Category: Prensa

Artículos de prensa relacionados con la temática del curso

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Familiares de víctimas inician un maratón de apoyo al juez

N. JUNQUERA – El País – 13/04/2010

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica convertirá la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el número 29 de la madrileña calle de San Bernardo, en una especie de cuartel general desde el que defenderá al juez Baltasar Garzón y su causa contra el franquismo. A partir de mañana, y en principio hasta el día 22, cuando está previsto que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión del juez, el recinto académico acogerá conferencias sobre la memoria histórica, testimonios de familiares de víctimas y la proyección de varios documentales sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura.

Entre otras actividades, está previsto que familiares de desaparecidos y fusilados lean en voz alta el auto del 16 de octubre de 2008 por el que el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. También se procederá a recoger firmas en apoyo del magistrado.

Hoy también se celebra en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto en defensa de Garzón convocado por UGT y CC OO al que está previsto que asista el ex presidente catalán Pasqual Maragall, que encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras contra el acoso al juez.

La Asociación Libre de Abogados aseguró en un comunicado que el juez Garzón “cumplió con su obligación” y acusa el Supremo de “colocar a las víctimas a merced de los verdugos”. La ALA “muestra su repulsa contra el auto de procesamiento” del magistrado “por lo que conlleva de retroceso en la lucha contra la impunidad” de aquellos que violaron sistemáticamente derechos fundamentales.

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“Imaginación creativa” o delito permanente de derecho internacional

La Justicia europea ha restringido leyes de amnistía sobre crímenes universales

NATALIA JUNQUERA – El País – 13/04/2010

El instructor del caso por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, sostiene que fue la “imaginación creativa” del juez de la Audiencia la que le llevó a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, cuarteando así “principios esenciales del Estado”. Pero el derecho y la jurisprudencia internacional de tribunales como el Europeo de Derechos Humanos muestra que Garzón no es, ni mucho menos, el único juez que ha restringido la aplicación de leyes de amnistía para juzgar delitos como las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos o el secuestro sistemático de niños. Otros jueces han interpretado también que la inexistencia de los responsables de un crimen (por fallecimiento o porque se hallaran en otro país) no exime a la justicia del deber de ofrecer una tutela judicial a las víctimas

Más de una treintena de Estados se han planteado este debate jurídico en los últimos años a la hora de revisar su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos.

– Los argumentos de Garzón. El 16 de octubre de 2008, el juez Garzón se declara competente para investigar lo que considera un plan sistemático de exterminio de rojos por parte de Franco, es decir, un crimen contra la Humanidad. Argumenta que los secuestros con desaparición de personas -lo que hacían los falangistas cuando iban a buscar a sus casas a las víctimas para darles el paseo– son delitos permanentes hasta que no se averigüe su paradero y por tanto, ni prescriben ni pueden ser amparados por una ley de amnistía. Garzón considera responsables a Franco y a otros 34 generales y ministros y solicita sus certificados de defunción. Reclama al Ministerio del Interior la identificación de los máximos dirigentes de Falange entre 1936 y 1951 y autoriza 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones, entre ellas, la de la fosa de Lorca.

– La ley de Amnistía (1977). El artículo primero de la ley afirma que quedan amnistiados: “Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”.

– El Derecho internacional. La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo recoge Naciones Unidas en su Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por España: “Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Y así lo ha aplicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de restringir leyes de amnistía cuando se ha ocupado de casos de desapariciones forzadas, por ejemplo cuando confirmó en 2009 la condena de la justicia francesa al mauritano Ely Ould Dah por torturas pese a que éste no estuvo presente en el proceso y pese a una ley de amnistía en Mauritania.

– Argentina, Chile y Marruecos. Argentina anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores de la dictadura (1976-1983). En Chile, los represores han sido juzgados y condenados. El Gobierno creó una comisión de investigación de los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973- 1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. En Guatemala también han sido juzgados ex militares por desapariciones forzadas durante la guerra entre 1960 y 1996. El Estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la Iglesia.

En Marruecos, el rey Mohamed VI creó el equivalente a una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. La comisión recomendó en sus conclusiones pedir perdón a las víctimas, que sí fueron indemnizadas. Suráfrica reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas, difíciles de cumplir en el contexto de pobreza del país.

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Pervivencia del franquismo judicial

SALVADOR MILÀ – El País– 13/04/2010

Parece que en España algo quedó a medio hacer, o se hizo mal, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, en relación al sistema judicial, a éste tercer poder clave para determinar la calidad y buena salud democrática del Estado social y democrático de derecho.

En estos últimos meses se están poniendo de manifiesto, de forma descarnada, muchos malentendidos -o sobrentendidos- en relación a la legalidad -formal- y legitimidad -social y política- del entramado judicial de excepción -primero- y “especial” -después- puesto en pie por la Junta Militar rebelde durante la guerra civil de 1936-39 y los sucesivos gobiernos del dictador Francisco Franco a golpe de bandos, decretos leyes, leyes de legislador único y expedientes de depuración, sin otra legitimación que la fuerza de las armas ni otra aspiración que la aniquilación y la venganza del “enemigo interior”.

La sociedad española asiste con incredulidad a una serie de pronunciamientos judiciales -y fiscales- entorno a cómo aplicar la Ley de Memoria Histórica, ante las lógicas peticiones de revisión de sentencias condenatorias de personas a las que el Gobierno solemnemente ha reconocido que fueron injustamente encarceladas o ejecutadas por tribunales ilegítimos; o entorno a las resoluciones del Tribunal Supremo que dan pábulo a las denuncias falangistas contra el magistrado Garzón, acusándole de prevaricar por el simple hecho de abrir diligencias, a instancia de partes legítimas, para averiguar el paradero de los desaparecidos a causa de la represión en el bando franquista. Con la paradoja de que se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como “ley de punto final” que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores.

Ya antes de la Ley de Memoria Histórica se habían dictado resoluciones del Tribunal Supremo, específicamente de su Sala de Justicia Militar en que, como si estuvieran fuera del tiempo y del espacio, con la asepsia de la sábana que tapa el cuerpo del delito, se invocaron argumentos formalistas relativos a la -al parecer- inexistencia de “nuevos hechos relevantes” que pudieran hacer necesaria la reconsideración de lo “juzgado” en su día por tribunales indignos de llamarse de justicia, para denegar la revisión de juicios sumarísimos que condenaron de forma injusta, alevosa y sin respetar los mínimos principios de un proceso penal digno de tal nombre, a personas tan significativas como Joan Peiró, líder sindical ejemplar, ministro de Industria de la República, que se opuso de forma pública y valiente a los desmanes de los incontrolados en los primeros días de la guerra civil en Cataluña (inexcusable la lectura de su recopilación de artículos Perill a la reraguarda!) y que salvó a cientos de personas.

Ante este panorama en la dehesa judicial, el fiscal superior del Estado, asistido de su junta de fiscales, ha optado por denegar la petición de la Generalitat de Catalunya -amparada por la Fiscal Jefe de esta comunidad- de promover la correspondiente revisión del juicio que condenó a muerte al President mártir Lluís Companys, con el singular artilugio de atribuir a la fiscalía del Estado una inexistente facultad de declarar nula la sentencia, cosa que la ley no hace directamente ni mucho menos le atribuye al fiscal.

Es más que probable que el fiscal del Estado haya tratado así de evitar un nuevo escándalo público judicial, en previsión de un pronunciamiento de la Sala Militar del Tribunal Supremo, que, ignorando la expresa e individualizada declaración de ilegitimidad y de falta de todo atisbo de justicia material en la sentencia que le condenó, que se contiene en el reconocimiento del gobierno.

Sin pasar por alto, ya puestos, el que todavía el Tribunal Supremo no haya hecho un reconocimiento solemne de la dignidad y honorabilidad de los cientos de jueces y magistrados que fueron apartados de sus carreras, degradados o ejecutados por no dar amparo con su toga a la rebelión, o por negarse a juzgar y condenar por rebeldes a las autoridades legítimas.

Salvador Milà es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña.

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Dos asociaciones de la memoria histórica se querellan contra los magistrados Varela y Saavedra

Les acusan de prevaricación por procesar a Garzón tras las querellas de la ultraderecha por haber investigado los crimenes del franquismo.- Protesta ante las puertas del Tribunal Supremo

PERE RÍOS – El País – 12/04/2010

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y de Mallorca han presentado hoy en el Tribunal Supremo (TS) una querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. Así lo ha explicado a los periodistas la portavoz de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, en declaraciones a las puertas de la sede del tribunal, donde se han concentrado familiares de represaliados por la dictadura con pancartas en apoyo a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS presentaron contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que Saavedra preside la Sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por el juez.

Álvarez ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una “profunda indignación” porque el Alto Tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional . Según sostienen, Varela habría incurrido en un delito de prevaricación por mantener la imputación contra Garzón “a sabiendas de que sus decisiones son objetivamente sostenibles en el plano jurídico, ya que lo único que ha intentado es interpretar el Derecho teniendo en cuenta cuál es el Derecho internacional aplicable”. También habría actuado “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”.

El comunicado añade que también dirigen su querella contra Saavedra porque es el presidente de la Sala de lo Penal, de la que forma parte Varela “y en cuyas decisiones se ha amparado éste para la desestimación de todas las pretensiones de Garzón” y, además, porque ha denegado la personación de las víctimas en el procedimiento. También consideran que Saavedra tendría que haber resuelto la cuestión de competencia en el asunto de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad planteada desde junio de 2009.

Según Alvarez, el proceso contra Garzón “es un ataque frontal contra las víctimas españolas de esas graves violaciones de los Derechos Humanos que esperaban que por primera vez los Poderes del Estado cumplieran con su obligación de investigar los crímenes contra la Humanidad cometidos por el fascismo durante la Guerra civil y la Dictadura posterior.” “No entendemos cómo es posible que un pseudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange -representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975- puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, ha añadido. Según ha explicado, las actuaciones de Varela y de Saavedra “no son acordes al Derecho”. Por su parte, el presidente de la asociación Memoria Viva, Pedro Vicente Romero de Castilla, ha dicho que el hecho de que se juzgue a Garzón le recuerda “un juicio en Nuremberg donde estaban sentados en el banquillo unos cuantos generales asesinos y había seis millones de víctimas reclamando Justicia”.

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The Shame of Spain and the Ghost of Fascism

Published on Thursday, April 8, 2010 by CommonDreams.org [visto en el blog (Re)generando memorias]

by Scott Boehm

When Spain is mentioned in the English-speaking world, romanticized images of Mediterranean landscapes quickly come to mind.  They are usually set to a passionate flamenco-inspired soundtrack and mingle with the fantasy of tantalizingly fresh paella, golden olive oil and ruby red wine.  This is the Spain most outsiders imagine and experience, and it is largely what the Spanish economy has depended upon since the 1960s when the dictatorship of General Francisco Franco launched a massive tourist campaign to stimulate a struggling economy.  The campaign was the stuff of economic miracles.  Spain rapidly became one of the world’s premier vacation destinations.

But all the sun in the world couldn’t hide the horror lying in the shadows of a country haunted by a recent war that touched every aspect of Spanish life.  At least not forever.

In 2000, twenty-five years after Franco’s death, Emilio Silva, a journalist searching for answers to questions about that war and his family’s relation to it accidentally discovered and exhumed the mass grave where his grandfather’s remains were located.  Silva’s grandfather, a humble shop owner and supporter of the democratic state established in 1931, was summarily executed by members of the Falange—the Spanish fascist party—along with twelve other people from his village in the north of Spain shortly after Franco and a handful of generals launched a coup against the Spanish Republic in July 1936.  Hitler, Mussolini, and the Catholic Church backed the conspirators while the United States, England and France turned a blind eye to the massacre that ensued.

While the events of 1936-1939 are popularly referred to as ‘the Spanish Civil War,” the term misrepresents what actually occurred.  More than a war between two more or less equally prepared and similarly matched sides, it was the mass extermination of “los rojos”—anyone considered part of “the anti-Spain” by the self-proclaimed, and well-armed, guardians of national identity and patriotic spirit.  The “reds” put up a long fight, but ultimately they were killed, tortured, raped, imprisoned, kidnapped, used as slave labor and/or driven into exile for four decades.

Like Emilio Silva’s grandfather, hundreds of thousands of the victims of such repression—continued by the Francoist state at the conclusion of the war—continue to lie prostrate in mass graves.  Since the exhumation in 2000, their descendents and sympathizers have formed a growing historical memory movement.  Like Antigone, they have repeatedly asked for one thing from the Spanish state: nothing more than the possibility of exercising their desire to properly bury their dead.  Like Creon, the Spanish state has consistently responded with statements, actions and laws that laugh in the face of their ethical claim.

In 2008, Spanish judge Baltasar Garzón, internationally famous for having put Chilean dictator Augusto Pinochet on trial for genocide in 1998, admitted a series of lawsuits filed by several historical memory organizations and individuals seeking assistance with the location and exhumation of the remains of family members.  Garzón subsequently opened the first criminal case into the 1936 coup and the Francoist dictatorship.  He concluded that the generals who launched the war were guilty of crimes against humanity, and ordered the exhumation of nineteen mass graves.  A few weeks later, Garzón was forced to close his case under pressure from fellow judges of the National Court and the Attorney General’s office. Once again, the hopes of family members were crushed by the weight of law and the callousness of the Spanish state.

(For a brief description of Garzón’s case, see my article “On Human Rights, Spain is Different” published on Common Dreams December 10, 2008: http://www.commondreams.org/view/2008/12/10 [1]).

If the story ended here, it would be yet another sad lament in a long litany of historical wrongs for the victims of Francoist repression.  But this story, unfortunately, is not over.

Shortly after Garzón withdrew his case, a far-right lobby and the Falange—the same Spanish fascist party that killed Emilio Silva’s grandfather and dumped his body in a ditch like hundreds of thousands of others—filed lawsuits against Garzón for opening the historic case.  To the surprise of many international law and human rights organizations, the Supreme Court admitted the suits last May.  Yesterday Judge Luciano Varela ruled that Garzón must stand trial.  He faces removal from the National Court and banishment from the bench for twelve to twenty years, which would mean the sudden end of Garzón’s illustrious, if controversial, legal career.

While Garzón has been roundly criticized for self-promotion and basking in the spotlight of high-profile cases, such personal faults are irrelevant to the case at hand.  If the Supreme Court rules in favor of the Fascist party and its associates—which appears quite possible—it will be a far-reaching victory for the state of impunity that characterizes contemporary Spain and a devastating loss for those seeking the most minimal act of justice for the dead.  It will also be a significant blow to international criminal law, convert Spain into a legal embarrassment in the eyes of the world and discredit the integrity of Spanish jurists.

This would seem bad enough, but if Garzón is debarred it also means that fascism will be validated as a legitimate and effective political force in democratic Spain.  Not only will the family members of the victims of fascist violence lose the only judge daring enough to challenge the 1977 amnesty law protecting those responsible for mass extermination and state repression—a law considered illegal under international law—they will also be forced to swallow the fact that, in Spain at least, democracy means that fascist complaints carry more weight than the burden of those traumatized by the Spanish state during much of the twentieth century.

Ten years into the twenty-first, the political panorama looks chillingly familiar to those who have survived or studied Francoist “justice.”  Once again, the force of law is being used to discipline those who challenge a deeply unjust social order.  But it is more than simply punishment; it is a threat to those who might follow in the footsteps of Garzón, and an insult to all the Antigones of the world.  It is also the apparition of fascism, alive and well in sunny Spain, rearing its ugly head from behind long, haunting shadows.

In Madrid, you can almost hear its voice echoing throughout the hallowed halls of justice:  “Olé!  Somebody pass the sangría…”

Scott Boehm is a Researcher for the Spanish Civil War Memory Project (http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/ [2]) at UC San Diego where he is a Ph.D. candidate in Literature.  His dissertation, “Trauma and Transitionism” examines the intersections of culture, memory and justice related to mass extermination and state repression in Spain.  He can be contacted at sboehm@ucsd.edu [3].

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Éramos tan cursis

La pompa de Franco. El dictador quiso volver a los valores y comportamientos del pasado, favoreciendo la cursilería. La hispanista estadounidense Noël Valis describe en un ensayo la atracción por el mal gusto de la nueva clase media española en los últimos dos siglos

Carroza fúnebre del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. – Cuenta Noël Valis.

PEIO H. RIAÑO – Público – 12/04/2010 08:30

España era diferente. Así lo vendieron, había algo que nos diferenciaba de los demás. Éramos especiales, teníamos un algo: éramos cursis. A mitad del siglo XX se estaba preparando la escalada a la cima más alta de la cursilería, que había nacido un siglo antes. Franco se presentaba como el noble guerrero triunfante en discursos y pinturas históricas y lograba borrar la historia de un plumazo,para convertir este lugar en otro que no se correspondía con la realidad.

El dictador había metido al país en la máquina del tiempo y le había hecho retroceder hasta esos mitos alcanforados de la fundación de la nación española: los reyes Católicos, una religión unificadora y épica, un destino imperial.España era diferente: aquí ser moderno empezaba a significar no ser español. Aquí ser moderno era renunciar a la tradición.

Modernizarse era traicionar a las fronteras, a nuestra identidad. La traición a lo español haría de España uno más. Así que el franquismo trazó barreras defensivas ante ese mundo de fuera que empezaba a ser tan parecido y la disensión interna, acentuando laexcepcionalidad y unidad del país como fuera. Incluso acentuando su lado más cursi.

“Irónicamente, el resultado fue con frecuencia mucho menos grandioso y mucho más banal, sin duda cursi, de lo pretendido, según empezó a dominar una mentalidad perversa y retrógrada, de estilo victoriano”, escribe la catedrática de literatura española en la Universidad de Yale NoëlValis, en el ensayo La cultura de la cursilería. Mal gusto, clase y kitsch en la España moderna (editado por AntonioMachado Libros).

“El Generalísimo se había convertido en un enano kitsch, encogiéndose ante los ojos del gran público”, explica al tratar los últimos años de la dictadura. La investigadora acude a los escritos de entonces que hablan de cómo la presencia de lo cursi es continua por las contradicciones internas. Martín Gaite, Vázquez Montalbán o Sopeña Monsalve enseñaron en sus novelas las disparidades sociales y materiales entre la estrechez económica y la necesidad de guardar las apariencias, o “entre la imagenideal de la vida familiar y la dura realidad del trabajo mal remunerado”.

“Creo que casi es inevitable que un movimiento como el nacionalcatolicismo llegue a verse en parte como algo cursi, precisamente porque hay un abismo entre las apariencias y la realidad del franquismo”, explica Noël Valis a Público desde su despacho. El franquismo era al tiempo adusto y cursi, marcando a una generación con memorias no deseadas.

Franco impuso los valores y comportamientos del pasado en un momento en el que las dificultades y la escasez material de la posguerra acentuaron el abismo entre la verdad y la ficción. La cursilería jugó con ventaja entre unas clases medias, inseguras e inestables que nunca lograron definirse a sí mismas satisfactoriamente.

Una vieja cuestión

Algunos años atrás, encontramos a un observador inglés, Samuel Levy Bensuan, que relató la vida de la clase media española. “Ahora les contaré un pequeño engaño diplomático del tipo que con tanta frecuencia se asocia en España a la pobreza y a los venidos a menos. Los cursis, como se llama en España a estos inofensivos fingidores, anuncian que se van a algún lugar costero de moda e invitan a sus amigos a despedirles en la estación de ferrocarril”, contó cuando en 1910 descubrió la farsa.

El extranjero supo que tras la afectuosa despedida, el tren partía y el cursi se apeaba en el primer pueblo, donde permanecía escondido hasta que pasaba la temporada veraniega: “Un extraño esnobismo, sin duda, pero no exento de cierto elemento de patetismo, como mecanismo que es de una de las últimas vueltas en la carrera desesperada por guardar las apariencias y por ocultar la pobreza a ojos curiosos y lenguas crueles”. De estos, reconoció el judío inglés, conocedor de la marginalización, se encontraban en España “por todas partes”.

Antes, Benito Pérez Galdós ya trató la presencia de la cursilería de manera brillante en La desheredada (1881), donde toda la familia Pez es un buen ejemplo de cursilería sometido a la mirada cruel y satírica del autor de losEpisodios Nacionales.

En el apéndice del libro, Valis recupera la primera aparición por escrito de lo cursi, en 1842, en Cádiz: “El cursi mío es delgado más bien que grueso; su ropa, particularmente el frac o levita, siempre le está estrecha; sus toquillas y chalecos los usa de colores fuertes, y en todo su equipaje se notan síntomas de raído, así como en su aire algo de lo que llamamos recortado”.

El término es tratado en este ensayo como una metáfora de identidad del cambio, es algo esencial en los procesos históricos de la modernización de España. “Las primeras apariciones de la cursilería indicaban que una nueva clase social empezaba a existir. Galdós y muchos otros la asociaban en gran medida con las clases medias de Madrid”.

Se refiere a los escritores modernistas (Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Gómez de la Serna), quienes para la autora surgen, como la cursilería, de los anhelos de la clase media y de su carencia de orígenes nobles. Lo cursi es una marca de inferioridad. Y sin embargo, también es un aspecto acogedor y positivo relacionado con la vida doméstica.

Fenómeno de provincias

Curiosamente en una de las conclusiones más valientes de la hispanista, los valores de la capital no se impusieron sobre las provincias, sino al contrario. “En otras palabras, es un fenómeno de provincias que eventualmente llega a nacionalizarse”, explica.

El carácter provinciano de lo cursi forja una conexión entre la clase media de España y la identidad nacional y prepara una extraña paradoja: “La paradoja de lo provinciano como punto crucial en la modernidad”. Es decir, lo provinciano es fundamental a nuestra comprensión de la modernidad española.

Según la RAE, “la persona que presume de fina y elegante sin serlo” es cursi. “Lo cursi capta simbólicamente esa autoconciencia de sentirse inadecuado social y culturalmente hablando, que una sociedad marginada y en transición experimenta cuando se mueve de una economía precapitalista a una organización económica industrializada y consumista”.

Noël Valis ha colado el concepto de la cursilería en el centro de la Academia de la Historia para entender la evolución del país, convencida de que aporta mucho al ensanchar la noción de lo que es Historia, más allá de las instituciones y los grandes sucesos históricos. Aquí están las pequeñas historias, “las emociones que están arraigadas en la cultura”.

Mientras que lo cursi muestra la transición hacia algo diferente, “las estadísticas y los documentos legales no valen gran cosa para este tipo de análisis”, cuenta la catedrática. “Textos literarios y no literarios, objetos como los abanicos y los álbumes, y prácticas sociales como las tertulias y la recitación de poesías son valiosas fuentes para ir investigando el tema de la cursilería. Y segundo, lo cursi encarna la entrega incómoda y desasosegada de España a las fuerzas de la modernidad”.

Y Tierno, en carroza

“Tierno era discreto, casi sacerdotal en sus formas, pero duro como el acero en sus convicciones y argumentos, siempre elegantemente afinados y sutiles”, recuerda Valis de su profesor, a quien dedica el libro. Por eso cuando vio la carroza fúnebre en la que viajaba el ataúd del alcalde de Madrid, el 21 de enero de 1986, por las calles de la capital ante medio millón de personas en una procesión de diez kilómetros, le chocó tanto. La extravagancia rococó del carruaje, “de una apariencia magníficamente falsa”, no encajaba con el viejo profesor.

“Era tan obsoleto, tan de película Me pareció una imagen perfecta del extraño matrimonio entre modernidad y tradición de los años de la Transición”, cuenta a este periódico. De hecho, el coche francés del siglo XIX se pidió al Museo de Carruajes Fúnebres de Barcelona.

En la posguerra, la Movida madrileña convirtió la cursilería, el kitsch y lo camp en la cultura moderna española. Valis encuentra en Leopoldo Alas la mejor mirada de entonces: “Simago es cursi, El Corte Inglés es kitsch; la vida es cursi, la muerte es kitsch; Ana Belén es cursi, Madonna es kitsch. Almodóvar es cursi”, escribió en su ensayo Sinceramente kitsch.

En la actualidad, con diferencias entre clases atenuadas, la ansiedad cursi surge de esa confusión de pertenencia. “¡A lo mejor hoy nadie está libre de la cursilería!”, ríe Noël Valis.

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Los testigos de Garzón que Varela se niega a escuchar

Varios de los testigos explican a ‘Público’ por qué la Ley de Amnistía no protege los crímenes del franquismo

PERE RUSIÑOL – Público – 12/04/2010 08:14

De izquierda a derecha: Hernán Hormazábal, Hugo Relva, Ricard Vinyes, Sergio G Ramírez, C. Jiménez Villarejo y Carla del Ponte.

Son 15 juristas o expertos de primera división mundial que suman décadas estudiando los derechos humanos y la legislación internacional. Han lidiado con los fueros que gracias a variantes diversas de leyes de amnistía protegían a dictadores como Slobodan Milosevic, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, entre otros. Y fueron citados por Baltasar Garzón como testigos para tratar de demostrar al Tribunal Supremo que no prevaricó al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Pero Luciano Varela, el juez instructor de la causa contra Garzón, los ventiló a todos de un plumazo en el auto del 7 de abril: no es necesario escucharles.

A algunos les rechaza educadamente porque dice que ya han dejado por escrito sus posiciones, pero a otros se los saca de encima sin ocultar el malestar que le genera la sugerencia. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, reclamado en su condición de miembro del Grupo de Expertos designado en el sumario de Garzón: “No se expone qué tipo de experiencia ha puesto a contribución en la causa en su día tramitada, tampoco resulta útil para hacer visible la intencionalidad del imputado”, sostiene Varela en su auto, que Garzón recurrió el sábado.

O Ricard Vinyes, historiador de la Universitat de Barcelona (UB), el mayor experto en el robo de niños a las madres del bando republicano tras la guerra: “No es pertinente la declaración de don Ricardo Vinyes, al que se pretende convocar para ilustrar a este instructor a fin de que pueda valorar lo horrendo de los crímenes relativos a secuestro de niños, por cuanto que, aún en la hipótesis de que el Instructor careciera de capacidad propia para tal valoración, esa constatación nada añadiría, ni restaría, a las razones de la imputación“, escribe Varela.

Ley de Amnistía

La mayoría de los expertos fueron citados para tratar de demostrar que, al igual que ha sucedido en otros países, la ley internacional impide amnistiar los crímenes más graves en derecho internacional, por mucho que así lo decidieron normas nacionales. El haber ignorado supuestamente la Ley de Amnistía -aprobada en 1977, antes que la Constitución- es uno de los argumentos centrales que esgrime Varela para seguir adelante con las querellas presentadas por Manos Limpias y Falange.

Vinyes fue llamado en su momento por Garzón para ratificarse en el contenido de su libro Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Temas de Hoy), donde documenta cómo al menos 12.000 niños fueron arrancados de sus madres tras la guerra para extirpar el virus rojo de las nuevas generaciones. Y esta cifra incluye sólo
los casos hasta 1943.

“Las desapariciones infantiles no fueron un azar, sino un sistema muy bien planificado. No es como pasó después en Argentina, donde se hacía a escondidas. Aquí el régimen se enorgullecía. Si tenemos tantos datos es porque lo cuenta el Estado”, explica Vinyes.

La raza y la democracia

“El sistema nació de unos experimentos de Antonio Vallejo-Nájera [jefe de los servicios psiquiátricos militares de Franco] con presas en Málaga, en los que supuestamente demostraba cómo la raza española, que según sus teorías existía con una base más cultural que genética, se había ido deteriorando a medida que avanzaba la democracia”, prosigue el historiador. Y añade: “De aquí salen la propuesta para evitar la transmisión cultural de madres a hijos: la segregación. Es decir, quitarles los hijos”.

En 1949, este “sistema organizado” de robo de niños sigue operativo y se ha ampliado al extranjero, como demuestra un documento del Servicio Exterior de Falange para buscar hijos de republicanos fuera. “Es gravísimo que aún exista impunidad sobre estos crímenes”, concluye Vinyes.

Uno de los mayores expertos en leyes de amnistía y en qué delitos prescriben según la ley internacional es Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, que ha seguido muy de cerca todos los debates equiparables en América Latina: Argentina, Chile, Brasil, Perú. Es otro de los testigos solicitados por Garzón.

“En todos los países, este tipo de leyes de amnistía tienen validez durante algunos años, pero siempre acaban cayendo. La única excepción es España”, explica Relva en conversación telefónica desde Buenos Aires. “Lo más incomprensible es que además en España se castiga por poner en tela de juicio la legalidad de la norma, algo que en todos los países con leyes de este tipo se ha hecho sin problema”, agrega.

“Los derechos de las víctimas a ser oídas y a ir a un tribunal para recuperar restos están amparados por todos los tratados de derecho internacional suscritos por España, que además impiden amnistiar crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio”, apunta Relva. Y concluye: “¡Qué ironía que esto suceda en España, que llevó a procesos a extranjeros que cometieron crímenes, y que luego no se pueda investigar los crímenes cometidos en el país!”

Entre los testigos propuestos también hay varios juristas que, ya sea como jueces o como fiscales, han actuado contra grandes acuerdos políticos que, al firmarse, prometían impunidad y borrón y cuenta nueva: la suiza Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que firmó en 2005 la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida; el chileno Juan Guzmán, que abrió causa contra Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres de víctimas de la dictadura pese al manto de silencio político, y el mexicano Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente de jurisprudencia para buena parte de los casos en América Latina equiparables a la causa que instruyó Garzón en España.

A todos estos expertos internacionales los rechaza Varela en un párrafo de su auto de la semana pasada. Lo hace con enfado evidente: “Solamente desde una apriorística desconsideración, no ya del Tribunal enjuiciador, sino de la capacidad técnica de la defensa letrada de las partes, se puede entender necesario, ni siquiera útil, acudir a la opinión de otros juristas para formar el criterio que aquel enjuiciamiento reclama”.

Otros países

Previamente, Varela rechaza cualquier comparación con causas abiertas en otros países: “La relación de causas penales abiertas por Juzgados Centrales de Instrucción contra otros individuos a los que se imputan otros delitos cometidos en otros países tampoco resulta trascendente, en esta fase del procedimiento, para determinar cuál debe ser la subsunción de los hechos imputados al querellado en el ordenamiento jurídico español”.

Sin embargo, la histórica sentencia argentina de junio de 2005 tiene muchos paralelismos con los argumentos de Garzón sobre los que pesa la acusación de prevaricación.

Zaffaroni la fundamentó así: “Que desde ese momento [cuando se aprueban las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida] hasta el presente, el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales que imponen la revisión de lo resuelto en esa ocasión. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas características, cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido”.

Previamente, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos humanos había fijado los límites de las leyes de amnistía o perdón con la rúbrica de García Ramírez: “Esas disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad”.

Aquel mismo año, 2001, Europa avanzaba en la misma línea con la detención de Slobodan Milosevic, gracias en parte al ímpetu de Del Ponte. La ex fiscal es hoy embajadora de Suiza en Buenos Aires y no está autorizada a hablar públicamente de su etapa en La Haya. Pero tras la detención de Milosevic, que había firmado bajo el auspicio de la comunidad internacional los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia, declaró: “Nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de la justicia internacional. Hoy, la comunidad internacional demuestra con su determinación que las víctimas no serán olvidadas y que su historia será contada”.

Abrir fosas

En una entrevista reciente con Radio Holanda Internacional, Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que se atrevió con Pinochet, se expresó en términos parecidos a los que a Garzón le ha costado la acusación de prevaricar: “Está muy claro que ni la amnistía del año 1977 ni la prescripción se pueden hacer valer por esas muertes sistemáticas”. Y remachó: “Es una norma de derecho internacional, y la única manera de investigar esto es abriendo las fosas”.

Otro de los testigos rechazados por Varela es Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona, uno de los mayores especialistas en España en derecho penal internacional. A su juicio, “no hay ni la más mínima base técnica ni jurídica para procesar a Garzón”.

“Las supuestas resoluciones injustas de Garzón son un trámite procesal formal, de los que se dictan miles cada día”, opina Hormazábal.

El catedrático concluye que no puede existir prevaricación cuando el origen del conflicto es el choque entre “dos posiciones doctrinales diferentes, ambas con fuerte arraigo doctrinal”. “La manifestación de una opinión doctrinal formalizada en una resolución judicial no puede ser nunca prevaricación”, concluye.

Su argumento coincide con el de Carlos Jiménez Villarejo, testigo también rechazado por Varela. El ex fiscal subraya que la Ley de Amnistía “es preconstitucional y se acordó en condiciones de desigualdad, en un proceso conducido por franquistas, como muy bien contó en sus memorias Rodolfo Martín Villa [ex ministro de Gobernación de Adolfo Suárez y hoy presidente de Sogecable]”.

“Por más que haya posiciones jurídicas discordantes, no puede impedirse que la causa se abra y menos aún imputar al juez por ello”, recalca Jiménez Villarejo, muy preocupado porque a Garzón “ni siquiera se le permite practicar pruebas”, lo que en su opinión vulnera “el principio básico del derecho a un juicio justo”.

El ex fiscal no sale de su asombro: “A los acusadores, en cambio, se les acepta todo. Salvando las distancias, el proceso se asemeja cada vez más y de forma muy peligrosa a los juicios que se realizaban durante el franquismo”.

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Dos asociaciones denuncian el rencor de Varela a Garzón

Hoy se querellan por prevaricación contra el magistrado del Supremo

PERE RÍOS – El País – 12/04/2010

La querella por prevaricación que hoy presentarán en el Tribunal Supremo las asociaciones para la recuperación de la memoria de Cataluña y Mallorca acusa al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de falsear la realidad al atribuir al juez Baltasar Garzón unas resoluciones que no son suyas, ignorar el derecho y los tratados internacionales, y actuar por animadversión personal.

Arremeten también contra Juan Saavedra, presidente de la Sala del Supremo que ha avalado la instrucción de Varela durante estos meses, al considerar que ha actuado en estrecha colaboración con el magistrado y le ha facilitado datos del procedimiento al margen de sus competencias.

Varela es el instructor de una de las tres querellas que pesan contra Garzón; el juez de la Audiencia Nacional está a un paso de tener que sentarse en el banquillo, acusado de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Las asociaciones querellantes creen que de esta manera se está imputando sin ninguna base al juez de un delito de prevaricación que sí cometió en su opinión Varela. El magistrado del Supremo dictó un auto el 3 de febrero ordenando la continuación del procedimiento por la querella presentada por Falange y el grupo ultraderechista Manos Limpias.

La querella de las asociaciones recuerda que la instrucción realizada por Varela contra Garzón “falsea un dato del cual se extraen graves consecuencias jurídico-penales” contra el magistrado, pues se le atribuye la autoría de una providencia firmada el 29 de octubre de 2008 acordando exhumaciones de las fosas del franquismo en diversos municipios de España cuando en realidad lo firmó otro juez. “Tal afirmación pone en evidencia la actitud malintencionada del querellado al inventar un hecho, dentro de lo que sería la teoría objetiva de la prevaricación”, se dice en la querella.

Del mismo modo, se asegura que Garzón reactivó la causa de las fosas del franquismo el 17 de noviembre de 2007 cuando las asociaciones de víctimas se quejaron al Consejo General del Poder Judicial, pero en realidad se produjo un mes después y al margen de lo que dijera la fiscalía sobre la competencia para investigar los hechos, puesto que su informe no era preceptivo para que Garzón se declarase competente.

Las asociaciones consideran “también paradógico” que Varela aluda a la falta de protección de las víctimas y se la atribuya a Garzón, cuando fue precisamente él quien no admitió que las asociaciones se personaran en el proceso contra el juez de la Audiencia Nacional.

“La incriminación del primer juez que se atrevió a investigar tales crímenes tendría un claro efecto de amedrentar a futuros y potenciales investigadores judiciales”, dice la querella. Y añade que quizá la única causa por la que no se permitió personarse a las asociaciones sea que “querían defender la legitimidad de la causa seguida por Baltasar Garzón, que no era otra que su causa”.

La querella recuerda la “notoria y pública animadversión” que desarrolló Varela por Garzón “cuando sus trayectorias profesionales se cruzaron en la carrera judicial”. Se trata de una “enemistad” que se remonta en su opinión a cuando “se urdió la operación para impedir” que Garzón accediera a la presidencia de la Audiencia Nacional, un movimiento en el que creen que Varela “tuvo una decisiva intervención”, según dice el escrito.

La querella insiste de manera reiterada en que no fue Garzón quién prevaricó, como pretende demostrar Varela, sino el propio magistrado del Supremo al imputarle un delito cuando no hizo otra cosa que interpretar la ley.