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Louis Joinet, magistrado y abogado general emérito de la Corte de Casación Francesa y antiguo Relator Especial de Naciones Unidas, es uno de los integrantes de la misión de solidaridad con el juez Baltasar Garzón organizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Afirma que él no ha venido para juzgar a la Justicia en España, sino porque defender ahora a Garzón es una “cuestión de principios” y porque le parece paradójico que en un proceso al franquismo al final el procesado sea el juez que lo investigó.

Pregunta. ¿Había conocido usted algún otro caso similar a este?

Respuesta. Hace 20 años, la evolución del Derecho Internacional no habría permitido un caso semejante pero ahora, en América Latina, en Europa, en África, la evolución del Derecho Penal Internacional pasa por investigar y aplicar la justicia allí donde se hayan cometido crímenes graves contra la Humanidad. El papel fundamental en esa evolución fue el caso Pinochet. La situación de Garzón es muy grave por otra razón: en el mundo, en algunos países, los Gobiernos no tienen aprecio por los jueces independientes que investigan por el derecho de las víctimas a la verdad. España es sin duda un país democrático, pero la utilización del delito de prevaricación puede suponer un grave precedente y dar ideas a los dirigentes de países no democráticos.

P. ¿Cree que se puede investigar el franquismo a la luz del Derecho Internacional?

R. En el pasado, el objetivo de la Justicia era identificar a los autores buscando su incriminación o buscar pruebas para un proceso equitativo. Ahora, la Justicia internacional además del objetivo clásico de identificar a los autores, tiene el objetivo de reparación a las víctimas de las desapariciones. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, qué pasó, cómo y cuándo. Probablemente, todos los autores están muertos, pero las víctimas siguen existiendo y tienen derecho a saber.

P. ¿Usted llevó algún asunto en el que tuviese que investigar desapariciones?

R. Yo fui el segundo juez instructor en el affaire Ben Barka [el disidente marroquí secuestrado en París en 1965 y torturado hasta la muerte en Francia, cuyo cadáver nunca apareció].El general Ufqir y otros secuestradores están muertos y otros fueron condenados, pero el cuerpo de Ben Barka ¿dónde está? Aún hoy, 45 años después, hay un juez instructor en Francia que prosigue las investigaciones del paradero de Ben Barka. Y para su hijo, es fundamental saber dónde está el cuerpo.

P. ¿Qué imagen tiene en Europa el Tribunal Supremo español?

R. Conozco la Justicia española desde los tiempos de Franco. Creo que el Tribunal Supremo español es democrático, pero tiene un problema de formación de los magistrados. Ahora, con la globalización mundial, el juez tiene la obligación de tener en cuenta el Derecho Internacional.

Con enorme respeto leemos las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de los magistrados de la Sala de lo Penal y queremos acogernos a su propio deseo: “No podemos quebrar”, dice la máxima autoridad judicial, “ese conducto que une a los ciudadanos con la Justicia porque esa confianza en las instituciones es absolutamente necesaria para administrar una justicia recta e imparcial”. Los ciudadanos compartimos enteramente esa preocupación.

En el caso específico del juez Baltasar Garzón, lo que los ciudadanos asumen es el hecho de que por mor de la investigación de dos de los delitos más graves que pueden dañar un sistema democrático, los crímenes contra la humanidad perpetrados en nuestro pasado reciente y la corrupción introducida en estamentos públicos de la nación, se produzca la perversa paradoja de que los presuntos delincuentes erigidos en acusadores conviertan al juez que los investiga en reo.

Por otra parte, los ciudadanos leen en la prensa los nombres propios y apellidos de compañeros del juez Garzón que le profesan conocida y pública animadversión y que, sin embargo, toman parte activa en el procedimiento para su inhabilitación profesional. En respuesta a esta situación, que a muchos parece anómala, tanto los medios de comunicación como eminentes juristas y personalidades españolas y extranjeras hablan de “acoso contra el juez Garzón” y los ciudadanos se afanan en expresar su apoyo y solidaridad.

Las dimensiones de inconcebible acumulación que está tomando el caso, hacen temer que éste pueda llegar hasta los tribunales internacionales.

Una larga y representativa lista de personas de la cultura hemos expresado nuestra preocupación por la gravísima situación que se derivaría de un probable “largo apartamiento” del magistrado Baltasar Garzón de sus funciones; sobre todo porque la sociedad identifica y agradece su dedicación y su lucha contra la delincuencia, el terrorismo y la corrupción económica y política sin distinción de ideologías.

Por eso, reiterando el máximo respeto a las instituciones de la Justicia y para que no se quiebre la confianza deseada, ponemos en ellas la máxima esperanza de que el caso Garzón se resuelva a favor del Derecho en un país en democracia y en contra de la impunidad de los graves delitos perseguidos por el magistrado. Nuestra solidaridad con él se basa en ese mismo espíritu.