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Mirando hacia atrás

SANTOS JULIÁ – El País – 25/04/2010

A José María Ridao, que le preguntaba por qué en todas partes se seguía mirando hacia atrás, Claude Lanzmann contestó: “Vivimos en un mundo que no sabe adónde va. El futuro es sombrío y, por eso, en el inicio del siglo XXI pasamos el tiempo ocupándonos del XX. No hacemos otra cosa”. Se sumaba así el creador de Shoah a la serie de nombres ilustres que desde la caída del muro de Berlín vienen llamando la atención sobre la invasión de memoria como síntoma de nuestra pérdida de orientación hacia el futuro. Quizá, como escribía Charles Maier, es hora de preguntarnos si “la adicción a la memoria podría convertirse en neurasténica y discapacitadora”. Maier pensaba que el empacho de memoria (surfeit of memory) era la prueba de que las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad de encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro.

A España, la marea memorial ha llegado con cierto retraso, pero con fuerza redoblada, porque nos ha devuelto la manía de rectificar el pasado, como si se dijera: frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos de pasado para mejorar la calidad del presente. Hemos mezclado, pues, la corriente memorial con nuestra bien arraigada propensión a juzgar nuestro pasado, en bloque, como un fracaso, como una carencia, un no ser ocurrido en algún no lugar. Aquí, se nos decía, ha fracasado todo: la revolución liberal, la revolución industrial, el Estado nacional, la República.

Quedaba la transición, mayormente considerada, a pesar de los pesares, como un logro: consolidación de la democracia, entrada en Europa, cambio de sociedad. Pero el relato que tanto habíamos oído de pequeños, que la historia de España era la más triste porque siempre termina mal, esperaba con ansia cabalgar de nuevo. Y ya está otra vez instalado entre nosotros: el último fracaso, el culpable de que esta democracia nuestra de cada día sea de baja calidad, es la transición o, mejor, lo que unos traidores no se atrevieron a hacer en la transición. Nueva vuelta de tuerca en esa mirada hacia atrás que consiste en culpar de la frustración presente a lo que no sucedió en el pasado.

El no suceso fue que no se hizo justicia. ¿Por qué? Pues porque, traumatizados por la guerra y poseídos por el miedo, los españoles optaron por emplearse en la borradura del pasado. Resultado del miedo y del olvido fue la amnistía. Cambiemos, pues, de transición renegando de la amnistía. Pongamos mano sobre nuestro pasado para rectificarlo y así colmar sus carencias. Y ahí tenemos a un fiscal que denuncia, 35 años después de la muerte de Franco, a jueces y magistrados como cómplices de las torturas del franquismo, régimen en que el denunciante ejerció como alto funcionario del Ministerio Público.

Y ahí tenemos a Izquierda Unida que olvidando, ahora sí, lo que sus mayores dijeron entonces, cuando se llamaban comunistas y estaban orgullos de serlo por su historia de resistencia a la dictadura, pretende rectificar la Ley de amnistía que con tanto coraje político y moral defendió entonces la gente del PCE. Si recordaran lo sucedido el 14 de octubre de 1977 no mirarían hacia atrás con ánimo de cambiar el pasado: nunca se han pronunciado en un Parlamento español palabras tan hondas, tan sentidas y tan llenas de futuro, como las de aquel día, cuando Marcelino Camacho, tras recordar muertes y torturas, preguntaba: “¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?” O cuando Arzalluz recordó que en aquel hemiciclo se reunían “personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros”, para concluir: “Olvidemos, pues, todo”.

Esa clase de olvido no era represión de una presencia, no era ausencia: era hijo de la memoria. Tal vez ellos no lo supieran, pero Memoria , señora de las colinas de Eleuter, alumbró a las Musas “como Olvido de males y remedio de preocupaciones”. Y fueron las Musas, hijas de Memoria, las que visitaron aquel 14 de octubre el Congreso y hablaron por boca de Camacho, de Arzalluz, de todos los demás, salvo uno, que en nombre de Alianza Popular cerró los oídos a su hermoso canto. ¡Ea, tú! -habrá que repetir con Hesíodo- comencemos por las Musas, que, como hijas de Memoria, nos devuelvan el olvido de los males para remediar las preocupaciones del presente y abrir caminos de futuro.

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Enterrar a los muertos

El escaso desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y el procesamiento contra el juez Garzón dividen a la sociedad española. Pero no hay que dejarse confundir por ideas sectarias y maniqueas

JOAQUÍN LEGUINA – El País – 24/04/2010

Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.

Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.

Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.

Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.

Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.

El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.

En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.

Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.

En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida “limpieza étnica”.

Y aquí llega el segundo mensaje perverso:

Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron “honrados” y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser “honrados” -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.

Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas…) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista…) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!

Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.

Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que “sus” muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran “mártires de la Cruzada”, afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.

Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron “héroes de la Democracia”.

Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.

Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en “represión revolucionaria” y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente “de derechas” para dar el paseo a sus moradores y, de paso, “requisar” en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.

Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al “compañero” García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.

Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados… ¿Con honores?

¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva “revolucionaria”. En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada… “Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz”, ¿recuerdan?

En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual “el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas” (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.

Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.

¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.

Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.

Joaquín Leguina es economista.

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Amnistía y memoria histórica

RAMÓN JÁUREGUI – El País – 21/04/2010

No hablaré de Garzón. Simplemente diré que sus excesos procesales no debieran ser considerados como prevaricación y que espero su absolución. Pero su persecución judicial por los falangistas a propósito de los desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil, está removiendo los delicados mimbres de nuestra Transición y, por tanto, las bases de nuestra exitosa reconciliación nacional, además de suscitar un debate jurídico sobre nuestra Ley de Amnistía, de incierto y preocupante recorrido.

Algunas precisiones sobre el tema me parecen necesarias. El deseo de construir una democracia reconciliada sobre la base del perdón de todos y a todos, implícita en la Ley de Amnistía de 1977, responde a una voluntad inequívoca y unánime del pueblo español. Pretender revisar esa decisión en base a que fue tomada bajo la presión de poderes fácticos de aquel tiempo, equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida nuestra Constitución. Compararla con leyes de punto final de las dictaduras chilena o argentina, es equiparar situaciones muy diferentes, entre otras cosas, porque hubo una guerra civil previa a la cruel represión franquista.

Admitir la investigación judicial de nuestro pasado, aunque sólo sea como indagación de la verdad, tiene consecuencias jurídicas inevitables e imprevisibles y no es posible poner una raya que limite la retroactividad de los hechos perseguibles por su carácter de delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Quienes defienden la nulidad de la Ley de Amnistía o su marginación jurídica a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado, tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.

A esa situación precisamente hizo frente la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, una ley que partía del hecho de reconocer que, aunque durante años la democracia española había ido compensando a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones, era evidente también que quedaban pendientes muchas situaciones inatendidas que golpeaban nuestra memoria y nuestro sentido de la justicia con reclamaciones inaplazables: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; la indemnización a las víctimas del tardo-franquismo que murieron en la defensa de derechos democráticos luego reconocidos por nuestra Constitución, etcétera. A todas ellas quisimos dar respuesta con una ley a la que, desgraciadamente, no se sumó el Partido Popular, pero que bien podría inscribirse entre las disposiciones que la democracia española ha ido adoptando en el contexto de nuestra reconciliación nacional.

Algunos círculos sociales y políticos de hoy se lamentan de este espíritu con el que la democracia española ha ido abordando este delicado asunto y lo cuestionan abiertamente. No son pocos los jóvenes que nos reprochan la Transición y nos exigen mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. La aplicación de razonamientos actuales al pasado y a contextos olvidados y desconocidos produce lamentables conclusiones. No excluyo la autocrítica, pero lamento que olvidemos que el éxito de España en estos últimos 30 años se cimentó precisamente en la construcción de un espacio de convivencia en el que cabemos todos los españoles, al margen de nuestra adscripción ideológica y de nuestra procedencia de un pasado que nos había dividido tan trágicamente. Fue el reconocimiento de la existencia del otro, con los mismos derechos que los nuestros, lo que fundó la tolerancia de la libertad que disfrutamos. Como en el verso de Machado: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas / es ojo porque te ve”. Mantener viva nuestra memoria histórica, la de cada uno y la de todos y ser consecuentes con ella, no debiera ser incompatible con los principios que hicieron posible nuestra transición a la democracia, ni con los valores constitucionales sobre los que se construyó, ni con las leyes que la hicieron posible, incluida la de Amnistía por supuesto.

Ramón Jáuregui es diputado socialista al Parlamento Europeo.

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Mary Poppins

ALMUDENA GRANDES – El País –  19/04/2010

El juez Varela se asustó -¿en qué país vive el juez Varela?- y convocó a los corresponsales extranjeros para explicarles lo que ni ellos ni nosotros alcanzamos a entender. Luego, rectificó. Quizás, alguien le recordó a tiempo que eso mismo hizo el Gobierno de Aznar después del 11-M, para desautorizar a la sociedad civil. Por eso, quiero enunciar aquí mi propia explicación. Es muy sencilla, sobre todo para quienes hayan visto Mary Poppins.

Mary sale de paseo con los niños bajo un cielo acorazado de nubes negras y encuentra a su amigo Bart, pintando paisajes sobre las baldosas de la acera. Cuando empieza a tronar, los cuatro se cogen de las manos, cierran los ojos, saltan sobre el más bonito y… ¡Oh! Ahora están en un mundo de dibujos animados a todo color, donde los caballos vuelan y los peces bailan un fox-trot. ¿No es maravilloso?

Ese proceso, cerrar los ojos, cogernos de las manos y saltar sobre un paisaje de irreal felicidad, fue el precio del indiscutible éxito institucional de la Transición española. Es cierto que nos estaban apuntando desde las azoteas, pero lo que vale en una película, no funciona en la realidad. Renunciar a nuestra tradición democrática, omitir una ruptura oficial, expresa y contundente, con el golpe de Estado que causó la Guerra Civil, fingir que toda la sangre derramada durante 40 años no hizo mella en nuestras conciencias, produjo una democracia de colores, vistosa, fotogénica, pero congénitamente débil. Esa fragilidad de Estado sin memoria, sin raíces, edificado en el aire de su propia soberbia, se manifiesta en las grietas, las inconcebibles fisuras que consienten que un partido fascista, y orgulloso de serlo, siente en un banquillo al único juez que ha investigado los crímenes del franquismo. Basta ya. Porque Mary Poppins no era española. Y nunca es tarde para hacer las cosas bien.

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Alianza Popular sostuvo que la amnistía de 1977 no era “buena medicina”

MÓNICA CEBERIO BELAZA – El País – 18/04/2010

“Operar con el concepto de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso”. Podrían ser las palabras de cualquiera de los defensores del juez Baltasar Garzón y de que España juzgue los crímenes del franquismo 35 años después del fin de la dictadura. Pero son los términos que empleó el 14 de octubre de 1977 Antonio Carro, diputado de Alianza Popular y ex ministro franquista, para oponerse a la Ley de Amnistía que se votaba ese día. Carro estaba citando unas reflexiones del entonces ministro de Justicia, de UCD, Landelino Lavilla, sobre los peligros de las amnistías frecuentes.

Alianza Popular, a diferencia de la UCD, no apoyó la ley. Esa norma no fue una fórmula de los herederos del franquismo para protegerse a sí mismos. No era para ellos, sino que tenía el objetivo contrario: liberar a todos aquellos opositores a la dictadura que aún quedaban en las cárceles.

Lo que sigue es un extracto de las principales intervenciones de ese día en un preconstitucional Congreso de los Diputados.

– Antonio Carro (Alianza Popular). “Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad. (…) En este clima de público desorden ¿queréis más amnistía? (…) Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley. (…) Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores. He dicho”.

– Marcelino Camacho (Partido Comunista). “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas. (…) Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. (…) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento. (…) Con la amnistía saldremos al encuentro del pueblo vasco, que tanto sufre, bajo diferentes formas, de todos los pueblos y de todos los trabajadores de España”.

– Josep Maria Triginer (Socialistes de Catalunya). “El día de hoy cierra definitivamente una etapa histórica de nuestro país: la amnistía liquida lo que ha sido considerado delito político por el anterior régimen. (…) Da paso a la etapa de transformación democrática que ya vivimos y de la que es un elemento importante e indispensable”.

– José María (Txiki) Benegas (Grupo Socialista).

“La amnistía total ha sido innecesariamente retrasada una y otra vez por la ceguera política y el obstinamiento de quienes se resistían a convencerse de que era inevitable, porque ninguna democracia se puede construir manteniendo presos, exiliados y represaliados, producto de una dictadura que se pretende superar. Pero que nadie se crea que hoy estamos otorgando algo. (…) Hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso por la libertad, que no es más que intentar reparar -si reparación cabe- los daños, los perjuicios, las injusticias provinientes de un régimen autoritario que no dudo en calificar como uno de los más implacables del siglo XX contra sus adversarios políticos”.

– Xabier Arzalluz (Grupo parlamentario de las minorías catalana y vasca). “Olvidemos, pues, todo. Sin embargo, tal vez, aunque los que estemos aquí estemos dispuestos al olvido, hay sectores de nuestra sociedad que no están aquí representados, que no están dispuestos al olvido. (…) La ley que nosotros estamos haciendo aquí hemos de procurar que efectivamente vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando, vaya tomando cuerpo y corazón, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor, oírnos con respeto”.

– Rafael Arias-Salgado (Unión de Centro Democrático). “Estamos tratando de hacer realidad una vieja y sentida aspiración que jamás ha llegado a echar sólidas raíces en la Historia de España: la definitiva institucionalización de un Estado democrático y de derecho que ampare la libertad de todos y en el que todos, en el respeto a los demás, lleguen a encontrar su sitio”.

La ley fue aprobada por 296 a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. “Esto está claro”, zanjó el presidente interino de la Cámara, Fernando Álvarez de Miranda. La votación fue seguida por una larga ovación con los diputados en pie. Alianza Popular se abstuvo en bloque y los dos votos negativos procedieron de sus filas. A los herederos del régimen no les gustaba la ley que ahora esgrime Falange contra Garzón.

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El derecho a ser llorados

JOSEP RAMONEDA – El País –  18/04/2010

Convertir a los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Por esto resulta irritante el procesamiento de Garzón por su intento de reconocer y dar reparación a las víctimas del franquismo. Están convirtiendo el pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimiento a las víctimas y de blanqueo del franquismo. El espíritu de la transición era avanzar hacia adelante desde la exigencia moral de no volver nunca a un enfrentamiento como la Guerra Civil. Para ello, se pactó una amnistía que protegiera a todos los potenciales protagonistas del cambio, los que venían del franquismo y los que venían de la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado. Era, simplemente, aplazar el duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y su equilibrio. Con paciencia, se dejaron pasar los años, pero el tiempo de silencio no podía ser indefinido. Algo falla en la democracia española si, a estas alturas, todavía los verdugos pasan por delante de las víctimas.

Resulta difícil de entender la extraña alianza que se ha trenzado entre la ultraderecha, la derecha y un núcleo muy concreto de la izquierda judicial. Y es inquietante el papel de un Gobierno (con algún portador del virus antiGarzón incrustado) que, amparándose en la no intromisión entre poderes, deja hacer, olvidando que no estamos ante un problema judicial sino político y que será el Gobierno el que tendrá que lidiar con las consecuencias internas y con el descrédito internacional que provocaría una sentencia condenatoria. La prensa extranjera no puede entender que España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hecho ya otros países, como Chile y Argentina. Lo decía The New York Times: “España necesita una explicación honesta de su pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla”.

El Consejo General del Poder Judicial -a petición de parte: el juez empeñado en cargarse a Garzón- descalifica las críticas. El Poder Judicial es tan susceptible de ser criticado como cualquier otro. En democracia nadie, ni siquiera los jueces, está por encima de la libertad de expresión. Y es especialmente grave que el Poder Judicial pretenda limitar algunas expresiones, porque es el único poder del Estado que no tiene otro control que el de la opinión pública. Al Poder Ejecutivo lo controla el Legislativo, al Legislativo lo controla el ciudadano, que tiene la capacidad de cambiar las mayorías con su voto, a ambos los controla el Poder Judicial y, desde lejos, la opinión pública. El Poder Judicial se controla a sí mismo. Por lo menos, que aguanten los envites que puedan venir de la opinión pública.

La derecha, que desde el caso Gürtel va a por todas contra Garzón, habla de las críticas a los jueces que le han de juzgar como un atentado a la democracia. La libertad de expresión nunca atenta contra la democracia. Lo que sí atenta contra la democracia es el querer escapar a ella. A la derecha el cuerpo le pide pelea contra Garzón, pero puede salir trasquilada: conseguirá movilizar a una izquierda que estaba muy desactivada.

Si el primer principio de la Justicia, como dice Amartya Sen, es actuar contra la injusticia flagrante, en este caso hay una clara inversión de los valores: una presunta injusticia -querer enjuiciar a los verdugos con una interpretación de la ley que algunos jueces consideran inapropiada- se utiliza para tapar una flagrante injusticia -la negación del reconocimiento a las víctimas del franquismo-.

La justicia tiene un marco y un contexto. Se ejerce en una comunidad con unos valores determinados y con un trayecto histórico. La norma legal no tiene la asepsia de un teorema. El que la interpreta debe saber encontrar el equilibrio entre el texto y el contexto para actuar con equidad. Y la equidad dice que la injusticia flagrante no se está cometiendo con los verdugos -que salieron de rositas de esta historia- sino con las víctimas. La justicia no puede decidir que hay víctimas que no tienen derecho a ser lloradas, para decirlo con la expresión de Judit Butler.

La imagen liberal de España va a retroceder varios escalones en el mundo, porque es difícil entender que a estas alturas el franquismo aún tenga protección y los que lo denuncian aún tengan que pagar por ello. Creo que la prensa internacional lleva razón: la democracia española sigue cojeando porque una parte de este país todavía no puede admitir la realidad del franquismo.

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La censura política en los medios

15 Abr 2010 – VICENÇ NAVARRO – Público (blog Dominio Público)

dominio-04-15.jpgDurante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Reino Unido) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.
No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al rey y a la monarquía, frente a cualquier tipo de crítica. En realidad, tales medios promocionaban al rey y a la monarquía en una campaña propagandística, presentando a la monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el rey se presentaba como un demócrata camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al rey se veía como criticar la Transición y el establecimiento de la democracia.
Es fácilmente demostrable que esta imagen del monarca es profundamente falsa. El rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y en la Transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer Gobierno monárquico hizo para establecer la democracia. Tanto en las reglas del proceso democrático, como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y la democratización de aquellas propuestas. La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión, explican, sin embargo, que aquella Transición inmodélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la monarquía como su eje, lo cual explica su blindaje mediático.
No fue hasta hace poco que la televisión, el mayor medio de difusión en España, exhibió un documental, “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis, que muestra el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental, que vio la luz en la televisión pública catalana, ponía de manifiesto cómo el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco. En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Catalunya, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.
Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.
Mientras, a los autores de aquel documental se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nueva obra, ¿Monarquía o República?, en la que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como a partidarios de la monarquía. Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara la emisión de un documental (presentado como ficción), 23-F: el día más difícil del Rey, que era una mera propaganda de la monarquía y del papel del rey en el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981. No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas– que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, nunca se mostrará su versión original y nunca se emitirá, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.
La Vanguardia, el diario monárquico de Catalunya, propiedad de la familia del conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Catalunya) felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la república y la monarquía, que requería un enfoque distinto” (10-04-10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia, alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la república en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

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Resumiendo

ELVIRA LINDO – El País– 14/04/2010

Por primera vez en mucho tiempo, el New York Times le ha dedicado un editorial a España. Por primera vez en mucho tiempo, el asunto a tratar no han sido los toros, la tomatina o el jamón de bellota. Simultáneamente, hemos encabezado secciones internacionales de periódicos argentinos, chilenos, ingleses o franceses. Si queríamos que nuestro país ocupara un lugar notable en la prensa del mundo con un tema que no fuera folclórico lo hemos conseguido. Lástima que el resultado sea para recibir el pésame más que la enhorabuena. A estas alturas, extranjeros de aquí y de allá observan atónitos una noticia que para ellos se resume de la siguiente manera: dos organizaciones franquistas llevan a los tribunales al juez que ha querido fijar las responsabilidades de la represión y dar honrosa sepultura a los muertos que aún permanecen enterrados en fosas comunes.

Los españoles llevamos siguiendo los pormenores de este caso más de un año, conocemos (aunque sea por encima) las razones por las que, al margen del asunto de la memoria histórica, hay quien está deseando que Garzón abandone la Audiencia Nacional; pero para alguien que no se revuelque a diario en la charca de nuestra actualidad no sólo resulta inconcebible que un juez de tan dilatado prestigio sea apartado de su carrera de por vida, hay más. Este desgraciado asunto ha sembrado la idea de que en 30 años de democracia los españoles hemos sido incapaces de lidiar con el pasado, que la Transición fue una bajada de pantalones, que la Guerra Civil es un tema tabú y que hay una parte de la derecha que sigue siendo franquista. No sé si estarán de acuerdo con este balance aquellos que hicieron posible la Transición, pero finalmente esto es lo que a ojos de los demás ha quedado. Sea como sea, hay que darle las gracias a la justicia española por permitirnos hacer el más grande de los ridículos.

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Pervivencia del franquismo judicial

SALVADOR MILÀ – El País– 13/04/2010

Parece que en España algo quedó a medio hacer, o se hizo mal, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, en relación al sistema judicial, a éste tercer poder clave para determinar la calidad y buena salud democrática del Estado social y democrático de derecho.

En estos últimos meses se están poniendo de manifiesto, de forma descarnada, muchos malentendidos -o sobrentendidos- en relación a la legalidad -formal- y legitimidad -social y política- del entramado judicial de excepción -primero- y “especial” -después- puesto en pie por la Junta Militar rebelde durante la guerra civil de 1936-39 y los sucesivos gobiernos del dictador Francisco Franco a golpe de bandos, decretos leyes, leyes de legislador único y expedientes de depuración, sin otra legitimación que la fuerza de las armas ni otra aspiración que la aniquilación y la venganza del “enemigo interior”.

La sociedad española asiste con incredulidad a una serie de pronunciamientos judiciales -y fiscales- entorno a cómo aplicar la Ley de Memoria Histórica, ante las lógicas peticiones de revisión de sentencias condenatorias de personas a las que el Gobierno solemnemente ha reconocido que fueron injustamente encarceladas o ejecutadas por tribunales ilegítimos; o entorno a las resoluciones del Tribunal Supremo que dan pábulo a las denuncias falangistas contra el magistrado Garzón, acusándole de prevaricar por el simple hecho de abrir diligencias, a instancia de partes legítimas, para averiguar el paradero de los desaparecidos a causa de la represión en el bando franquista. Con la paradoja de que se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como “ley de punto final” que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores.

Ya antes de la Ley de Memoria Histórica se habían dictado resoluciones del Tribunal Supremo, específicamente de su Sala de Justicia Militar en que, como si estuvieran fuera del tiempo y del espacio, con la asepsia de la sábana que tapa el cuerpo del delito, se invocaron argumentos formalistas relativos a la -al parecer- inexistencia de “nuevos hechos relevantes” que pudieran hacer necesaria la reconsideración de lo “juzgado” en su día por tribunales indignos de llamarse de justicia, para denegar la revisión de juicios sumarísimos que condenaron de forma injusta, alevosa y sin respetar los mínimos principios de un proceso penal digno de tal nombre, a personas tan significativas como Joan Peiró, líder sindical ejemplar, ministro de Industria de la República, que se opuso de forma pública y valiente a los desmanes de los incontrolados en los primeros días de la guerra civil en Cataluña (inexcusable la lectura de su recopilación de artículos Perill a la reraguarda!) y que salvó a cientos de personas.

Ante este panorama en la dehesa judicial, el fiscal superior del Estado, asistido de su junta de fiscales, ha optado por denegar la petición de la Generalitat de Catalunya -amparada por la Fiscal Jefe de esta comunidad- de promover la correspondiente revisión del juicio que condenó a muerte al President mártir Lluís Companys, con el singular artilugio de atribuir a la fiscalía del Estado una inexistente facultad de declarar nula la sentencia, cosa que la ley no hace directamente ni mucho menos le atribuye al fiscal.

Es más que probable que el fiscal del Estado haya tratado así de evitar un nuevo escándalo público judicial, en previsión de un pronunciamiento de la Sala Militar del Tribunal Supremo, que, ignorando la expresa e individualizada declaración de ilegitimidad y de falta de todo atisbo de justicia material en la sentencia que le condenó, que se contiene en el reconocimiento del gobierno.

Sin pasar por alto, ya puestos, el que todavía el Tribunal Supremo no haya hecho un reconocimiento solemne de la dignidad y honorabilidad de los cientos de jueces y magistrados que fueron apartados de sus carreras, degradados o ejecutados por no dar amparo con su toga a la rebelión, o por negarse a juzgar y condenar por rebeldes a las autoridades legítimas.

Salvador Milà es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña.