“Los españoles no reconocemos nuestro propio genocidio”

Gustavo García Abogado español que ha abierto la ‘vía argentina’ contra el franquismo

ANA DELICADO – Público – 01/05/2010

El letrado Gustavo García. -  A.D.

El letrado Gustavo García. – A.D.

El abogado español Gustavo García entregó el pasado viernes en los tribunales de Buenos Aires una ampliación de la querella que el pasado 14 de abril solicitaba, por primera vez en Argentina, que se juzguen los crímenes del franquismo. A las cuatro víctimas que presentaba esta primera causa, García suma ahora 4.500 gallegos que fueron asesinados por los responsables de la dictadura.

¿Cuál es la base de su demanda?

Vamos a denunciar que hubo un genocidio en Galicia, como así en España.

¿En qué consistió el genocidio en Galicia?

Allí no hubo una guerra, porque a los dos días del alzamiento franquista se acabó la resistencia. Así comenzó una matanza vil y unilateral. Según el escritor Alfonso Rodríguez Castelao, se mató a 30.000 personas, y según la memoria histórica, a unas 25.000.

¿Por qué también debe hablarse de genocidio en España?

Siempre digo que los armenios tienen un problema tremendo porque los turcos no admiten el genocidio que cometieron. Los españoles tenemos un problema peor, porque no reconocemos nuestro propio genocidio.

Hay quienes alegan que se cometieron atrocidades en ambos bandos.

En Galicia no se puede decir eso, porque nadie se enfrentó a quienes ya gobernaban. Además, el bando nacional decidió una política de exterminio, pero los republicanos no hacían eso, no tomaban Guadalajara y planeaban arrasar con todo. En la querella se presentan frases que dijo Franco, como la de: “vamos a exterminar a todos los que no piensan como nosotros”. No son comparables los crímenes de un lado y los del otro.

¿Cómo surgió la iniciativa de ampliar la querella?

En 2006 la conselleira de Cultura, Ángela Bugallo, con mucho dinero público, ordenó a tres universidades gallegas (Vigo, Santiago y A Coruña) un proyecto que se llama Los nombres, los lugares, las voces, que trata de recopilar los casos de los gallegos víctimas del franquismo.

¿Cuál fue la evolución de ese programa?

Cuando Garzón abrió una causa para investigar los crímenes de la dictadura, la Consellería de Cultura aportó los datos de 3.800 gallegos. Ahora, una de cuyas primeras decisiones del Gobierno de Núñez Feijóo fue la de quitar toda la financiación pública al proyecto.

¿Por qué ha dicho en una ocasión que este no es un problema de derechas o izquierdas?

Nuestro país es diferente de lo que hubiera podido ser sin el exterminio. Si a los 25.000 gallegos, que eran lo mejor de la sociedad, no los hubieran masacrado, Galicia no sería la de hoy. A España no sólo le faltan las mejores cabezas pensantes, sino que además vivimos 40 años de terror absoluto.

Podemos y debemos

BENJAMÍN FORCANO – El País – 01/05/2010

Estamos en democracia. Y, en consecuencia, debemos admitir como ciertos los siguientes hechos: 1. Las Cortes Españolas aprobaron una ley de amnistía para: “Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuere su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976”. 2. Tal amnistía fue expresión de todos los españoles, quienes, a través de sus representantes, la sellaron como ley. 3. No es seguro que dicha ley quede anulada por otras leyes internacionales superiores. 4. El juez Garzón intenta hacer justicia a las víctimas vencidas de la guerra sin ir contra esa ley, en el sentido de no reclamar procesos ni juicios contra nadie, sino simplemente conseguir que la sociedad española haga con todos lo que hizo con una sola parte: reconocer a las víctimas y darles honrada y familiar sepultura. 5. El tribunal Supremo tiene competencia para intervenir con toda legitimidad y valorar si dicho juez traspasó los límites de su poder y puede decidir, aun equivocándose, pero cumple correctamente con su función. 6. Los ciudadanos pueden con argumentos y razones discrepar de dicha decisión pero no por ello pueden dejar de acatarla.

Dado como supuesto este cuadro legal democrático, pienso que unos y otros, en este momento, debemos reconocer un hecho de capital importancia: lo pasado está bien hecho y acaso pudo darse por cerrado ese ciclo histórico, sin abrir el debate de la memoria histórica, que acabó en ley. Hubiera sido una opción. Pero -y esto es lo nuevo- las leyes no son absolutas ni nos atan y pueden interpelar a la sociedad por nuevas circunstancias. El hecho mayor es que estamos ahora en disposición de afrontar juntos, mirando al futuro, sin odios inútiles, esa locura colectiva, con víctimas vencedoras y víctimas vencidas, y entender que todas las víctimas tienen el derecho en familiares y amigos, y en la misma sociedad a ser reconocidas y tratadas en digna sepultura.

Este debiera ser el sentir de un gran gesto colectivo, magnánimo, impregnado de pesar mutuo y de compromiso por no reincidir en las causas que nos llevaron a tan desgraciado enfrentamiento. La sanación de nuestras heridas y afianzamiento de nuestra democracia debiera cogernos a todos con la mirada, corazón y manos abiertas, para sentirnos reconocidos, perdonados, integrados y nunca más excluidos. Esto puede que vaya más allá de la legalidad establecida, pero hay que acogerlo como imperativo moral que surge del corazón y contribuye a fortificar el futuro de nuestra democracia. ¡Podemos y debemos.

Memoria y futuros posibles

EDUARDO JOZAMI – El País –  01/05/2010

Ensayo. La consagración del Holocausto como episodio central de la historia del siglo XX, la proliferación de museos y monumentos en lugares asociados con el horror o la acumulación de testimonios de las víctimas caracterizan un potente impulso de memoria que atraviesa las fronteras: una búsqueda permanente del pasado que no es ajena a la sensación de fugacidad con que vivimos el presente. En una época cuyo sentido común celebra la crisis del sentido histórico y las reflexiones más profundas compiten con las visiones apologéticas que obturan el pasado para descartar toda posibilidad de transformar el presente, se multiplican los textos sobre la memoria. Entre ellos, el libro compilado por Ricard Vinyes que desde hace algunas semanas circula en Buenos Aires no es uno más.

El Estado y la Memoria, con una vocación comparatista que no es frecuente en estos estudios, reúne trabajos sobre realidades europeas bien distintas y concede un espacio significativo a los países del Cono Sur. Aunque el artículo introductorio de Vinyes no sobrestima los logros del proceso que llevó a la sanción de la Ley de Memoria Histórica en la Península y cita declaraciones del Gobierno español que no se compadecen con el espíritu de esa norma, es interesante observar que dicha ley se aparta de la orientación fijada a inicios de la transición y expresa la necesidad de recuperar los valores de la tradición democrática para orientar los procesos políticos del presente. No es esta la línea en otros países de Europa, donde el rasgo más notable del discurso sobre memoria es la despolitización. Filipo Foccardi cuestiona el intento de los dirigentes democráticos italianos de construir una memoria compartida que impediría la toma de conciencia sobre las culpas del fascismo.

La perspectiva que anima el artículo de Vinyes, y otros sobre la experiencia española, permite coincidencias con algunos textos sobre Argentina y Chile que podrían considerarse sorprendentes, puesto que en estos países las dictaduras son más recientes y -con más claridad en el caso argentino- aún se persigue judicialmente a sus responsables. Si en España la insistencia en privilegiar la consideración de las víctimas, por sobre los valores y políticas en juego, llevó de hecho a equiparar democracia y dictadura, Emilio Crenzel señala que las Comisiones de Verdad que actuaron en los dos países sudamericanos, inspiradas en un discurso humanitario para condenar a las dictaduras, justificaron en parte la intervención militar en Chile y legitimaron la explicación dictatorial sobre la insurgencia en el caso argentino.

Luego de analizar los diferentes momentos por los que atravesó Argentina, desde la llamada teoría de los dos demonios -que condenaba la violencia sin diferenciar entre la dictadura y quienes la combatían- hasta el Gobierno de Kirchner que en 2003 impulsó el juicio a los responsables del terrorismo de Estado, Lila Pastoriza coincide con Vinyes en los riesgos de las políticas fundadas sólo en el dolor de las víctimas. En su opinión, el relato dominante olvida que existió en los años setenta un importante intento de transformación de la sociedad y que es imposible entender la dictadura argentina sin restablecer en ese punto la verdad histórica.

¿La política pública de memoria que reclaman los autores citados no implica el riesgo de que en esa tarea -como teme el francés Jean Claude Duclos- el Estado reemplace a la sociedad? Para Vinyes estas políticas no pueden imponer un deber de memoria que sostenga un discurso único e impida la creatividad social. Por eso, el Memorial Democrático de Cataluña no tendrá su Exposición Permanente que consolida un discurso sino que se piensa como un ágora -espacio de los antagonismos, abandono del canon- que estimule el pensamiento y el debate. Criterio orientador que suscribimos puesto que, como escribe la chilena Isabel Piper: “Lo que está en pugna no son sólo las interpretaciones del pasado, sino los significados de lo que somos como sociedad y de nuestros futuros posibles”

El Estado y la Memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la Historia

Ricard Vinyes (editor)

RBA. Barcelona, 2009

656 páginas. 40 euros

“Tárdase en facer a historia sobre o franquismo porque implica dar nomes”

ENTREVISTA: Luces RICARDO GURRIARÁN Historiador

DANIEL SALGADO El País – 30/04/2010

A historia analizada por Gurriarán durante os últimos anos aconteceu entre 1967 e 1968. Foi cando as folgas universitarias incorporaron os estudantes ao antifranquismo e os mozos comezaron a emancipación xeracional

Con Inmunda escoria (Xerais), o historiador Ricardo Gurriarán (O Barco, 1953) completou analiticamente a súa investigación sobre a universidade galega que desembocou nas folgas de marzo de 1968. Antes comisario da exposición Do Gaudeamus Igitur ao Venceremos nós e coordinador de 1968 en Compostela. 16 testemuños, para Gurriarán o 68 supón a incorporación dos estudantes ao antifranquismo.

Pregunta. Como é a universida que sobrevive á Guerra Civil?

Resposta. A partir de 1939, a concepción da universidade pública é diferente. E para entender o 68 hai que ter en conta o marco que estabelecen os vencedores da Guerra Civil, con tres elementos susbtanciais: a creación dun sindicato único para controlar o estudantado; o acceso á docencia por méritos de guerra e a Ley de Ordenación Universitaria, de 1943, na que se visualiza o poder académico como elo do poder franquista.

P. Nese escenario, cando aperecen as primeiras protestas?

R. Os primeiros movementos teñen signo faccioso no curso 42-43. Un reitor de veleidades monárquicas juanistas, Ruiz del Castillo, é destituído pola Falange, que coloca a Lacambra. Durará até 1960, cando o substituirá Echeverri. Dáse unha marcaxe sobre o profesorado non franquista. Baltar ou Villanueva son encarcerados en 1948.

P. Tarda en manifestarse a esquerda?

R. Unha importante inflexión é a mobilización do ano 53, espontánea, contra o SEU. Foi a primeira vez que unha protesta universitaria transcendeu á cidadanía. Houbo expedientes e informes do SEU de calado político. Agromou o asociacionismo de Acción Católica e a presenza, dende 1949, do arcebispo Quiroga Palacios. Ramón Piñeiro foi outro pivote importante. Pero a disidencia organizada non comparece até os 60 cos cristiáns na órbita do Concilio Vaticano II.

P. Na historiografía española, a expulsión dos catedráticos Aranguren, García Calvo e Tierno Galván marcou a universidade. Reflectiuse aquí?

R. En Compostela ten eco. Coincide coa caída do SEU e coa elevación á categoría científica do Ministerio de Educación. Os sucesos abriron para o estudantado a posibilidade de autoorganizarse. Coñecéronse as expulsións e dúas ou tres ducias de alumnos intensificaron o activismo protopolítico para visualizar do terreo de xogo: a ditadura. Entre 1965 e 1968 a universidade galega incorpórase á loita antifranquista.

P. Plántase a semente do 68.

R. Efectivamente. Os estudantes decátanse de que a cultura é unha ferramenta de axitación moi importante e comezan a promover actos sobre Machado, sobre a mocidade actual, o concerto de Raimon cun grandísimo impacto en case un 25% da universidade, o cineclube, unha conferencia de Aranguren…

P. E cal foi o significado do 68 compostelán?

R. A permeabilidade do estudantado para crear conciencia antifranquista. Non só no ámbito estritamente académico ou político, senón tamén nas relacións familiares, entre xéneros, entre alumnos e profesores… Confórmase un novo escenario.

P. Ao 68 seguiuno unha represión intensa?

R. Son feitos obxectivábeis. O reitor Echeverri cae en xullo e o daquela gobernador civil Avendaño Porrúa, a quen non puíden entrevistar, comunicoume por terceiros que a súa destitución fora por convocar aos alumnos a unha reunión no Goberno Civil da Coruña a finais de marzo de 1968. Estamos na desfeita do franquismo e na aparición do conservadurismo político que tece Fraga coa súa rede política en Galicia, un franquismo residual. De feito, os cadros do SEU aparecen en segunda liña das Xuntas de Fraga.

P. Até o bipartito en 2005.

R. Hai unha tapadeira na Transición, tinxida de constitucionalismo daquela maneira porque AP votou como votou, que impide que as capas do 68 galego cheguen ao poder.

P. Houbo coincidencias entre Galicia e o 68 mundial?

R. Hai pinceladas: a música west coast, os cantautores americanos contra a guerra de Vietnam, os cantores portugueses ou Raimon. Un aspecto social de consumo da cultura para trasladar inquedanzas, significados. As loitas anticoloniais, o Che -houbo quen lle quixo facer unha misa en 1967. O marco é diferente, pero non esquezamos que o maio francés empezou pola reivindicación de que as nenas pasasen ás residencias.

P. As mobilizacions de marzo de 1968 excederon os muros da universidade?

R. Houbo permeabilidade da cidade de Santiago, souberon xogar coa prensa. Os cregos chegaron a poñerse á fronte das reivindicacións estudantís e tivo calado. E as Comisións Obreiras clandestinas apoiaron.

P. Non hai voces do lado da represión, alén de dous policías.

R. Tentei entrevistar a persoas clave e non foi posíbel: o gobernador civil; o secretario xeral da universidade; Frutos, fedatario das negociacións entre reitor e estudantes; o presidente de distrito do SEU, Ricardo Fernández Castro, ou o logo xornalista Martínez Couselo. Si entrevistei ao rector Garrido ou a estudantes que non estaban na folga.

P. Aínda non queren falar?

R. Ten que ver coa Transición non pechada ou coa Ley de Archivos que ampara a ditadura. A xente aínda non consolidou no seu maxín que estamos nunha democracia. E falo de xente representativa: as vías que percorrín para entrevistar polícías foron de impresión e non houbo forma.

P. Con todo, o traballo documental palía esas carencias.

R. Había unha base de panfletos, revistas como Nova Galicia ou boletíns na Fundación 10 de Marzo coas que estabelecín a cronoloxía. E logo, material das persoas entrevistadas. Os informes policiais e falanxistas tamén proceden da fundación, cando hai dez anos non había tanto rigor no cumprimento da lexislación e alguén fotocopiounos e depositounos alí… Pero non puíden entrar máis que nalgunha das actas do Ministerio de Educación.

P. Por que se tardou tanto en anular os expedientes abertos no 68?

R. Existiron reitores democráticos antes do actual e realmente non entendo porque ese capítulo non foi pechado ao seu debido tempo. O reitor Senen Barro supuxo un avance.

P. Inmunda escoria retrata unha universidade anacrónica.

R. A Universidade de Santiago era doméstica. Na República, con Cadarso, era a universidade periférica con máis produción científica incluídas mulleres. Logo de 1939, até o 60, o número de matriculados foi igual que o do período republicano.

P. Cando se reincorpora a universidade galega á contemporaneidade?

R. Hai que agardar á Transición, a nivel de infraestruturas e de práctica científica extensiva, facultades novas… Pero hai que dicir que no período de Echeverri houbo un incremento de facultades que non se daba dende 1922, cunha contraprestación: Franco, Doctor Honoris Causa.

P. Onde se materializa a herdanza do 68 galego?

R. Queda a nostalxia e nalgúns casos segue o compromiso asociativo, político, nas diferentes maneiras de canalizalo.

P. Pero derivou nunha maneira de pensar a política?

R. Do 68 a xente leva impresa a necesidade de cambio social e político e a conciencia de que cada un é un peón para ese obxectivo. O pesimismo posterior configurou mirar para outro lado, pero a xente segue comprometida co progreso. Son fabas contadas os conservadores.

P. O ex conselleiro de Pesca con Fraga, Enrique López Veiga.

R. Por exemplo, pero son fabas contadas.

P. Por que se demora a historia do franquismo en Galicia?

R. Incorporámomos tarde a todo. A historiografía centrouse na propiedade da terra e en estudos anteriores ao século XX. Agora están a abrirse liñas de investigación interesantes. Pesa moito ter que dar nomes e é moi difícil facer análise histórica sen nomes. Custa, porque hai fillos vivos e existen problemas, como pasou con Dionisio Pereira.

P. A hexemonía conservadora influíu?

R. Claro, a figura dun Fraga Iribarne. Pero agora estánse dando as condicións. Ediciós do Castro fixo un labor fundamental para dar a coñecer o que aconteceu, a xente comeza a se organizar. Pero o estudo do franquismo está por facer.

La ONU amonestó tres veces a España por la Ley de Amnistía

Reprobó al Gobierno el año pasado por mantener la norma de 1977, no investigar el franquismo y descuidar a las víctimas

Rita Barberá prohíbe el himno de Riego en un homenaje a las víctimas de Franco porque “turba” a la gente.

PERE RUSIÑOL – Público – 19/04/2010 06:00

La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas.

Durante 30 años, la Transición sólo había dado motivos de satisfacción a la diplomacia española ante la cascada de elogios que cosechaba. Pero la imposibilidad del juez Baltasar Garzón de seguir adelante con su causa para investigar los crímenes del franquismo se le negó la competencia a finales de 2008 y el Tribunal Supremo quiere juzgarlo ahora por supuesta prevaricación ha puesto por vez primera la Ley de Amnistía en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ante la interpretación que se está haciendo de la

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el primero en amonestar a España y lo hizo en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, muestra “preocupación” por “el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía” de 1977 y recuerda que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” y que las amnistías “relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto”.

Comisión de expertos

El comité sugirió “la derogación de la Ley de Amnistía”. Y también “tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”, crear una comisión de expertos independientes “encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura” y “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

La diplomacia española contestó indignada el 8 de enero, tan sólo tres días después: lamentó la alusión y la atribuyó al “desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía”: “[El comité] está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia a España. La citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978”, sostiene el documento remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La réplica no tuvo efecto. El 19 de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar explícitamente la norma porque “el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción”.

A continuación, la exigencia: “El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”.

La última tarjeta amarilla llegó el 21 de diciembre, sólo 44 días antes del auto por el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela seguía adelante con la querella contra Garzón acusándolo de prevaricar por su interpretación de la Ley de Amnistía.

“No es una ley de punto final”

En sus conclusiones sobre España, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y concluye con dos exigencias al Gobierno socialista: “Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad”. Y que se realizarán “investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”.

Ni el Comité de Derechos Humanos ni los grupos de trabajo de la ONU tienen valor vinculante, pero sus resoluciones tienen una gran importancia moral y los estados no escatiman esfuerzos diplomáticos para salir bien parados.

España presentó una larga lista de alegaciones, en las que pedía que no se confundiera “la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final”, como las de Argentina y Chile, que impidieron iniciar procesos judiciales contra los regímenes dictatoriales anteriores. Es decir, el Ejecutivo precisó que la ley de 1977 no es una ley de impunidad.

Pese a que el 60% de los juzgados que recibieron partes de la causa de Garzón han archivado el caso sin investigar ni citar a las víctimas y el resto está en stand by, el Gobierno replica así a la ONU: “La investigación de las desapariciones forzadas se ha realizado siempre que haya sido instada por los interesados, y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de Amnistía”.

Un frente cada vez más amplio

La comprensión hacia la Ley de Amnistía ha cambiado tanto a nivel internacional que ya forma parte de la agenda de las grandes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lleva años exigiendo que se aborde el asunto, y Human Rights Watch. La causa contra Garzón ha actuado como acelerador. El mes pasado, esta última organización, con sede central en EEUU, inició así su comunicado: “Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”.

El frente internacional de acoso a la Ley de Amnistía se amplió también a finales de 2009 con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hace referencia a España, sino a Turquía, pero las argumentaciones son tan rotundas que han alimentado las esperanzas de los abogados de derechos humanos en relación con España y han sido incorporadas a la querella presentada en Buenos Aires.

“Aunque el transcurso de más de 34 años sin noticias de las personas desaparecidas puede constituir un fuerte elemento de prueba circunstancial de que estas han muerto durante este lapso, ello no suprime la obligación procesal de investigar”, sostiene el Tribunal de Estrasburgo. Y tras recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, concluye que “ha habido una violación continua del artículo 2 [del Estatuto de Roma] por el hecho de que el Estado demandado no procedió a realizar una investigación efectiva destinada a aclarar el destino de los nueve hombres que desaparecieron en 1974”.

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Los compromisos de España que obligan a investigar

Las querellas se apoyan en la jurisprudencia internacional
Las querellas presentadas por asociaciones de víctimas contra Luciano Varela -en el Tribunal Supremo- y contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo -en Buenos Aires- coinciden en subrayar que España ignora varios convenios que ha firmado y que le obligan a investigar, pese a la Ley de Amnistía de 1977. El magistrado Baltasar Garzón incluyó en su auto el balance provisional de víctimas de la dictadura que hicieron los peritos designados para la causa: entre 136.062 y 152.237 muertos.

Los principios del Convenio Europeo de derechos humanos
En 1950, en Roma, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que España firmó el 4 de octubre de 1979. En su artículo 7. 2, se explicita que “no se impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

Castigo para los responsables de los crímenes
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 (y que España ratificó ese año), establece ya en su preámbulo que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (…) no deben quedar sin castigo (…). Y se recuerda “que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

El Estado debe proteger a las víctimas
La Asamblea General del 16 de diciembre de 2005 de la ONU aprobó los llamados ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos’. El texto reconoce a las víctimas el derecho al “acceso igual y efectivo a la Justicia, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido” y a la información “sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”. Tales obligaciones “deberán reflejarse” en el derecho de cada país. La resolución obliga a los estados a “establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación”.

No cabe anmistía para una desaparición
La Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por España, estipula que “el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos”.

“Es obsceno y ampara el adulterio”

Cursis, ‘snobs’, rojos, puercos o malos escritores – Así describen los informes de los censores en las dos últimas décadas de la dictadura a los grandes autores españoles

DANIEL VERDÚ – Madrid – 18/04/2010

El informe de Fiestas.- ANTONIO GABRIEL

Poetas malos, cursis y snobs. Escritores resentidos que leían y veían marranadas cuando salían al extranjero a puerquear con mujeres fáciles. Rojos. Pseudointelectuales. Esquizofrénicos que escupían alusiones vejatorias a la cruzada en la guerra de liberación. De entre todos ellos, de entre ese hatajo de perdedores, quien más quien menos tiene hoy el Premio Nacional de las Letras o el Cervantes. Autores como Juan Marsé, Francisco Ayala, Antonio Gamoneda o Jaime Gil de Biedma soportaron el lápiz censor de un ejército de lectores a los que nadie conocía -muchos curas y ex militares- que firmaban con un cobarde número para prohibir o ridiculizar sus obras. Porque así era, literalmente, como el régimen les describía a ellos y a sus textos.

Hoy, todos esos informes permanecen en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (el tercero más grande del mundo). Un enorme edificio en cuyos 200 kilómetros de estanterías descansan muchos de los secretos de la dictadura. EL PAÍS ha tenido acceso a los papeles que contienen el intento de cortocircuitar la explosión literaria de la España de los 20 últimos años del franquismo. Sacados de contexto pueden sonar hasta graciosos.

“Los de siempre es domingo, boîtes, planes, clubs, meretrices, infidelidades, queja y crítica de todo. La novela tiene bastante bilis política. El autor parece ser de aquellos pseudointelectuales que cuando salen al extranjero leen y ven marranadas y puerquean con mujeres fáciles”. Pese a la fina reseña que realizó Don 29, el censor señaló sólo 22 páginas donde había que realizar tachaduras y autorizó la edición en 1962 de Esta cara de la luna, de Juan Marsé.

Un poco más le costó al autor catalán publicar Últimas tardes con Teresa. Cuando se la denegaron, se citó con Carlos Robles Piquer, entonces director general de Cultura Popular y Espectáculos para tratar de convencerle. “Me recibió y fue muy gentil. Me dijo que quitara algunas palabrejas y lo del ‘bigotillo con aire de alférez provisonal’ de uno de los personajes. Eso lo dejé y, al final, salió”, explica por teléfono el último premio Cervantes. Más adelante, con Si te dicen que caí, no tuvo tanta suerte. “De la Cierva [el siguiente responsable del área] jugó conmigo a que hacía lo imposible para que se publicara. Luego supe que en realidad no hizo gran cosa, porque no había mucho que hacer. Me dijo que había estado encima de la mesa de un Consejo de Ministros, se puso como ejemplo de lo que había que vigilar”, recuerda Marsé.

Soplaban vientos de aperturismo. El régimen jugaba a la tolerancia, y con la “ley Fraga”, muchos editores empezaron a publicar las obras sin pasar por consulta. Arriesgarse era menos arriesgado. “Con el secuestro de varios libros habíamos sufrido un perjuicio económico enorme. Pero con la política de hechos consumados se podían publicar títulos más incómodos. Si los secuestraban, salía la noticia en la prensa, y la imagen aperturista del régimen quedaba dañada en el extranjero”, recuerda el editor y dueño de Anagrama, Jorge Herralde que, pese a todo, fue procesado, condenado y luego indultado por el libro Los tupamaros.

Paradójicamente, algunos libros de Anagrama poco acordes con el régimen, como Estrategia judicial en los procesos políticos, de Jaques M. Vergès, que defendía el papel del acusado como acusador del tribunal y que coincidió escandalosamente con el Proceso de Burgos, no tuvieron ningún problema. Cosas de la caprichosa y torpe censura.

Lo de los hechos consumados no funcionaba con algunos autores. Al amigo de Marsé, el poeta Jaime Gil de Biedma, no le podían ni ver. “El autor, poeta cursi y snob, cuenta cómo regresó de Manila con una tuberculosis incipiente, y los tres meses que pasó en La Nava haciendo reposo para curarse. Como se ve, tema interesantísimo. El libro es anodino, vacío y sin interés, con ninguna religión, casi ninguna política y una grosería inigualable en la cuestión de sexo. Estas porquerías están proliferando tanto en la literatura actual, que ya no llaman la atención ni siquiera en un libro que pretende ser espiritual”. Se indicaron las tachaduras correspondientes y se autorizó, ya en 1974, Diario de un artista seriamente enfermo.

Lo extraño es que a la misma censura, cinco años antes, cuando analizó la Colección particular del mismo autor, dijo de él: “Buen poeta y sobradamente conocido como firmante de manifiestos contra el régimen. Su poesía es francamente buena, romántica algunas veces pero con un deje de ironía. Influjos machadianos y becquerianos”. Pese a ello, claro, el libro tampoco pasó. El poeta escribió al censor para conocer los motivos de la prohibición, que lo denegó también en el “extrangero”, con g, y lo mantuvo secuestrado.

Porque esa opción era recurrente en autores vetados. Pero algunos, como Antonio Gamoneda, se negaban a hacerlo. Su libro Actos, luego titulado Blues castellano, tuvo que esperar a 1982 para ver la luz. Su informe, firmado por Don 29, decía esto del hoy premio Cervantes y premio Nacional de Poesía. “Libro de versos muy malos, de temática y métrica diversa. Sobre todos ellos camban un sentido de resentimiento y odio. Muchos de ellos aparecen con citas de Marx, Lefebvre y otros marxistas. La tónica general es demagógica. La obra carece de valor, pero hay poemas que pueden ser pasables”.

Gamoneda no quiso publicarlo mutilado ni llevarlo fuera de España. “Alguien, desde Canadá, me pidió el libro para publicarlo. No me interesó: si había censura, esta era un indicador de que el espacio natural del libro era precisamente España. Lo guardé y casi lo olvidé. Hoy está traducido al francés y al inglés”, explica el autor.

Otros, como la editorial Seix Barral, lo intentaron al revés y trataron de importar obras editadas fuera. Sucedió con La cabeza de cordero, de Francisco Ayala, como recuerda el censor. “Esta obra ya ha sido denegada […], también su importación. […] Suprimiendo esos párrafos y con mucha benevolencia, podría autorizarse. Aunque sigue siendo contraria al régimen español”. Del relato Un gallo cantó, decía: “Es obsceno y ampara el adulterio”. Quedó tachado.

Aunque pronto llegaría a su fin, la virulencia de la censura se acentuó en los últimos años -“en el 73 el régimen estaba en la recta final y se endureció en los últimos estertores”, explica Marsé, “hubo un breve sarampión liberal y democrático”, lo define Herralde-. En aquella época, el historiador Ricardo de la Cierva era el máximo responsable. “Mi padre fue quien eliminó la censura”, explica su hijo por teléfono, tras excusar que no se ponga porque está de viaje. Y pese a que eso no fue del todo así, sí se detecta en una de las cartas que mandó a la editorial Ariel una cierta intención de abrir las miras:

“Tengo la impresión de que si yo hubiera estado ahí cuando los Goytisolo empezaron a escribir, las cosas hubieran ido algo mejor para todos. Desde luego que el recuento de Luis y las señas de identidad de Juan Goytisolo no me parecen viables hoy por hoy. […] ¿No podríamos ir pensando en preparar una antología extensa de cada uno de ellos, en espera de que vaya madurando nuestro proceso de apertura? No se trata de echar balones fuera, sino de sopesar bien todas las posibilidades para que este delicado proceso no se nos venga abajo”. Pero el citado proceso sólo existió, y de golpe, cuando el dictador murió en su cama un año y ocho meses después.

“Entre el 63 y el 75 todo lo que escribí fue prohibido. Me acusaban de ser el aduanero que impedía que se publicase buena literatura en París. Porque todo lo que salía ahí era antifranquista”, recuerda Juan Goytisolo desde la capital francesa. Y así es como realmente se les había retratado a él y a su hermano por Fiestas, una de sus obras: “No se explica uno cómo estos autores, esos dos hermanos, tienen tanta aceptación en el extranjero”, rezaba la primera parte del informe.

Luego, a modo de pitoniso aficionado, ofrecía a sus superiores una modernizada versión de censura: “Con la apertura de criterios en los casos de estos mozalbetes se consigue un bien mayor al mal que se pueda evitar censurándolos. Hay que desenmascararlos ante el extrangero (de nuevo con g). No hacerles el juego. No darles pies a heroísmos y martirios. Olvidarlos, que se pudrirán solos. No tiene consistencia literaria. Condenémosles a la libertad, libertad vigilada. Es la sanción mayor que se les puede dar”. Pero la bendita condena no llegó tan rápido.

* * * * * * *

“Condenados a la libertad vigilada”

– El libro Fiestas, de Juan Goytisolo, fue sometido a grandes tachaduras. Pero lo más interesante del informe está al final, cuando el censor considera que es mejor que se publique porque Juan y su hermano Luis son malos escritores. “Hay que desenmascararlos en el extrangero (con g). No darles pie a heroísmos y martirios. Olvidarlos, que se pudrirán solos. No tiene consistencia literaria. Condenémosles a la libertad, libertad vigilada”.

Alianza Popular sostuvo que la amnistía de 1977 no era “buena medicina”

MÓNICA CEBERIO BELAZA El País18/04/2010

“Operar con el concepto de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso”. Podrían ser las palabras de cualquiera de los defensores del juez Baltasar Garzón y de que España juzgue los crímenes del franquismo 35 años después del fin de la dictadura. Pero son los términos que empleó el 14 de octubre de 1977 Antonio Carro, diputado de Alianza Popular y ex ministro franquista, para oponerse a la Ley de Amnistía que se votaba ese día. Carro estaba citando unas reflexiones del entonces ministro de Justicia, de UCD, Landelino Lavilla, sobre los peligros de las amnistías frecuentes.

Alianza Popular, a diferencia de la UCD, no apoyó la ley. Esa norma no fue una fórmula de los herederos del franquismo para protegerse a sí mismos. No era para ellos, sino que tenía el objetivo contrario: liberar a todos aquellos opositores a la dictadura que aún quedaban en las cárceles.

Lo que sigue es un extracto de las principales intervenciones de ese día en un preconstitucional Congreso de los Diputados.

– Antonio Carro (Alianza Popular). “Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad. (…) En este clima de público desorden ¿queréis más amnistía? (…) Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley. (…) Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores. He dicho”.

– Marcelino Camacho (Partido Comunista). “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas. (…) Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. (…) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento. (…) Con la amnistía saldremos al encuentro del pueblo vasco, que tanto sufre, bajo diferentes formas, de todos los pueblos y de todos los trabajadores de España”.

– Josep Maria Triginer (Socialistes de Catalunya). “El día de hoy cierra definitivamente una etapa histórica de nuestro país: la amnistía liquida lo que ha sido considerado delito político por el anterior régimen. (…) Da paso a la etapa de transformación democrática que ya vivimos y de la que es un elemento importante e indispensable”.

– José María (Txiki) Benegas (Grupo Socialista).

“La amnistía total ha sido innecesariamente retrasada una y otra vez por la ceguera política y el obstinamiento de quienes se resistían a convencerse de que era inevitable, porque ninguna democracia se puede construir manteniendo presos, exiliados y represaliados, producto de una dictadura que se pretende superar. Pero que nadie se crea que hoy estamos otorgando algo. (…) Hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso por la libertad, que no es más que intentar reparar -si reparación cabe- los daños, los perjuicios, las injusticias provinientes de un régimen autoritario que no dudo en calificar como uno de los más implacables del siglo XX contra sus adversarios políticos”.

– Xabier Arzalluz (Grupo parlamentario de las minorías catalana y vasca). “Olvidemos, pues, todo. Sin embargo, tal vez, aunque los que estemos aquí estemos dispuestos al olvido, hay sectores de nuestra sociedad que no están aquí representados, que no están dispuestos al olvido. (…) La ley que nosotros estamos haciendo aquí hemos de procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor, oírnos con respeto”.

– Rafael Arias-Salgado (Unión de Centro Democrático). “Estamos tratando de hacer realidad una vieja y sentida aspiración que jamás ha llegado a echar sólidas raíces en la Historia de España: la definitiva institucionalización de un Estado democrático y de derecho que ampare la libertad de todos y en el que todos, en el respeto a los demás, lleguen a encontrar su sitio”.

La ley fue aprobada por 296 a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. “Esto está claro”, zanjó el presidente interino de la Cámara, Fernando Álvarez de Miranda. La votación fue seguida por una larga ovación con los diputados en pie. Alianza Popular se abstuvo en bloque y los dos votos negativos procedieron de sus filas. A los herederos del régimen no les gustaba la ley que ahora esgrime Falange contra Garzón.

El infierno de Azaña

Perdida la Guerra Civil, Manuel Azaña se vio abandonado por casi todos los suyos y vivió huyendo de franquistas y nazis hasta su muerte, hace ahora 70 años. Extracto de un nuevo libro sobre el ex presidente de la II República

MIGUEL ÁNGEL VILLENA El País – 18/04/2010

Manuel Azaña, pronunciando un discurso como presidente de la II República.-

Mientras el ahora simple ciudadano Manuel Azaña vivía aquel exilio introvertido y melancólico, las autoridades franquistas incoaban en Madrid un expediente, iniciado el 31 de agosto de 1939, a quien fuera símbolo de la República. Con su casona familiar de Alcalá saqueada y posteriormente ocupada por la Falange, los servicios policiales y militares iban calificando a Azaña de persona “de carácter seco, agrio, con dureza más efectiva que real”, iban tildando al político de “hábil sofista, contundente polemista y enemigo rencoroso de la Iglesia” y, en definitiva, iban desgranando los tópicos que más tarde persiguieron, durante las décadas del franquismo, al jefe del Estado republicano. Maricón, pervertido, anticlerical, monstruo, cobarde o destructor del Ejército y de los valores patrios fueron lugares comunes de una de las campañas de desprestigio más sistemáticas y brutales de la España contemporánea.

Cuando el tribunal de depuración dictó su sentencia, en abril de 1941, Azaña ya había muerto, aunque esa circunstancia no impidió que fuera condenado al pago de 100 millones de pesetas, una fortuna para la época.

(…) La incomodidad y el nerviosismo de todos aumentó enormemente cuando el 1 de septiembre de aquel año (1939) la Alemania nazi ocupó Polonia y obligó a Francia y el Reino Unido a declarar la guerra a Hitler. El temor a una invasión germana del territorio francés y los recelos hacia la posibilidad de que Suiza pudiera perder su neutralidad llevaron a los Azaña Rivas a sopesar la posibilidad de trasladarse al oeste de Francia. “No creo que Franco vaya a buscarnos a Burdeos”, fue el comentario esperanzado de don Manuel. Se equivocaba, no obstante. De este modo, el grupo refugiado en Collonges-sous-Salève recogía la sugerencia que les había hecho Carlos Montilla, ex embajador republicano en Belgrado y La Habana, un diplomático demócrata y admirador de Azaña, a quien había visitado en su refugio alpino. Así pues, a mediados de octubre, Manuel Azaña y su inseparable cuñado realizaron el largo viaje desde Collonges-sous-Salève hasta Arcachon en ferrocarril, y no por carretera, dadas las dificultades para conseguir gasolina y permisos de circulación en Francia una vez iniciada la guerra. Guiados por Montilla y por su mujer, que ya se habían instalado en Pyla-sur-Mer, llegaron a aquel paraje de la costa atlántica, famoso por sus inmensas dunas, muy cerca de Arcachon y a 50 kilómetros de Burdeos.

(…) A medida que pasaban los meses de su exilio francés, el ex presidente se iba desilusionando de la actitud del país vecino, esa Francia a la que él había admirado, casi reverenciado, desde su juventud. Pero cuando llegó la hora del destierro, Azaña se percató de que, junto a una minoría de franceses, que lo saludaban y lo elogiaban en la calle, el resto de ciudadanos y, de manera especial, las autoridades adoptaban una actitud despectiva no tanto hacia su persona, sino, lo que era más grave, hacia el régimen republicano que él había encarnado. Así pues, sus críticas hacia la cínica e injusta política de no intervención durante la guerra se vieron acrecentadas por el trato que se daba a los españoles en los campos de concentración del Mediodía francés, por la escasa consideración que recibían los combatientes de la República y, en suma, por el menosprecio del que eran objeto unos soldados y civiles que habían defendido en España la libertad de Europa.

Esta actitud miope y cobarde de los gobiernos de París le indignó mucho. No fue el único refugiado de talla que dejó constancia de su decepción con Francia. La abogada, miembro de Izquierda Republicana y diputada Victoria Kent, enviada por el Gobierno en 1937 a la embajada en París para canalizar la salida de los refugiados, se vio forzada, tras la entrada de los nazis en la capital francesa en junio de 1940, a vivir de forma clandestina durante cuatro años para evitar que la Gestapo y la policía franquista la detuvieran y la deportaran a España para ser juzgada y “probablemente fusilada”, como dijo ella misma. Con el nombre falso de madame Duval, y protegida por la Cruz Roja y la Resistencia, Kent pudo observar la actitud de los franceses, que osciló entre el colaboracionismo y la oposición, pasando por una gran mayoría acomodaticia.

(…) Los temores a que Azaña fuera detenido por la Gestapo, que dominaba la zona de Arcachon y toda la fachada atlántica francesa hasta la frontera con España, se volvieron más fundados cada día que pasaba, y por ello los diplomáticos mexicanos, que se habían hecho cargo de su protección, recomendaron su desplazamiento hacia el sureste de Francia. Es importante reseñar que los terribles oficiales nazis actuaron durante aquellos tiempos a las órdenes de la policía franquista en lo que se refería a la persecución y detención de dirigentes republicanos, y el ex jefe del Estado era, por supuesto, una de las piezas más codiciadas por el nuevo régimen fascista. De hecho, el cuñado de Franco y ministro de Exteriores, Ramón Serrano Súñer, puso especial empeño en que Azaña fuera extraditado, si bien no logró su propósito. Convencido, pues, por los mexicanos, el matrimonio Azaña Rivas decidió finalmente abandonar Pyla-sur-Mer. Su secretario, Martínez Saura, refirió en sus memorias la marcha de Azaña, a finales de junio, desde Pyla-sur-Mer hasta Montauban, una pequeña ciudad de provincias cercana a Toulouse. (…) El grupo salió de Pyla-sur-Mer con los nazis pisándoles literalmente los talones.

(…) Todo el cuadro se había oscurecido aún más desde que la pareja recibiese la noticia de que la Gestapo y la policía franquista habían detenido a Cipriano Rivas Cherif (cuñado de Azaña), Carlos Montilla y Miguel Salvador, un ex diputado de Izquierda Republicana en Pyla-sur-Mer, el 10 de julio, poco después de la marcha de los Azaña Rivas. Los tres fueron extraditados casi de inmediato a España, donde fueron juzgados en consejo de guerra sumarísimo y condenados a la pena de muerte, una noticia que fue conocida a finales de aquel septiembre. (…) Azaña, que había sufrido un amago de infarto cerebral al conocer aquella noticia, ya casi no podía ni hablar y estaba, por tanto, incapacitado para realizar ningún tipo de gestión. Sólo acertó a decir en una ocasión: “¡Bien saben lo que me han hecho! Esto sí que no lo resisto!”.

Ciudadano Azaña, de Miguel Ángel Villena. Editorial Península. Precio: 23,90 euros.

Entierro de Franco

Carmen Polo, acompañada de su hija, pasa delante del féretro de su marido.rtve

Ayer vimos una versión ficticia de los últimos momentos de la vida de Franco. En cambio, en la página de RTVE (Radio Televisión Española) tenéis acceso a material documental del entierro de Franco (vídeos, fotos).

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uU0LMGzN2rk&feature=related]

En este vídeo, Carlos Arias Navarro, entonces presidente del Gobierno, anuncia el 20 de noviembre de 1975 a todos los españoles la muerte de Franco. Muy emocionado, Arias lee el testamento político del dictador antes de proferir con voz quebrada un ¡Viva España!.

Gente que ya estaba antes de 1975

Isaac Rosa – Público (blog Trabajar cansa) – 16/04/2010

“Argentina tiene problemas de todas clases; sería bueno que intentaran resolverlos y no querer resolver los nuestros.”-Manuel Fraga, presidente fundador del PP-

No parece probable –aunque sólo sea por razones de edad- que Manuel Fraga vaya a acabar extraditado a Argentina. Pero la sola mención de su nombre, a cuenta de la querella por los crímenes franquistas, ya pone nerviosos a muchos. Es nada menos que el fundador de la actual derecha española, y oficialmente uno de los padres de la democracia. Que un redactor de la Constitución pueda ser denunciado como colaborador de la dictadura resume bien cómo se ha gestionado el pasado reciente en España.

Durante mi adolescencia, cuando aún era víctima de la ignorancia que sobre el franquismo me impartieron en el bachillerato, siempre me llamaba la atención un hecho curioso: cómo la biografía política y profesional de muchos prohombres de la democracia –leída en la solapa de un libro, por ejemplo- comenzaba en 1975, como si antes de esa fecha ni siquiera hubieran nacido.

Luego, claro, creces y te enteras de que muchos jueces ya eran jueces antes de 1975 –como ha recordado Jiménez Villarejo, quien también era fiscal entonces-, que los padres de la democracia ya eran ministros o directores generales con Franco, que muchos policías ya habían sido grises y crearon escuela, que el rey ya era príncipe, o que el poder económico actual se parece mucho al que hizo fortuna entonces.

De Fraga ya sabíamos que había sido ministro franquista, no es ningún secreto. Pero siempre nos aclaran que lo fue de Información y Turismo, para que nos fijemos en la segunda parte, Turismo, que parece algo inocente, y no veamos lo primero: Información, portavoz del gobierno, responsable de cuidar la imagen del régimen en momentos como la ejecución de Grimau.

La sola mención a Fraga pondrá de los nervios a muchos. Porque si él no es intocable, nadie está a salvo. Y se confirmarían los temores de quienes hoy hablan de guerracivilismo y llevan años resistiéndose a mirar atrás: que esto no tiene sólo que ver con la guerra –tan lejana, casi todos ya muertos-, sino que los crímenes perseguibles son más recientes, en el tardofranquismo y hasta la modélica Transición.