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Efecto boomerang

Página 12 – Oscar Guisoni – Martes, 13 de abril de 2010

No está solo Baltasar Garzón en su batalla judicial por haber intentado juzgar a los responsables de la dictadura franquista. Los familiares de las víctimas del general Franco presentaron ayer una querella contra el juez Luciano Varela –que instruye la causa contra Garzón– y contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, el tribunal que lleva la causa y que ha rechazado todos los recursos interpuestos por la defensa del magistrado acusado. Los familiares creen que estos dos jueces están cometiendo el delito de prevaricación, el mismo del que está acusado Garzón, porque actúan a sabiendas de estar violando los tratados internacionales firmados por España que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como los cometidos por la dictadura española que ensangrentó el país entre 1936 y 1975.

Han sido precisamente dos las organizaciones de víctimas del franquismo las encargadas de presentar las querellas: las asociaciones de Memoria de Mallorca y de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña. Y fue la coordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, quien se encargó de llevar la documentación ayer al alto tribunal madrileño y leer luego el comunicado a la prensa, en el que se afirma que sentar a Garzón en el banquillo de los acusados supone “un ataque frontal a las víctimas” de la dictadura. En la presentación judicial, las asociaciones sostienen que el juez Varela cometió delito, ya que comenzó el proceso a Garzón “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”. La querella contra Saavedra está amparada en que denegó a las víctimas presentarse en el juicio contra Garzón y rechazó todos los recursos interpuestos por la defensa del juez.

Con este episodio recrudece la campaña legal y también política que se está desarrollando en torno del proceso contra Garzón, un escándalo judicial internacional del que no cesa de hablar la prensa mundial, para desconcierto de algunos españoles que parecen sorprendidos por la gran popularidad del juez en el extranjero. Un reflejo de la inquietud que el proceso está despertando en la ciudadanía es el crecimiento exponencial de las páginas que apoyan a Garzón en las redes sociales. Sólo en Facebook, una de ellas, Un millón de firmas para apoyar al juez Garzón, pasó de los 10 mil a los 98 mil adherentes en apenas cuatro días. Desde estas redes ha surgido una convocatoria independiente a manifestarse el próximo 24 de abril en las principales ciudades españolas. En YouTube apareció incluso un emotivo video grabado por un grupo musical llamado Unomasuna que ha registrado una pegadiza canción que dice “Yo estoy con Garzón/ como el mundo entero/ tengo el corazón, mi niña/ con los que perdieron”.

En las webs de los grandes periódicos nacionales las noticias vinculadas con el proceso contra Garzón han sido las más comentadas y leídas durante las últimas semanas y son un verdadero muestrario de las opiniones encontradas que despierta el juez entre los españoles. Mientras una gran mayoría de los lectores se manifiestan sorprendidos por un proceso que huele demasiado a venganza política y a reafirmación de viejos poderes que se creían muertos y enterrados, una parte minoritaria pero significativa de la población sigue creyendo que el magistrado cometió un gran error al intentar juzgar al franquismo y reproduce algunos viejos clichés de la ultraderecha que despiertan verdadero pavor, como los que afirman que “el general Franco impidió que se instalara una dictadura comunista” y que “los rojos bien muertos están”.

De hecho, una de las principales preocupaciones de las asociaciones de víctimas de la dictadura es la sensación de impunidad a la que han quedado expuestas y el recrudecimiento de los discursos ultraderechistas en la sociedad avalados por el status que el Tribunal Supremo les ha otorgado a Falange, JONS y al sindicato ultra Manos Limpias al reconocerlos como parte principal en la acusación contra Garzón, al tiempo que se les niega a las asociaciones de los represaliados ejercer su defensa. “No entendemos cómo es posible que un seudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange –representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre el 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975–, puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, expresaron ayer en el comunicado con el que acompañaron el inicio de las querellas contra los jueces que están sentando a Garzón en el banquillo.

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La justicia universal, ahora de Argentina a España

Hace trece años, Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. El abogado Carlos Slepoy, que motorizó esa causa basado en la jurisdicción universal, impulsa que se devuelva el favor investigando al franquismo.

Página 12 – Laura Vales – Martes, 13 de abril de 2010

Elías García Holgado era alcalde y diputado provincial en Salamanca cuando, en 1936, fue encarcelado por el franquismo, que lo fusiló un año más tarde. Severino Rivas era también alcalde, de la localidad de Castro Rei, en Lugo; lo fusilaron en 1936 y su cuerpo permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común. Estos dos crímenes serán los casos iniciales con los que mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará una denuncia para que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco.

La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Hasta ahora, la Argentina ha sido beneficiaria de esta herramienta, que permitió que jueces de España –como Baltasar Garzón– e Italia iniciaran investigaciones contra represores argentinos, abriendo allá causas que fueron claves para impedir la impunidad cuando acá los juicios estaban frenados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todavía no se ha dado la situación inversa, es decir que en la Argentina se investiguen crímenes cometidos fuera del territorio nacional, pero que por su gravedad, por tratarse de crímenes contra la humanidad, habilitan el uso del principio de la jurisdicción universal.

En apoyo a Garzón

La idea de presentar en Buenos Aires una denuncia contra los crímenes del franquismo nació luego de que sectores de la derecha española lograron frenar la investigación que había iniciado el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Garzón terminó enfrentando además un proceso por prevaricato, ya que lo acusaron de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. El argumento con el que fue acusado es que la amnistía dictada en España en el ’77 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero por el momento ha quedado no sólo frenado, sino bajo una ofensiva para destituirlo (ver aparte).

La iniciativa de abrir en la Argentina una causa por los crímenes del franquismo –para evitar su impunidad y como modo de respaldo a Garzón– fue traída a Buenos Aires por el abogado Carlos Slepoy, argentino radicado en España y representante en Madrid de familiares de víctimas de la dictadura.

Slepoy es uno de abogados que ha trabajado en la construcción del razonamiento jurídico que sostiene a la demanda. “Los tribunales de cualquier parte del mundo tienen legitimidad para juzgar a estos criminales”, dijo a Página/12. El abogado da la impresión de esperar que el camino sea fácil y sin tropiezos; sabe que el caso deberá encontrar un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. “Necesitamos un Garzón argentino”, sintetizó ante este diario en alusión a que un magistrado le ponga el cuerpo a la causa.

El escrito, que ya está terminado, está caratulado como una denuncia “por genocidio y/o delitos de lesa humanidad” y “por la comisión de delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros”. En su primera parte cuenta cómo sucedieron los crímenes de los alcaldes Rivas y García Holgado. Por estos dos casos, que funcionarán como el puntapié inicial, se presentarán dos familiares como querellantes. Uno es Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rey. Rivas, que vive en la Argentina, hoy tiene 91 años. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que tiene otro tío abuelo fusilado y un tío desaparecido.

Además de estos homicidios puntuales, la demanda pide que se tome como período de investigación a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España. Es decir que solicita que se investigue el genocidio.

Incluye también un relato sobre el contexto histórico y la interpretación de que ocurrió un genocidio, en el sentido de que la dictadura de Franco tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad.

“Habrá más denuncias”

La pregunta es ¿hay imputados vivos? Eso parece imposible para crímenes cometidos, como con los alcaldes, en 1936. “Si se investiga hasta el ’77 hay criminales vivos. Ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas”, asegura Slepoy, quien confía en que por esto “mucha gente” va a presentarse “para traer su denuncia”.

El equipo que patrocinará la querella se completa con los abogados locales David Baigún –director del posgrado de Derecho Penal de la UBA–, Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler.

El trabajo clave de este equipo será el de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. Slepoy señala que “está en la Constitución Nacional, en su artículo 118”. Este artículo habla de los crímenes que se cometan “fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes”, y establece que el Congreso es quien debe decidir qué tribunal debe juzgarlos. “El Congreso ha establecido que sean los juzgados federales”, apunta Slepoy. También recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos “dictó resoluciones en el ’98 y 2003 instando a los países de América a que ejerzan la jurisdicción universal”.

“Son crímenes que están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación”, agregó ayer su colega Máximo Castex. “En el caso de Rivas, por ejemplo, es una persona grande que logró recobrar los restos de su padre en el año 2005, a través de una exhumación que hizo él por cuenta propia; él cada vez que viajaba a España sentía esta necesidad de lograr justicia. Hay que pensar que estamos frente a una historia de 110 mil desaparecidos; hay mucha gente que todavía no sabe dónde están los cuerpos de sus familiares”.

Un dato impactante es el interés que mostraron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas para sumarse a la causa como querellantes. Entre los que quieren presentarse a querellar están la Central de Trabajadores Argentinos y la Federación Gallega y la mayoría de los organismos: Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Todavía no está claro si todos van a poder hacerlo, ya que depende de que en sus estatutos tengan un objetivo que los habilite legalmente. Desde España vendrán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica de España, considerada la más importante de aquel país trabajando en el tema.

La denuncia se presentara en los tribunales federales en la mañana del miércoles. Ese mismo día, los querellantes darán una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires que ayer homenajeó a Slepoy (foto). Darío Rivas e Inés García Holgado, los dos primeros querellantes, estarán entre los presentes para contar la historia de sus familiares y pedir justicia, 74 años después.

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Movilización en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo

Una demanda plantea dos casos de asesinato en la Guerra

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – El País – 13/04/2010

La posibilidad de que la Cámara Federal aplique el principio de la jurisdicción internacional y acepte que se abra juicio por dos casos concretos de asesinatos cometidos durante la Guerra Civil española mantiene en vilo al mundo jurídico argentino y al relacionado con los derechos humanos. La demanda se presentará el miércoles, apoyada por decenas de organizaciones y pretende también servir de apoyo al magistrado español Baltasar Garzón.

“Es inaudito e inexplicable que se pretenda inhabilitar a Garzón por haber intentado investigar en España hechos parecidos”, aseguró ayer uno de los abogados implicados en la preparación de la demanda, Carlos Slepoy. Garzón cuenta con la admiración y devoción de los grupos de defensa de los derechos humanos en Argentina, agradecidos por los procedimientos que abrió en España contra el dictador chileno Augusto Pinochet y contra varios acusados de torturas y desapariciones durante la dictadura militar argentina.

La eventualidad de que un tribunal federal considere que los dos asesinatos cometidos durante el franquismo están comprendidos en la figura jurídica del genocidio y que, por tanto, no prescriben y pueden ser juzgados por los jueces de este país se presenta ante muchos argentinos como la posibilidad de “devolver” el favor a España. Un sector importante de la sociedad argentina mantuvo lazos históricos con la República española y el país acogió a miles de refugiados y exiliados al fin de la Guerra Civil.

Los abogados que llevarán directamente el caso, entre ellos Beinusz Smukler, ex miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, muy conocido por su implicación en organismos de recuperación de la memoria histórica, confían en que los dos casos concretos que van a presentar darán origen rápidamente a una auténtica bola de nieve, igual que ocurrió cuando el propio juez Garzón puso en marcha los procedimientos judiciales contra Pinochet. Según Smukler, ha sido la paralización en España de las actuaciones por los crímenes del franquismo lo que ha incentivado el avance de la querella ante la Justicia argentina.

Esta sería la primera vez en que la Cámara Federal decidiera aplicar directamente el principio de jurisdicción internacional, lo que ya ha provocado una intensa polémica en medios jurídicos sobre la importancia de los precedentes existentes en otros países. Los impulsores de la demanda consideran que tanto la Constitución argentina como una ley posterior contienen fundamentos jurídicos que permiten juzgar un delito cometido fuera del territorio argentino.

La demanda que se presentará mañana, en un acto que se espera sea multitudinario, pedirá que se investiguen crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento militar organizado por el general Franco) y el 15 de julio de 1977, fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas de la Transición.

En condiciones normales, el juez de la Cámara Federal que reciba el caso (distribuido por sorteo) podría tardar entre 20 y 30 días en decidir si acepta la demanda o no. Contra su fallo existiría la posibilidad de presentar recurso. Un fallo positivo sería acogido en los organismos de defensa de los derechos humanos con júbilo, no sólo por su importancia como precedente jurídico sino, y muy especialmente, por el respaldo simbólico que recibiría el juez Baltasar Garzón.

“Nadie comprende en Argentina que se pretenda inhabilitar al juez que más ha hecho por perseguir los crímenes de las dictaduras”, asegura Slepoy. La mayoría de los medios de comunicación argentinos se han hecho eco estos días del desprestigio que puede estar sufriendo la Justicia española, sometida públicamente a todo tipo de presiones. “Esperamos que el juez Garzón sea exonerado de cualquier responsabilidad, pero si no fuera así plantearíamos la posibilidad de que los jueces del Tribunal Supremo español estuvieran cometiendo, ellos sí, prevaricación”, se indigna el abogado argentino.

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Descendientes de españoles

La demanda que se presentará mañana se centra en dos casos y estará firmada por dos descendientes de españoles, que nunca abandonaron la idea de encontrar los restos de sus deudos y de llevar ante la justicia a los responsables de sus asesinatos. Darío Rivas, de 91 años, hijo del que fuera alcalde de Castro de Rei (Lugo), fusilado el 29 de octubre de 1936 y enterrado en una cuneta de Portomarín, logró encontrar el cuerpo en 2005, y ahora reclama que se investigue su muerte. Inés García Holgado, abogada, responsable del blog Justicia y Memoria, nunca pudo hallar los restos de un tío suyo y pide que se abra una investigación sobre su desaparición.

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Familiares de víctimas inician un maratón de apoyo al juez

N. JUNQUERA – El País – 13/04/2010

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica convertirá la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el número 29 de la madrileña calle de San Bernardo, en una especie de cuartel general desde el que defenderá al juez Baltasar Garzón y su causa contra el franquismo. A partir de mañana, y en principio hasta el día 22, cuando está previsto que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión del juez, el recinto académico acogerá conferencias sobre la memoria histórica, testimonios de familiares de víctimas y la proyección de varios documentales sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura.

Entre otras actividades, está previsto que familiares de desaparecidos y fusilados lean en voz alta el auto del 16 de octubre de 2008 por el que el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. También se procederá a recoger firmas en apoyo del magistrado.

Hoy también se celebra en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto en defensa de Garzón convocado por UGT y CC OO al que está previsto que asista el ex presidente catalán Pasqual Maragall, que encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras contra el acoso al juez.

La Asociación Libre de Abogados aseguró en un comunicado que el juez Garzón “cumplió con su obligación” y acusa el Supremo de “colocar a las víctimas a merced de los verdugos”. La ALA “muestra su repulsa contra el auto de procesamiento” del magistrado “por lo que conlleva de retroceso en la lucha contra la impunidad” de aquellos que violaron sistemáticamente derechos fundamentales.

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“Imaginación creativa” o delito permanente de derecho internacional

La Justicia europea ha restringido leyes de amnistía sobre crímenes universales

NATALIA JUNQUERA – El País – 13/04/2010

El instructor del caso por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, sostiene que fue la “imaginación creativa” del juez de la Audiencia la que le llevó a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, cuarteando así “principios esenciales del Estado”. Pero el derecho y la jurisprudencia internacional de tribunales como el Europeo de Derechos Humanos muestra que Garzón no es, ni mucho menos, el único juez que ha restringido la aplicación de leyes de amnistía para juzgar delitos como las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos o el secuestro sistemático de niños. Otros jueces han interpretado también que la inexistencia de los responsables de un crimen (por fallecimiento o porque se hallaran en otro país) no exime a la justicia del deber de ofrecer una tutela judicial a las víctimas

Más de una treintena de Estados se han planteado este debate jurídico en los últimos años a la hora de revisar su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos.

– Los argumentos de Garzón. El 16 de octubre de 2008, el juez Garzón se declara competente para investigar lo que considera un plan sistemático de exterminio de rojos por parte de Franco, es decir, un crimen contra la Humanidad. Argumenta que los secuestros con desaparición de personas -lo que hacían los falangistas cuando iban a buscar a sus casas a las víctimas para darles el paseo– son delitos permanentes hasta que no se averigüe su paradero y por tanto, ni prescriben ni pueden ser amparados por una ley de amnistía. Garzón considera responsables a Franco y a otros 34 generales y ministros y solicita sus certificados de defunción. Reclama al Ministerio del Interior la identificación de los máximos dirigentes de Falange entre 1936 y 1951 y autoriza 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones, entre ellas, la de la fosa de Lorca.

– La ley de Amnistía (1977). El artículo primero de la ley afirma que quedan amnistiados: “Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”.

– El Derecho internacional. La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo recoge Naciones Unidas en su Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por España: “Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Y así lo ha aplicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de restringir leyes de amnistía cuando se ha ocupado de casos de desapariciones forzadas, por ejemplo cuando confirmó en 2009 la condena de la justicia francesa al mauritano Ely Ould Dah por torturas pese a que éste no estuvo presente en el proceso y pese a una ley de amnistía en Mauritania.

– Argentina, Chile y Marruecos. Argentina anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores de la dictadura (1976-1983). En Chile, los represores han sido juzgados y condenados. El Gobierno creó una comisión de investigación de los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973- 1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. En Guatemala también han sido juzgados ex militares por desapariciones forzadas durante la guerra entre 1960 y 1996. El Estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la Iglesia.

En Marruecos, el rey Mohamed VI creó el equivalente a una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. La comisión recomendó en sus conclusiones pedir perdón a las víctimas, que sí fueron indemnizadas. Suráfrica reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas, difíciles de cumplir en el contexto de pobreza del país.

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‘Casablanca’ y el No-Do vuelven a la Gran Vía

BEATRIZ PORTINARI – El País – 13/04/2010

Suenan los inconfundibles acordes del No-Do, aparecen los títulos en blanco y negro, los uniformes y Franco saludando al Frente de Juventudes y, en pleno siglo XXI, una sala de cine estalla en aplausos. Termina la información sobre la guerra en Europa, los nuevos inventos -como las “lámparas de incandescencia”, hoy llamadas bombillas-, vuelven a salir tropas de las SS, soldados aliados “en minoría” y el respetable vuelve a aplaudir.

El cine Callao vivió ayer una tarde para nostálgicos con motivo de la conmemoración del centenario de la Gran Vía y su vinculación al mundo cinematográfico, con la programación en pantalla grande de la mítica Casablanca, que colgó el cartel de completo. Muchas de sus 1.033 butacas fueron ocupadas por veteranos que vivieron el estreno en 1946, y otros aproximadamente 50 asientos albergaban a jóvenes que, bien por afición al cine clásico o por pura curiosidad, se acercaron a ver en gran formato aquella mirada lánguida de Humphrey Bogart.

Como si el cine Callao hubiera retrocedido en el tiempo hasta los años cuarenta, su fachada amaneció ayer cubierta por una gigantesca tela que reproducía aquella imagen inolvidable de (mejilla con mejilla) Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Una imagen y una historia que llegaron a España con cuatro años de retraso respecto al estreno mundial. Y no porque tuviera un mensaje amoral de adulterio o un claro trasfondo político, sino porque Hollywood no quería introducir películas en un país que había sido aliado del fascismo.

“Si acudes a la prensa de la época te encuentras que no hay críticas de esta película. ¿Por qué? Porque se estrenó un poco de tapadillo. Si salió en 1942 aquí no llegó hasta diciembre de 1946 porque España estaba en la lista negra de quienes habían apoyado a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y los estudios americanos decidieron prohibir que sus películas se estrenaran aquí”, explicaba minutos antes de la proyección Antonio García-Rayo, coordinador del programa conmemorativo organizado por el Ayuntamiento y diversos comercios de Gran Vía-Callao, que incluye proyecciones de cine clásico, exposiciones de carteles, conferencias y tertulias cinematográficas.

Entre esos testimonios gráficos se encuentran viejas fotografías de las interminables colas que se organizaban para conseguir una entrada de cine. “Para el estreno de Lo que el viento se llevó, que también llegó a España con retraso en el año 50, incluso se organizaban autobuses que iban a los pueblos, recogían a los espectadores, los traían a Madrid y esperaban una noche entera para el siguiente día comprar su entrada. En aquella época Madrid tenía cerca de 130.000 butacas en 160 salas y se llenaban todos los días. Era el ocio del momento”, describe García-Rayo.

Y aunque ayer no hubo colas kilométricas, sino espectadores despistados que no tenían muy claro dónde sacar la invitación para el pase gratuito, Casablanca consiguió conmover de nuevo con el mítico tema As time goes by o la despedida en el aeropuerto que todavía mucha gente intenta explicarse.

“Historias como esta, tan profundas y con un mensaje tan intenso ya no se hacen. El cine de antes no es lo mismo que el de ahora”, suspiraba nostálgica Blanca, de 72 años, que había acudido a Callao acompañada por sus amigas Angelines (90 años) y Sagrario (67), todas ellas con intensos recuerdos sobre el estreno en el año 46. “Me acuerdo que vi por primera vez esta película de joven, en alguno de los cines de la Gran Vía, no sé exactamente cuál”. “Yo lo vi en Cuatro Caminos, en un cine de barrio, que era donde podíamos ir los pobres”.

Contrastaban con sus memorias los jóvenes que pocas butacas más allá intentaban sacar fotos de la pantalla con su teléfono móvil, cubo de palomitas en mano, y que admitían sin reparos no haber visto jamás la película. “Hombre, por edad no me fue posible acudir al estreno”, ironizaba Saray, de 19 años. “Pero sí es una película que siempre se comenta y se sabe por frases típicas como ‘Tócala otra vez, Sam”.

El ciclo conmemorativo tiene previsto continuar las proyecciones cada lunes hasta el 14 de junio, con reestreno gratis de títulos como Lo que el viento se llevó (26 de abril), Cantando bajo la lluvia (3 de mayo), Mogambo (17 de mayo), o Gilda (14 de junio). Las invitaciones se podrán retirar el mismo día de la proyección en la FNAC o El Corte Inglés de Callao, de diez de la mañana a dos de la tarde. Ambos establecimientos albergarán además las exposiciones sobre carteles y publicidades cinematográficas de la época, y la estrecha relación de la Gran Vía con el mundo del celuloide.

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Pervivencia del franquismo judicial

SALVADOR MILÀ – El País– 13/04/2010

Parece que en España algo quedó a medio hacer, o se hizo mal, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, en relación al sistema judicial, a éste tercer poder clave para determinar la calidad y buena salud democrática del Estado social y democrático de derecho.

En estos últimos meses se están poniendo de manifiesto, de forma descarnada, muchos malentendidos -o sobrentendidos- en relación a la legalidad -formal- y legitimidad -social y política- del entramado judicial de excepción -primero- y “especial” -después- puesto en pie por la Junta Militar rebelde durante la guerra civil de 1936-39 y los sucesivos gobiernos del dictador Francisco Franco a golpe de bandos, decretos leyes, leyes de legislador único y expedientes de depuración, sin otra legitimación que la fuerza de las armas ni otra aspiración que la aniquilación y la venganza del “enemigo interior”.

La sociedad española asiste con incredulidad a una serie de pronunciamientos judiciales -y fiscales- entorno a cómo aplicar la Ley de Memoria Histórica, ante las lógicas peticiones de revisión de sentencias condenatorias de personas a las que el Gobierno solemnemente ha reconocido que fueron injustamente encarceladas o ejecutadas por tribunales ilegítimos; o entorno a las resoluciones del Tribunal Supremo que dan pábulo a las denuncias falangistas contra el magistrado Garzón, acusándole de prevaricar por el simple hecho de abrir diligencias, a instancia de partes legítimas, para averiguar el paradero de los desaparecidos a causa de la represión en el bando franquista. Con la paradoja de que se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como “ley de punto final” que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores.

Ya antes de la Ley de Memoria Histórica se habían dictado resoluciones del Tribunal Supremo, específicamente de su Sala de Justicia Militar en que, como si estuvieran fuera del tiempo y del espacio, con la asepsia de la sábana que tapa el cuerpo del delito, se invocaron argumentos formalistas relativos a la -al parecer- inexistencia de “nuevos hechos relevantes” que pudieran hacer necesaria la reconsideración de lo “juzgado” en su día por tribunales indignos de llamarse de justicia, para denegar la revisión de juicios sumarísimos que condenaron de forma injusta, alevosa y sin respetar los mínimos principios de un proceso penal digno de tal nombre, a personas tan significativas como Joan Peiró, líder sindical ejemplar, ministro de Industria de la República, que se opuso de forma pública y valiente a los desmanes de los incontrolados en los primeros días de la guerra civil en Cataluña (inexcusable la lectura de su recopilación de artículos Perill a la reraguarda!) y que salvó a cientos de personas.

Ante este panorama en la dehesa judicial, el fiscal superior del Estado, asistido de su junta de fiscales, ha optado por denegar la petición de la Generalitat de Catalunya -amparada por la Fiscal Jefe de esta comunidad- de promover la correspondiente revisión del juicio que condenó a muerte al President mártir Lluís Companys, con el singular artilugio de atribuir a la fiscalía del Estado una inexistente facultad de declarar nula la sentencia, cosa que la ley no hace directamente ni mucho menos le atribuye al fiscal.

Es más que probable que el fiscal del Estado haya tratado así de evitar un nuevo escándalo público judicial, en previsión de un pronunciamiento de la Sala Militar del Tribunal Supremo, que, ignorando la expresa e individualizada declaración de ilegitimidad y de falta de todo atisbo de justicia material en la sentencia que le condenó, que se contiene en el reconocimiento del gobierno.

Sin pasar por alto, ya puestos, el que todavía el Tribunal Supremo no haya hecho un reconocimiento solemne de la dignidad y honorabilidad de los cientos de jueces y magistrados que fueron apartados de sus carreras, degradados o ejecutados por no dar amparo con su toga a la rebelión, o por negarse a juzgar y condenar por rebeldes a las autoridades legítimas.

Salvador Milà es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña.

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Dos asociaciones de la memoria histórica se querellan contra los magistrados Varela y Saavedra

Les acusan de prevaricación por procesar a Garzón tras las querellas de la ultraderecha por haber investigado los crimenes del franquismo.- Protesta ante las puertas del Tribunal Supremo

PERE RÍOS – El País – 12/04/2010

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y de Mallorca han presentado hoy en el Tribunal Supremo (TS) una querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. Así lo ha explicado a los periodistas la portavoz de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, en declaraciones a las puertas de la sede del tribunal, donde se han concentrado familiares de represaliados por la dictadura con pancartas en apoyo a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS presentaron contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que Saavedra preside la Sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por el juez.

Álvarez ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una “profunda indignación” porque el Alto Tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional . Según sostienen, Varela habría incurrido en un delito de prevaricación por mantener la imputación contra Garzón “a sabiendas de que sus decisiones son objetivamente sostenibles en el plano jurídico, ya que lo único que ha intentado es interpretar el Derecho teniendo en cuenta cuál es el Derecho internacional aplicable”. También habría actuado “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”.

El comunicado añade que también dirigen su querella contra Saavedra porque es el presidente de la Sala de lo Penal, de la que forma parte Varela “y en cuyas decisiones se ha amparado éste para la desestimación de todas las pretensiones de Garzón” y, además, porque ha denegado la personación de las víctimas en el procedimiento. También consideran que Saavedra tendría que haber resuelto la cuestión de competencia en el asunto de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad planteada desde junio de 2009.

Según Alvarez, el proceso contra Garzón “es un ataque frontal contra las víctimas españolas de esas graves violaciones de los Derechos Humanos que esperaban que por primera vez los Poderes del Estado cumplieran con su obligación de investigar los crímenes contra la Humanidad cometidos por el fascismo durante la Guerra civil y la Dictadura posterior.” “No entendemos cómo es posible que un pseudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange -representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975- puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, ha añadido. Según ha explicado, las actuaciones de Varela y de Saavedra “no son acordes al Derecho”. Por su parte, el presidente de la asociación Memoria Viva, Pedro Vicente Romero de Castilla, ha dicho que el hecho de que se juzgue a Garzón le recuerda “un juicio en Nuremberg donde estaban sentados en el banquillo unos cuantos generales asesinos y había seis millones de víctimas reclamando Justicia”.

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The Shame of Spain and the Ghost of Fascism

Published on Thursday, April 8, 2010 by CommonDreams.org [visto en el blog (Re)generando memorias]

by Scott Boehm

When Spain is mentioned in the English-speaking world, romanticized images of Mediterranean landscapes quickly come to mind.  They are usually set to a passionate flamenco-inspired soundtrack and mingle with the fantasy of tantalizingly fresh paella, golden olive oil and ruby red wine.  This is the Spain most outsiders imagine and experience, and it is largely what the Spanish economy has depended upon since the 1960s when the dictatorship of General Francisco Franco launched a massive tourist campaign to stimulate a struggling economy.  The campaign was the stuff of economic miracles.  Spain rapidly became one of the world’s premier vacation destinations.

But all the sun in the world couldn’t hide the horror lying in the shadows of a country haunted by a recent war that touched every aspect of Spanish life.  At least not forever.

In 2000, twenty-five years after Franco’s death, Emilio Silva, a journalist searching for answers to questions about that war and his family’s relation to it accidentally discovered and exhumed the mass grave where his grandfather’s remains were located.  Silva’s grandfather, a humble shop owner and supporter of the democratic state established in 1931, was summarily executed by members of the Falange—the Spanish fascist party—along with twelve other people from his village in the north of Spain shortly after Franco and a handful of generals launched a coup against the Spanish Republic in July 1936.  Hitler, Mussolini, and the Catholic Church backed the conspirators while the United States, England and France turned a blind eye to the massacre that ensued.

While the events of 1936-1939 are popularly referred to as ‘the Spanish Civil War,” the term misrepresents what actually occurred.  More than a war between two more or less equally prepared and similarly matched sides, it was the mass extermination of “los rojos”—anyone considered part of “the anti-Spain” by the self-proclaimed, and well-armed, guardians of national identity and patriotic spirit.  The “reds” put up a long fight, but ultimately they were killed, tortured, raped, imprisoned, kidnapped, used as slave labor and/or driven into exile for four decades.

Like Emilio Silva’s grandfather, hundreds of thousands of the victims of such repression—continued by the Francoist state at the conclusion of the war—continue to lie prostrate in mass graves.  Since the exhumation in 2000, their descendents and sympathizers have formed a growing historical memory movement.  Like Antigone, they have repeatedly asked for one thing from the Spanish state: nothing more than the possibility of exercising their desire to properly bury their dead.  Like Creon, the Spanish state has consistently responded with statements, actions and laws that laugh in the face of their ethical claim.

In 2008, Spanish judge Baltasar Garzón, internationally famous for having put Chilean dictator Augusto Pinochet on trial for genocide in 1998, admitted a series of lawsuits filed by several historical memory organizations and individuals seeking assistance with the location and exhumation of the remains of family members.  Garzón subsequently opened the first criminal case into the 1936 coup and the Francoist dictatorship.  He concluded that the generals who launched the war were guilty of crimes against humanity, and ordered the exhumation of nineteen mass graves.  A few weeks later, Garzón was forced to close his case under pressure from fellow judges of the National Court and the Attorney General’s office. Once again, the hopes of family members were crushed by the weight of law and the callousness of the Spanish state.

(For a brief description of Garzón’s case, see my article “On Human Rights, Spain is Different” published on Common Dreams December 10, 2008: http://www.commondreams.org/view/2008/12/10 [1]).

If the story ended here, it would be yet another sad lament in a long litany of historical wrongs for the victims of Francoist repression.  But this story, unfortunately, is not over.

Shortly after Garzón withdrew his case, a far-right lobby and the Falange—the same Spanish fascist party that killed Emilio Silva’s grandfather and dumped his body in a ditch like hundreds of thousands of others—filed lawsuits against Garzón for opening the historic case.  To the surprise of many international law and human rights organizations, the Supreme Court admitted the suits last May.  Yesterday Judge Luciano Varela ruled that Garzón must stand trial.  He faces removal from the National Court and banishment from the bench for twelve to twenty years, which would mean the sudden end of Garzón’s illustrious, if controversial, legal career.

While Garzón has been roundly criticized for self-promotion and basking in the spotlight of high-profile cases, such personal faults are irrelevant to the case at hand.  If the Supreme Court rules in favor of the Fascist party and its associates—which appears quite possible—it will be a far-reaching victory for the state of impunity that characterizes contemporary Spain and a devastating loss for those seeking the most minimal act of justice for the dead.  It will also be a significant blow to international criminal law, convert Spain into a legal embarrassment in the eyes of the world and discredit the integrity of Spanish jurists.

This would seem bad enough, but if Garzón is debarred it also means that fascism will be validated as a legitimate and effective political force in democratic Spain.  Not only will the family members of the victims of fascist violence lose the only judge daring enough to challenge the 1977 amnesty law protecting those responsible for mass extermination and state repression—a law considered illegal under international law—they will also be forced to swallow the fact that, in Spain at least, democracy means that fascist complaints carry more weight than the burden of those traumatized by the Spanish state during much of the twentieth century.

Ten years into the twenty-first, the political panorama looks chillingly familiar to those who have survived or studied Francoist “justice.”  Once again, the force of law is being used to discipline those who challenge a deeply unjust social order.  But it is more than simply punishment; it is a threat to those who might follow in the footsteps of Garzón, and an insult to all the Antigones of the world.  It is also the apparition of fascism, alive and well in sunny Spain, rearing its ugly head from behind long, haunting shadows.

In Madrid, you can almost hear its voice echoing throughout the hallowed halls of justice:  “Olé!  Somebody pass the sangría…”

Scott Boehm is a Researcher for the Spanish Civil War Memory Project (http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/ [2]) at UC San Diego where he is a Ph.D. candidate in Literature.  His dissertation, “Trauma and Transitionism” examines the intersections of culture, memory and justice related to mass extermination and state repression in Spain.  He can be contacted at sboehm@ucsd.edu [3].