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Garzón, la justicia y la memoria

Ignacio Ramonet – Le Monde diplomatique en español, no. 175 – Mayo 2010

La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?
Los medios internacionales recuerdan los méritos del “superjuez”: su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz….). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del “juez estrella” por los primeros planos mediáticos.

En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama “Gürtel” (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red “Gürtel”. Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.
Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de “prevaricación” (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).
Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.
Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.
Los partidarios de la “cultura del ocultamiento” acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un “debate equilibrado” sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: “Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos”.
El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: “Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.”) fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.
La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la “banalidad del mal” franquista, una suerte de amnesia oficial, una “escotomización”, o sea un mecanismo de “ceguera inconsciente” (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.
Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.

Notas:
(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

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“En España hubo un genocidio”

Carlos Slepoy. Abogado de las víctimas. El letrado justifica la querella en el principio de justicia universal acuñado por Garzón

Carlos Slepoy, el pasado martes, en Buenos Aires ojeando la querella. – A. D.

A. D. – BUENOS AIRES – 15/04/2010 00:30

Carlos Slepoy es el abogado que, en nombre de las víctimas, interpuso ayer una querella en los juzgados de Buenos Aires, junto con diversas organizaciones de derechos humanos, para que se lleve adelante en Argentina la investigación que a Baltasar Garzón le fue impedido realizar en España.

¿En qué se basa?

En la aplicación del principio de jurisdicción universal, que es el mismo principio conforme al cual el juez Garzón instruyó las diligencias en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile.

¿Por qué ahora?

Tiene un sentido de devolución al inmenso favor que hizo la Justicia española para que se terminara con la impunidad en Argentina.

¿Qué van a exigir?

Esta es una prueba para el Gobierno español, que deberá informar sobre los ministros, todavía vivos, que participaron en los gobiernos del franquismo. También pediremos una relación de los mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía y de los dirigentes de la Falange.

¿Pedirán otras pruebas?

La certificación del número de desaparecidos de los que hay constancia, de las fosas comunes que se han encontrado, de los cuerpos que fueron recuperados, de los niños secuestrados, etcétera.

¿Tienen cifras?

Están en los autos de Garzón. El juez español habla de unos 113.000 desaparecidos y de 30.000 niños apropiados.

¿Qué se va a juzgar?

La acusación principal es el delito de genocidio, pero no excluye el delito de lesa humanidad.

¿Cuál es la diferencia?

En el genocidio, el propósito del represor es excluir a los distintos grupos que componen la sociedad con el objetivo de remodelarla y, por tanto, busca la eliminación de todos los grupos que se oponen a ese propósito. Exterminan a los individuos con el afán de destruir los grupos de los que ellos forman parte. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, implican un ataque indiscriminado a la población civil.

¿Puede citar un ejemplo?

Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron crímenes contra la humanidad, pero no pretendían reorganizar esa sociedad ni eliminar a determinados grupos, cosa que sí hicieron el franquismo o la dictadura argentina. Es muy importante esta diferenciación porque echa luz acerca de las causas, los beneficiarios y sus responsabilidades.

¿Quiénes son los querellantes?

Darío Rivas, cuyo padre, Severino Rivas, fue fusilado, e Inés García Holgado, que tiene tres familiares asesinados, un tío y dos tíos abuelos: el primero desaparecido y los otros dos fusilados.

¿Habrá más en el futuro?

Sí, es innumerable la cantidad de personas que quieren presentar sus denuncias tanto en Argentina como en España. Pero a este llamado ya se han unido organizaciones sociales de derechos humanos que se presentan en este procedimiento, incluidas algunas de España, como la Federación de Sociedades Gallegas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España.

¿La Justicia argentina podrá aplicar el principio de jurisdicción universal?

Sería la primera vez, pero está obligada a hacerlo porque lo ordena la Constitución argentina, que establece la figura de la jurisdicción universal. También hay leyes internas que otorgan a los tribunales federales la competencia para investigar los crímenes de genocidios, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra. La aplicación de la jurisdicción universal es además recomendada en múltiples instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

¿Por qué la Justicia española no quiere investigar?

Lo que pasa en España sucede en todos los países en donde se cometen crímenes masivos de esta naturaleza. Al crimen le sucede la impunidad, pactada incluso con quienes fueron víctimas. En España, se firmó la Ley de Amnistía, que fue apoyada por distintos partidos políticos, incluso por aquellos que son herederos de los que fueron víctimas en Argentina. Así ha sucedido en países como Argentina y Chile. No es esto de exclusividad española.

¿Qué se pretende en España con la posible inhabilitación del juez Garzón?

Quienes cometieron estos crímenes en España, que tienen el control de sus sociedades precisamente porque lo lograron a través de sus procesos genocidas, intentan que no se investiguen estos hechos. Echar silencio, olvido e impunidad sobre ellos. En consecuencia, lo que sucede con Garzón es eso. Tuvo la osadía de cumplir con lo que la ley interna española e internacional demandan, que es investigar estos crímenes. Inmediatamente todas las fuerzas de la vieja España se volvieron contra él, llegando no sólo a paralizar el procedimiento, sino además a abrir un inaudito proceso para inhabilitarlo, lo que desacredita la Justicia española internacionalmente de un modo increíble.

¿Qué esperan al respecto?

Esperamos que se revierta este proceso y que lleguen a ser juzgados los jueces que están tratando de inhabilitarlo. Ellos son los verdaderos prevaricadores, dado que están dictando a sabiendas una resolución contraria al derecho.

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“Me siento culpable de lo que le pasa a Garzón”

Hilda Farfante, hija de fusilados, resume el sentir de muchos familiares de asesinados por el franquismo

NATALIA JUNQUERA – El País – 15/04/2010

Hilda Farfante, ayer, en el encierro en apoyo a Garzón.- LUIS SEVILLANO

Sentada en una bancada de pupitres de un aula de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, Hilda Farfante Cayo, de 79 años, confesó ayer, entre lágrimas, que había sido el sentimiento de culpa el que la había llevado hasta allí, a participar en el encierro simbólico de apoyo al juez Baltasar Garzón. “Me siento culpable de lo que le pasa. Porque yo le veía que iba a por Pinochet y luego a por los argentinos y siempre decía: ¿Y lo de mis padres? ¿Y la represión franquista? Cuando dijo que se iba a ocupar de esto, me llevé la alegría de mi vida. Ahora, con todo lo que le está pasando, tengo ganas de pedirle perdón. Mi abuela siempre decía: ‘a los falangistas decidles siempre a todo que sí. No les llevéis nunca la contraria’. Y a lo mejor tenía razón”.

Hilda tenía cinco años cuando perdió a sus padres, ambos maestros, como ella. “Se conocían desde pequeños, iban siempre juntos. Nunca se habían separado. A mi madre fueron a buscarla cuando iba a abrir el colegio. Ocho años después, en su acta de defunción, escribieron como causa de la muerte: ‘Hecho de guerra’. Abrir el colegio de un pueblo era un hecho de guerra. Mi padre fue a buscarla al día siguiente y lo mataron también. Ella está enterrada en una cuneta. A él lo tiraron por un barranco. Son desaparecidos. A las tres hermanas nos separaron, cada una con un familiar. Ya nunca volvimos a estar juntos”, cuenta, emocionada.

“Yo siempre pensé que si esto lo cogía Garzón, se solucionaría todo, pero se ha metido en una trampa. El franquismo sigue gobernándolo todo”, concluye.

En la Oficina de Atención a las Víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han escuchado muchos testimonios parecidos a éste, de familiares que se sienten culpables por el proceso contra Garzón. “Se sienten víctimas y culpables. La frustración es enorme”, explica Guillermo Fouce, de Psicólogos sin Fronteras y coordinador de la oficina, que hoy cumple un año en funcionamiento.

Un equipo de 20 personas (psicólogos, historiadores, arqueólogos y sociólogos) ha atendido a un centenar de familiares desde entonces. “Vienen muchos abuelos animados por sus nietos y gente muy mayor, buscando su última oportunidad de cumplir con las deudas del pasado”, cuenta. “Muchos piden imposibles, pero a todos los atendemos. La oficina estatal de atención a las víctimas del franquismo incluso nos ha derivado casos”, explica. “Organizamos charlas de grupo para que cada uno cuente su caso. Esto lo hemos copiado de Chile y Argentina, por ejemplo con las Abuelas de Plaza de Mayo. Así se dan apoyo mutuo”, cuenta Fouce.

Los testimonios de esas personas son grabados para el Programa de Donantes de Memoria, que pronto se podrá consultar en Internet. “Me han impresionado algunos testimonios sobre niños robados y el hallazgo de fosas en Madrid. Hasta ahora se pensaba que no había, pero hemos encontrado indicios en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Getafe…”.

Fouce lleva mucho tiempo atendiendo a familiares, pero aún le sorprenden. “Todavía me pone los pelos de punta ver cómo bajan la voz para contar su historia. Y su capacidad de resistencia. Las víctimas que no son reconocidas acaban pasando por un proceso que en psicología se llama victimización secundaria y complica mucho la curación. En estos casos, todos son doblemente víctimas, porque no han sido escuchadas y ahora, además, tienen otra vez la sensación de que quieren callarlas”.

* * * * * *

Actos de apoyo al juez

Los familiares de víctimas del franquismo han acordado concentrarse cada día, a las ocho de la tarde, frente a la Audiencia Nacional, en apoyo de Garzón. Ayer lo hicieron unas 100 personas. La actriz Pilar Bardem, el actor Juan Diego Botto y la escritora Rosa Regás acudieron al encierro simbólico organizado en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense en defensa del juez. Hoy se presentará el balance de la oficina de atención a las víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y habrá un concierto y recital de poemas con Luis García Montero y Luis Pastor. El viernes está convocada una concentración frente al llamado Arco del Triunfo, en Moncloa, (Madrid) para exigir la retirada de símbolos franquistas.

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La denuncia sostiene que la Ley de Amnistía no rige fuera de España

M. CEBERIO BELAZA – El País – 15/04/2010

El proceso de Nüremberg contra los criminales nazis aparece citado varias veces en la querella presentada en Argentina para perseguir los delitos cometidos durante la dictadura franquista, y se repite la idea de que de nada valen las amnistías nacionales cuando se producen crímenes atroces contra la humanidad. El escrito hace referencia a varios casos de jurisdicción universal tramitados en España. Si el Tribunal Supremo pudo condenar al militar argentino Adolfo Scilingo, vienen a plantear los querellantes, ¿por qué no va a poder hacer lo mismo Argentina con los crímenes de la dictadura española que aquí no se pueden juzgar?

Aparte de citar convenios internacionales y jurisprudencia de tribunales de derechos humanos, el escrito utiliza la sentencia del Constitucional español de 23 de septiembre de 2005 en relación con el genocidio cometido en Guatemala para reafirmar su competencia. “No sólo no existe prohibición de intervención, ni la misma es facultativa, sino que es obligada la intervención de los tribunales de los distintos Estados en la persecución de crímenes lesivos para la humanidad”, dijo en su día el tribunal.

España hizo lo mismo

La Ley de Amnistía de 1977, según los querellantes, no impide la actuación de la justicia argentina. Sostienen que esta ley preconstitucional tampoco debería ser un obstáculo para que se juzguen en España, pero que, en todo caso, no afecta a la jurisdicción de los órganos judiciales de otros países. “Así lo pusieron de manifiesto los propios tribunales españoles que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos”, señala el escrito.

Los querellantes defienden, además, que los hechos ya eran delito cuando se cometieron, en virtud de las leyes internacionales, por lo que ni siquiera habría que aplicar normas de manera retroactiva: “Los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919″.

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“Sería incomprensible que le apartasen del poder judicial”

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – El País – 14/04/2010

La querella que se presenta hoy ante los juzgados federales de instrucción de Buenos Aires para que se aplique la jurisdicción internacional a los crímenes cometidos durante el franquismo lleva la firma de uno de los abogados argentinos más conocidos por su defensa de los derechos humanos en la época más dura de la dictadura militar, Binusz Smukler.

El abogado, que ha sido presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas y que ocupa actualmente la presidencia de una de las dos agrupaciones de abogados de Buenos Aires (la más progresista), se confiesa seguidor de los procedimientos iniciados en su día por el juez Baltasar Garzón contra miembros de dictaduras latinoamericanas. “Creo que para la comunidad jurídica internacional sería incomprensible que los responsables del máximo tribunal español apartaran del poder judicial al juez Garzón, cuyos principios estamos retomando otros jueces en todo el mundo para lograr que se aplique la jurisdicción internacional contra crímenes de genocidio o lesa humanidad”, asegura.

Pregunta. ¿Su querella pide que se investiguen hechos ocurridos en la Guerra Civil y en fechas inmediatas o durante toda la dictadura franquista?

Respuesta. Nos referimos a hechos ocurridos entre 1937 y 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. Partimos de dos casos concretos, ocurridos en 1937, y pedimos que se investigue si alguno de los responsables de esos actos sigue vivo, lo que no es imposible. Somos conscientes de que jurídicamente no es posible abrir una causa si los imputados están muertos, pero nosotros tomamos todo el periodo franquista y pedimos al Gobierno español que nos informe de quiénes formaron parte de los sucesivos Gobiernos franquistas, altos cargos de la Guardia Civil, la policía y las Fuerzas Armadas, eventuales responsables de los hechos delictivos ocurridos en esas fechas. Pedimos que se abra una causa por el conjunto de los crímenes cometidos en todo el periodo de la dictadura de Franco. No creemos que esos hechos puedan ser amnistiados.

P. ¿Desde cuándo prepara el caso?

R. A finales del año pasado nos vino a ver Darío Rivas, hijo de un alcalde republicano gallego asesinado en 1937 por falangistas. Quería que estudiáramos si todavía era posible hacer algo ante los tribunales. Reconozco, sin embargo, que todo ha adquirido un ritmo muy rápido como consecuencia de la ofensiva para desplazar al juez Garzón y de dejar sin efecto la causa que él había abierto en España.

P. ¿Cuál es el calendario previsible ante los tribunales argentinos?

R. No tengo la seguridad de que la querella sea aceptada en la Cámara Federal, pero confío en que así sea, porque precisamente la Constitución argentina prevé la posibilidad, en determinadas circunstancias, de juzgar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Lo lógico sería que se aceptara la querella, se remitiera al fiscal y en algo menos de un mes hubiera novedades al respecto.

P. ¿No le preocupa la posibilidad de que esta iniciativa pueda terminar perjudicando a Garzón, si la querella es rechazada por la justicia argentina?

R. Sería una apreciación de tipo estratégico, que no me planteo. En principio, la decisión de los tribunales argentinos no debe ni beneficiar ni perjudicar al juez Garzón. Pero a nadie se le escapa que la apertura de la causa en los tribunales argentinos supondría retomar los mismos principios a los que aludió el juez español al iniciar su causa.

P. ¿Teme que la querella argentina pueda ser considerada como una forma más de presión sobre la justicia española?

R. No. Lo grave sería que el máximo tribunal español considerara motivo de sanción que un juez abra una causa relacionada con la jurisdicción internacional. Eso sí sería incomprensible.

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La justicia universal, ahora de Argentina a España

Hace trece años, Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. El abogado Carlos Slepoy, que motorizó esa causa basado en la jurisdicción universal, impulsa que se devuelva el favor investigando al franquismo.

Página 12 – Laura Vales – Martes, 13 de abril de 2010

Elías García Holgado era alcalde y diputado provincial en Salamanca cuando, en 1936, fue encarcelado por el franquismo, que lo fusiló un año más tarde. Severino Rivas era también alcalde, de la localidad de Castro Rei, en Lugo; lo fusilaron en 1936 y su cuerpo permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común. Estos dos crímenes serán los casos iniciales con los que mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará una denuncia para que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco.

La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Hasta ahora, la Argentina ha sido beneficiaria de esta herramienta, que permitió que jueces de España –como Baltasar Garzón– e Italia iniciaran investigaciones contra represores argentinos, abriendo allá causas que fueron claves para impedir la impunidad cuando acá los juicios estaban frenados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todavía no se ha dado la situación inversa, es decir que en la Argentina se investiguen crímenes cometidos fuera del territorio nacional, pero que por su gravedad, por tratarse de crímenes contra la humanidad, habilitan el uso del principio de la jurisdicción universal.

En apoyo a Garzón

La idea de presentar en Buenos Aires una denuncia contra los crímenes del franquismo nació luego de que sectores de la derecha española lograron frenar la investigación que había iniciado el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Garzón terminó enfrentando además un proceso por prevaricato, ya que lo acusaron de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. El argumento con el que fue acusado es que la amnistía dictada en España en el ’77 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero por el momento ha quedado no sólo frenado, sino bajo una ofensiva para destituirlo (ver aparte).

La iniciativa de abrir en la Argentina una causa por los crímenes del franquismo –para evitar su impunidad y como modo de respaldo a Garzón– fue traída a Buenos Aires por el abogado Carlos Slepoy, argentino radicado en España y representante en Madrid de familiares de víctimas de la dictadura.

Slepoy es uno de abogados que ha trabajado en la construcción del razonamiento jurídico que sostiene a la demanda. “Los tribunales de cualquier parte del mundo tienen legitimidad para juzgar a estos criminales”, dijo a Página/12. El abogado da la impresión de esperar que el camino sea fácil y sin tropiezos; sabe que el caso deberá encontrar un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. “Necesitamos un Garzón argentino”, sintetizó ante este diario en alusión a que un magistrado le ponga el cuerpo a la causa.

El escrito, que ya está terminado, está caratulado como una denuncia “por genocidio y/o delitos de lesa humanidad” y “por la comisión de delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros”. En su primera parte cuenta cómo sucedieron los crímenes de los alcaldes Rivas y García Holgado. Por estos dos casos, que funcionarán como el puntapié inicial, se presentarán dos familiares como querellantes. Uno es Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rey. Rivas, que vive en la Argentina, hoy tiene 91 años. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que tiene otro tío abuelo fusilado y un tío desaparecido.

Además de estos homicidios puntuales, la demanda pide que se tome como período de investigación a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España. Es decir que solicita que se investigue el genocidio.

Incluye también un relato sobre el contexto histórico y la interpretación de que ocurrió un genocidio, en el sentido de que la dictadura de Franco tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad.

“Habrá más denuncias”

La pregunta es ¿hay imputados vivos? Eso parece imposible para crímenes cometidos, como con los alcaldes, en 1936. “Si se investiga hasta el ’77 hay criminales vivos. Ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas”, asegura Slepoy, quien confía en que por esto “mucha gente” va a presentarse “para traer su denuncia”.

El equipo que patrocinará la querella se completa con los abogados locales David Baigún –director del posgrado de Derecho Penal de la UBA–, Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler.

El trabajo clave de este equipo será el de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. Slepoy señala que “está en la Constitución Nacional, en su artículo 118”. Este artículo habla de los crímenes que se cometan “fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes”, y establece que el Congreso es quien debe decidir qué tribunal debe juzgarlos. “El Congreso ha establecido que sean los juzgados federales”, apunta Slepoy. También recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos “dictó resoluciones en el ’98 y 2003 instando a los países de América a que ejerzan la jurisdicción universal”.

“Son crímenes que están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación”, agregó ayer su colega Máximo Castex. “En el caso de Rivas, por ejemplo, es una persona grande que logró recobrar los restos de su padre en el año 2005, a través de una exhumación que hizo él por cuenta propia; él cada vez que viajaba a España sentía esta necesidad de lograr justicia. Hay que pensar que estamos frente a una historia de 110 mil desaparecidos; hay mucha gente que todavía no sabe dónde están los cuerpos de sus familiares”.

Un dato impactante es el interés que mostraron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas para sumarse a la causa como querellantes. Entre los que quieren presentarse a querellar están la Central de Trabajadores Argentinos y la Federación Gallega y la mayoría de los organismos: Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Todavía no está claro si todos van a poder hacerlo, ya que depende de que en sus estatutos tengan un objetivo que los habilite legalmente. Desde España vendrán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica de España, considerada la más importante de aquel país trabajando en el tema.

La denuncia se presentara en los tribunales federales en la mañana del miércoles. Ese mismo día, los querellantes darán una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires que ayer homenajeó a Slepoy (foto). Darío Rivas e Inés García Holgado, los dos primeros querellantes, estarán entre los presentes para contar la historia de sus familiares y pedir justicia, 74 años después.