Varela obliga al Supremo a decidir si puede seguir la causa contra Garzón

El magistrado se aparta del caso mientras se resuelve la recusación contra él

JULIO M. LÁZARO El País29/04/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela decidió ayer tramitar la recusación instada contra él por el juez Baltasar Garzón por “tener interés directo” en la causa que sigue el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional por su investigación del franquismo. La decisión supone que Varela no acepta la recusación y ha puesto en marcha el mecanismo para que sea el Pleno de la Sala Penal la que decida si debe apartarse o no del conocimiento de la causa. La situación implica que de momento se retrasa el auto de apertura de juicio oral y la consiguiente suspensión de funciones de Garzón.

Varela ordenó a la Secretaría de Causas Especiales del Supremo que no entregase la providencia de admisión a la prensa, y tampoco dio traslado de su resolución a la defensa de Garzón. A media tarde de ayer, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se quejó de no haber recibido “ninguna notificación de ninguna resolución supuestamente recaída sobre dicha recusación”. En cambio, el Supremo sí dio traslado de la providencia del juez Varela a Manos Limpias y Libertad e Identidad. No es la primera vez que la defensa de Garzón se queja de no tener acceso a las resoluciones dictadas por el instructor.

El pasado sábado, Garzón recusó a Varela a través de su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda. El defensor del juez mostró su satisfacción por la expulsión de Falange del procedimiento, pero aseguró que la aceptación de un segundo escrito de acusación de Manos Limpias, siguiendo las directrices de Varela, vulneraba el derecho de defensa del juez imputado.

Según el escrito de recusación, Varela “mostró su interés en que las partes acusadoras mejoraran su escrito de acusación”. Con esa decisión, el instructor del Tribunal Supremo “ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito, por lo que ha de ser recusado”.

Fuentes del Supremo dijeron ayer no recordar que haya prosperado nunca la recusación de un magistrado de la Sala Penal. La decisión sobre si Varela debe ser apartado de la instrucción corresponde al Pleno de la Sala Penal, excluidos los magistrados que formaron la Sala de admisión de la querella contra Garzón.

Paralelamente a la recusación de Varela, la Sala Penal, integrada por el presidente y los cuatro magistrados que admitieron a trámite la querella de Manos Limpias, tendrá que decidir sobre la nulidad de actuaciones planteada por Garzón por el asesoramiento de Varela a Manos Limpias y Falange sobre cómo presentar sus escritos de acusación. Aunque la recusación es previsible que no prospere, si el Supremo aprecia la nulidad en el escrito de Manos Limpias por defectos formales la acusación tendría que ser archivada y Garzón se libraría del banquillo.

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Vergara Público – 29/04/2010

Vergara Público – 24/04/2010

La Corte de Chile rechaza investigar el asesinato de Carmelo Soria

La familía del diplomático fallecido durante la dictadura de Pinochet lleva más de treinta años de juicios para que se condene a los culpables

El País28/04/2010

El diplomático español Carmelo Soria fue asesinado en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Un caso que seguirá cerrado más de 30 años después, ya que la Corte Suprema de Chile rechazó el miércoles reabrir la investigación por el secuestro y asesinato del diplomático para indagar supuestos nuevos antecedentes, tal y como pedían abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la acusación particular, encabezada por Carmen Soria, hija de la víctima. El máximo tribunal del país confirmó así la resolución del juez Héctor Carreño del pasado 29 de marzo, tal y como informaron fuentes judiciales.

En el fallo se explica que la petición de la parte querellante, que pretendía entrevistar a varios agentes del gobierno militar, no se especifica de forma adecuada. “Las diligencias carecen de precisión y detalle, desconociéndose su necesidad y los objetivos que se persiguen con ellas, de tal forma que resultan absolutamente genéricas”, sostiene el documento. Una decisión que no debió sorprender a Carmen Soria, quien ya anunció a finales de marzo que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de la Justicia chilena de investigar la muerte de su padre, tal y como ha hecho en las sucesivas demandas que han sido desestimadas.

Más de un intento fallido

Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago. Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, pero ninguna persona ha sido condenada por él.

Casado con una hija del escritor chileno José Santos González-Vera, era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago. La ONU pidió entonces que se abriera una investigación sobre el crimen, pero en 1979 la Justicia del régimen sobreseyó el caso.

Al acabar la dictadura, el proceso fue reabierto en 1991, pero se archivó en 1996 al considerar que los presuntos delitos estaban dentro de la Ley de Amnistía de 1978.

El caso volvió nuevamente a los tribunales en octubre de 2003, en el marco de una querella presentada por la familia Soria contra Augusto Pinochet, de la que el Estado chileno se hizo parte, pero en agosto de 2004 el alto tribunal rechazó una vez más la reapertura. El último intento por castigar a los culpables tuvo lugar en 2009, que fue desestimado por el juez Carreño.

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Caamaño abre la puerta a cambiar la Ley de Memoria

F. G. El País29/04/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, abrió ayer la puerta a futuras modificaciones de la llamada Ley de Memoria Histórica. En respuesta a una interpelación del diputado de ICV, Joan Herrera, Caamaño aseguró que el Gobierno está “abierto al diálogo, a revisar lo que haya que revisar, continuamente. Siempre estamos dispuestos a reformar y a mejorar las leyes o cualquier otra política pública desde la responsabilidad y siempre estamos dispuestos a buscar soluciones y a combatir y suprimir situaciones de discriminación o de injusticia”.

El ministro no explicó en qué dirección va ese cambio, pero Justicia ha hecho llegar que estaría dispuesto a estudiar cambiar el artículo 11 que habla de las fosas comunes, para facilitar las exhumaciones, una vez comprobado que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP no lo facilitan.

Herrera, de hecho, incidió en esta idea, denunciando el “vía crucis judicial” al que se ha condenado a los descendientes de los desaparecidos en la Guerra Civil que tienen que “ir juzgado por juzgado buscando los cuerpos de sus seres queridos”.

Para el próximo pleno, el diputado someterá a votación una moción que, precisamente, instará al Gobierno a retocar la ley para facilitar las exhumaciones.

El ministro de Justicia omitió cualquier referencia al proceso contra el juez Baltasar Garzón por investigar el franquismo. No lo hizo Herrera, quien aseguró que es un “proceso que ensucia de nuevo la memoria y condena las aspiraciones de Justicia”, y que se ha abierto, entre otras cosas, porque algunos han confundido la Ley de Amnistía de 1977 con una ley de “punto final”.

Justicia cierra el mapa informático de fosas sin las comunidades del PP

Hay 1.793 excavaciones a falta del recuento total de Andalucía y Cataluña

J. CASQUEIRO / L. R. AIZPEOLEA El País29/04/2010

El rastro de la tragedia. Fosas de la Guerra Civil señaladas por las ocho comunidades que participan en el mapa elaborado por el Gobierno.

“Puedo adelantarle que muy pronto podremos ver a la luz ese mapa con un aplicativo informático accesible para todos los ciudadanos de este país y que, además, según tengamos mayor información y se nos suministre, se irá actualizando, día a día, de manera permanente”. Así zanjó ayer en el Congreso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el debate sobre el balance de las actuaciones del Gobierno sobre la ley de Memoria Histórica. Se refería Caamaño al mapa integrado de fosas, previsto en el artículo 12.2 de esa ley, y que se está cerrando en estos días con las comunidades autónomas que han firmado los convenios de colaboración con el ministerio. Todas las comunidades, menos las gobernadas por el PP.

El Ejecutivo tiene listo ese mapa desde hace días y su presentación pública se producirá en breve. Cuestión de semanas. Habrá una página web pública y abierta, a la que los interesados podrán recurrir para conocer la localización casi exacta de cada fosa. A día de ayer estaban perfectamente registradas 1.793 excavaciones. Tan localizadas como para saber su latitud y longitud exactas. La web no facilitará esas coordenadas para evitar problemas, porque algunas de esas fosas están ubicadas en fincas o propiedades privadas. Pero sí se detallarán los municipios.

El dato final del mapa de fosas ascenderá algo sobre esa cifra, porque faltan por cerrar con las asociaciones de memoria algunas excavaciones de Cataluña y Andalucía. Pero con esas comunidades no está habiendo ningún tipo de problema de colaboración. Y en este asunto, después de varios años de debate y retrasos en el cumplimiento de la ley, lo que se pretende ahora es primar el rigor antes que la precipitación.

Los problemas se están registrando con las comunidades gobernadas desde el PP. El pasado 25 de enero, Justicia firmó convenios específicos de colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura y el País Vasco.

En el ministerio lamentan la nula cooperación hasta ahora de los Ejecutivos autonómicos del PP. Tanto cuando se les ofreció firmar los convenios de colaboración para el mapa de fosas como cuando se les requirió para suscribir el protocolo de exhumaciones, ninguna de las comunidades gobernadas por el PP siquiera contestó. Y especialmente significativo ha sido el desinterés del Ejecutivo de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre. En este caso, han sido las asociaciones de memoria histórica en esta región las que han facilitado datos más o menos precisos de más de 40 localizaciones.

“No se trata de exhumar la venganza, sino de reparar el daño que se haya podido causar”, ha subrayado Francisco Caamaño para justificar la aceleración que se quiere imprimir ahora a estas actuaciones, tras unos años de titubeos y de diferentes posiciones internas en el Gobierno. Y también para negar cualquier interés electoral o partidista, como el que ayer mismo le achacó la secretaria general de PP. María Dolores de Cospedal acusó en la Cope al Ejecutivo de “abrir heridas para sacar votos”. Y remachó: “Quizá una movilización ideológica de su electorado, volver a hablar de los unos y los otros, y volver a hablar de la Guerra Civil y de los de un lado y de los del otro, le puede dar rentabilidad política a Zapatero”.

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Aguirre pone su Gobierno “a disposición de las víctimas, también de las del franquismo”

Rifirrafe entre el PSOE y el PP en el Pleno por las calles franquistas

La Comunidad de Madrid no asumirá el coste de abrir fosas comunes

La justicia argentina declara inconstitucional el indulto que Menem concedió al general Videla

El dictador y su ex ministro de Economía volverán a ser juzgados por el golpe de Estado de 1976, el secuestro de los dos empresarios y la desparición de un funcionario

El País28/04/2010

Jorge Rafael Videla, ex militar y dictador argentino, dentro de un vehículo de la policía de Argentina a su llegada a un juzgado para testificar en el caso de los niños robados a prisioneros políticos durante la dictadura militar argentina de 1976- 83- REUTERS

La Corte Suprema de Justicia Argentina ha declarado inconstitucionales los indultos que el Gobierno de Carlos Menem concedió al dictador Videla y a su ministro de Economía José Martínez de Hoz, por considerar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Este fallo no modifica la situación de Videla, condenado a cadena perpetua en 1985 por crímenes de lesa humanidad, pero sí podría provocar la detención en las próximas horas de José Martínez de Hoz . Ambos volverán a ser juzgados por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y que dio paso a la dictadura, por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim y la desparición del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel.

El ex presidente argentino Carlos Menem firmó en 1989 y 1990 dos tandas de indultos que beneficiaron a a más de 1000 personas, entre ellas represores, guerrilleros, imputados por delitos comunes, participantes de distintos levantamientos y los militares responsables de Malvinas .

El fallo dictado ahora por el alto tribunal argentino confirma decisiones judiciales anteriores y pertenece a la causa que investiga el secuestro de los Gutheim, propietarios de una empresa algodonera que estuvieron presos cinco meses entre 1976 y 1977 como medida de presión para que aceptaran un contrato de exportación beneficioso para el gobierno de facto. Durante su cautiverio, los Gutheim pasaron por dos cárceles de la capital argentina e incluso mantuvieron reuniones con funcionarios que intentaron presionarlos para concretar el negocio que pretendía la dictadura. Tras su liberación, los empresarios demandaron al Estado y en septiembre de 1990 fueron indemnizados con unos 16.000 dólares.

No será el único proceso que afrontará el dictador en los próximos meses. Videla y el dictador Reynaldo Bignone serán juzgados desde el próximo 20 de septiembre por la apropiación de 33 bebés durante el último gobierno de facto (1976-1983), en el marco de una causa conocida como “Plan sistemático de robo de bebés”. La causa fue instruida por el juez federal Norberto Oyaribe, quien el año pasado ordenó que Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, cumpliera prisión preventiva en el penal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, en vez de hacerlo en su domicilio. Bignone, el último presidente del régimen militar, fue condenado la semana pasada a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en los denominados “años de plomo”, que causaron unos 30.000 desaparecidos.

Varela admite a trámite la recusación presentada por Garzón y se aparta del caso

El Supremo designará un magistrado para proseguir la causa y otro para estudiar las alegaciones del juez.- Garzón pide ahora que se expulse del proceso a Manos Limpias, lo que acabaría con la causa

El País28/04/2010

Luciano Varela, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha admitido a trámite la recusación que el magistrado presentó contra él por lo que, de momento, deberá inhibirse del caso.

Además, Garzón ha pedido que se expulse del proceso a Manos Limpias por haber presentado dos escritos de acusación corregidos y con defectos de forma. Si la defensa del juez de la Audiencia Nacional logra este último objetivo, la causa se quedará sin acusación y, por tanto, el proceso por haber investigado los crímenes del franquismo será directamente archivada.

En el caso de la recusación, la Sala de lo Penal del alto tribunal designará ahora un magistrado para continuar con la instrucción de la causa contra Garzón y otro para que estudie la recusación en sí. La base de esta, presentada el día 24, es el hecho de que Varela orientase a las dos acusaciones populares, Falange Española de las Jons y el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, sobre la forma de presentar sus escritos de acusación contra el magistrado.

Los escritos, según el propio instructor, no se ceñían a los hechos e incurrían en valoraciones sobre circunstancias ajenas al proceso, por lo que les daba indicaciones y un plazo para acomodarlas a la legalidad.

Si el magistrado del Supremo no hubiera orientado a Manos Limpias y Falange, Garzón habría tenido la ventaja de afrontar dos escritos de acusación defectuosos, según el recurso. “Hasta tal punto son tenidos por inválidos que ambas acusaciones han sido requeridas, para salvar el trámite, a presentarlos de nuevo”, lo que cambia el escenario en perjuicio de Garzón “de forma grave e injustificada”.

Falange, finalmente, fue expulsada de la causa por errores de forma, decisión que ya ha sido recurrida.

En ocasiones anteriores, escritos con defectos similares originaron la expulsión irrevocable del procedimiento, como ocurrió con el PP en el caso Filesa.

Una vez formulada la recusación, se da traslado a las partes (en este caso, Manos Limpias) para que “en el plazo común de tres días” manifiesten si se adhieren o se oponen. En el siguiente día hábil, se debe pronunciar el juez recusado.

Una vez concluye ese primer plazo de tres días, se traslada inmediatamente (en la misma jornada o la siguiente hábil) al juez sustituto, que será designado entre los de la misma Sala según un turno establecido en función de la antigüedad. Si el magistrado designado tramita la recusación, el caso se trasladará a la Sala y se abrirá un plazo de diez días para practicar las pruebas pertinentes.

Luego, se trasladarán las actuaciones al Ministerio Fiscal, que tendrá tres días para emitir su resolución. Tanto si lo hace como si no, el incidente lo resolverá en los cinco días siguientes la Sala, sin que quepa recurso.

Freno a la suspensión del juez

La decisión de Varela deja en suspenso la suspensión de funciones a la que se enfrentaba Garzón en caso de que finalmente se le abriera juicio oral.

El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, retrasó la semana pasada un viaje a Montevídeo para poder estar presente en caso de convocar dicho pleno extraordinario, y asegurar así el quorum necesario. Deben estar presentes al menos 14 de los 21 vocales; al viaje a Montevídeo tenían previsto acudir también el vicepresidente, Fernando de Rosa (que se ha apartado voluntariamente del asunto) y los vocales Antonio Dorado y Miguel Carmona.

Además, Margarita Robles también se ha apartado voluntariamente, y José Manuel Benitez lo hará previsiblemente. Queda por discutir la recusación planteada por Garzón contra Gemma Gallego por “enemistad manifiesta”.

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“No entiendo el castigo a Garzón por rastrear la memoria”

JUAN CRUZ El País – 28/04/2010

Gelman vive comprometido con la búsqueda de desaparecidos.- G. LEJARCEGI

Juan Gelman, el poeta argentino, cumple 80 años el 3 de mayo. Parece que tiene 32 menos.

Hay algo de radiante en él, y en su esposa, Mara La Madrid, psicoanalista, o, como ella dice, “speakanalista”.

Ambos celebran, con una alegría muy privada, algo que ocurrió en 2000 y cambió sus vidas. Luego él ganó el Cervantes, publicó más libros, pero como aquello no hubo nada, ni habrá nada.

Él lo relata ahora, en este desayuno frugal, como si lo estuviera diciendo por vez primera. Mara le aporta algún dato, y explica: “Para él es tan emocionante; cualquier palabra se le quiebra mientras lo dice”.

Fue el año 2000, cuando los esfuerzos, sobre todo de Mara, dieron el fruto de encontrar a la nieta de Juan, que nació del matrimonio de su hijo y de María Claudia García Iruretagoyena, secuestrados y asesinados por los militares argentinos en 1976. María Claudia estaba embarazada. Se supo que de ese embarazo nació “un baby”, hasta ahí llegaron las noticias. Juan desgrana el proceso de la búsqueda, que duró tres años. Con los primeros indicios, Mara y él vinieron a ver al juez Garzón; tocaron en el Vaticano, en el Gobierno uruguayo, pero en todas partes sólo había hilillos y desesperanzas.

Hasta que en el año 2000 las evidencias les llevaron a Uruguay. Una gran campaña, organizada a partir de la generosidad de sus amigos José Saramago y Eduardo Galeano, alertó como una campana universal, y llegó a los oídos de alguien que había oído…, y así sucesivamente.

El encuentro con la nieta (primero en la residencia del obispo de San José, Uruguay, que ayudó, y después, casi clandestinamente, en la casa de Galeano) fue a tientas, casi, porque había que establecer todos los elementos analíticos que añadieran ciencia al convencimiento. Antes de ese encuentro, Gelman relataba esa búsqueda como si los ojos se le fueran a salir, con las lágrimas, de las órbitas. Su camisa blanca, las flores amarillas de la mesa, la sonrisa de Mara pespunteando las erratas del relato…, todo conspira para que en esa mirada haya ahora una sonrisa que todavía abraza el momento del reencuentro definitivo con quien para él (y para muchos) fue símbolo de la supervivencia frente a la barbarie. Macarena Gelman, la nieta, que ahora tiene 32 años.

Detrás de esa búsqueda han nacido muchos símbolos y su decidida defensa, también, de los que buscan en otros lugares a sus desaparecidos. Esa actitud fue la que le llevó a escribir en este periódico, el 12 de febrero, un artículo breve sobre lo que sucede con el juez Garzón. Gelman tituló: No se entiende nada. Ayer le preguntamos, cuando ya ha consumido su sexto cigarrillo, si ahora entiende. Y dijo: “Sigo sin entender nada. No se entiende que se pretenda castigar a un juez que está buscando la memoria de una nación, necesaria para la construcción de una ciudadanía de memoria sana, capaz de construir hacia adelante, a partir de la conciencia de lo ocurrido”.

Ha consumido su zumo, sus frutas, y nosotros le hemos mirado hablar. No hemos dicho nada de la comida, Juan, le decimos. “Di que desayuno así, casi nada. Y que en España me gusta el jamón”. ¿Y además? “Y además, el jamón”. Hay en su mirada, ahora, un alivio que se parece a la alegría.

‘La vida de los otros’, en versión real

El Encuentro de Centros de Memoria Histórica evoca con testimonios y cifras la represión en la ex Europa comunista – Las atrocidades de la Stasi, al descubierto

TEREIXA CONSTENLA El País28/04/2010

Soldados de la RDA cargan con el cuerpo de Peter Fechter, a quien mataron ante el muro de Berlín.- EFE

Ulrich Mühe murió en 2007, tras haber rozado una sarcástica gloria. Un año antes había sido encumbrado por su interpretación de un eficaz capitán de la Stasi, la ubicua policía secreta de la República Democrática Alemana, que debía espiar a una pareja de artistas. En el filme, La vida de los otros, el capitán lograba convertir a la espiada en espía del régimen. Una más. La película logró el Oscar y miles de aplausos. Mühe estaba impresionante. Hasta aquí la gloria. ¿Cuál era el sarcasmo? Que la primera esposa del actor había colaborado con la Stasi en el pasado.

Lo único bueno de los archivos de la Stasi es que existen. Cualquier alemán tiene derecho a consultar si hay información sobre él y quién la proporcionó. Y vaya si quieren. Más de 2,6 millones de personas han escrutado los fondos para averiguar si fueron espiados y por quiénes desde que se abrieron los archivos del régimen comunista, en 1992. Contra algunos temores apocalípticos, el ansia de saber no iba de la mano del afán de venganza. “No conocemos ni un solo acto violento de una víctima contra su acusador”, dijo ayer Helge Heidemeyer, representante del Comisionado Federal de Documentos de la Stasi, en el II Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, que se celebra en Salamanca.

La Stasi fue puntillosa, obsesiva. Puestos en fila, sus archivos ocuparían 51 kilómetros. En aquel universo cerrado que todo lo oía, la desconfianza se convirtió en un arma de supervivencia. “Enfrentarse al pasado a veces es doloroso y emotivo, pero pone su vida en sus manos. Ahora ya saben quién espiaba y quién no, pueden probar si han sido víctimas de la Stasi y rehabilitar su nombre si no colaboraron”, contó Heidemeyer.

Porque Alemania oriental pareció durante unos años un país de espías. Hasta 174.000 personas colaboraron con la policía comunista en 1989, justo antes de la caída del muro de Berlín. Ese mismo año, en Polonia, los “soplones” no llegaban a los 100.000, según datos aportados ayer por Krzysztof Persak, del Instituto Nacional de la Memoria de Polonia.

El encuentro, que organiza por segunda ocasión el Centro Documental de la Memoria Histórica, pone en su sitio a los archivos, un arma incontestable contra la reescritura histórica o la tentación del silencio. Ya lo avisó el poeta Juan Gelman: “Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido”. En las oficinas de la Stasi lo hicieron a la carrera destruyendo documentos y grabaciones con cualquier método. “Los quemaron, le echaron agua y también los hicieron trizas con las manos, pero no fueron destruidos por completo”, contó Heidemeyer. Son el grupo de los “predestruidos”. Ocupan unas 15.500 cajas. Ya han logrado rehacerse 40.000 páginas. Gracias a lo recuperado se ha desenmascarado algún cargo parlamentario que negaba haber colaborado con la policía secreta.

La transparencia del Comisionado Federal de Documentos de la Stasi sirvió de guía para otros países de pasado comunista como Polonia, que comenzó a ajustar cuentas con su historia reciente en 2000, con la creación del Instituto Nacional de la Memoria. “Durante la transición se consideró agitadores a quienes pedían abrir los archivos y se destruyeron muchos documentos”, contó Krzysztof Persak, investigador e integrante de la Comisión para la Persecución de Crímenes contra la Nación Polaca.

El Instituto Nacional de la Memoria, además de custodiar 89 kilómetros de archivos de servicios represivos de la era comunista, promueve investigaciones penales y ha acusado a 400 personas por crímenes, torturas o detenciones. “El problema es llevar ante la justicia a los jueces militares que firmaron condenas de muerte, porque se tapan entre ellos”, lamentó Persak.

Las deportaciones masivas a la URSS o las limpiezas étnicas contra polacos cometidas por nacionalistas ucranios son algunos de los asuntos que investiga el instituto, cuyo director falleció en el accidente aéreo en el que perecieron numerosas autoridades de Polonia, incluido su presidente Lech Kaczynski, justo cuando viajaban hacia Rusia para participar en un acto de desagravio por la matanza de Katyn. La URSS, responsable de aquella matanza de 22.000 polacos, negó su participación e incluso permitió que el tribunal de Núremberg juzgase por ello a varios oficiales nazis, finalmente, absueltos.

La farsa se destapó en 1990 gracias al presidente Mijaíl Gorbachov, que entregó a su colega polaco Jaruzelski la lista de los fusilados y otros documentos. Las investigaciones iniciadas entonces se cortaron en seco en 2004, bajo el mandato de Putin, cuando se ordenó declarar secreto de Estado 116 de los 183 tomos de la investigación. De nuevo, los organizadores de olvido.

A veces reaparecen sobre terreno ganado. El Tribunal Constitucional de Rumania declaró inconstitucional la ley que desnudaba la represión del régimen de Nicolae Ceausescu. “Contenía veneno”, opinó el tribunal. Dragos Petrescu, del Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate, desveló la clave: “Los jueces del Constitucional necesitan tener más de 15 años de experiencia. ¡Habían accedido durante el antiguo régimen!”. En Rumania, la colaboración con la Securitate no era obligatoria, pero se incentivaba gracias al chantaje y a las prebendas como la autorización para viajar a Occidente. Lo vital y complejo que resultaba salir del país se aprecia con nitidez en la película Cómo celebré el fin del mundo (2006), en la que un niño de siete años, Lalalilu, planea asesinar al dictador para impedir que su hermana huya de Bucarest en 1989.

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Represión con nombres y apellidos

– Un encuentro internacional analiza en Salamanca el papel de los archivos para resarcir a las víctimas de las dictaduras comunistas

República Democrática Alemana. El Comisionado Federal de Documentos de la Stasi, que tiene 90 millones de euros y una plantilla de 1.700 trabajadores, guarda 31.000 grabaciones y 1,4 millones de documentos gráficos captados por la Stasi.

Polonia. El Instituto Nacional de la Memoria dispuso de 53 millones de euros en 2009. Emplea a 2.170 personas. Unas 200.000 personas han consultado los archivos de la represión.

Rumania. El Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate custodia 1,8 millones de volúmenes de los servicios secretos de entre 1945 y 1989.

Varela retrasa su decisión sobre la recusación de Garzón

El juez de la Audiencia le achaca “tener interés en la causa” y parcialidad

JOSÉ YOLDI El País27/04/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela aplazó este martes pronunciarse sobre la recusación que Baltasar Garzón presentó en su contra el pasado viernes. El juez de la Audiencia Nacional achaca a Varela “tener interés directo o indirecto en el pleito” que instruye contra él por investigar los crímenes del franquismo.

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