Month: April 2010

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La prensa internacional muestra su estupor

El País – Madrid – 10/04/2010

La prensa extranjera dedica grandes titulares y editoriales a Garzón. Éstos son algunos de ellos.

– The New York Times: “Una injusticia”. “Los verdaderos delitos son las desapariciones, no la investigación del juez. Si, como parece, se trataban de crímenes contra la humanidad, la amnistía de 1977 no podía absolverlos”, dice el diario estadounidense en su editorial Una injusticia en España. Describe a Garzón como un juez “valiente y controvertido” que “se ha creado muchos enemigos”. “Su objetivo sistemático ha sido rechazar la impunidad de los poderosos y expandir los derechos humanos”, por lo que “debe retomar el trabajo lo antes posible”. “España necesita una explicación de su problemático pasado y no una persecución de aquellos que tienen el valor de reclamarla”.

– The Economist: “Franco debe estar riendo en su tumba”. “Francisco Franco debe estar riéndose en su tumba. El intento de Baltasar Garzón, famoso por sus cruzadas contra las violaciones de los derechos humanos, de investigar las atrocidades de Franco va a acabar en juicio, pero contra el propio Garzón”, recoge el semanario británico.

– Le Monde: “Admirado mundialmente”. El diario francés también recoge la noticia del procesamiento del juez, “conocido y admirado mundialmente desde que ordenó en noviembre de 1998 el arresto del ex dictador Augusto Pinochet”. Y recuerda que entre los asuntos que ha seguido el juez “se encuentran los más sensibles, como el terrorismo de ETA o la corrupción”.

– The Guardian: “La justicia española, a juicio”. El diario británico cree que la causa refleja “dos serios defectos de la España contemporánea”. El primero: “La existencia de una justicia muy politizada y profesionalmente incompetente”. El segundo: “La eterna y no resuelta cuestión del puesto de Franco en la memoria colectiva española”.

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Jueces, fiscales y víctimas de Franco se movilizan contra el proceso a Garzón

Familiares de desaparecidos quieren reabrir en Argentina el caso de la memoria

MANUEL ALTOZANO / NATALIA JUNQUERA – El País – 10/04/2010

Demostrar que la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar las atrocidades del franquismo es una cuestión jurídicamente discutible, pero en ningún caso un delito de prevaricación. Ése es el objetivo del comunicado difundido ayer por las dos principales asociaciones de la izquierda judicial española -Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales-, que consideran “doloroso e injustificable” el proceso abierto al juez Garzón por investigar los crímenes de la dictadura. Esa investigación, además, podría reactivarse en los próximos días. Pero no en España, sino en Argentina. Familiares de víctimas quieren reabrir la causa en los tribunales de Buenos Aires, hacer “lo mismo que hizo Garzón en España con las dictaduras argentina y chilena”, aclara el abogado que les representa, Carlos Slepoy.

El comunicado de jueces y fiscales progresistas -suscrito también por Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades y por la Federación Latinoamericana de Jueces por la Democracia- señala a la Sala Penal del Supremo como responsable del “resurgir de los valores del franquismo” y sostiene, en contra de lo defendido por el juez Varela, instructor del caso contra Garzón, que “cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo”.

“Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y los defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos humanos”, sostiene el comunicado, que recuerda que la democracia “no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la dictadura”. El hecho de que esos crímenes no hayan tenido respuesta judicial, continúa, “resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países mientras miraba hacia otro lado respecto de los crímenes cometidos en España”.

Respecto de la ley de memoria histórica -el Supremo afirma que Garzón intentó orillarla- aseguran que “no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía”.

La nota la suscriben a título particular algunos de los jueces que ratificaron la competencia española para investigar el franquismo, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez; la única juez que ordenó la apertura de una fosa, Tania Chico; o Miguel Ángel Martín, juez de Palencia que siguió adelante con la investigación una vez que Garzón cedió la causa a juzgados locales.

En Argentina, Slepoy presentará el miércoles una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad que abarca el periodo entre la Guerra Civil y el final de dictadura y se basa en los principios de jurisdicción universal. “La ley nos permite que pidamos frenar la impunidad en España”, aseguró el letrado, que tiene intención de pedir un listado “de todos los dirigentes de Falange [una de las querellantes contra Garzón], de la Guardia Civil, el Ejército y el Gobierno franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades”. También reclamarán, a modo de prueba, el censo de víctimas y desaparecidos, y el mapa de fosas comunes halladas en España, así como toda la documentación recabada por Garzón en su investigación.Entre los querellantes está Darío Rivas, un gallego de 90 años exiliado en Buenos Aires e hijo de un fusilado por el franquismo.

Además, la Asociación para la Recuperación Histórica de Cataluña y la de Baleares presentarán el lunes ante el Supremo una querella por prevaricación contra el magistrado Luciano Varela. Denuncian, apoyándose en las propias resoluciones de Varela, su “falta de imparcialidad”, su “animadversión a Garzón” y la vulneración de leyes internacionales.

El martes se celebrará en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto de apoyo al juez convocado por CC OO y UGT, al que asistirá, entre otros, Pasqual Maragall. El ex presidente catalán, enfermo de alzheimer, encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras.

El ministro de Fomento, José Blanco, declaró ayer sobre el proceso a Garzón que no le gustaría que “los falangistas ganaran de nuevo la batalla”.

Apoyo a Garzón

– Lunes 12. Querella contra el juez Varela por prevaricación.

– Martes 13. Acto de apoyo convocado por CC OO y UGT en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (11.30 h.)

– Miércoles 14. Querella en Argentina contra el genocidio franquista.

– Jueves 15. Encierro de familiares de víctimas.

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An Injustice in Spain

The New York Times – Editorial – 08/04/2010

Spain’s best-known investigative magistrate, Baltasar Garzón, is now being prosecuted in a politically driven case that should have been thrown out of court.

Judge Garzón is charged with ignoring a 1977 amnesty law when he decided to investigate the disappearances of more than 100,000 people during Spain’s 1930s civil war and the decade of Francoist repression that followed. The charges were brought by two far-right groups who fear an open investigation of the Franco-era record. Unfortunately, one of Mr. Garzón’s fellow magistrates sustained the complaint and brought formal charges this week.

As a result, he will now be suspended from his duties pending trial. If convicted, he could be barred from the bench for up to 20 years, effectively ending a career dedicated to holding terrorists and dictators accountable for their crimes. That would please his political enemies, but it would be a travesty of justice.

The real crimes in this case are the disappearances, not Mr. Garzón’s investigation. If, as seems likely, these were crimes against humanity under international law, Spain’s 1977 amnesty could not legally absolve them. The suspected perpetrators are all dead, and Mr. Garzón long ago halted his investigation, passing jurisdiction to local Spanish courts in the areas where the victims were exhumed.

Mr. Garzón is a fearless and controversial prosecutor who has made many enemies over the years. He has brought cases against Basque and Al Qaeda terrorists, powerful Spanish politicians, Latin American dictators and Russian mafia thugs.

High-profile cases, like his bid to try the former Chilean dictator Augusto Pinochet, appeal to him, and sometimes he overreaches. But his consistent goal has been to deny impunity to the powerful and expand the scope of international human rights law.

Mr. Garzón should be allowed to resume that work at the earliest possible date. Spain needs an honest accounting of its troubled past, not prosecution of those who have the courage to demand it.

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Garzón, Prego y el Valle de Franco

Félix Población – Público – 08/04/2010

Ahora que ante la perplejidad y reprobación de los más cualificados medios de información internacionales tenemos al juez Baltasar Garzón camino del banquillo por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, a requerimiento de los familiares de las víctimas enterradas sin sepultura en las fosas comunes y cunetas de España, es momento de recordar al magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Olvier, ponente del auto que admitió a trámite la querella de Falange Española contra el juez.

Sabemos, porque se publicó en su día, que Prego fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española, que puso a caldo el Estatut de Cataluña y la política antiterrorista de Zapatero durante la primera legislatura. Que Prego firmó asimismo un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Histórica, en consonancia con su criterio de que la Guerra Civil no la motivó la sublevación franquista sino la llamada Revolución de Octubre de 1934, por lo que el golpe franquista fue una contrarrevolución.

Pero lo que más nos debe llamar la atención, ahora que una inhabilitación de hasta veinte años puede pesar sobre Baltasar Garzón, son los artículos suscritos por don Adolfo en la revista Altar Mayor de la Hermandad del Valle de los Caídos, en cuyo faraónico escenario, construido por presidarios republicanos en durísimas jornadas de trabajo, están enterrados el general dictador y el máximo dirigente de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura cifra en 33.847 los restos documentados de víctimas del conflicto, todos pertenecientes al bando sublevado. Junto a ellos pueden hallarse entre 15.000 y 40.000 víctimas republicanas sin identificar, cuyos huesos fueron trasladados en los años sesenta a Cuelgamuros, sin permiso de sus familiares, después de haber sido desenterrados de las fosas comunes en que se encontraban.

Lo que el juez Baltasar Garzó ha pretendido, y por lo que se le va a sentar en el banquillo, es reparar la dignidad y la memoria de tantos muertos sin nombre, muchos de ellos víctimas de la vesania falangista, a quienes los vencedores propinaron como última y más grave ofensa la de ser enterrados junto a los máximos cabecillas de sus verdugos.

Sobre esa oscura memoria, insólita en el mundo, ¿cómo se puede pregonar, según reza el artículo primero de la Hermandad del Valle de los Caídos, que su fundación obedece al propósito de mantener vivo el mensaje de paz y reconciliación que pregona el grandioso símbolo cristiano erigido en Cuelgamuros? ¿Será porque visitó la basílica el cardenal Joseph Ratzinger en 1989?

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Un caso para la historia universal de la infamia

Marco Schwartz – Público – 08/04/2010

En unos hechos que pasarán a la historia universal de la infamia, un magistrado del Supremo, Luciano Varela, pide sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón por haber intentado abrir una causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado considera que Garzón cometió prevaricación y, para que no queden dudas sobre la gravedad de la ‘ofensa’, tipifica el delito en su vertiente más severa (artículo 446.3 del Código Penal), que supondría la inhabilitación del juez por 12 a 20 años, en lugar de aplicar el artículo 447, de “imprudencia grave”, que reduce el castigo a entre dos y seis años.
El verdadero delito de Garzón fue intentar desanudar el legado franquista del “atado y bien atado”, para lo cual utilizó todos los recursos y plazos jurídicos a su alcance hasta que, atendiendo las órdenes de la Audiencia, se inhibió de la causa y remitió el expediente a los juzgados ordinarios concernidos. Con posterioridad, dos organizaciones de ultraderecha promovieron contra el juez la querella que ahora amenaza con hundir su carrera. Y esto sucede mientras la Falange, uno de los acusadores, continúa montando con total impunidad actos de enaltecimiento de la dictadura.

El auto del magistrado Varela constituye una advertencia tajante a todo juez que pretenda husmear en los crímenes del franquismo: en la España del siglo XXI existen aún líneas rojas que no se pueden cruzar. Alemania pudo juzgar el nazismo porque Hitler perdió la guerra. En España, Franco ganó, mandó durante casi cuatro décadas y, por lo visto, continúa victorioso 35 años después de su muerte. Una ley preconstitucional de aministía aún funciona como muro contra la verdad y la justicia. Algo falla en una democracia donde cabe semejante afrenta y humillación.

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Querella contra Luciano Varela por prevaricación

Asociaciones por la memoria presentarán el escrito el lunes

Luciano Varela, a su llegada ayer al Tribunal Supremo. – EFE

PERE RUSIÑOL – Público – 09/04/2010 08:00

El proceso contra Baltasar Garzón por querer investigar el franquismo vivirá el lunes un capítulo imprevisto que aspira a alterar el final anunciado: varias asociaciones de víctimas presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez instructor, Luciano Varela. El escrito se basa en buena parte en la propia doctrina del magistrado.

Las asociaciones de víctimas habían explorado ya varias vías para tratar de influir en una causa que, de prosperar, no sólo supondría un mazazo para Garzón, sino sobre todo para sus aspiraciones de justicia y reparación.

Las víctimas han presentado ya recusaciones de magistrados como Adolfo Prego ponente del auto de admisión a trámite de la causa contra Garzón y firmante de un manifiesto contra la memoria histórica, han denunciado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra y han acudido al Tribunal Constitucional pidiendo ampara para que se les acepte en la causa y la paralice mientras delibera al respecto. Pero todavía no habían ido contra el elemento central del proceso que ha armado todo el argumentario de la causa: el mismo juez instructor.

El lunes, sin embargo, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca, presididas por Manuel Perona y Maria Antònia Oliver, respectivamente, tienen previsto registrar en el Tribunal Supremo una querella contra Varela por prevaricación. El escrito, de 40 folios, toma como base el auto del 3 de febrero redactado por el magistrado en el que mantiene abierta la causa contra Garzón y, aplicando los criterios definidos por el propio Varela en una sentencia de 2009, deduce que el magistrado ha prevaricado.

“Creemos que se está prevaricando y los efectos son terribles para nosotros: el proceso dejaría desamparados a las víctimas y a sus familiares”, advierte Perona. Y añade: “Estamos aterrorizados ante la posibilidad de que quiera cerrarse el periodo cuando aún hay miles de desaparecidos. Da la impresión terrible de que las víctimas vuelven a ser juzgadas”.

Errores en el auto

La querella, que quedará abierta a adhesiones de otras entidades, subraya algunos errores del auto de Varela que le sirvieron a éste para argumentar jurídicamente su decisión: por ejemplo, recalca que Garzón respondió a las quejas del Consejo General del Poder Judicial en una fecha distinta a lo que señala el auto. O insiste en que Garzón no firmó una providencia clave que en cambio el auto sí le atribuye.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía tomada la decisión de ir adelante con el caso y que toda su argumentación sería consecuencia de esta determinación inicial. Por eso le atribuyen prevaricación: por desdeñar todo lo que no facilite su supuesto objetivo y amplificar lo que lo facilite, por irrelevante que sea desde el punto de vista jurídico.

En el primer caso se enumeran todos los tratados internacionales que España ha suscrito y que le obligan a investigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio por mucho que aprobara en 1977 la Ley de Amnistía, además de interpretaciones sobre esta norma del propio Constitucional.

En el segundo, se señala entre otros el absurdo de basar parte de la argumentación contra Garzón en su disonancia con la fiscalía cuando ésta se opone igualmente a sentar en el banquillo al magistrado.

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Las víctimas de Franco apelan a la justicia argentina

Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio

DIEGO BARCALA – Público – 09/04/2010 00:20

Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.

“Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga”, advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.

“El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes”, explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio “político, social y cultural”.

Ministros de Franco vivos

Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. “Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración”, asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.

Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.

En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.

Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.

El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.

Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.

Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. “Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur”, razona.

Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón.

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Solicitud de ayuda

MIGUEL HERNÁNDEZ ALEPUZ – El País – 09/04/2010

Dado que en España no es posible investigar los crímenes del franquismo, dado que la ley de punto final hispana está por encima de los tratados internacionales firmados por el Estado español en materia de derechos humanos, dado que las cunetas siguen llenas de injusticia y los familiares seguimos llenos de memoria, me atrevo a pedirle un favor a Argentina y a Chile: que nos devuelvan el favor.

Solicito que abogados de estos países denuncien al Estado español por no investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los franquistas, ya que continúan impunes. Que se abran las fosas, que se anulen las sentencias de muerte, que se haga justicia. España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos, tras la Camboya de Pol Pot y sus montañas de calaveras. Miles de niños fueron secuestrados por los asesinos y torturadores de sus padres. Por favor, ayudadnos.

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Oña afirma que el campo andaluz “estaba mejor con Franco que ahora”

El PP abandona unos minutos el hemiciclo después de que el PSOE le vinculase con el franquismo

El País – 08/04/2010

La portavoz del PP, Esperanza Oña, ha dicho hoy en el Parlamento que el campo andaluz “estaba mejor con Franco que ahora”, a lo que el diputado socialista, Juan Antonio Cebrián, ha respondido que el “problema es que ustedes (por el PP) estaban mejor entonces (por el régimen de Franco) que ahora, que están en la oposición”. La vinculación entre el PP y el franquismo que ha establecido ha provocado un enfrentamiento dialéctico entre Javier Arenas y la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, y el abandono del hemiciclo de la bancada popular.

El incidente se ha producido durante el debate de una proposición no de ley relativa a la rectificación del decreto de reducción de peonadas para los jornaleros andaluces. Al concluir su intervención, Oña ha pedido la palabra. “No se olvide que somos un partido democrático”, ha dicho tras solicitar una rectificación al socialista, que no ha sido satisfecha. Los populares han abandonado el pleno al unísono. A su vuelta, minutos después, Javier Arenas ha pedido la palabra en medio de los incesantes aplausos de los socialistas a su diputado: “Me ampara el reglamento para pedir una cuestión de orden”, a lo que Coves se ha negado inicialmente.

Finalmente, tras varios tiras y aflojas, Arenas ha intervenido para indicar que se sentían “gravemente ofendidos” por las alusiones. “Nuestra formación tiene treinta años de vida, está unida al compromiso democrático y bajo ningún concepto aceptamos que nadie cuestione ese compromiso con la democracia”. Arenas ha exigido la retirada de las “ofensas o que la Presidencia decida eliminar del diario de sesiones la frase”.