“Más de la mitad de los magistrados del Supremo juraron fidelidad a Franco”

Asociaciones de víctimas del franquismo aseguran que quienes prevarican son los jueces que no han investigado la aparición de restos humanos con signos de muerte violenta

NATALIA JUNQUERA El País04/02/2010

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con representación en todas las comunidades autónomas, lamenta el auto del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes franquistas. “Se trata de una persecución que recuerda la aplicación de la ley de responsabilidades políticas con la que las autoridades de la dictadura franquista juzgaron y condenaron a miles de opositores”, aseguran en un comunicado. Y añaden: “Mienrtas el magistrado Luciano Varela continúa con su particular caza de brujas, miles de familiares de desaparecidos buscan ayuda en voluntarios”.

La ARMH cree que el Supremo puede estar a punto de causar “un gran daño a la justicia del Estado español y proyectando internacionalmente la persecución de un juez que junto a unos pocos ha tratado de investigar los crímenes de mayor gravedad que se han cometido en la historia reciente de España”. Y añaden: “Más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los principios del movimiento y fidelidad al general Franco”.

Según esta asociación, a la que los familiares de víctimas de la Guerra Civil acuden para que les ayuden a localizar a sus desaparecidos, los delitos del franquismo “no pueden considerarse amnistiados, entre otras cosas, porque antes de que se aprobara la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno español había ratificado el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que reconoce como derecho fundamental el acceso a la justicia para víctimas de delitos de tal gravedad” (desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones…).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició hace 10 años la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus familiares llevaron al juez Garzón más de 130.000 nombres para pedirles que investigara las circunstancias de su muerte. A lo largo de la última década, explica la ARMB, “han sido numerosos los jueces que con evidencias han prevaricado en España al no abrir diligencia ante la aparición de restos humanos con signos de violencia”, a lo que, recuerdan, les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “En decenas de juzgados de distintas comunidades autónomas han incumplido conscientemente uno de sus deberes fundamentales sin que ello haya supuesto ningún tipo de sanción de los órganos de gobierno de los jueces”.

La Iglesia también abre las fosas de sus muertos

El arzobispado de Toledo impulsa una exhumación para beatificar a nueve curas

NATALIA JUNQUERA – El País – 23/01/2010

En una vieja mina romana, a 30 metros de profundidad, en el pueblo toledano de Camuñas, el médico forense Francisco Etxeberria dirige las labores de localización de víctimas de la Guerra Civil, el mismo trabajo que ha realizado en los últimos 10 años y de forma altruista con el equipo de técnicos de Aranzadi. Pero esta vez todo es distinto. Porque esta vez el forense no ha acudido a la llamada de familiares de fusilados que le piden que saque a los suyos de una cuneta para poner su nombre en una placa, sino a la del arzobispado de Toledo. Porque esta vez las víctimas no son republicanas, sino sacerdotes y gente adinerada y de ideología de derechas fusilada por el bando perdedor de la guerra. Y eso, aunque abajo, a 30 metros, para Etxebarria sea el trabajo de siempre, arriba lo cambia a todo.

Trabajos de localización de víctimas de la represión republicana en Camuñas, Toledo

Foto: Trabajos de localización de víctimas de la represión republicana en Camuñas, Toledo. CLAUDIO ÁLVAREZ

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Arriba, en la boca de la mina, los familiares de las víctimas claman contra la Ley de Memoria Histórica y la apertura de fosas. Cuentan que aquí hay miles, que esto es “el segundo Paracuellos” y hay quien dice que fueron arrojadas vivas ardiendo. Abajo, el equipo de técnicos sabe ya que hay unos 50 cuerpos, no más, y que cayeron muertos, porque tienen orificios de bala y tiros de gracia. “Decían que había 6.000 personas y no hay más de 60”, explica Jorge Teulón, del arzobispado. “Los familiares no tienen ningún interés en sacarlos. La Iglesia ha acudido a la ciencia en este caso para tener la certeza de que aquí hay nueve mártires, que son candidatos a la beatificación. Y parece que está confirmado porque los científicos nos han dicho que una de las víctimas lleva ropa negra extremadamente larga”, es decir, una sotana.

Teulón está hoy en la fosa para oficiar una misa por las víctimas. Dioni, familiar de tres de ellas, ha prestado una sábana para el improvisado altar. “Quiero que me amortajen con ella cuando me muera”, explica. “A mi abuelo lo mataron por ser cristiano. Y yo conocí a mi padre porque la guerra la ganó Franco”. No quiere recuperar los restos de los suyos y se opone a la apertura de fosas. Cuando se le pregunta por qué, si muchos de los familiares de las víctimas republicanas quieren dar sepultura cristiana a los suyos, añade: “¡Eso es mentira!”. El sacerdote arranca la misa: “Hemos venido a hablar de paz y reconciliación…”.

A 30 metros de profundidad, 10 expertos, entre arqueólogos, forenses, antropólogos y un dentista, continúan clasificando los huesos. “Algunos han aparecido carbonizados pero porque después de arrojarlos echaron maderos y gasolina para que ardieran”, aclara Etxebarria.

Los tribunales de Franco ejecutaron a los autores

Los asesinos de las personas que fueron arrojadas a esta fosa fueron juzgados y ejecutados por Franco. Toledo fue republicano hasta muy poco antes del fin de la guerra de esta mina de Camuñas no es la única fosa a la que los republicanos arrojaron a sus víctimas. “Gente de los pueblos de donde eran las víctimas nos han contado que en los años 40 se exhumaron fosas y que incluso hubo una familia que pidió que los restos de los suyos fueran llevados al Valle de los Caídos, aunque por la dificultad técnica de rescatar los cuerpos de esta mina, finalmente, le dijeron que no”, explica Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC, que está elaborando un trabajo sobre diez años de exhumaciones de fosas de la Guerra.

Etxeberria, que ha llevado a cabo más de un centenar, cuenta que en el País Vasco tienen más de 600 peticiones y que sólo tres pertenecen a la represión republicana. “Víctimas hay en los dos bandos, pero uno de ellos ganó la guerra. Y por eso las únicas fosas olvidadas eran las de los republicanos porque las otras se estudiaron y se protegieron durante el franquismo. Esta está señalizada con una placa que recuerda: “Aquí yacen cristianos que dieron su vida víctimas de la guerra 1936-1939”.

Ferrándiz y la antropóloga María García Alonso lo saben porque en este caso contaban con mucha documentación. “En las fosas republicanas, la investigación parte de cero, o tienes que esperar dos años a conseguir el texto del consejo de guerra”, explican.

El obispo apoya la Ley de la Memoria

A última hora de la tarde el obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Morobia, visita la fosa. Se acerca al director de la excavación, el médico forense Francisco Etxeberria, al que da las gracias por su trabajo. El sacerdote Teulón le enseña una medallita religiosa que los arqueólogos han encontrado entre los restos. Y a continuación se produce una escena única y quizá irrepetible porque, tras rezar un padrenuestro, el obispo pide: “Ojalá que esto nos sirva para no repetir nunca las barbaridades que hicimos en la guerra”. La Iglesia a la que pertenece, responsable de muchas de las atrocidades cometidas en el conflicto —algunos curas confeccionaban listas de rojos para entregarlas a los asesinos— nunca ha pronunciado una frase semejante incluyéndose como culpable.

Al contrario que los familiares de las víctimas y de la Conferencia Episcopal, Morobia apoya la Ley de la Memoria. “Es de todos. Claro que me parece bien que se abran fosas. Desgraciadamente, todos tenemos que pedir perdón por la guerra y todos tenemos derecho a la Ley de la Memoria”. Hace años este religioso impulsó otra exhumación para rescatar los cuerpos de 80 vecinos de su pueblo, fusilados por falangistas. El obispo pregunta al forense sobre las circunstancias de la muerte de los religiosos. “Me ha costado mucho llegar a este lugar”, responde Etxeberria. “Hemos tenido que sacar 12 toneladas de tierra. Hemos encontrado los restos de una mujer, de gente muy mayor, con artrosis, y de personas más jóvenes. Los huesos están muy fracturados por las colisiones en la caída”, añade. Abajo, la única diferencia respecto a las víctimas republicanas es que han aparecido un gran número de dientes de oro, lo que indica que pertenecían a las familias más ricas del pueblo.

Sólo comunidades socialistas participan en el mapa de fosas

El Gobierno amplía hasta diciembre de 2011 el plazo para que los familiares de exiliados soliciten la nacionalidad

N. JUNQUERA El País23/01/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, firmará el lunes convenios de colaboración con ocho comunidades autónomas -País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura- para elaborar un mapa de fosas de la Guerra Civil y la dictadura. El Gobierno se dirigió a todas las comunidades en diciembre de 2008, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedirles que firmaran convenios de colaboración para poner en marcha el protocolo de apertura de fosas diseñado por el Ejecutivo y la elaboración de un mapa de enterramientos en todo el territorio nacional. Pero sólo las comunidades gobernadas o cogobernadas por los socialistas se han interesado.

Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León (donde se concentran muchas fosas comunes) manifestaron en su día su disconformidad. El objetivo de la elaboración de este mapa -algo previsto en la Ley de Memoria Histórica, de diciembre de 2007-, es, según el Ministerio de Justicia, “atender la demanda de numerosos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos y muertos durante Guerra Civil”.

Por otra parte, ante la avalancha de solicitudes, el Consejo de Ministros acordó ayer ampliar en un año, hasta el 27 de diciembre de 2011, el plazo para optar a la nacionalidad española para los hijos y nietos de quienes tuvieron que renunciar a ella a consecuencia del exilio. Las oficinas del Registro Civil Consular han recibido 161.463 peticiones en un año. El 95,5%, en las embajadas y consulados generales de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami