This article by George Steer of The Times brought to the world news of the massacre by German pilots of more than 1,000 civilians in the Basque town. The outrage inspired Pablo Picasso’s masterwork, and Steer has now been honoured for the piece.
www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article709301.ece#cid=OTC-RSS&attr=World
Félix Población – Público – 08/04/2010
Ahora que ante la perplejidad y reprobación de los más cualificados medios de información internacionales tenemos al juez Baltasar Garzón camino del banquillo por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, a requerimiento de los familiares de las víctimas enterradas sin sepultura en las fosas comunes y cunetas de España, es momento de recordar al magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Olvier, ponente del auto que admitió a trámite la querella de Falange Española contra el juez.
Sabemos, porque se publicó en su día, que Prego fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española, que puso a caldo el Estatut de Cataluña y la política antiterrorista de Zapatero durante la primera legislatura. Que Prego firmó asimismo un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Histórica, en consonancia con su criterio de que la Guerra Civil no la motivó la sublevación franquista sino la llamada Revolución de Octubre de 1934, por lo que el golpe franquista fue una contrarrevolución.
Pero lo que más nos debe llamar la atención, ahora que una inhabilitación de hasta veinte años puede pesar sobre Baltasar Garzón, son los artículos suscritos por don Adolfo en la revista Altar Mayor de la Hermandad del Valle de los Caídos, en cuyo faraónico escenario, construido por presidarios republicanos en durísimas jornadas de trabajo, están enterrados el general dictador y el máximo dirigente de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura cifra en 33.847 los restos documentados de víctimas del conflicto, todos pertenecientes al bando sublevado. Junto a ellos pueden hallarse entre 15.000 y 40.000 víctimas republicanas sin identificar, cuyos huesos fueron trasladados en los años sesenta a Cuelgamuros, sin permiso de sus familiares, después de haber sido desenterrados de las fosas comunes en que se encontraban.
Lo que el juez Baltasar Garzó ha pretendido, y por lo que se le va a sentar en el banquillo, es reparar la dignidad y la memoria de tantos muertos sin nombre, muchos de ellos víctimas de la vesania falangista, a quienes los vencedores propinaron como última y más grave ofensa la de ser enterrados junto a los máximos cabecillas de sus verdugos.
Sobre esa oscura memoria, insólita en el mundo, ¿cómo se puede pregonar, según reza el artículo primero de la Hermandad del Valle de los Caídos, que su fundación obedece al propósito de mantener vivo el mensaje de paz y reconciliación que pregona el grandioso símbolo cristiano erigido en Cuelgamuros? ¿Será porque visitó la basílica el cardenal Joseph Ratzinger en 1989?
Marco Schwartz – Público – 08/04/2010
En unos hechos que pasarán a la historia universal de la infamia, un magistrado del Supremo, Luciano Varela, pide sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón por haber intentado abrir una causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado considera que Garzón cometió prevaricación y, para que no queden dudas sobre la gravedad de la ‘ofensa’, tipifica el delito en su vertiente más severa (artículo 446.3 del Código Penal), que supondría la inhabilitación del juez por 12 a 20 años, en lugar de aplicar el artículo 447, de “imprudencia grave”, que reduce el castigo a entre dos y seis años.
El verdadero delito de Garzón fue intentar desanudar el legado franquista del “atado y bien atado”, para lo cual utilizó todos los recursos y plazos jurídicos a su alcance hasta que, atendiendo las órdenes de la Audiencia, se inhibió de la causa y remitió el expediente a los juzgados ordinarios concernidos. Con posterioridad, dos organizaciones de ultraderecha promovieron contra el juez la querella que ahora amenaza con hundir su carrera. Y esto sucede mientras la Falange, uno de los acusadores, continúa montando con total impunidad actos de enaltecimiento de la dictadura.
El auto del magistrado Varela constituye una advertencia tajante a todo juez que pretenda husmear en los crímenes del franquismo: en la España del siglo XXI existen aún líneas rojas que no se pueden cruzar. Alemania pudo juzgar el nazismo porque Hitler perdió la guerra. En España, Franco ganó, mandó durante casi cuatro décadas y, por lo visto, continúa victorioso 35 años después de su muerte. Una ley preconstitucional de aministía aún funciona como muro contra la verdad y la justicia. Algo falla en una democracia donde cabe semejante afrenta y humillación.
Asociaciones por la memoria presentarán el escrito el lunes
PERE RUSIÑOL – Público – 09/04/2010 08:00
El proceso contra Baltasar Garzón por querer investigar el franquismo vivirá el lunes un capítulo imprevisto que aspira a alterar el final anunciado: varias asociaciones de víctimas presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez instructor, Luciano Varela. El escrito se basa en buena parte en la propia doctrina del magistrado.
Las asociaciones de víctimas habían explorado ya varias vías para tratar de influir en una causa que, de prosperar, no sólo supondría un mazazo para Garzón, sino sobre todo para sus aspiraciones de justicia y reparación.
Las víctimas han presentado ya recusaciones de magistrados como Adolfo Prego ponente del auto de admisión a trámite de la causa contra Garzón y firmante de un manifiesto contra la memoria histórica, han denunciado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra y han acudido al Tribunal Constitucional pidiendo ampara para que se les acepte en la causa y la paralice mientras delibera al respecto. Pero todavía no habían ido contra el elemento central del proceso que ha armado todo el argumentario de la causa: el mismo juez instructor.
El lunes, sin embargo, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca, presididas por Manuel Perona y Maria Antònia Oliver, respectivamente, tienen previsto registrar en el Tribunal Supremo una querella contra Varela por prevaricación. El escrito, de 40 folios, toma como base el auto del 3 de febrero redactado por el magistrado en el que mantiene abierta la causa contra Garzón y, aplicando los criterios definidos por el propio Varela en una sentencia de 2009, deduce que el magistrado ha prevaricado.
“Creemos que se está prevaricando y los efectos son terribles para nosotros: el proceso dejaría desamparados a las víctimas y a sus familiares”, advierte Perona. Y añade: “Estamos aterrorizados ante la posibilidad de que quiera cerrarse el periodo cuando aún hay miles de desaparecidos. Da la impresión terrible de que las víctimas vuelven a ser juzgadas”.
Errores en el auto
La querella, que quedará abierta a adhesiones de otras entidades, subraya algunos errores del auto de Varela que le sirvieron a éste para argumentar jurídicamente su decisión: por ejemplo, recalca que Garzón respondió a las quejas del Consejo General del Poder Judicial en una fecha distinta a lo que señala el auto. O insiste en que Garzón no firmó una providencia clave que en cambio el auto sí le atribuye.
El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía tomada la decisión de ir adelante con el caso y que toda su argumentación sería consecuencia de esta determinación inicial. Por eso le atribuyen prevaricación: por desdeñar todo lo que no facilite su supuesto objetivo y amplificar lo que lo facilite, por irrelevante que sea desde el punto de vista jurídico.
En el primer caso se enumeran todos los tratados internacionales que España ha suscrito y que le obligan a investigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio por mucho que aprobara en 1977 la Ley de Amnistía, además de interpretaciones sobre esta norma del propio Constitucional.
En el segundo, se señala entre otros el absurdo de basar parte de la argumentación contra Garzón en su disonancia con la fiscalía cuando ésta se opone igualmente a sentar en el banquillo al magistrado.
Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio
DIEGO BARCALA – Público – 09/04/2010 00:20
Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.
“Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga”, advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.
“El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes”, explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio “político, social y cultural”.
Ministros de Franco vivos
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. “Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración”, asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.
En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.
Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.
Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. “Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur”, razona.
Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón.
MIGUEL HERNÁNDEZ ALEPUZ – El País – 09/04/2010
Dado que en España no es posible investigar los crímenes del franquismo, dado que la ley de punto final hispana está por encima de los tratados internacionales firmados por el Estado español en materia de derechos humanos, dado que las cunetas siguen llenas de injusticia y los familiares seguimos llenos de memoria, me atrevo a pedirle un favor a Argentina y a Chile: que nos devuelvan el favor.
Solicito que abogados de estos países denuncien al Estado español por no investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los franquistas, ya que continúan impunes. Que se abran las fosas, que se anulen las sentencias de muerte, que se haga justicia. España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos, tras la Camboya de Pol Pot y sus montañas de calaveras. Miles de niños fueron secuestrados por los asesinos y torturadores de sus padres. Por favor, ayudadnos.
El PP abandona unos minutos el hemiciclo después de que el PSOE le vinculase con el franquismo
El País – 08/04/2010
La portavoz del PP, Esperanza Oña, ha dicho hoy en el Parlamento que el campo andaluz “estaba mejor con Franco que ahora”, a lo que el diputado socialista, Juan Antonio Cebrián, ha respondido que el “problema es que ustedes (por el PP) estaban mejor entonces (por el régimen de Franco) que ahora, que están en la oposición”. La vinculación entre el PP y el franquismo que ha establecido ha provocado un enfrentamiento dialéctico entre Javier Arenas y la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, y el abandono del hemiciclo de la bancada popular.
El incidente se ha producido durante el debate de una proposición no de ley relativa a la rectificación del decreto de reducción de peonadas para los jornaleros andaluces. Al concluir su intervención, Oña ha pedido la palabra. “No se olvide que somos un partido democrático”, ha dicho tras solicitar una rectificación al socialista, que no ha sido satisfecha. Los populares han abandonado el pleno al unísono. A su vuelta, minutos después, Javier Arenas ha pedido la palabra en medio de los incesantes aplausos de los socialistas a su diputado: “Me ampara el reglamento para pedir una cuestión de orden”, a lo que Coves se ha negado inicialmente.
Finalmente, tras varios tiras y aflojas, Arenas ha intervenido para indicar que se sentían “gravemente ofendidos” por las alusiones. “Nuestra formación tiene treinta años de vida, está unida al compromiso democrático y bajo ningún concepto aceptamos que nadie cuestione ese compromiso con la democracia”. Arenas ha exigido la retirada de las “ofensas o que la Presidencia decida eliminar del diario de sesiones la frase”.
Fuentes judiciales creen que antes se debería abrir el juicio
JULIO M. LÁZARO MADRID – El País – 09/04/2010
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha decidido que sea directamente el Pleno del organismo, que se reunirá el próximo día 22, el que se pronuncie sobre la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decidido sentar en el banquillo para que sea juzgado por un supuesto delito de prevaricación.
El Consejo tendrá que valorar si el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por Varela -contra el que cabe recurso ante el propio instructor y ante la Sala Penal- es suficiente para decretar la suspensión de Garzón.
Varela concluyó su auto de transformación señalando que “ha lugar a proceder” contra Garzón, siguiendo el tenor del artículo 383 de la ley orgánica del Poder Judicial sobre suspensión de magistrados. Sin embargo, fuentes judiciales consideran más correcto esperar al auto de apertura de juicio oral, que es el que marca definitivamente el proceso al magistrado.
Según explicaron dichas fuentes, dado que el ministerio fiscal no va a ejercer la acusación, ésta se sustentará exclusivamente en los escritos de Manos Limpias y Falange Española de las JONS. Aunque no es verosímil que suceda, si en hipótesis se suspende a Garzón y luego dichas acusaciones populares desistiesen de presentar sus escritos, Garzón estaría suspendido de funciones sin que nadie le acusase, por lo que habría que sobreseer el proceso y reintegrarle a su juzgado. El hecho de que una acusación popular desista de acusar en el último momento no ha sido tan infrecuente en procesos a banqueros y empresarios. Aunque ese escenario no se contempla en la causa contra Garzón, las fuentes consultadas creen más correcto esperar a que las acusaciones presenten sus escritos y el instructor decrete la apertura de juicio oral, momento a partir del cual ya no hay vuelta de hoja para que Garzón sea juzgado por la Sala Penal del Supremo.
No obstante, antes de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, el Pleno del Consejo tendrá que resolver la recusación de la vocal Gemma Gallego, la juez del ácido bórico que fue recusada por Garzón por enemistad manifiesta. El Consejo también tendrá que decidir sobre la abstención del vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue abogado de Garzón.
500 personas cortan la calle Génova de Madrid en una concentración en defensa de Garzón
NATALIA JUNQUERA – Madrid – 08/04/2010
El medio millar de manifestantes han cortado el acceso a la calle Génova de Madrid- ULY MARTÍN
Unas 500 personas acudieron este jueves, movilizadas por mensajes de móvil y foros de Internet, a la puerta de la Audiencia Nacional para demostrar su apoyo al juez Baltasar Garzón y condenar la decisión del Tribunal Supremo de sentarle en el banquillo por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Al grito de “¡Garzón, estamos aquí!, “España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez” o “Justicia 0-Falange 1”, los manifestantes protestan por lo que consideran la inminente inhabilitación del magistrado. La concentración obligó a cortar la calle de Génova, entre la sede del Partido Popular y la Audiencia Nacional.
Cartel de la convocatoria de la concentración de apoyo a Garzón-
“Me he enterado por un mensaje de móvil y se lo he dicho a más gente. Ha sido algo totalmente expontáneo”, explica Julián Rebollo, sobrino de fusilado y portavoz de la Plataforma por un centro para la paz y la memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. “Estamos indignados. Es el colmo que vayan a juzgar al único juez que se ha atrevido a investigar los crímenes del franquismo”.
Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica acusan de prevaricación– el delito por el que está imputado Garzón- a todos los jueces de instrucción a los que se han dirigido y que no han investigado el hallazgo de restos humanos con signos de violencia. Desde el año 2000 sólo se ha abierto en España una fosa bajo supervisión judicial, en Santa Marta de Tera (Zamora).
Además, existe una convocatoria anónima, que se está extendiendo por Internet, para celebrar una gran concentración de apoyo al juez el próximo 24 de abril. “Ha sido una decisión espontánea que ha empezado con un grupo de apoyo en Facebook“, ha comentado el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Colectivos de memoria, familiares de víctimas del franquismo y partidos políticos de izquierda de toda España preparan esta macro concentración de apoyo al juez Baltasar Garzón. Ya tienen cartel e incluso un lema: “Investigar los crímenes del franquismo no es delito”.
“Únete. Hay que estar con la Justicia y la Verdad. Con la Memoria Histórica. No podemos olvidar tanta ignominia. Ya sabes, a las 20 horas el día que se produzca la suspensión, nos vemos junto a la Audiencia Nacional”, se lee en una de las convocatorias. Otras piden hacer lo mismo frente a los tribunales superiores de justicia de otras ciudades españolas.
En Teruel, por ejemplo, Izquierda Unida ha convocado otra concentración de apoyo a Garzón para el próximo 14 de abril. “Resulta bochornoso para los demócratas que los descendientes de los asesinos puedan sentar en el banquillo al juez”, declaró el coordinador del partido en Teruel, José María Martínez Marco.
No serán las únicas. “En Argentina, donde Garzón es muy querido, las organizaciones de defensa de los derechos humanos también están preparando manifestaciones de protesta para el día en que sea suspendido”, ha asegurado Silva. Desde que se abriera el proceso contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo todas las grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch…) han emitido comunicados de apoyo al juez.
ANTONIO RATO – El País – 08/04/2010
Dice el artículo 24 de la Constitución que “todas las personas tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa”. Garzón ha propuesto el examen de varios juristas eminentes de reconocido prestigio y al parecer solo se va admitir que depongan aquellos magistrados que en el periplo procesal transcurrido ya han dado la razón al reo.
Sin entrar ahora en el desarrollo de lo hiperbólico que resultaría el aforismo antes mencionado si lo pusiéramos en relación con la realidad cotidiana de las sentencias que leemos en la prensa, baste decir que el mismo ni siquiera resulta de aplicación a los delitos concretos de prevaricación judicial. Porque en estos casos no se trata de determinar si la resolución judicial objeto de controversia debe o no estimarse correcta sino, simplemente, si aún discrepando de ella, los hechos que relata son ciertos y los argumentos que utiliza son defendibles con la lógica común.
Y esto es así, porque la prevaricación exige un dolo específico, el animus prevaricandi que, en castellano se diría actuar a sabiendas, y que resultaría paradójico estimar en el juez que ha utilizado una interpretación normativa compartida por los más prestigiosos juristas.
Las normas de derecho penal se interpretan siempre de forma restrictiva, y por lo tanto el ánimo de prevaricar no puede nunca presumirse ni deducirse por las retorcidas, indiciarias e inamistosas vías argumentales utilizadas por el magistrado Varela y asumidas después íntegramente por el magistrado Prego.
Cuando un juez interpreta las leyes debe atender principalmente a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.(artículo 3 del Código Civil). Y es indudable que esta realidad social no es vista de la misma forma por el magistrado Prego que por el magistrado-juez Garzón.
Pero, aunque la concepción ultraconservadora de Prego fuese la correcta, la calificación hecha por Garzón de delito contra la humanidad de los crímenes franquistas, que constituye el núcleo de su argumentación, no sería ningún disparate ni podría considerarse expresión de una voluntad maliciosa de prevaricar.
Por tanto, al derecho de Garzón le interesa probar que su interpretación normativa no es resultado caprichoso de esa soberbia de juez estrella que injustamente le atribuyen sus poderosos enemigos, sino que es la interpretación universalmente compartida por los juristas más prestigiosos del mundo. Por esta razón ha propuesto como testigos a un elenco internacional de juristas de primerísima línea para que demuestren que sus argumentos están en los antípodas del la voluntad maliciosa o dolo específico exigido al prevaricador.
Hasta el presente, nuestro derecho distinguía entre la prueba pericial y la testifical como entidades estancas. A los testigos no se les podían formular preguntas de naturaleza técnica. Pero en la actualidad, la nueva ley procesal básica admite la figura del testigo perito, que puede ser interrogado sobre sus conocimientos específicos. El dejar estos conocimientos fuera de la causa seguida contra Garzón nos expone a que en ulterior instancia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un tirón de orejas a los dignísimos magistrados de nuestro Tribunal
Antonio Rato es abogado
