Category: Prensa

Artículos de prensa relacionados con la temática del curso

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Mary Poppins

ALMUDENA GRANDES – El País –  19/04/2010

El juez Varela se asustó -¿en qué país vive el juez Varela?- y convocó a los corresponsales extranjeros para explicarles lo que ni ellos ni nosotros alcanzamos a entender. Luego, rectificó. Quizás, alguien le recordó a tiempo que eso mismo hizo el Gobierno de Aznar después del 11-M, para desautorizar a la sociedad civil. Por eso, quiero enunciar aquí mi propia explicación. Es muy sencilla, sobre todo para quienes hayan visto Mary Poppins.

Mary sale de paseo con los niños bajo un cielo acorazado de nubes negras y encuentra a su amigo Bart, pintando paisajes sobre las baldosas de la acera. Cuando empieza a tronar, los cuatro se cogen de las manos, cierran los ojos, saltan sobre el más bonito y… ¡Oh! Ahora están en un mundo de dibujos animados a todo color, donde los caballos vuelan y los peces bailan un fox-trot. ¿No es maravilloso?

Ese proceso, cerrar los ojos, cogernos de las manos y saltar sobre un paisaje de irreal felicidad, fue el precio del indiscutible éxito institucional de la Transición española. Es cierto que nos estaban apuntando desde las azoteas, pero lo que vale en una película, no funciona en la realidad. Renunciar a nuestra tradición democrática, omitir una ruptura oficial, expresa y contundente, con el golpe de Estado que causó la Guerra Civil, fingir que toda la sangre derramada durante 40 años no hizo mella en nuestras conciencias, produjo una democracia de colores, vistosa, fotogénica, pero congénitamente débil. Esa fragilidad de Estado sin memoria, sin raíces, edificado en el aire de su propia soberbia, se manifiesta en las grietas, las inconcebibles fisuras que consienten que un partido fascista, y orgulloso de serlo, siente en un banquillo al único juez que ha investigado los crímenes del franquismo. Basta ya. Porque Mary Poppins no era española. Y nunca es tarde para hacer las cosas bien.

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Prevaricaciones

ENRIQUE GIL CALVO – El País – 19/04/2010

La semana pasada se montó una escandalera nacional a propósito de un acto público de solidaridad con el juez Garzón que la derecha política y mediática, sin duda para hacer olvidar el escándalo Gürtel, aprovechó para rasgarse las vestiduras escenificando su histriónica indignación por lo que calificó de ataque antidemocrático contra el sacrosanto poder judicial. ¿Antidemocrático? Es verdad que en aquel acto, celebrado en sede universitaria (mi propia universidad), un antiguo miembro de ese mismo poder judicial (el fiscal retirado Jiménez Villarejo) pronunció graves descalificaciones contra el juez que instruye la causa contra Garzón y contra los magistrados del Supremo que han de juzgarle. Pero eso no significa que se estuviera violando la separación de poderes, y mucho menos la independencia del judicial.

Es verdad que el poder judicial ha de ser independiente (independencia que al parecer el Supremo no reconoce a Garzón). Pero de ahí a deducir que es intocable y que no se le puede criticar en público, porque ello constituiría un delito de lesa majestad, media un abismo. El poder judicial merece el mismo respeto que los otros dos poderes. Y si la derecha se arroga el derecho a insultar gravemente al ejecutivo y al legislativo, ¿por qué no podría la izquierda descalificar al judicial? Se dice que la magistratura ha de ser respetada por encima del Gobierno y del Parlamento porque estamos en un Estado de derecho. Pero lo que implica el Estado de derecho es el imperio de la ley, no el imperio de los jueces, que están tan obligados a cumplirla en su letra y espíritu como el resto de los mortales. Y cuando los jueces violan el espíritu de la ley, como el fiscal Villarejo y muchos ciudadanos creemos que están haciendo los jueces del Supremo, entonces tenemos legítimo derecho a elevar la voz para denunciarlo en público.

Lo que están haciendo sus colegas contra Garzón es un caso típico de alguacil alguacilado. Es decir, en este caso, de prevaricador prevaricado. Parece ser cierto, a juzgar por lo que dicen los técnicos, que los sumarios instruidos por él pecan por falta de rigor. Sobre todo en el caso de las víctimas ajusticiadas por los franquistas en la Guerra Civil, a las que todavía no se ha hecho justicia. Y Garzón intentó hacérsela, pero utilizando un procedimiento tan equivocado que él mismo tuvo que rectificar, renunciando a instruir el sumario. Ergo no llegó a haber delito de prevaricación. Esta figura delictiva es confusa y difícil de aplicar, pues no se sabe dónde acaba la independencia del juez y empieza la prevaricación, creándose amplio margen para la inseguridad jurídica. Por eso, esta figura podría aplicarse todavía con mayor razón al juez Varela que al juez Garzón. Veamos por qué.

En realidad, un juez sólo puede prevaricar en dos supuestos. El primero es cuando acepta cohechos de justiciables sujetos a su jurisdicción o los extorsiona para obtenerlos, según el infame ejemplo del juez Estevill. Se podrá alegar que éste es el caso del juez Garzón con el señor Botín, pero eso sería rizar el rizo del formalismo rigorista, lo que ya fue rechazado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Por lo demás, todos los jueces asisten a seminarios patrocinados por la banca: y en esto, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.

En cuanto al segundo supuesto de prevaricación, se produce cuando el juez administra justicia en contra de una persona física o jurídica con manifiesta parcialidad. El ejemplo reciente más notorio es el del juez Gómez de Liaño, que montó una causa falsa contra el Grupo PRISA y sus principales responsables en el caso Sogecable, mereciendo la condena del Supremo por prevaricación (e incluso entonces la Corte de Estrasburgo sancionó a España por no haberse juzgado a Liaño con imparcialidad). Y este mismo supuesto es el que ahora se le quiere imputar a Garzón en el caso de las víctimas del franquismo.

Pero este segundo supuesto, que sí se le podía imputar a Liaño, en absoluto se le puede aplicar a Garzón. Para que ese segundo supuesto de prevaricación tenga consistencia hace falta que existan víctimas de la prevaricación. Víctimas como PRISA, Cebrián y Polanco en el caso Liaño. Pero en el caso Garzón no hay víctimas. ¿O es que acaso Falange Española y Manos Limpias son víctimas del prevaricador Garzón? No, a Garzón se le está acusando de un delito sin víctimas. Pues las únicas víctimas que hay en este caso son las del franquismo, que todavía no han obtenido tutela judicial efectiva (como Garzón intentó ofrecerles aunque fracasó). Y si no hay víctimas no hay delito de prevaricación. En cambio, en la causa que instruye Varela contra Garzón, sí que hay una víctima designada de antemano, por lo que quizá se esté incurriendo en el segundo supuesto de prevaricación.

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Garzón: “Ahora y así, no me puedo ir”

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Apología de Franco en el iPhone

La aplicación iFranco se publicó el 14 de abril

ROSA JIMÉNEZ CANO – El País – 18/04/2010

Portada de la aplicación en un iPhone-

La aplicación, publicada en la misma fecha que se proclamó la II República, 14 de abril, aparece entre las destacadas en la tienda de aplicaciones de Apple para iPhone, iPod y iPad, AppStore en la categoría “Estilo de vida”.

Esta apología de Francisco Franco con una biografía sesgada, discursos en vídeo y audio ha pasado el filtro del gigante de Cupertino muy cuidadoso con los contenidos de política o sexuales. También se incluye un mapa de Google con las instrucciones para llegar al Valle de los Caídos.

Por 79 céntimos de euro se puede descargar un archivo de más de 20 megas con una biografía favorable al dictador. De hecho en la versión del programa se especifica: “iFranco. Versión 1.0. iFranco recopila información relacionada con una etapa y época especial que vivió España”.

Algo parecido sucedió en Italia. En el mes de febrero apareció iMussolini que llegó a convertirse en la aplicación más descargada.

Ruth Vilar Díaz ha creado un grupo en Facebook para evitar que este tipo de aplicaciones estén disponibles: “No más app. de dictadores para menores de edad, en la apple store”.

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La invisibilidad de las víctimas

JUAN DIEGO BOTTO – El País –  18/04/2010

Al bisabuelo español de mi hija

La primera persona que va a ser juzgada por los crímenes del franquismo es precisamente la única que ha pretendido investigarlos. Esta paradoja cuestiona la naturaleza de nuestro Estado de derecho y nuestra democracia. La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sí, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y así se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habían administrado la dictadura.

Mi generación (nacidos en 1975) siempre pensó que era cuestión de tiempo, que cuando la democracia estuviera asentada llegaría el momento de las víctimas. Lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Este auto del juez Luciano Varela es el equivalente a la peor de las leyes de punto final. Peor, porque en este país ya nadie pedía sentar en el banquillo a los responsables. Lo único que se pedía era dar amparo a víctimas y familiares.

Preguntémonos con qué autoridad moral se asienta un Estado de derecho que investiga a quien comete un asesinato pero no a quienes cometen 100.000; que investiga la desaparición de una niña pero no la de decenas de miles de personas; que persigue a quien roba un coche pero no a quien organiza un entramado para robar niños. Sobre esa estructura es improbable que alguien llegue a confiar en sus instituciones. La mejor manera de garantizar que ningún grupo ose alzarse de nuevo contra la democracia es demostrar que la justicia será con ellos implacable. Pero a quienes lucharon por la República se les ha premiado con una fosa común con vistas al olvido.

Según las encuestas, la mayoría de los españoles prefiere la democracia a la dictadura franquista, a la que la mayoría considera sangrienta. Ello presupone que cualquier gobierno en estos años de democracia estaba legitimado para enfrentar una tarea que, sin embargo, ninguno acometió.

Se trataba, simplemente, de catalogar esos delitos como lo que son y, más importante aún, ofrecer reparación a las víctimas. Si desde el Estado se cometieron los crímenes -y se hizo además desde las fuerzas del Estado y en nombre del Estado- es éste, sin duda, el que debe asumir buscar, desenterrar y averiguar cómo fueron eliminados sus ciudadanos. La visibilidad de casi 1.000 víctimas del terrorismo etarra es uno de los grandes aciertos de la democracia española; sin embargo, la lacerante invisibilidad de los al menos 113.000 desaparecidos y miles de torturados, encarcelados y exiliados es una de sus más imperdonables deudas.

En cuanto a la Historia, se recurre a menudo al argumento de la equidistancia: “Por ambos bandos se cometieron atrocidades”. Sí, muy probablemente el bando republicano cometiera crímenes de guerra. Todos deberían ser investigados. Ahora bien, eso no puede nunca oscurecer el hecho históricamente nítido de que la contienda tuvo un responsable, un bando que se sublevó contra la democracia y que ello derivó en una guerra. Más aún, no se puede negar que hubo durante la guerra y también en los años posteriores a ella un plan sistemático para acabar con un grupo político o ideológico.

Ampararse en que ambos bandos cometieron atrocidades para igualar a los contendientes sería tanto como afirmar que no se puede juzgar a los nazis porque los aliados también cometieron crímenes. Sin lugar a dudas las cometieron. Es difícil pensar que los bombardeos sobre Dresde no fueran un crimen de guerra. Eso, sin embargo, no ampara ni una sola de las atrocidades cometidas por los nazis.

Para sostener que hubo prevaricación, el juez Varela señala que la Ley de Amnistía impide juzgar los crímenes del franquismo. Pues bien, aclaremos que la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide la nulidad de dicha ley, porque los delitos de lesa humanidad y genocidio no pueden estar sujetos a leyes de amnistía. Son delitos considerados tan graves que no se permite a los políticos el derecho de amnistiarse ni arrebatar a las víctimas el derecho a obtener justicia. Por otra parte, esa interpretación que coloca la Ley de Amnistía por encima del amparo a las víctimas es contradictoria con los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución, en vinculación con varios tratados y convenciones internacionales suscritos por España.

Varela indica, además, que los delitos han prescrito, pero eso solo sería posible si se observa cada caso individualmente, es decir, si se niega la existencia de crímenes masivos y por ende, la intencionalidad del franquismo de cometerlos, dado que los crímenes de genocidio y lesa humanidad no prescriben.

Varela señala también que Garzón ha incumplido la Ley de la Memoria Histórica al usurpar tareas que corresponden a la administración, lo cual es falso, porque dicha ley señala en su disposición adicional segunda que las previsiones contenidas en la misma son compatibles con el ejercicio de las acciones establecidas en las leyes o tratados y convenios internacionales suscritos por España.

Cuando la justicia da cobertura a una dictadura a costa de negar auxilio a sus víctimas, cuando se actúa de espaldas a la voluntad de la mayoría, ¿qué Estado de derecho es éste? ¿Qué democracia es ésta?

Juan Diego Botto, hijo de desaparecido de la dictadura argentina, es actor.

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Justiciero sin causa

CECILIA DREYMÜLLER – El País – 17/04/2010

“La historia, tal como se ha conservado en la memoria colectiva, se asemeja poco a lo que en realidad han vivido las personas”, escribió Milan Kundera tras su lectura de El cuarto oscuro de Damocles. Y es un capítulo bastante oscuro de la historia lo que Willen Frederik Hermans, el gran maestro de la narrativa holandesa, somete a revisión en esta su más célebre novela: la resistencia holandesa contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Causó un escándalo mayúsculo en los Países Bajos al publicarse en 1958, ya que enfoca precisamente la turbiedad, la contradicción y la inconsistencia de los actos humanos, aunque sirvan a las causas más nobles. Vibrante como un thriller, con una pasmosa economía narrativa y tres mil fascinantes giros argumentales cuenta El cuarto oscuro de Damocles cómo un día de verano de 1940 entra un sujeto con uniforme del Ejército holandés en el estanco del joven Henri Osewoudt, y le pide un favor. Osewoudt, asombrado por el parecido del extraño con él, no entiende nada, pero enseguida está dispuesto a cumplir con el encargo, pues se supone partícipe de una trama clandestina y está ansioso por servir a su patria. A partir de ese momento la vida del tibio, barbilampiño estanquero se convierte en una trepidante sucesión de misiones en las que engañará, asesinará, será capturado por los alemanes, escapará y protagonizará una sangrienta fuga hacia las líneas aliadas. Pero en el cuartel general inglés no recibe una condecoración, como había esperado, sino que es encarcelado y acusado de colaboracionismo. La prolija novelística sobre la resistencia contra el régimen nazi ha recreado a todo tipo de personajes: al valeroso, al traidor, al oportunista, al cobarde. Hermans cuestiona estos estereotipos con su protagonista, pues él los une a todos en su sumamente ambigua persona. Y sumamente ambiguas y confusas son también las circunstancias en las que siente la vocación de héroe. En este sentido, El cuarto oscuro de Damocles no sólo es una novela de relevancia universal, sino actualísima. Y en España, de muy aprovechable lectura para cualquier reflexión sobre el tema de la memoria histórica.

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El éxito del boca a boca

AMELIA CASTILLA – El País – 17/04/2010

María Dueñas copa las listas de ventas con su primera novela mientras prepara otra sobre los campus universitarios

María Dueñas todavía conserva, guardado en un cajón, todo el material que usó para documentar El tiempo entre costuras.– PABLO SÁNCHEZ DEL VALLE

Lleva vendidas 220.000 copias de El tiempo entre costuras, su primera novela, pero María Dueñas (Puertollano, 1964) no acaba de acostumbrarse del todo a la fama. “En casa me dicen que tengo más ferias que la mujer barbuda”, cuenta, distendida, en su domicilio de Cartagena y a punto de emprender un viaje familiar con motivo de la Semana Santa. En la habitación, que utilizó durante años como su despacho y que ahora han ocupado sus hijos adolescentes, todavía conserva, en un cajón, parte de la documentación que usó para recrear el Tánger de los años treinta, una sociedad cosmopolita y tolerante en la que medraban representantes del nuevo régimen como Serrano Suñer. Ahí mismo, junto a la ventana y un pequeño ramo de flores frescas, Dueñas convirtió a Sira Quiroga, una modistilla timorata, en espía al servicio de los ingleses, con base en un taller de costura en el Madrid de la posguerra, frecuentado por las esposas de altos cargos nazis. El tiempo entre costuras (Temas de Hoy) se ajusta perfectamente al modelo de éxito del boca a boca. El libro lleva más de un año en el mercado y ya se ha impreso la quinta edición. Durante un par de años, Dueñas compaginó la escritura de las casi 600 páginas de la novela con las clases en la Facultad de Filología Inglesa de Murcia. “La metodología universitaria me ha ayudado mucho a la hora de redactar la novela”, explica. Empezó investigando el fascinante personaje de Rosalinda Powel Fox y su amante Juan Luis Beigbeder, alto comisario en Marruecos y ministro en el primer Gobierno de Franco tras la Guerra Civil, pero cuando ya tenía avanzada una buena parte de la historia, con toda la carga costumbrista de una época, decidió dar “un giro radical y buscar un narrador que le sirviera para mirar a la pareja y hablar de ellos”. Así nació Sira Quiroga, una joven con buenos dedos para coser, un oficio del que su madre literaria no conoce más allá de poner un botón o arreglar un dobladillo. El final queda abierto a una segunda parte de la historia, pero Dueñas, de momento, ha desechado la idea de continuar las aventuras de su heroína porque dejó a los protagonistas en “un momento histórico muy aburrido literariamente: a punto de concluir la Segunda Guerra Mundial”. Con la intensa promoción que reclama convertirse en un superventas, Dueñas apenas saca tiempo para concentrarse en su próxima obra, una historia sobre los campus universitarios, enmarcada en las relaciones de Estados Unidos con Franco y en la que mezclará hechos históricos con personajes ficticios.

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El blog dedicado a Tiempo entre costuras

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“Es obsceno y ampara el adulterio”

Cursis, ‘snobs’, rojos, puercos o malos escritores – Así describen los informes de los censores en las dos últimas décadas de la dictadura a los grandes autores españoles

DANIEL VERDÚ – Madrid – 18/04/2010

El informe de Fiestas.- ANTONIO GABRIEL

Poetas malos, cursis y snobs. Escritores resentidos que leían y veían marranadas cuando salían al extranjero a puerquear con mujeres fáciles. Rojos. Pseudointelectuales. Esquizofrénicos que escupían alusiones vejatorias a la cruzada en la guerra de liberación. De entre todos ellos, de entre ese hatajo de perdedores, quien más quien menos tiene hoy el Premio Nacional de las Letras o el Cervantes. Autores como Juan Marsé, Francisco Ayala, Antonio Gamoneda o Jaime Gil de Biedma soportaron el lápiz censor de un ejército de lectores a los que nadie conocía -muchos curas y ex militares- que firmaban con un cobarde número para prohibir o ridiculizar sus obras. Porque así era, literalmente, como el régimen les describía a ellos y a sus textos.

Hoy, todos esos informes permanecen en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (el tercero más grande del mundo). Un enorme edificio en cuyos 200 kilómetros de estanterías descansan muchos de los secretos de la dictadura. EL PAÍS ha tenido acceso a los papeles que contienen el intento de cortocircuitar la explosión literaria de la España de los 20 últimos años del franquismo. Sacados de contexto pueden sonar hasta graciosos.

“Los de siempre es domingo, boîtes, planes, clubs, meretrices, infidelidades, queja y crítica de todo. La novela tiene bastante bilis política. El autor parece ser de aquellos pseudointelectuales que cuando salen al extranjero leen y ven marranadas y puerquean con mujeres fáciles”. Pese a la fina reseña que realizó Don 29, el censor señaló sólo 22 páginas donde había que realizar tachaduras y autorizó la edición en 1962 de Esta cara de la luna, de Juan Marsé.

Un poco más le costó al autor catalán publicar Últimas tardes con Teresa. Cuando se la denegaron, se citó con Carlos Robles Piquer, entonces director general de Cultura Popular y Espectáculos para tratar de convencerle. “Me recibió y fue muy gentil. Me dijo que quitara algunas palabrejas y lo del ‘bigotillo con aire de alférez provisonal’ de uno de los personajes. Eso lo dejé y, al final, salió”, explica por teléfono el último premio Cervantes. Más adelante, con Si te dicen que caí, no tuvo tanta suerte. “De la Cierva [el siguiente responsable del área] jugó conmigo a que hacía lo imposible para que se publicara. Luego supe que en realidad no hizo gran cosa, porque no había mucho que hacer. Me dijo que había estado encima de la mesa de un Consejo de Ministros, se puso como ejemplo de lo que había que vigilar”, recuerda Marsé.

Soplaban vientos de aperturismo. El régimen jugaba a la tolerancia, y con la “ley Fraga”, muchos editores empezaron a publicar las obras sin pasar por consulta. Arriesgarse era menos arriesgado. “Con el secuestro de varios libros habíamos sufrido un perjuicio económico enorme. Pero con la política de hechos consumados se podían publicar títulos más incómodos. Si los secuestraban, salía la noticia en la prensa, y la imagen aperturista del régimen quedaba dañada en el extranjero”, recuerda el editor y dueño de Anagrama, Jorge Herralde que, pese a todo, fue procesado, condenado y luego indultado por el libro Los tupamaros.

Paradójicamente, algunos libros de Anagrama poco acordes con el régimen, como Estrategia judicial en los procesos políticos, de Jaques M. Vergès, que defendía el papel del acusado como acusador del tribunal y que coincidió escandalosamente con el Proceso de Burgos, no tuvieron ningún problema. Cosas de la caprichosa y torpe censura.

Lo de los hechos consumados no funcionaba con algunos autores. Al amigo de Marsé, el poeta Jaime Gil de Biedma, no le podían ni ver. “El autor, poeta cursi y snob, cuenta cómo regresó de Manila con una tuberculosis incipiente, y los tres meses que pasó en La Nava haciendo reposo para curarse. Como se ve, tema interesantísimo. El libro es anodino, vacío y sin interés, con ninguna religión, casi ninguna política y una grosería inigualable en la cuestión de sexo. Estas porquerías están proliferando tanto en la literatura actual, que ya no llaman la atención ni siquiera en un libro que pretende ser espiritual”. Se indicaron las tachaduras correspondientes y se autorizó, ya en 1974, Diario de un artista seriamente enfermo.

Lo extraño es que a la misma censura, cinco años antes, cuando analizó la Colección particular del mismo autor, dijo de él: “Buen poeta y sobradamente conocido como firmante de manifiestos contra el régimen. Su poesía es francamente buena, romántica algunas veces pero con un deje de ironía. Influjos machadianos y becquerianos”. Pese a ello, claro, el libro tampoco pasó. El poeta escribió al censor para conocer los motivos de la prohibición, que lo denegó también en el “extrangero”, con g, y lo mantuvo secuestrado.

Porque esa opción era recurrente en autores vetados. Pero algunos, como Antonio Gamoneda, se negaban a hacerlo. Su libro Actos, luego titulado Blues castellano, tuvo que esperar a 1982 para ver la luz. Su informe, firmado por Don 29, decía esto del hoy premio Cervantes y premio Nacional de Poesía. “Libro de versos muy malos, de temática y métrica diversa. Sobre todos ellos camban un sentido de resentimiento y odio. Muchos de ellos aparecen con citas de Marx, Lefebvre y otros marxistas. La tónica general es demagógica. La obra carece de valor, pero hay poemas que pueden ser pasables”.

Gamoneda no quiso publicarlo mutilado ni llevarlo fuera de España. “Alguien, desde Canadá, me pidió el libro para publicarlo. No me interesó: si había censura, esta era un indicador de que el espacio natural del libro era precisamente España. Lo guardé y casi lo olvidé. Hoy está traducido al francés y al inglés”, explica el autor.

Otros, como la editorial Seix Barral, lo intentaron al revés y trataron de importar obras editadas fuera. Sucedió con La cabeza de cordero, de Francisco Ayala, como recuerda el censor. “Esta obra ya ha sido denegada […], también su importación. […] Suprimiendo esos párrafos y con mucha benevolencia, podría autorizarse. Aunque sigue siendo contraria al régimen español”. Del relato Un gallo cantó, decía: “Es obsceno y ampara el adulterio”. Quedó tachado.

Aunque pronto llegaría a su fin, la virulencia de la censura se acentuó en los últimos años -“en el 73 el régimen estaba en la recta final y se endureció en los últimos estertores”, explica Marsé, “hubo un breve sarampión liberal y democrático”, lo define Herralde-. En aquella época, el historiador Ricardo de la Cierva era el máximo responsable. “Mi padre fue quien eliminó la censura”, explica su hijo por teléfono, tras excusar que no se ponga porque está de viaje. Y pese a que eso no fue del todo así, sí se detecta en una de las cartas que mandó a la editorial Ariel una cierta intención de abrir las miras:

“Tengo la impresión de que si yo hubiera estado ahí cuando los Goytisolo empezaron a escribir, las cosas hubieran ido algo mejor para todos. Desde luego que el recuento de Luis y las señas de identidad de Juan Goytisolo no me parecen viables hoy por hoy. […] ¿No podríamos ir pensando en preparar una antología extensa de cada uno de ellos, en espera de que vaya madurando nuestro proceso de apertura? No se trata de echar balones fuera, sino de sopesar bien todas las posibilidades para que este delicado proceso no se nos venga abajo”. Pero el citado proceso sólo existió, y de golpe, cuando el dictador murió en su cama un año y ocho meses después.

“Entre el 63 y el 75 todo lo que escribí fue prohibido. Me acusaban de ser el aduanero que impedía que se publicase buena literatura en París. Porque todo lo que salía ahí era antifranquista”, recuerda Juan Goytisolo desde la capital francesa. Y así es como realmente se les había retratado a él y a su hermano por Fiestas, una de sus obras: “No se explica uno cómo estos autores, esos dos hermanos, tienen tanta aceptación en el extranjero”, rezaba la primera parte del informe.

Luego, a modo de pitoniso aficionado, ofrecía a sus superiores una modernizada versión de censura: “Con la apertura de criterios en los casos de estos mozalbetes se consigue un bien mayor al mal que se pueda evitar censurándolos. Hay que desenmascararlos ante el extrangero (de nuevo con g). No hacerles el juego. No darles pies a heroísmos y martirios. Olvidarlos, que se pudrirán solos. No tiene consistencia literaria. Condenémosles a la libertad, libertad vigilada. Es la sanción mayor que se les puede dar”. Pero la bendita condena no llegó tan rápido.

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“Condenados a la libertad vigilada”

– El libro Fiestas, de Juan Goytisolo, fue sometido a grandes tachaduras. Pero lo más interesante del informe está al final, cuando el censor considera que es mejor que se publique porque Juan y su hermano Luis son malos escritores. “Hay que desenmascararlos en el extrangero (con g). No darles pie a heroísmos y martirios. Olvidarlos, que se pudrirán solos. No tiene consistencia literaria. Condenémosles a la libertad, libertad vigilada”.

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“Es un escarmiento para que ningún juez se atreva a investigar el franquismo”

Los familiares de las víctimas viven el proceso a Garzón como una segunda derrota

NATALIA JUNQUERA – El País – 18/04/2010

Lucio García muestra una pegatina contra la impunidad de los crímenes del franquismo.- CARLOS ROSILLO

Lucio García busca a cinco desaparecidos. Garzón era su última oportunidad. “Tengo casi 70 años, ¡no puedo esperar 70 más!”, dice con lágrimas en los ojos. Como él, decenas de familiares de víctimas, muchos ya ancianos, han deambulado esta semana por el aula universitaria madrileña donde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Fundación Contamíname han organizado un encierro simbólico de apoyo al juez. A ratos elevaban la voz, indignados por volver a ser derrotados por la Falange. Y a ratos lloraban, porque muchos se sienten culpables de lo que le pueda pasar a Garzón.

Algunos de estos ancianos se han hecho expertos en temas judiciales. Conocen perfectamente el nombre del juez del Tribunal Supremo que instruye la causa de prevaricación por la investigación de los crímenes del franquismo. Hablan con soltura de la Ley de Amnistía, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la declaración de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. Y no se resignan.


Manuel Muñoz muestra dos retratos de su padre y su hermano.- ÁLEX CEA

“A mi familia la destruyeron. Mataron a mi padre, un campesino analfabeto, por ser de UGT. Vinieron a buscarlo una madrugada. Lo sacaron en calzoncillos, le ataron con unos alambres… Y lo mataron”, recuerda Manuel Muñoz Frías, de 79 años, uno de los familiares de víctimas del franquismo que acudió a pedir ayuda al juez Baltasar Garzón.

Le faltaban dos meses para cumplir los seis años cuando mataron a su padre, pero la escena se le quedó grabada y, 73 años después, es incapaz de contarla sin romper a llorar. “A mi padre se lo habían llevado hacía unos días y mi madre estaba cosiendo, intentando pensar en otra cosa. Entonces llegó un amigo de la familia y le dijo: ‘Mercedes, ha pasado lo peor: Han matado a Miguel’. Mi madre gritó y le dio un cabezazo a la máquina de coser. Empezó a sangrar. Mis hermanos empezaron a llorar al verla a ella con la cara llena de sangre y yo también, aunque entonces no entendía lo que estaba pasando”.

Pero los falangistas volvieron. “A los 20 días, se llevaron a mi hermano, que aún no había cumplido los 18 años, a las trincheras para luchar en el bando de los asesinos de su padre. Desertó. Le cogieron. Le mandaron a un campo de concentración en Ávila y luego a otro en Sevilla, y allí lo torturaron hasta la muerte…” cuenta Manuel. “Y después, volvieron a por ella. La metieron en la cárcel por ser esposa y madre de rojillos”, cuenta Manuel. “¿Se imagina lo que le debió de pasar por la cabeza viéndose en una celda, viuda, con un hijo muerto y siete sin padre ni madre?”.

Los falangistas que se llevaron a su madre la soltaron a los 100 días sin ninguna explicación. Su hermano Juan, que entonces tenía 16 años, decidió ir a luchar con el bando republicano. “Hizo la guerra en España, huyó a Francia, después luchó contra los nazis en el maquis francés. En mi casa pasaron muchos años sin que supiéramos nada de él. Un día, cuando ya le habíamos dado por muerto, cuando ya le habíamos llorado, recibimos una carta suya diciendo que estaba vivo y que se iba a casar. Cuando se la di a mi madre, se desmayó”.

Manuel viajó desde Málaga a Madrid para poder asistir el pasado martes al acto de apoyo al juez Garzón convocado por UGT y CC OO en la Universidad Complutense. Pero no pudo entrar. “Cuando llegué, la sala estaba invadida de gente. No cabía nadie más”, lamenta. Llevaba en la mano un largo escrito que quería leer en público y que finalmente tuvo que guardarse en el bolsillo. Entre otras cosas, decía: “No siento ya odio. No me mueve la venganza. Pero no puedo tolerar que en la sentencia del juicio de mi padre se diga que fue un traidor a la patria. Garzón me dio la esperanza de poder enterrarle y dignificar su nombre. Ahora la justicia está protegiendo al agresor y castigando al agredido. Me resulta doloroso e indignante que se admita a trámite una querella de los pistoleros de caminos, los de los tiros en la nuca, los de las manos manchadas de sangre, los que tanto tienen que ver en los crímenes que Garzón investigaba”.

También Lucio García Torreros viajó desde Cáceres para participar en el acto de apoyo a Garzón, el juez que ordenó abrir la fosa donde fueron enterradas su abuela y sus dos tías, una de ellas embarazada, en Villanueva de la Vera. “Fue la primera que se abrió después del auto, pero sólo encontramos las hebillas de los zapatos, en posición de enterramiento. El suelo es muy ácido y no quedaban restos óseos”, relata. “En este país, hasta que se abrieron las fosas, a la gente no se le ha quitado el miedo a hablar. El día que estábamos exhumando la fosa de mi abuela, vino gente del pueblo a contarme cosas”.

Lucio supo que a su abuela y sus dos tías las había matado “un falangista que se llamaba Andrés”. Que el asesino había obligado a unos albañiles a enterrarlas y que al advertirle de que el cuerpo de una de ellas todavía se movía, “el falangista le dio un garrotazo en la cabeza. Era la embarazada”. Que antes de asesinarlas, les habían rapado la cabeza, obligado a beber aceite de ricino y paseado por la calle, para humillarlas. “Las habían visto todos los vecinos…”.

– ¿Por qué las mataron?

“Hay un escrito de Queipo de Llano que explica que querían sembrar el terror. Yo supongo que la mejor manera de aterrorizar a la gente es matar a inocentes, cuantos más mejor. Mi abuela tenía 69 años y era analfabeta. Una de mis tías estaba embarazada y tenía un niño de año y medio que quedó huérfano, porque los asesinos también mataron a su marido, mi tío. Mi madre tenía 36 años cuando pasó todo esto y se salvó porque se había refugiado en Madrid. Nunca me ocultó lo que había pasado, y sufrió mucho”.

Lucio cuenta que el día que leyó el auto por el que el juez Garzón se decidía a investigar el asesinato de su abuela, sus tías y sus tíos, los crímenes del franquismo, fue uno de los más felices de su vida. Y que desde entonces ha pasado intermitentemente de la euforia a la desilusión, hasta el desconsuelo final. “Después del auto, el fiscal dijo que esos crímenes eran delitos comunes y estaban amnistiados. Y ahora dicen que Garzón pudo cometer un delito. Yo creo que es como un escarmiento. Que lo hacen para que nadie más se atreva nunca a investigar los crímenes del franquismo”.

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Alianza Popular sostuvo que la amnistía de 1977 no era “buena medicina”

MÓNICA CEBERIO BELAZA – El País – 18/04/2010

“Operar con el concepto de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso”. Podrían ser las palabras de cualquiera de los defensores del juez Baltasar Garzón y de que España juzgue los crímenes del franquismo 35 años después del fin de la dictadura. Pero son los términos que empleó el 14 de octubre de 1977 Antonio Carro, diputado de Alianza Popular y ex ministro franquista, para oponerse a la Ley de Amnistía que se votaba ese día. Carro estaba citando unas reflexiones del entonces ministro de Justicia, de UCD, Landelino Lavilla, sobre los peligros de las amnistías frecuentes.

Alianza Popular, a diferencia de la UCD, no apoyó la ley. Esa norma no fue una fórmula de los herederos del franquismo para protegerse a sí mismos. No era para ellos, sino que tenía el objetivo contrario: liberar a todos aquellos opositores a la dictadura que aún quedaban en las cárceles.

Lo que sigue es un extracto de las principales intervenciones de ese día en un preconstitucional Congreso de los Diputados.

– Antonio Carro (Alianza Popular). “Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad. (…) En este clima de público desorden ¿queréis más amnistía? (…) Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley. (…) Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores. He dicho”.

– Marcelino Camacho (Partido Comunista). “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas. (…) Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. (…) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento. (…) Con la amnistía saldremos al encuentro del pueblo vasco, que tanto sufre, bajo diferentes formas, de todos los pueblos y de todos los trabajadores de España”.

– Josep Maria Triginer (Socialistes de Catalunya). “El día de hoy cierra definitivamente una etapa histórica de nuestro país: la amnistía liquida lo que ha sido considerado delito político por el anterior régimen. (…) Da paso a la etapa de transformación democrática que ya vivimos y de la que es un elemento importante e indispensable”.

– José María (Txiki) Benegas (Grupo Socialista).

“La amnistía total ha sido innecesariamente retrasada una y otra vez por la ceguera política y el obstinamiento de quienes se resistían a convencerse de que era inevitable, porque ninguna democracia se puede construir manteniendo presos, exiliados y represaliados, producto de una dictadura que se pretende superar. Pero que nadie se crea que hoy estamos otorgando algo. (…) Hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso por la libertad, que no es más que intentar reparar -si reparación cabe- los daños, los perjuicios, las injusticias provinientes de un régimen autoritario que no dudo en calificar como uno de los más implacables del siglo XX contra sus adversarios políticos”.

– Xabier Arzalluz (Grupo parlamentario de las minorías catalana y vasca). “Olvidemos, pues, todo. Sin embargo, tal vez, aunque los que estemos aquí estemos dispuestos al olvido, hay sectores de nuestra sociedad que no están aquí representados, que no están dispuestos al olvido. (…) La ley que nosotros estamos haciendo aquí hemos de procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor, oírnos con respeto”.

– Rafael Arias-Salgado (Unión de Centro Democrático). “Estamos tratando de hacer realidad una vieja y sentida aspiración que jamás ha llegado a echar sólidas raíces en la Historia de España: la definitiva institucionalización de un Estado democrático y de derecho que ampare la libertad de todos y en el que todos, en el respeto a los demás, lleguen a encontrar su sitio”.

La ley fue aprobada por 296 a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. “Esto está claro”, zanjó el presidente interino de la Cámara, Fernando Álvarez de Miranda. La votación fue seguida por una larga ovación con los diputados en pie. Alianza Popular se abstuvo en bloque y los dos votos negativos procedieron de sus filas. A los herederos del régimen no les gustaba la ley que ahora esgrime Falange contra Garzón.