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La Ley de Amnistía fue clave para avanzar hacia la democracia tras una dictadura atroz y gozó durante años de un gran apoyo social. Pero a finales de esta década, las víctimas empujaban a un Gobierno de izquierdas para que los crímenes de lesa humanidad no siguieran gozando de impunidad. Y sus argumentos empezaron a encontrar complicidades en el mundo de la judicatura.

¿Hablamos de España? ¿O de Uruguay? En realidad, de ambos. Lo que les distingue es lo que sucedió después: el juez español que se atrevió a investigar los crímenes de la dictadura, Baltasar Garzón, está a un paso del banquillo, acusado de prevaricación. En cambio, la Suprema Corte de Justicia uruguaya declaró a finales de 2009 la inconstitucionalidad de buena parte de la norma que impedía investigar los abusos de la dictadura.

“Nunca hubiéramos imaginado algo así de España; todavía nos cuesta entender qué está pasando. ¿Cómo es posible que una democracia europea quede al margen de los tiempos cuando tanto han contribuido el propio Garzón y España en socavar las leyes de impunidad por todo el mundo?”, se pregunta Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington.

En la última década, la gran mayoría de normas de este tipo ha sido derogada en todo el mundo, ya sea formalmente o por la vía de los hechos. Y ello con independencia del apoyo político -en las instituciones o entre los ciudadanos- que tuvieran.

Uruguay es un caso paradigmático: la ley, llamada allí de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, fue aprobada en 1986. Tres años después, la izquierda reunió las firmas necesarias para convocar un referéndum al respecto, pero los ciudadanos apoyaron su continuidad para preservar los logros de la democracia. Y el año pasado, con todo el viento a favor de la izquierda, ya con el Frente Amplio en el Gobierno, otro referéndum fue incapaz de anularla formalmente porque los partidarios de derogarla se quedaron en el 48% y necesitaban superar el 50%.

Sin embargo, el fallo de la Suprema Corte de Justicia sienta un precedente que implica, en la práctica, el fin de la impunidad: ya se pueden perseguir en Uruguay los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, le guste o no a los partidos, al Gobierno o incluso a los electores.

Democracia y derecho

“Las leyes pueden ser democráticas, pero ello no las convierte automáticamente en ajustadas a derecho”, explica desde Buenos Aires Hugo Relva, consejero jurídico del Proyecto de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, quien subraya que “el mundo ha cambiado mucho” desde que España aprobó la Ley de Amnistía, en 1977, y otros países ratificaran normas parecidas.

“Hace 30 años, lo que un Estado hacía internamente nadie lo discutía. Era cosa suya. Pero esto ya no es así: hay ciertos principios en derecho internacional que todo el mundo está ahora obligado a respetar”, agrega.

Los expertos coinciden en que Garzón y la Justicia española fueron clave en este cambio: a raíz del caso Pinochet y, sobre todo, tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Perú en 2001, las leyes de amnistía (entendidas como de punto final) han hecho agua por todos lados.

Con muy distintas formas: en Chile, por ejemplo, la ley sigue formalmente vigente, pero la interpretación del juez Juan Guzmán Tapia la ha liquidado de facto al considerar que hay que investigar toda denuncia de desapariciones porque mientras no se encuentre el cuerpo se trata de un hecho totalmente actual. En Argentina, en cambio, una sentencia histórica de 2005 derogó las leyes de punto final y obediencia debida. El argumento: por muy democrático que fuera el Parlamento que las aprobó, la jurisprudencia internacional posterior, que exige perseguir los crímenes de lesa humanidad sin excepciones, las invalidan.

Islotes amenazados

En América Latina quedan aún islotes donde este tipo de leyes resisten: sobre todo, Brasil, donde el alto tribunal rechazó el jueves revisar la norma, y El Salvador, pese a que el nuevo Gobierno de izquierdas se ha comprometido a derogarla. Sin embargo, la contundencia y claridad de la Corte Interamericana hace que toda norma en esta línea en el Cono Sur esté amenazada de muerte en un futuro muy próximo, destacan los expertos.

En el resto del mundo, los avances en la justicia internacional también han horadado cualquier intento de mantener vivas leyes de punto final. En todos los continentes. En Europa, Croacia aprobó en 1996 una amnistía para la guerra de los Balcanes, pero los sospechosos de crímenes de lesa humanidad están en celdas de La Haya. En Asia, Indonesia la impulsó en 2004, pero fue bloqueada por los tribunales y la presión de la ONU. En África, el acuerdo que puso fin a la guerra civil de Sierra Leona en 1999 preveía la amnistía, pero varios firmantes también están presos en La Haya.

En la última década, la ONU se ha negado a firmar ningún acuerdo que incluya amnistías de crímenes de lesa humanidad, que por exigencia suya han quedado fuera incluso en conflictos tan enconados como los de Uganda y Congo.

¿Y Suráfrica? La transición del apartheid a la democracia se sedimentó en la amnistía y el perdón. Pero a juicio de Eduardo González, experto del Centro Internacional para la Justicia Transicional, prestigiosa ONG con sede en Nueva York, la comparación con España es “una barbaridad”. “En Suráfrica no hubo amnistía general e incondicional. Cada persona individualmente debía presentarse ante la Comisión de la Verdad, reconocer los hechos, aportar información detallada y pedir perdón”, afirma González. Y añade: “La experiencia nos dice que las leyes de amnistía que no respetan los estándares internacionales del momento acaban cayendo. Siempre”.

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“Los españoles no reconocemos nuestro propio genocidio”