La admisión de la tercera querella amenaza la continuidad del juez en la Audiencia
JULIO M. LÁZARO – El País – 26/02/2010
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió ayer la querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama corrupta Gürtel con sus abogados. La admisión de esta tercera querella contra Garzón en menos de un año y, sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15 magistrados titulares de la Sala, de todas las tendencias, amenaza seriamente la continuidad de Garzón como juez de la Audiencia Nacional.
El magistrado, que se esperaba ya la decisión de la Sala, declaró a EL PAÍS: “Voy a seguir mientras pueda trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar”, remachó. De sus palabras se desprende que Garzón no va a rehuir la pelea en el Supremo, por más que esta decisión entraña que en breve será suspendido de funciones quizá durante años, y que se arriesga a que recaigan sobre él severas penas de inhabilitación como juez.
De haber optado por renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional, perdería el fuero ante el Supremo y las tres causas que tiene abiertas pasarían a ser competencia de un tribunal superior de susticia, donde tendría muchas más posibilidades de salir indemne. En la propia Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega fueron suspendidos de funciones y sometidos a un calvario judicial por haber liberado al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, 15 días antes de su juicio. A partir del momento en que renunciaron a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se diluyeron como por ensalmo.
La querella admitida ayer es la primera que determina la incriminación de un juez por ordenar unas escuchas telefónicas. El Supremo ha invalidado centenares de procesos por escuchas irregulares, pero nunca hasta ayer había admitido una querella contra el juez que las ordenó, aunque también se habían invalidado escuchas en prisión.[leer todo el artículo]
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Las querellas contra el juez Baltasar Garzón
– Investigación de los crímenes del franquismo. Fue presentada en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo. El instructor, el magistrado Luciano Varela, estima que Garzón ignoró la Ley de Memoria Histórica para asumir el control de la localización de las víctimas de la represión y que se saltó la Ley de Amnistía. Considera que eso puede ser prevaricación, castigada con inhabilitación de 12 a 20 años. Los querellantes son el pseudosindicato ultra Manos Limpias (que preside Miguel Bernard), la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Está pendiente de una decisión de la Sala de lo Penal a fin de preparar el juicio oral.
– Los honorarios de Nueva York y un patrocinio. Fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por supuestos cobros irregulares de Baltasar Garzón como profesor distinguido de la Universidad de Nueva York. El Supremo la admitió a trámite. Le acusan de haber obtenido del banco Santander 1,2 millones de euros y luego haber archivado una querella contra el presidente de la entidad bancaria Emilio Botín. El archivo luego fue ratificado por la Audiencia y el Supremo. Los 1,2 millones fueron en realidad 216.000 euros, y no fueron al bolsillo del juez, sino que sirvieron para patrocinar unos coloquios en la universidad. Es la tercera vez que el Supremo estudia el caso, que ya fue archivado por la propia Sala Penal y por el Consejo General del Poder Judicial.
– Las escuchas en prisión a la trama Gürtel. El Supremo la admitió a trámite ayer. La presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor del constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. En ese sumario constan datos sobre su amistad con Francisco Correa, jefe de la trama, y sobre el supuesto pago de comisiones a políticos para obtener concursos públicos. Peláez (ex fiscal en la Audiencia Nacional en los casos Sogecable y Pinochet, y que fue juzgado y absuelto en el caso de la carta falsa de Los Albertos) dice que Garzón habría prevaricado al autorizar la grabación de las conversaciones de los imputados con sus abogados en la cárcel. Su cliente, Ulibarri, no está entre ellos.
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“La trama corrupta pide anular el proceso”