El Gobierno se examina por primera vez de derechos humanos en Naciones Unidas
NATALIA JUNQUERA – El País – 06/05/2010
Bajo la cúpula del artista Miquel Barceló en Ginebra y durante tres horas, España se sometió ayer a su primer Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU. A la espera de la calificación final, que llegará en septiembre con un informe de recomendaciones elaborado por Chile, India y Sudáfrica, y según las intervenciones realizadas ayer por 55 países, sacó buena nota. Fue felicitada por las leyes de igualdad y contra la violencia de género, pero según la mayoría de Estados, necesita mejorar en el trato a los inmigrantes. El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de Francisco, salió “muy satisfecho” del examen.
De Francisco expuso primero los avances en la defensa de los derechos humanos, entre los que citó las leyes de dependencia y matrimonio homosexual, entre otras. Después, se sometió a las preguntas de los países, y al final, prometió que España estudiará la ratificación de la Convención de la ONU para los trabajadores migrantes -hasta ahora se había opuesto porque el documento no diferencia entre regulares e irregulares-, como le solicitaron más de una docena de países. España también se ha comprometido a publicar una estadística oficial sobre actos racistas.
Cinco países -Argentina, México, Colombia, Cuba y Perú- instaron a España a investigar los crímenes del franquismo y garantizar que los familiares de las víctimas recuperen sus restos. México recomendó que, “de conformidad con sus obligaciones internacionales investigue, sancione y repare los delitos de desaparición forzada, sin importar el tiempo que haya pasado”. El representante cubano aseguró que a España le queda una “asignatura pendiente: la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista, que son imprescriptibles”. Argentina pidió que fortalezca los mecanismos contra la impunidad y Colombia, que avance en la ley de memoria para garantizar el “derecho a la verdad” de las víctimas de Franco.
Las ONG de todo el mundo que elaboraron un informe de recomendaciones para esta ocasión incidieron en “la amenaza a la independencia judicial” que supone el proceso al juez Garzón y “la falta de voluntad política” para asumir la localización de las víctimas del franquismo.
El Gobierno mantiene que la desaparición forzada está tipificada como delito, pero no es imprescriptible en este caso, y que “la ley de amnistía no puede considerarse una ley de punto final porque no fue impulsada por los herederos del franquismo, sino por la oposición al régimen”, señaló un portavoz.
El tono de las recomendaciones subió al llegar el turno del representante de Irán, que empleó la palabra “apartheid” para referirse a la situación de las niñas musulmanas que no pueden acudir a clase con el pañuelo.
El próximo lunes se presentará en el Senado el llamado Mecanismo Español de Prevención de la Tortura. Entre 2002 y 2009, más de 250 policías y funcionarios de prisiones fueron condenados por este tipo de delitos, según el informe que España envió a la ONU el pasado febrero.