal Supremo que dan pábulo a las denuncias falangistas contra el magistrado Garzón, acusándole de prevaricar por el simple hecho de abrir diligencias, a instancia de partes legítimas, para averiguar el paradero de los desaparecidos a causa de la represión en el bando franquista. Con la paradoja de que se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como “ley de punto final” que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores.

    Ya antes de la Ley de Memoria Histórica se habían dictado resoluciones del Tribunal Supremo, específicamente de su Sala de Justicia Militar en que, como si estuvieran fuera del tiempo y del espacio, con la asepsia de la sábana que tapa el cuerpo del delito, se invocaron argumentos formalistas relativos a la -al parecer- inexistencia de “nuevos hechos relevantes” que pudieran hacer necesaria la reconsideración de lo “juzgado” en su día por tribunales indignos de llamarse de justicia, para denegar la revisión de juicios sumarísimos que condenaron de forma injusta, alevosa y sin respetar los mínimos principios de un proceso penal digno de tal nombre, a personas tan significativas como Joan Peiró, líder sindical ejemplar, ministro de Industria de la República, que se opuso de forma pública y valiente a los desmanes de los incontrolados en los primeros días de la guerra civil en Cataluña (inexcusable la lectura de su recopilación de artículos Perill a la reraguarda!) y que salvó a cientos de personas.

    Ante este panorama en la dehesa judicial, el fiscal superior del Estado, asistido de su junta de fiscales, ha optado por denegar la petición de la Generalitat de Catalunya -amparada por la Fiscal Jefe de esta comunidad- de promover la correspondiente revisión del juicio que condenó a muerte al President mártir Lluís Companys, con el singular artilugio de atribuir a la fiscalía del Estado una inexistente facultad de declarar nula la sentencia, cosa que la ley no hace directamente ni mucho menos le atribuye al fiscal.

    Es más que probable que el fiscal del Estado haya tratado así de evitar un nuevo escándalo público judicial, en previsión de un pronunciamiento de la Sala Militar del Tribunal Supremo, que, ignorando la expresa e individualizada declaración de ilegitimidad y de falta de todo atisbo de justicia material en la sentencia que le condenó, que se contiene en el reconocimiento del gobierno.

    Sin pasar por alto, ya puestos, el que todavía el Tribunal Supremo no haya hecho un reconocimiento solemne de la dignidad y honorabilidad de los cientos de jueces y magistrados que fueron apartados de sus carreras, degradados o ejecutados por no dar amparo con su toga a la rebelión, o por negarse a juzgar y condenar por rebeldes a las autoridades legítimas.

    Salvador Milà es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña.