Una inconcebible injusticia

MARCOS ANA – El País – 15/05/2010

El juez Luciano Varela acaba de hacer un flaco servicio a la democracia de nuestro país. En el mundo, eminentes juristas, escritores de renombre, las personalidades más diversas, se frotan los ojos sin saber lo que ocurre en España.

El proceso contra el juez Baltasar Garzón, por tratar de investigar los crímenes del franquismo, pone al descubierto la inmadurez de nuestra democracia y nos quita credibilidad. Es como si todavía, a más de treinta años de la Transición, no estuvieran claros y asentados los valores de nuestra democracia y nuestra memoria histórica. Investigar los crímenes de una dictadura, tan atroz como la que sufrimos los españoles, no puede ser un delito, no lo ha sido en ninguna parte y España lamentablemente es una vergonzosa excepción.

Como víctima de la dictadura me siento directamente encausado junto a Baltasar Garzón. Como se sienten o se sentirían los miles y miles de hombres y mujeres que perdieron su libertad o su vida en los años de la dictadura para que España fuera un país libre y democrático. En mis años de condenado a muerte di el último abrazo a centenares de compañeros cuando iban a vivir la última madrugada de su vida. Se enfrentaban orgullosos a la muerte convencidos de que se acercaba un amanecer libre y democrático para España. Es difícil no recordarles e imaginar lo que pensarían si supieran que un juez democrático ha sido encausado por tratar de investigar a sus asesinos. El otro día, ante las víctimas de Mauthausen, la vicepresidenta del Gobierno dijo, con estas o parecidas palabras: No aceptamos el silencio, porque el silencio conduce al olvido y no podemos ni debemos olvidar. El proceso contra Garzón es un borrón de vergüenza en nuestra reciente historia democrática y las víctimas y la sociedad civil seguiremos movilizándonos para reparar tan inconcebible injusticia.

Marcos Ana es poeta y el preso que más tiempo pasó en las cárceles franquistas: 23 años.

Garzón puso el cascabel al gato de América Latina

Los procesos abiertos por el juez instructor de la Audiencia Nacional han posibilitado el enjuiciamiento de algunos de los responsables de las dictaduras latinoamericanas de los setenta y ochenta

ÓSCAR GUTIÉRREZ El País14/04/2010

Decía Carlos Menem de Baltasar Garzón que trataba con sus causas de “hacer vedettismo en todo el mundo”. Corría el mes de noviembre de 1999 y el juez de la Audiencia Nacional había solicitado la captura de 98 personas, entre civiles y militares, por crímenes durante la dictadura argentina (1976-1983). Y eso, para el entonces presidente argentino, “estaba fuera de lugar”. Se opuso a la petición del juez español. Más de nueve años después, el Consejo de Ministros español daba luz verde a la extradición a Buenos Aires del ex militar argentino Ricardo Cavallo, procesado por genocidio, terrorismo y torturas cometidas, especialmente, durante su etapa al cargo del Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Durante esa década, Garzón abrió el camino -sigue abierto- al juicio de los crímenes cometidos durante las dictaduras de los años setenta y ochenta en América Latina.

Pese al centenar de procesados por el juez dentro de la causa contra los delitos cometidos durante la dictadura argentina que encabezaron Jorge Videla y Emilio Massera, el caso que lanzó a las primeras planas de medio mundo al magistrado jienense fue el del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El entonces senador vitalicio fue detenido en una clínica de Londres el 16 de octubre de 1998 por agentes de Scotland Yard en cumplimiento de una orden cursada por Garzón. El juez acusaba en primera instancia a Pinochet del asesinato de españoles entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1983.

Pinochet se acerca al banquillo

En su auto posterior de procesamiento, el magistrado señalaba a Pinochet como coautor en delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura, así como responsable del sistema de coordinación internacional (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) para la eliminación o entrega ilegal de presos conocido como Plan Cóndor. El 11 de enero de 2000, el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, convertía en papel mojado la petición de extradición a España y dejaba marchar a Chile a Pinochet por no estar “en condiciones de ser juzgado”. No obstante, la puerta entornada de Garzón al juicio de Pinochet -pese a su salud- fue aprovechada por la justicia chilena para levantar el fuero en varias ocasiones que protegía al ex jefe de Estado golpista. Uno de los jueces que logró el desafuero de Pinochet fue Juan Guzmán, reconocido admirador del impulso de Garzón a la lucha contra la impunidad y dispuesto hoy a declarar en favor del magistrado en el proceso abierto en su contra en el Tribunal Supremo. Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 sin ser condenado.

El esfuerzo judicial de Garzón se ha traducido en España, sin embargo, en una sola condena firme en 2005 contra el ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo por la muerte de 30 personas entre 1976 y 1977 en dos de los llamados vuelos de la muerte. Scilingo, militar arrepentido que vino voluntariamente a España para declarar, fue penado en la Audiencia Nacional a 604 años de cárcel. El Tribunal Supremo elevó la condena, en un fallo que reforzó la doctrina de la justicia universal, a 1.084 años de prisión por “crímenes contra la humanidad” recogidos en el derecho internacional.

De Kissinger al subcomandante Marcos

Más allá del juzgado, el especial interés de Garzón en condenar a los criminales de las dictaduras latinoamericanas -ha reiterado su deseo de interrogar a Henry Kissinger, ex secretario de Estado, por su implicación en el Plan Cóndor- le ha convertido en referente académico e intelectual. Hasta el subcomandante Marcos, líder mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le dedicó una carta en noviembre de 2002 en La Jornada en la que criticaba la suspensión en España de Batasuna. Garzón llamó al subcomandante “barco a la deriva” y le retó a debatir cara a cara, aunque el duelo nunca se celebró.

La querella presentada en un juzgado de Buenos Aires para investigar los crímenes del franquismo es tan solo la muestra explícita del apoyo recibido en América Latina por Garzón a su trabajo en el juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El juez cuenta de hecho con 21 títulos honoris causa, de los que solo uno, el de la Universidad de Jaén, ha sido concedido en España. El magistrado ha tenido que viajar fuera de su país para recibir el resto: Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí, Bolivia; Universidad Nacional de la Plata, Argentina…

* * * * *

“La decisión alienta los comportamientos dictatoriales que desean sepultar la verdad”

Juristas argentinos muestran su apoyo al juez Garzón tras su suspensión

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – El País – 14/05/2010

La imagen del juez Baltasar Garzón abandonando la sede de la Audiencia Nacional entre los abrazos y lágrimas de sus compañeros ha recorrido las pantallas de todas las televisiones argentinas y de todas las páginas web de sus periódicos. “Es paradójico que la misma persona que ha favorecido la expansión de los Derechos Humanos mediante la expansión del Derecho Internacional se vea separado de la función judicial. Se le ha reprochado aplicar dentro de España reglas reconocidas internacionalmente gracias, entre otros, a su trabajo”, se ha lamentado en declaraciones a EL PAÍS Ricardo Gil Lavedra, juez integrante del tribunal que juzgó en Argentina a los máximos responsables de la Junta Militar. Gil Lavedra, que fue ministro de Justicia y es actualmente diputado radical, ha expresado su tristeza por el destino de Garzón, un juez extraordinariamente conocido y apreciado por todos los movimientos de defensa de los derechos humanos de América Latina.

El presidente de la Auditoria General de la Nación y ex Relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y magistrados, Leandro Despouy, ha considerado que la sanción al juez Baltasar Garzón “constituye una regresión de los principios del Derecho Internacional moderno”. “Con esa sanción, España pierde todo su prestigio y autoridad en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad”, ha advertido. Para Despouy es notoria la arbitrariedad del procedimiento seguido porque no se puede sancionar a un juez por sus fallos o resoluciones: para eso existen instancias superiores que se encargan de establecer el derecho aplicable.

La noticia del apartamiento judicial del juez Garzón ha sido recogida inmediatamente en todos los medios argentinos. Garzón es extraordinariamente popular en el cono sur de América, donde se recuerda y se aplaude su decisión de intentar procesar al general Pinochet y los instrumentos jurídicos que facilitó para la apertura de nuevos juicios contra los militares y torturadores argentinos. Por eso, 800 asociaciones cívicas, profesionales y de defensa de los Derechos Humanos presentaron hace una semana un manifiesto de apoyo, que respaldaron, entre otros, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, la ministra de Defensa, Nilda Garré, la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, numerosos diputados y hasta cantantes o deportistas, como Susana Rinaldi o Cesar Luis Menotti, además de escritores como Felipe Pigna o Álvaro Abós.

Garzón simboliza en todo el mundo un mensaje importante: la idea de que no existen rincones para la impunidad. “Deben ser conscientes de que, al tomar la decisión de sancionarle, se alientan los comportamientos dictatoriales que desean sepultar la verdad y la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad”, ha asegurado a EL PAÍS Leandro Despouy. “Es algo muy triste para todos nosotros”.

Almodóvar: “Me provoca una desasosegante desconfianza en el sistema judicial”

El mundo de la cultura reacciona ante la suspensión de Garzón y habla en apoyo al juez

El País14/05/2010

El mundo de la cultura lleva en alerta varias semanas. De hecho, a este sector profesional se debe en parte la organización de las manifestaciones del pasado día 24 de abril en numerosas ciudades de España y el extranjero. Las reacciones de actores, cineastas, escritores e historiadores no se han hecho esperar.

Pedro Almodóvar, cineasta: “Como ciudadano lego en procedimientos que rigen la justicia en España, el hecho de que aparten del ejercicio de su profesión al juez Garzón, o cualquier otro juez, por pretender enjuiciar los crímenes de la dictadura franquista, me provoca una desasosegante desconfianza en nuestro sistema judicial”.

José Saramago, escritor y Premino Nobel de Literatura: “Las lágrimas del Juez Garzón hoy son mis lagrimas. Hace años, un medio día, conocí una noticia que fue una de las mayores alegría de mi vida: el procesamiento de Pinochet. Este medio día he recibido otra noticia, ésta de las más tristes y desesperanzadas: que quien se atrevió con los dictadores ha sido apartado de la magistratura por sus pares. O mejor dicho, por jueces que nunca procesaron a Pinochet ni oyeron a las víctimas del franquismo. Garzón es el ejemplo de que el campesino de Florencia no tenía razón cuando, en plena Edad Media, hizo sonar las campanas a difunto porque, decía, la justicia había muerto. Con Garzon sabíamos que las leyes y su espíritu estaban vivos porque le veíamos actuar. Con el apartamiento de Garzón las campanas, después del repique a gloria que harán los falangistas, los implicados en el caso Gürtell, los narcotraficantes, los terroristas y los nostálgicos de las dictaduras, volverán a sonar a muerto, porque la justicia y el estado de derecho no han avanzado, no han ganado en claridad y quien no avanza, retrocede. Tocarán a muerto, sí, pero millones de personas saben señalar el cadáver, que no es el de Garzón, esclarecido, respetado y querido en todo el mundo, sino de quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente”.

Juan Diego Boto, actor y director: “Tratando de abofetear a Garzón se está abofeteando a las familiares de 113.000 desaparecidos, no sólo en la guerra, sino muchos de ellos en la posguerra”.

Ismael Serrano, cantante: “Me parece lamentable que a la primera persona que se va a juzgar por los crímenes del fraquismo sea el juez que se atrevió a abrir una investigación. Cbae recordar que lo que mueve tanto a Garzón como a las víctimas no es el revanchismo, sino la justicia universal. Esta decisión además distancia al poder judicial de la gente, porque se mueve por lo que parece rencillas internas”.

Andrés Trapiello, escritor: “Hace 10 años media España con la inmensa mayoría del Partido Popular a la cabeza era contraria a las exhumaciones de las víctimas de la represión franquista. Lo hizo patente con toda clase de argumentos, incluidos el escarnio, el cinismo y las bromas de mal gusto. Hoy, de grado o por interés político, ya casi nadie se manifiesta abiertamente contrario a ellas. El Estado debería haberse puesto al frente de esa política de una manera decidida, como prometió el gobierno socialista, y no lo ha hecho. El juez Garzón, según he leído, se arrogó prerrogativas jurídicas que no eran de su competencia. Quizá. Pero gracias a él y a otros como él las víctimas van dejando las cunetas y las fosas comunes. Lo de hoy es, una vez más, un nuevo golpe a las víctimas y se lo han propinado en la carrera de un juez. Recuerda este a otro proceso escandaloso en que se acusó a unos médicos de Leganés de prácticas ilegales. El tiempo les ha dado la razón y el tiempo dará toda la razón a las víctimas que sólo perseguían esa poca justicia que acabarán teniendo de pleno derecho, tarde o temprano, porque la sociedad en su mayor parte ya se la ha dado”.

Alberto San Juan, actor y dramaturgo: “Me parece que esto no es un golpe sólo para Garzón, sino para la recuperación de la memoria histórica que es, esencialmente, un camino de paz. Es muy grave este asunto ante el que los ciudadanos no nos podemos quedar callados”.

Carmen Machi, actriz: “Es una de las cosas más impactantes que he vivido en mi vida, y me deja sin palabras y con una desconfianza terrible en muchas cosas, no me lo explico, no termino de comprenderlo”.

Ignacio Martínez de Pisón, escritor: “Es una caza al juez. Hay una persecución en toda regla. Yo no creo en conspiraciones pero de repente se han dado las circunstancias para que se orienten hacia un fin común, que es acabar con una figura incómoda. Si el mismo rigor que se le aplica a él se aplicase a otros jueces, a lo mejor nos quedaríamos sin magistratura. Imagínate el juez que instruyó el caso Egunkaria”.

Jaume Sisa, cantante: “Parece una cacería de la extrema derecha para tapar el caso Gurtel, toda una operación concertada, va a ser un escándalo internacional. Aquí no se va a entender y fuera mucho menos, es una torpeza de la derecha y les va a salir el tiro por la culata”.

Aitana Sánchez- Gijón, actriz: “Es lo más grave que ha pasado en la democracia desde el intento del golpe de estado del 23-F, con la diferencia de que esto sí ha prosperado”.

Juan Eduardo Zúñiga, escritor: “Recordando a Bertolt Bretch: hoy es el juez Garzón, pero mañana puede ser cualquier ciudadano. Suspender de sus funciones a un juez con la trayectoria democrática de Garzón, hace que veamos con gran inquietud la independencia del poder judicial”

Almudena Grandes, escritora: “Una decisión como esta que desampara implacablemente a las víctimas del franquismo y produce un sentimiento de indefensión en toda la ciudadanía. Por un lado es un escándalo de dimensiones internacionales y por otro lado, un serio obstáculo para que los ciudadanos confíen en las instituciones democráticas de nuestro país”.

Paca Gabaldón, actriz: “Habría que abrir una investigación a los jueces, empezando por Varela, que han sido responsables de este acosos y derribo escandaloso contra el juez Garzón”.

Luis Pastor, cantante: “La justicia ha vuelto a enterrar a los miles y miles de ciudadanos asesinados por el fascismo y el franquismo en nuestra larga historia; sentimos que se abre un limbo sin fecha de caducidad para las víctimas que están enterradas en paradero desconocido, ya que ningún juez se atreverá a investigar después de ser suspendido el único que lo hecho”.

Luis Manuel Ruiz, escritor: “Algo bastante lamentable que se veía venir. Confío en que sea una anomalía que se corregirá con el tiempo”.

Ángel Viñas, historiador: “No conozco los tecnicismos, pero el proceso es una barbaridad dicho con todo el respeto que me merece el Tribunal Supremo, que se lo tiene que ganar y que así no se lo gana. La justicia española ha dado un ejemplo deplorable y así aparecerá mañana en toda la prensa internacional”.

Azucena Rodríguez, cineasta: “¿Quién investiga ahora los crímenes del franquismo?”.

Julián Casanova, historiador: “Se podrían haber ahorrado el proceso. Han cogido el franquismo, la investigación del franquismo y las querellas ultraderechistas y han aprovechado para meter en cascada todas las demás querellas. Creo que la única salida va a ser la presión internacional, que irá en aumento a partir de ahora. La dimensión internacional y social se la ha dado este hombre. Hay un montón de juristas que no soportarán esto. En España ha tenido como consecuencia una división y mucha bronca. Esto acabará siendo un objeto para la historiografía”.

Nieve de Medina, actriz: “La España de ayer es la de hoy y estamos en un bucle que no avanza”.

Francisco Espinosa, historiador: “Lo esperaba desde que empezaron. Se vio que era algo personal. Dilucidar si influye más su investigación de la trama Gürtel o el franquismo es complicado. La derecha concibió la investigación por el franquismo como un atentado contra sus esencias históricas. La única esperanza que tengo es que se vuelva como un bumerán contra ellos. Pienso que tanto la respuesta internacional como la de aquí, donde todos los movimientos de apoyo fueron sin control político, les sorprendió. Aunque los historiadores predecimos el pasado y no el futuro, creo que lo que están haciendo con Garzón creará un movimiento que no existía”.

Con información de Rosana Torres, Tereixa Constenla y Manme Guerra.

Zaffaroni: “Es la dictadura de los colegiados”

El juez que abolió las leyes de amnistía en Argentina critica la suspensión de Garzón.- Juristas, víctimas y defensores de los derechos humanos la califican de ataque a la democracia.- Villarejo: “Es un golpe similar al 23-F”

NATALIA JUNQUERA El País14/05/2010

Muy tristes, rabiosos, indignados. La suspensión del juez Baltasar Garzón ha causado estupor, pero no sorpresa entre juristas, familiares de víctimas del franquismo y defensores de los derechos humanos. Estas son algunas de las reacciones a lo que consideran un golpe a la democracia:

Raúl Zaffaroni, juez argentino que participó en la abolición de las leyes de Obediencia civil y Punto Final: “Si me hubiera pasado a mí, los criminales argentinos hubiesen quedado impunes”. “La suspensión introduce una enorme inseguridad para todos los jueces, al tiempo que se corporativiza el poder judicial, o sea, se establece la dictadura de los colegiados. Si todo esto le pasa a Garzón, que tiene resonancia mundial, ¿qué puede esperar el pobre juez de provincia que no coincide con la interpretación de los tribunales de alzada y a quien sólo conocen sus vecinos?”. “Si esto me hubiera pasado a mí, nada se hubiese investigado en Argentina y los criminales se hubiesen quedado impunes. No obstante esto resulta aún más extraño en España, porque allí no creo que se pueda penar a nadie, o sea, que los crímenes del franquismo sólo pueden investigarse en función del derecho a la verdad que le asiste a los deudos. La conflictividad es mucho menos que cuando los criminales están vivos y en el territorio. Ni siquiera se trata del caso de Turquía porque si bien allí también los genocidos están todos muertos, se genera un problema histórico, pues algunos de ellos son tenidos por héroes nacionales indiscutidos en el imaginario público. Realmente, no entiendo muy bien las motivaciones que llevan a España a empañar su proceso democrático”.

José Antonio Martín Pallín, juez del Tribunal Supremo: “Un espectáculo internacional bochornoso”. “Estoy muy triste y muy preocupado por el crédito democrático de España en el mundo. La suspensión de Garzón es la crónica de una ignominia anunciada. El juicio oral a Garzón va a ser un espectáculo internacional bochornoso. Lo más clamoroso de este proceso ha sido el absoluto desprecio a los dictámenes del Ministerio Fiscal y el cerrarse de una forma tan irracional al derecho internacional que rige en España”.

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción: “Un golpe similar al 23-F”. “Es un día de amargura. Hoy estoy muy triste por Baltasar y por nuestra democracia, que está sufriendo los mayores golpes desde que se instauró. Este es un golpe similar al del 23-F. 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder Judicial cómplice”.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: “Ha vuelto la inquisición”. “No doy crédito al cinismo del Consejo General del Poder Judicial y de Carlos Dívar que por la mañana dijo que no quería tomar la decisión injusta que luego se tomó. No me lo creo todavía. La inquisición ha vuelto y estamos rabiosos, indignados. Que se mueran los verdugos con privilegios y las víctimas abandonadas es algo aberrante”.

Reed Brody, consejero Jurídico de Human Rights Watch: “La justicia se ha convertido en la víctima de España”. “La suspensión del juez Garzón será lamentada por activistas de derechos humanos en todo el mundo. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país. Gracias a Garzón, España se convirtió en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo. Ahora la justicia misma se ha convertido en la víctima en España. Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del Juez Garzón de investigarlos”.

El Poder Judicial suspende a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo

Aplazada la Comisión Permanente que debe analizar la posible marcha del magistrado a la Corte Penal Internacional.- Jueces, fiscales y personal de la Audiencia le despiden entre lágrimas.- El Gobierno proclama su respeto a la decisión y recuerda que “el proceso no ha concluido”

J. M. LÁZARO / J. A. HERNÁNDEZ / M. ALTOZANO El País14/05/2010

Despedida emotiva

El juez de la audiencia nacional, Santiago Pedraz, abraza a su compañero Baltasar Garzón a las puertas de la Audiencia Nacional, tras ser suspendido por el CGPJ.- GORKA LEJARCEGI

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este viernes suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela abriera el miércoles juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Garzón acumula tres causas en el alto tribunal. Las otras dos querellas que tiene pendientes se refieren a unas escuchas ordenadas durante la instrucción del caso Gürtel y a la financiación de cursos organizados por el magistrado en la Universidad de Nueva York.

La decisión del pleno del CGPJ era obligada por la ley tras la apertura de juicio, pese a lo que los vocales han estado reunidos cerca de dos horas. En las horas previas a la reunión, se han vivido fuertes tensiones en el seno del organismo.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha comparecido para informar de la decisión adoptada y ha confirmado que el escrito de argumentación se tramitará lo antes posible para hacérselo llegar al magistrado.

Posteriormente, el presidente, Carlos Dívar, ha anunciado la convocatoria de una Comisión Permanente, que ha concluido sin tomar ninguna decisión respecto a la incorporación de Garzón a la Corte Penal Internacional. La Comisión debía estudiar los informes que han llegado y determinar si después de la suspensión es factible y tiene cobertura legal enviarle a La Haya. Este mismo viernes, ha llegado al Poder Judicial el informe enviado por el propio fiscal de ese tribunal internacional, Luis Moreno-Ocampo, en el que se le requiere como asesor externo de la institución al ser experto en crímenes contra la humanidad.

A lo largo de la mañana, varios jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional pasaron por el despacho de Garzón para mostrarle su solidaridad. Entre ellos se encontraban Jose Ricardo de Prada y Clara Bayarri, los dos magistrados de la Sala Penal que votaron a favor de que Garzón conservara la competencia para investigar los crímenes del franquismo. También han estado allí los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, así como los fiscales Vicente González Mota, especializado en terrorismo, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado. También ha acudido a la Audiencia la esposa del magistrado, Rosario Molina.

La notificación de la suspensión se la comunicó telefónicamente el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón. La conversación se produjo a las 13.19, cuando Garzón interrumpió la declaración de Josep Singla, uno de los empresarios imputados en la trama de corrupción destapada por la Operación Pretoria.

Con todo, el momento más emotivo se ha vivido al filo de las dos de la tarde, cuando el magistrado abandonaba el tribunal. Decenas de compañeros han esperado en la puerta su salida para despedirle entre lágrimas propias y ajenas, abrazos y aplausos. De fondo, una veintena de ciudadanos gritaba: “Garzón, tranquilo, el pueblo está contigo”.

El Pleno del Consejo ha tomado la decisión por unanimidad de los 18 vocales presentes. Tres de los miembros se habían abstenido antes de que se iniciara la reunión. Se trata del vicepresidente y miembro del sector conservador Fernando de Rosa y de la progresista Margarita Robles: ambos ya habían anunciado su intención de no participar en las deliberaciones tras ser recusados por Garzón.

El tercer vocal que ha decidido abstenerse ha sido el también progresista José Manuel Gómez Benítez. Sin embargo, la juez Gemma Gallego sí participa en el pleno después de que el organismo rechazara la recusación presentada contra ella por Garzón. El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, exigió a los vocales presentes que dejasen fuera de la sala sus teléfonos móviles.

Las primeras reacciones políticas han venido del Ejecutivo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que respeta la decisión del órgano de gobierno de los jueces, aunque ha recordado que “el proceso no ha concluido” y ha insistido en que respeta la “presunción de inocencia” del magistrado.

Nulos de pleno derecho

Antes del pleno, el abogado del juez de la Audiencia Nacional presentaba por la mañana un recurso de nulidad contra el auto de apertura del juicio oral dictado por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela. La petición no paraliza su suspensión de funciones.

Gonzalo Martínez Fresneda afirma en su recurso que los tres escritos de acusación presentados por el pseudosindicato Manos Limpias son nulos de pleno derecho y, por tanto, el auto de apertura de juicio oral, que está basado en ellos, es nulo también.

Según el escrito, el juez Varela intervino en la confección de dichos escritos, que sometió a una labor de reelaboración argumental, al requerir a Manos Limpias que “excluyese” páginas y rúbricas enteras, e incluso que la presentación de un escrito alternativo, ante la invalidez del anterior.

El recurso de la defensa de Garzón esgrime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que asegura que “la obligación del juzgador de no ser ‘juez y parte’ ni ‘juez de la propia causa’ supone que el juez no puede asumir funciones de parte ni mantener con las partes relaciones jurídicas”.

El pseudosindicato Manos Limpias quitó de su escrito un total de 53 folios siguiendo las instrucciones del juez Varela e incorporó la afirmación de que Garzón había actuado “a sabiendas”, tal como el juez le pidió, “en los términos dispuestos” por Varela. El recurso concluye pidiendo a Varela que declare nulo su auto de apertura del juicio oral y, en su lugar, archive la causa contra Garzón.

La noticia de la suspensión del magistrado ha provocado una respuesta inmediata de sus simpatizantes, que convocaron a través de Internet y de mensajes de móvil una manifestación frente a la Audiencia Nacional a las ocho de la tarde.

* * * * * *

Un juez ante la historia

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN El País – 14/05/2010

Algunas veces, la Historia entra en los Tribunales. Los crímenes del nazismo y del fascismo se sentaron en el banquillo de los acusados. La Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado el golpe militar que dio lugar a la guerra civil española y la instauración duradera de un régimen que, según declaran, tuvo el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.

La victoria de los rebeldes dio paso a doscientos mil Consejos de Guerra sumarísimos, con más de cien mil sentencias de muerte. Los vencedores exterminaron extrajudicialmente a gran número de vencidos. Algunos consiguieron encontrar asilo y muchos otros vivieron un exilio interior, despojados de sus bienes y expulsados de sus cargos. Nunca pudieron reclamar sus derechos ante los tribunales.

Muerto el Dictador, una Ley de Amnistía (1977) ponía fin a la responsabilidad de los vencedores por hechos que toda la comunidad jurídica internacional calificaba como crímenes contra la humanidad. Los que pretendieron la revisión y anulación de los consejos de guerra fracasaron porque, como dijo la Sala Militar del Tribunal Supremo, se ajustaban al “ordenamiento legal vigente en aquella época”.

La Ley de Amnistía (1977) y la llamada Ley de la Memoria Histórica (2007), verdadera Ley de Punto Final se esgrime como barrera infranqueable para restaurar los principios de justicia y reparación que propugna el propio legislador.

Los legisladores de la Ley de la Memoria Histórica abandonan la idea de la nulidad de los juicios franquistas, si bien conceden que sus tribunales eran ilegítimos, contrarios a derecho y vulneraban las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos de Ginebra encargado de velar porque España cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda la obligación de derogar la Ley de Amnistía y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Con estos precedentes, un juez español, Baltasar Garzón, universalmente conocido por el caso Pinochet, estima que existe una base jurídica para realizar la revisión jurídica de una historia criminal. Abre una causa en la que incluye ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada como crímenes contra la humanidad y el secuestro y entrega a los vencedores de treinta mil niños arrebatados a sus madres y familias. A la vista de la reacción del Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón podría clamar como el príncipe Segismundo: ¿Qué delito cometí contra vosotros juzgando?

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Reconciliación

CARLOS GARCÍA-ALIX El País14/05/2010

Recientemente, en un viaje a Berlín me detuve ante las puertas del Reichstag y contemplé la estela que recuerda los nombres de los diputados de este Parlamento asesinados por el nazismo. Pensé en España, en nuestro Parlamento, en la inexistencia de algo similar y tan de justicia.

A mi vuelta decidí hacerme con la lista completa de nuestros parlamentarios asesinados en la Guerra Civil en todo el territorio español. Son, si la memoria no me falla, 44 y los hay de todos los partidos, a izquierda y derecha: PSOE, CEDA, IR (Izquierda Republicana), UR (Unión Republicana), PCE, ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), PNE (Partido Nacionalista Español) y Partido Radical. La lista tiene el triste honor de ser inaugurada por José Calvo Sotelo.

Que a día de hoy nuestros parlamentarios, al menos yo no he tenido noticia, no hayan grabado estos nombres a las puertas del Congreso de los Diputados en una estela que les recuerde da qué pensar sobre nuestra voluntad de reconciliación. Además, creo que sus nombres deberían ser leídos y honrados por el pleno de la Cámara.

En la Guerra Civil de Cartier-Bresson

Un investigador español halla en Nueva York la película que el fotógrafo filmó sobre la Brigada Lincoln en Quinto de Ebro – El material se creía perdido desde 1938

JESÚS RUIZ MANTILLA El País14/05/2010

Cartier-Bresson, con los brigadistas

Cartier-Bresson, con los brigadistas-

Los héroes de la Brigada Lincoln no llevaban uniforme. Tampoco iban rapados al cero y muchos, en vez de casco, usaban gorros de lana para rascarse el frío a la orilla del Ebro. Los voluntarios de la Brigada Lincoln eran idealistas y parranderos. Fumaban, reían, cantaban y para ellos carecía de importancia el miedo. Peor era dejar pasar a los fascistas.

Venían de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. Muchos fueron parte importante de los 2.800 americanos de las Brigadas Internacionales y participaban en varios batallones. Los que caían en el frente eran sustituidos en la formación por españoles del ejército republicano. Su contribución a la guerra, entre 1937 y 1938, fue filmada por el fotógrafo Henri Cartier-Bresson en un documental que se daba por perdido. Juan Salas, investigador de la Universidad de Nueva York, lo ha encontrado tras una búsqueda de años. Se titula Con la Brigada Lincoln en España y el 27 de mayo verá la luz en la Filmoteca Española.

No fue el único trabajo que Cartier-Bresson hizo sobre la Guerra Civil. En total, filmó tres documentales: Victoria de la vida y España vivirá son los otros dos. Se proyectarán también en la Filmoteca. El cine fue un amante esquivo para aquel rey de la fotografía que fundó, tras la Segunda Guerra Mundial, la agencia Magnum. “Al principio le fascinaba, pero después se decepcionó por la lentitud del proceso”, comenta Salas.

Del poder inmediato de una foto a la labor de meses requerida por un documental podía mediar un tiempo precioso para remover conciencias. Cartier-Bresson quiso aprender cine fascinado por Buñuel. “Incluso intentó ser ayudante de dirección suyo”. Pero don Luis le rechazó. Algo que no hizo después Jean Renoir, para quien trabajó de asistente en Una salida al campo y La vie est a nous. Aun así, en sus documentales españoles se aprecia la huella de Las Hurdes, por ejemplo. “Buñuel fue una influencia evidente. Ésa y la de otros artistas de la revista Documents o directamente del cine soviético”.

Motivado con esa nueva arma de la comunicación, Cartier-Bresson quiso arrimar el hombro. Estudiaba cine documental en Nueva York con Paul Strand, uno de los artistas de izquierdas más activos en al apoyo a la República Española en la ciudad. “Rápidamente le dijo que contactara con Herbert Kline en París y que escribieran un guión”.

Lo hicieron juntos y se presentaron al lado de Jacques Lemare en el frente del Ebro. Con sus cámaras Eyemo (70 A) de 35 milímetros. “La idea era filmar el día a día de los voluntarios, mostrar la diversidad de procedencias, los atuendos. Como una fuerte motivación política podía suplir la disciplina de un ejército regular y ser efectivos”. La película muestra cómo vivían, qué comían, cómo se bañaban y la distinta suerte que corrían en el frente.

Todo eso y más en 18 minutos. Pero también incluye imágenes de ciudadanos leyendo en la calle. “Ensalzaban los logros de la política educativa de la República”. Aunque el grueso se centra en el día normal de un batallón. Con sus glorias y sus miserias. Su indestructible mentalidad y su incierta suerte. Hay escenas de camaradería y sacrificio. Imágenes que captan el jolgorio, el frío pelón, la sopa aguada, el pan gomoso y un aire anárquico en la organización y las arengas con que trataba de insuflar ánimos Robert Merriman, profesor de Económicas de la Universidad de California, que fue comandante de la Lincoln. También hay sangre. La lucha, las bombas y los hospitales de Villa Paz, en Saelices, y Benicàssim. “Se filmó para recaudar fondos que ayudaran a repatriar los heridos a EE UU”.

Llegaron tarde, pero se estrenó. “Fue el 21 de mayo de 1938 en el cine Cameo de la calle 42”. Después, la película desapareció. Hasta Pierre Assouline, biógrafo de Cartier-Bresson, la dio por destruida en el libro que le dedica a la vida del fotógrafo. Eso no evitó que a Juan Salas le picara la curiosidad.

Descubrió el material en las oficinas que todavía tiene la Brigada en Nueva York. Cotejó con unas fotos que Harry Randall, sargento del batallón, había hecho el día que los tres documentalistas llegaron a Quinto de Ebro y resolvió el enigma. “Las fotos de los cineastas cámara en mano hechas por los voluntarios muestran a estos filmando escenas que aparecen en el documental. Fue lo que me permitió probar que es la película de Cartier-Bresson”.

Entre los fotogramas de Con la Brigada Lincoln en España hay otra curiosidad: planos de Robert Capa que Juan Salas ha descubierto por otra parte. La culpa es de un campesino y su horca de madera. Habían encargado a este profesor madrileño de la NYU un artículo sobre algún aspecto de la famosa maleta del fotógrafo. “El campesino de una de las imágenes aparecía en la película”. Con el mismo gesto, la misma herramienta, el mismo traje. Las fotos de ese día y las imágenes son las mismas. Como era amigo de Cartier-Bresson le debió ceder su material para la película”.

Fue un trabajo de concienciación, de lucha, de compromiso. No se preocupaban de la autoría. Todo valía. “Aunque sí hay una voluntad de estilo, también una narrativa coherente y una estructura clara. Era un arma política”. Hay travellings inversos y curiosos primeros planos. Más tratándose de un fotógrafo que resaltaba las tomas medias. En ellas se aprecia vida, sonrisas y barbas cerradas. También muerte y heridas. Luces y sombras de una memoria que no se debe extinguir.

El ala progresista del CGPJ no llega a un acuerdo para salvar a Garzón

Dívar descarta una reunión para autorizar la marcha del juez a La Haya antes de estudiar su suspensión

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID – 14/05/2010 – Público

Garzón, este miércoles. REUTERS

Garzón, este miércoles. REUTERS

No habrá comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos no la habrá antes del pleno de hoy en el que se discutirá la suspensión cautelar de funciones del juez Baltasar Garzón. Los nueve vocales nombrados a propuesta del PSOE no llegaron ayer a un acuerdo para pedir formalmente al presidente del órgano de Gobierno de los jueces, Carlos Dívar, la convocatoria de una reunión de la comisión que debe autorizar la declaración de servicios especiales solicitada por el juez de la Audiencia Nacional para irse como asesor externo a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

No obstante, fuentes del Consejo señalaron que las conversaciones continúan y si cinco vocales muestran su conformidad, se solicitará. Y Dívar tendrá la última palabra. El límite son las 11.00 horas de este viernes, cuando está previsto que comience el pleno. En cualquier caso, la permanente puede estudiar la autorización, incluso, después de que Garzón sea suspendido.

Las mismas fuentes señalaron que los cinco vocales de la comisión permanente han encontrado hasta algún caso de jueces que no se encontraban en activo a los que se ha concedido esta situación. Este órgano del CGPJ tiene la última palabra y, para ello, estudiará la solicitud junto con toda la documentación que pidió el miércoles. En ella figura el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero si para conceder el permiso es indiferente que el juez esté suspendido, ¿por qué tanto revuelo en torno a la convocatoria de la comisión permanente? Por una cuestión de “matiz”. No es lo mismo conceder una comisión de servicios especiales a un juez que sigue en activo que concedérselo cuando está suspendido.

Si la declaración de servicios especiales se hubiera producido antes del pleno, probablemente no se suspendería a Garzón, pese al auto de apertura de juicio oral dictado por Luciano Varela por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas. Por lo menos el debate se mantendría en otros términos. Porque el juez al que, como prevención, se iba a apartar del juzgado, lo hacía por sí mismo.

Pendiente de recursos

Pero, seguramente, en el pleno que debe decidir sobre el expediente de suspensión cautelar iniciado el pasado mes de febrero apresuradamente se planteará la solicitud cursada por Garzón. Él mismo presentó ayer un escrito en el Consejo en el que argumenta que el auto de apertura de juicio oral dictado por Varela, pese a que no es recurrible, puede todavía quedar sin efecto. Se basa en que la Sala de lo Penal del Supremo puede aún estimar el recurso de apelación que ayer interpuso contra la denegación de los expertos en justicia universal que había solicitado. Dar la razón a Garzón supondría revocar el auto que le sienta en el banquillo.

Habrá que ver qué deciden Dívar y los 16 o 17 vocales que intervendrán en el pleno. Los siete nombrados por el PP que solicitaron su convocatoria extraordinaria son claros partidarios de la suspensión, aunque una de ellos, Gemma Gallego, podría quedar excluida del debate, si se estima la recusación que Garzón presentó. El que seguro se sumará a los recusados Margarita Robles y Fernando de Rosa será José Manuel Gómez Benítez, que pidió su abstención.