ICV-IU pide blindar a quien investigue el franquismo

El BNG propone revisar la Ley de Amnistía para excluir “el genocidio”

ANABEL DÍEZ El País03/05/2010

Si el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dejado la puerta abierta a modificar la Ley de Memoria Histórica, un grupo político, IU-ICV, ha decidido traspasarla con propuestas concretas. La decisión de Joan Herrera, de ICV, junto a Gaspar Llamazares, de IU, de interpelar al Gobierno sobre “la recuperación de la Memoria Histórica”, tiene como motivaciones últimas que no vuelva a ocurrir una situación como la que vive el juez Baltasar Garzón por pretender la investigación de crímenes del franquismo. Aunque no sólo eso. Herrera, que peleó palabra a palabra la Ley de Memoria Histórica promovida por el Gobierno, con satisfacciones y sinsabores, también pretende subsanar, a través de una moción parlamentaria, los fallos o lagunas que se registran en la práctica de esta ley algo más de dos años después de su aprobación. Así, por un lado, pretende “hacer las reformas necesarias para garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictadura franquista”.

También, y, ya referido en concreto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, solicita la reforma de cuatro artículos para que las administraciones y, en último caso, la central, es decir, el Gobierno, tenga la máxima responsabilidad en las exhumaciones e identificaciones de las fosas. De esta forma no cabría que estas se produzcan según el criterio de cada juez.

La iniciativa se presentará la próxima semana y es probable que su discusión se produzca la siguiente y, por tanto, hay margen para la negociación política con el Grupo Parlamentario Socialista.

El aspecto que más directamente entra en la situación que ahora vive el juez Garzón se traslada en esta propuesta: reformar las disposiciones legales que sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones del ordenamiento jurídico que vayan contra los principios de justicia, verdad y reparación. “Dichas reformas tendrán por objeto garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictadura franquista”, señala el grupo parlamentario.

También se pide la creación de un Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y una fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Por otro lado, también se hablará directamente de la Ley de Amnistía de 1977. Los diputados del BNG, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Dávila, piden su modificación para que lo dispuesto en esa ley “no sea de aplicación a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, a los que será de aplicación lo dispuesto en la normativa internacional que regula los mismos”.

“Los españoles no reconocemos nuestro propio genocidio”

Gustavo García Abogado español que ha abierto la ‘vía argentina’ contra el franquismo

ANA DELICADO – Público – 01/05/2010

El letrado Gustavo García. -  A.D.

El letrado Gustavo García. – A.D.

El abogado español Gustavo García entregó el pasado viernes en los tribunales de Buenos Aires una ampliación de la querella que el pasado 14 de abril solicitaba, por primera vez en Argentina, que se juzguen los crímenes del franquismo. A las cuatro víctimas que presentaba esta primera causa, García suma ahora 4.500 gallegos que fueron asesinados por los responsables de la dictadura.

¿Cuál es la base de su demanda?

Vamos a denunciar que hubo un genocidio en Galicia, como así en España.

¿En qué consistió el genocidio en Galicia?

Allí no hubo una guerra, porque a los dos días del alzamiento franquista se acabó la resistencia. Así comenzó una matanza vil y unilateral. Según el escritor Alfonso Rodríguez Castelao, se mató a 30.000 personas, y según la memoria histórica, a unas 25.000.

¿Por qué también debe hablarse de genocidio en España?

Siempre digo que los armenios tienen un problema tremendo porque los turcos no admiten el genocidio que cometieron. Los españoles tenemos un problema peor, porque no reconocemos nuestro propio genocidio.

Hay quienes alegan que se cometieron atrocidades en ambos bandos.

En Galicia no se puede decir eso, porque nadie se enfrentó a quienes ya gobernaban. Además, el bando nacional decidió una política de exterminio, pero los republicanos no hacían eso, no tomaban Guadalajara y planeaban arrasar con todo. En la querella se presentan frases que dijo Franco, como la de: “vamos a exterminar a todos los que no piensan como nosotros”. No son comparables los crímenes de un lado y los del otro.

¿Cómo surgió la iniciativa de ampliar la querella?

En 2006 la conselleira de Cultura, Ángela Bugallo, con mucho dinero público, ordenó a tres universidades gallegas (Vigo, Santiago y A Coruña) un proyecto que se llama Los nombres, los lugares, las voces, que trata de recopilar los casos de los gallegos víctimas del franquismo.

¿Cuál fue la evolución de ese programa?

Cuando Garzón abrió una causa para investigar los crímenes de la dictadura, la Consellería de Cultura aportó los datos de 3.800 gallegos. Ahora, una de cuyas primeras decisiones del Gobierno de Núñez Feijóo fue la de quitar toda la financiación pública al proyecto.

¿Por qué ha dicho en una ocasión que este no es un problema de derechas o izquierdas?

Nuestro país es diferente de lo que hubiera podido ser sin el exterminio. Si a los 25.000 gallegos, que eran lo mejor de la sociedad, no los hubieran masacrado, Galicia no sería la de hoy. A España no sólo le faltan las mejores cabezas pensantes, sino que además vivimos 40 años de terror absoluto.

“En España hubo un genocidio”

Carlos Slepoy. Abogado de las víctimas. El letrado justifica la querella en el principio de justicia universal acuñado por Garzón

Carlos Slepoy, el pasado martes, en Buenos Aires ojeando la querella. – A. D.

A. D. – BUENOS AIRES – 15/04/2010 00:30

Carlos Slepoy es el abogado que, en nombre de las víctimas, interpuso ayer una querella en los juzgados de Buenos Aires, junto con diversas organizaciones de derechos humanos, para que se lleve adelante en Argentina la investigación que a Baltasar Garzón le fue impedido realizar en España.

¿En qué se basa?

En la aplicación del principio de jurisdicción universal, que es el mismo principio conforme al cual el juez Garzón instruyó las diligencias en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile.

¿Por qué ahora?

Tiene un sentido de devolución al inmenso favor que hizo la Justicia española para que se terminara con la impunidad en Argentina.

¿Qué van a exigir?

Esta es una prueba para el Gobierno español, que deberá informar sobre los ministros, todavía vivos, que participaron en los gobiernos del franquismo. También pediremos una relación de los mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía y de los dirigentes de la Falange.

¿Pedirán otras pruebas?

La certificación del número de desaparecidos de los que hay constancia, de las fosas comunes que se han encontrado, de los cuerpos que fueron recuperados, de los niños secuestrados, etcétera.

¿Tienen cifras?

Están en los autos de Garzón. El juez español habla de unos 113.000 desaparecidos y de 30.000 niños apropiados.

¿Qué se va a juzgar?

La acusación principal es el delito de genocidio, pero no excluye el delito de lesa humanidad.

¿Cuál es la diferencia?

En el genocidio, el propósito del represor es excluir a los distintos grupos que componen la sociedad con el objetivo de remodelarla y, por tanto, busca la eliminación de todos los grupos que se oponen a ese propósito. Exterminan a los individuos con el afán de destruir los grupos de los que ellos forman parte. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, implican un ataque indiscriminado a la población civil.

¿Puede citar un ejemplo?

Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron crímenes contra la humanidad, pero no pretendían reorganizar esa sociedad ni eliminar a determinados grupos, cosa que sí hicieron el franquismo o la dictadura argentina. Es muy importante esta diferenciación porque echa luz acerca de las causas, los beneficiarios y sus responsabilidades.

¿Quiénes son los querellantes?

Darío Rivas, cuyo padre, Severino Rivas, fue fusilado, e Inés García Holgado, que tiene tres familiares asesinados, un tío y dos tíos abuelos: el primero desaparecido y los otros dos fusilados.

¿Habrá más en el futuro?

Sí, es innumerable la cantidad de personas que quieren presentar sus denuncias tanto en Argentina como en España. Pero a este llamado ya se han unido organizaciones sociales de derechos humanos que se presentan en este procedimiento, incluidas algunas de España, como la Federación de Sociedades Gallegas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España.

¿La Justicia argentina podrá aplicar el principio de jurisdicción universal?

Sería la primera vez, pero está obligada a hacerlo porque lo ordena la Constitución argentina, que establece la figura de la jurisdicción universal. También hay leyes internas que otorgan a los tribunales federales la competencia para investigar los crímenes de genocidios, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra. La aplicación de la jurisdicción universal es además recomendada en múltiples instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

¿Por qué la Justicia española no quiere investigar?

Lo que pasa en España sucede en todos los países en donde se cometen crímenes masivos de esta naturaleza. Al crimen le sucede la impunidad, pactada incluso con quienes fueron víctimas. En España, se firmó la Ley de Amnistía, que fue apoyada por distintos partidos políticos, incluso por aquellos que son herederos de los que fueron víctimas en Argentina. Así ha sucedido en países como Argentina y Chile. No es esto de exclusividad española.

¿Qué se pretende en España con la posible inhabilitación del juez Garzón?

Quienes cometieron estos crímenes en España, que tienen el control de sus sociedades precisamente porque lo lograron a través de sus procesos genocidas, intentan que no se investiguen estos hechos. Echar silencio, olvido e impunidad sobre ellos. En consecuencia, lo que sucede con Garzón es eso. Tuvo la osadía de cumplir con lo que la ley interna española e internacional demandan, que es investigar estos crímenes. Inmediatamente todas las fuerzas de la vieja España se volvieron contra él, llegando no sólo a paralizar el procedimiento, sino además a abrir un inaudito proceso para inhabilitarlo, lo que desacredita la Justicia española internacionalmente de un modo increíble.

¿Qué esperan al respecto?

Esperamos que se revierta este proceso y que lleguen a ser juzgados los jueces que están tratando de inhabilitarlo. Ellos son los verdaderos prevaricadores, dado que están dictando a sabiendas una resolución contraria al derecho.