Eneko – 27/04/2010
El Holocausto con voz eslovena
Babelia avanza en primicia el prólogo que Claudio Magris ha hecho para el libro imprescindible de Boris Pahor, ‘Necrópolis’ (Anagrama), sobreviviente del nazismo
WINSTON MANRIQUE SABOGAL – El País – 26/04/2010
“Es una de las obras maestras de la literatura del Holocausto” Con esta contundencia define Claudio Magris Necrópolis, de Boris Pahor, uno de los sobrevivientes eslovenos del horror del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El escritor italiano se refiere en esos elogiosos términos en el prólogo que acompañará la edición española del libro que Anagrama pondrá a la venta el próximo 13 de mayo. Ante la trascendencia del valor testimonial y literario de Necrópolis, Babelia adelanta hoy este texto de Magris en ELPAIS.com, donde tras estas páginas el lector se encontrará con un Boris Pahor cuyo nombre y obra queda ya unido al de otros autores que han narrado desde su experiencia el infierno del Holocausto, tales como Primo Levi, Elie Wiesel, Imre Kertész, Robert Antelme y Jorge Semprún.
“La mirada micrológica del autor atrapa lo esencial -el horror difícilmente expresable- desde partículas aparentemente insignificantes y coloca cada cosa, aunque sea mínima, dentro de una perspectiva global, dentro de la totalidad de la vida y de los procesos naturales e históricos”. Es la mirada del italiano Magris sobre el texto que ha creado Pahor, un hombre de 97 años nacido en Trieste y que estuvo en varios campos de concentración como Dachau y Natzweiler-Struthof en la Alsacia francesa, y el primero de los campos de la muerte que fue descubierto por los Aliados en 1944.
Una historia que parte, se reconstruye y vivifica a partir de una visita que Boris Pahor realiza a ese antiguo campo de la muerte de la Alsacia en medio de los turistas que hoy lo recorren. A partir de ahí, el autor logra imbricar de manera natural ese presente bullicioso de gente que pasea y quiere homenajear y no olvidar, con el infernal pasado evocado y revivido en una prosa poética. El escritor entabla un diálogo consigo mismo y con el resto del mundo. Todo ello esparcido de reflexiones sobre sentimientos, emociones, ideas y sensaciones conocidas y desconocidas que crean una cartografía de lo mejor del ser humano pero también de los precipicios empeñados en crear él mismo.
“Con este gran libro Pahor afronta la tortuosa pesadilla de la culpabilidad del superviviente, de quien ha regresado”, analiza Claudio Magris, autor de títulos como El Danubio. “Él no se deshace de la culpa, la asume como asume la presencia a cada instante de su existencia vivida en la necrópolis, que no sólo es la necrópolis de ese lugar y de los campos de concentración, sino la existencia en general”.
La narración de Pahor describe un mundo aterrador creado por Hitler y el nazismo que aunque ya contado por otros autores aquí parece y se aparece diferente. Su voz, con sus frases, metáforas y recuerdos son como una cerilla que se enciende en la oscuridad del mal.
Una de las imágenes que podría acercarse a lo que este libro contiene en forma y fondo y su trascendencia es la coincidencia y fusión de un hecho fortuito de la naturaleza con la maquinación del ser humano: “Así, la luz sorprendió en su nido a un gorrión que había muerto de hambre antes de que le saliesen las plumas y que ahora se mueve inerte de acuerdo con los movimientos de la mano que ejecuta las órdenes del examinador”.
Es la vida de un Boris Pahor que de joven tuvo la suerte de tener el dedo meñique malo, cubrirlo con una venda y gracias a eso poder contarlo. Un hecho “bendito” que le permitió “jugar al escondite con el destino”. Las páginas de Necrópolis también repasan la historia del pueblo esloveno, su cultura, el destino que por momentos se ensaña con ellos mientras ellos se rebelan contra la asimilación. Una obra imprescindible como escribe Magris en el prólogo que se puede leer hoy en la edición digital de este diario.
Ya en las páginas del propio libro se escuchan voces, pisadas, lluvias; escapan susurros; se ven los uniformes a rayas blancas y violáceas, la oscuridad; se percibe la esperanza que habita detrás de los montes Vosgos que no llegará hasta 1944; se siente el frío de la nieve, el anhelo y los remordimientos por comerse el pan del que ya no volverá; los temores agazapados que no dejan dormir. “La puerta sigue cerrada. En el bosque empieza a ulular un búho, surgido de repente de la imaginación amedrentada de un niño que se ha dejado llevar por el cuento de su abuela. El suelo está sembrado de bultos de los que crecen blancos cuerpos desnudos”.
* * * * * *
Extracto de la novela imprescindible de Boris Pahor ‘Necrópolis’
Víctimas vencidas y víctimas vencedoras
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA – El País – 26/04/2010
Se pensaba que, cuatro décadas después, las dos Españas era una idea superada por nuestra convivencia democrática. Es lamentable afirmarlo, pero no es así. Sigue existiendo la brecha que nos separa y nos divide. Debe ser que la Transición no salió tan bien como se pensaba y que dejamos veredas abiertas por las que algunos se adentraron, convirtiéndolas, con el paso del tiempo, en autopistas por las que se vuelve a circular hacia el rencor, el odio y la división.
No es extraño que algunas cosas se hicieran mal, porque la correlación de fuerzas era desigual. De una parte, todo el aparato del franquismo, intacto, poderoso y retador, y, de otra, una izquierda débil, radicalizada y temerosa de no saber encontrar el hueco apropiado para que España se adentrara por la senda democrática y constitucional.
Han pasado 70 años y sería necesario que los demócratas fuéramos capaces de transmitir nuestros sentimientos sin revancha, cuando nos referimos al salvajismo sobrevenido del golpe de Estado del año 1936. Y desde esa voluntad noble, se puede ser consciente de que, si no recuperamos la España que perdió en las trincheras, no es que tengamos una sola España, es que tendremos media España. Teníamos la España de Franco, pero llegó la Democracia y es justo que España recupere el patrimonio de la otra España silenciada. También aquellos perdedores eran España. Nadie puede pretender cambiar la realidad sino explicarla. La guerra la ganó Franco. No hay duda. Ese no es el debate.
Quiero comprender a muchos de los que estuvieron en el bando ganador. Muchos ganadores fueron también sufridores de una guerra que ganaron. Los soldados ganadores también fueron arrancados de sus hogares, marchitaron sus esperanzas y su juventud, abandonaron a sus padres ya ancianos, a sus esposas, a sus hijos. Muchos fueron lanzados a un combate en el que no querían participar, les obligaron a sobrevivir entre la pólvora y la sangre. Sin querer combatieron, sin querer mataron y sin querer murieron. Aquella guerra asustó tanto a los que ganaron como a los que perdieron, porque, al final, todos perdieron, perdió España. No es guerracivilismo estudiar los excesos de los vencedores, pero tampoco ha de serlo entrar en la averiguación de las torpezas republicanas.
No tendremos la paz de todos hasta que sepamos todas las situaciones que padecimos. Para que nadie pueda albergar reservas mentales, los demócratas aceptamos, sin objeción alguna, que se estudie, que se revise el periodo republicano, que se aireen las luces y las sombras de esos años convulsos de la historia de España. Pero, de igual forma, como medio completo de higiene, porque no tiene sentido asear sólo medio cuerpo, tenemos que aceptar que se estudie el periodo completo de la Guerra Civil y la posterior dictadura, también por los excesos que protagonizaron los vencedores. Pero ahí, entre los que vencieron que murieron y los que murieron que perdieron, es de justicia recibirlos con honor, porque creían defender unos ideales y, ante tal creencia, no caben discriminaciones. El soldado merece el respeto, pero no lo merece el asesino, ese otro personaje que, instalado a veces en la retaguardia, era el manijero que señalaba los ajustes de cuentas, en frío y sin piedad.
Es necesario entender que la ley aprobada sugiere también abrir las puertas de par en par a la verdad histórica, a esa historia de hace 70 años que nos heló el corazón, pero donde hubo, en un sitio u otro, gente de bien, personas que creían en una idea y lucharon por ella y hasta dieron la vida. La memoria histórica no es un instrumento para afilar el arma arrojadiza, sino una idea noble para devolver al presente nombres y circunstancias, a fin de que también moren en los vivos esas páginas reencontradas con toda la dignidad posible. Y aunque todavía hay resquemores porque no hay circunstancias más sangrantes que los enfrentamientos en una guerra civil, es lo cierto que hemos de tender a una serenidad amable, aunque sea a contrapelo de nuestro dolor, pensando que la gran mayoría de los combatientes no fueron culpables, porque ellos no provocaron ni decidieron ir al combate.
Los hijos o nietos de aquellas víctimas no quieren ya sacar los colores a nadie, ni buscar afrentas, ni pedir venganza. El deseo de estas personas es muy sencillo, es ejercer el derecho de enterrar dignamente a sus muertos y dejar clara su memoria. Muchos familiares no saben dónde están los restos de sus padres o de sus abuelos. Cada uno desea pacificar su propia vida dando sepultura a sus seres queridos. Eso persiguen quienes participan ahora en la Recuperación de la Memoria Histórica, dar satisfacción a un sentimiento humano, cumplir con un ritual indispensable para aliviar el dolor, desagraviar a aquellos que cayeron, con el último gesto que les pueden dedicar, darles una tumba y renovarles el recuerdo. La voz de los herederos de esos perdedores no dice más que una cosa: “Que mis muertos y su papel en esa terrible historia quede aclarado y descansen en paz”.
Nadie debe ganarnos en generosidad a quienes, desde la izquierda, hemos contribuido a la Democracia. Las víctimas de los que se sintieron vencedores ya tuvieron la oportunidad de honrar a sus muertos. ¿Creen ellos que ya es hora de que las víctimas de los que perdieron tengan también esa misma oportunidad? Porque hay el mismo dolor humano en unos que en otros, porque el dolor no sabe de siglas, de ideologías ni de banderas.
La mayor parte de los contendientes en la Guerra Civil fueron víctimas, víctimas vencidas y víctimas vencedoras. Otros, los menos, son los culpables de subvertir un orden que estaba democráticamente construido y cimentado. No podemos -ni debemos- bendecir lo criminal, pero sí queremos que cada uno reivindique la memoria de quienes, sin ser culpables, padecieron, murieron y fueron olvidados. Desde la izquierda, vivido lo vivido y aprendido lo aprendido, y habiendo escuchado de labios de gente que venció confesiones de dolor y desasosiego, porque no quisieron ser protagonistas de lo que hicieron, confieso que no albergo resquemor alguno. Pero comprendo y apoyo, en toda su dimensión humana, la esperanza, la última esperanza, para brindar el último homenaje a los anónimos e ignorados, gracias a un deseo que no es reaccionario ni vengativo. Esa es la voluntad sincera de recuperación de la Memoria Histórica.
No cabe la menor duda, pues, de que la Ley de Memoria Histórica pretende ayudar a que todo el mundo pueda cumplir ese deseo de encontrar y enterrar dignamente a sus muertos. Lo acontecido desde su aprobación por las Cortes, con el último episodio judicial que tanto nos divide, no está permitiendo que eso ocurra de la forma en que querían y quieren familiares y demócratas amantes de la concordia y reconciliación. Se debería intentar, por todos los medios y con máxima celeridad, una modificación de esa ley o la elaboración de otra que obligue a todas las instituciones del Estado a facilitar los medios de todo tipo para que ese objetivo pueda ser alcanzado, separando al muerto de las circunstancias de su muerte o asesinato.
Y cuando las fuerzas políticas consideren necesario aclarar las circunstancias de esas muertes, que se revise lo pactado en la Transición, que se legisle en función de la justicia y que ningún juez encuentre en esa legislación ningún resquicio para, unilateralmente, alterar lo que se haya decidido en nombre de la soberanía nacional. El Gobierno tiene la obligación de liderar este proceso que nos devuelva la concordia.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra es ex presidente de la Junta de Extremadura.
Familiares de los últimos muertos de Franco se unen a la querella en Argentina
NATALIA JUNQUERA – El País – 26/04/2010
Flor Baena, hermana de Humberto, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo (27 de septiembre de 1975) y miembro del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), va a adherirse el próximo viernes a la querella interpuesta en Argentina contra el genocidio franquista. También la viuda de José Luis Sánchez Bravo, otro de los ejecutados aquel día, integrante de la misma organización, según comunicó a este diario el abogado Gustavo García desde Buenos Aires. El Ministerio de Justicia acaba de denegar a la viuda de Sánchez Bravo la indemnización como víctima del franquismo, añadió.
“Yo sigo luchando, me acuerdo todos los días de él”, explicó la hermana de Humberto Baena. García cree que hay muchas posibilidades de que la querella se admita a trámite en los tribunales argentinos. “La juez a la que le ha tocado fue la primera en juzgar el robo de niños durante la dictadura argentina”.
Además, el viernes se depositarán en los juzgados federales de Buenos Aires los nombres de más de 5.000 gallegos ejecutados y desaparecidos y en qué circunstancias. “En Galicia no hubo guerra apenas, pero sí un genocidio. En Chile hubo 3.000 muertos, en Galicia, casi el doble”, declaró García, que anunció la inminente constitución de una Fundación Gallega contra la Impunidad, donde se integrarán asociaciones y familiares de desaparecidos.
La invisibilidad de las víctimas
JUAN DIEGO BOTTO – El País – 18/04/2010
Al bisabuelo español de mi hija
La primera persona que va a ser juzgada por los crímenes del franquismo es precisamente la única que ha pretendido investigarlos. Esta paradoja cuestiona la naturaleza de nuestro Estado de derecho y nuestra democracia. La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sí, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y así se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habían administrado la dictadura.
Mi generación (nacidos en 1975) siempre pensó que era cuestión de tiempo, que cuando la democracia estuviera asentada llegaría el momento de las víctimas. Lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Este auto del juez Luciano Varela es el equivalente a la peor de las leyes de punto final. Peor, porque en este país ya nadie pedía sentar en el banquillo a los responsables. Lo único que se pedía era dar amparo a víctimas y familiares.
Preguntémonos con qué autoridad moral se asienta un Estado de derecho que investiga a quien comete un asesinato pero no a quienes cometen 100.000; que investiga la desaparición de una niña pero no la de decenas de miles de personas; que persigue a quien roba un coche pero no a quien organiza un entramado para robar niños. Sobre esa estructura es improbable que alguien llegue a confiar en sus instituciones. La mejor manera de garantizar que ningún grupo ose alzarse de nuevo contra la democracia es demostrar que la justicia será con ellos implacable. Pero a quienes lucharon por la República se les ha premiado con una fosa común con vistas al olvido.
Según las encuestas, la mayoría de los españoles prefiere la democracia a la dictadura franquista, a la que la mayoría considera sangrienta. Ello presupone que cualquier gobierno en estos años de democracia estaba legitimado para enfrentar una tarea que, sin embargo, ninguno acometió.
Se trataba, simplemente, de catalogar esos delitos como lo que son y, más importante aún, ofrecer reparación a las víctimas. Si desde el Estado se cometieron los crímenes -y se hizo además desde las fuerzas del Estado y en nombre del Estado- es éste, sin duda, el que debe asumir buscar, desenterrar y averiguar cómo fueron eliminados sus ciudadanos. La visibilidad de casi 1.000 víctimas del terrorismo etarra es uno de los grandes aciertos de la democracia española; sin embargo, la lacerante invisibilidad de los al menos 113.000 desaparecidos y miles de torturados, encarcelados y exiliados es una de sus más imperdonables deudas.
En cuanto a la Historia, se recurre a menudo al argumento de la equidistancia: “Por ambos bandos se cometieron atrocidades”. Sí, muy probablemente el bando republicano cometiera crímenes de guerra. Todos deberían ser investigados. Ahora bien, eso no puede nunca oscurecer el hecho históricamente nítido de que la contienda tuvo un responsable, un bando que se sublevó contra la democracia y que ello derivó en una guerra. Más aún, no se puede negar que hubo durante la guerra y también en los años posteriores a ella un plan sistemático para acabar con un grupo político o ideológico.
Ampararse en que ambos bandos cometieron atrocidades para igualar a los contendientes sería tanto como afirmar que no se puede juzgar a los nazis porque los aliados también cometieron crímenes. Sin lugar a dudas las cometieron. Es difícil pensar que los bombardeos sobre Dresde no fueran un crimen de guerra. Eso, sin embargo, no ampara ni una sola de las atrocidades cometidas por los nazis.
Para sostener que hubo prevaricación, el juez Varela señala que la Ley de Amnistía impide juzgar los crímenes del franquismo. Pues bien, aclaremos que la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide la nulidad de dicha ley, porque los delitos de lesa humanidad y genocidio no pueden estar sujetos a leyes de amnistía. Son delitos considerados tan graves que no se permite a los políticos el derecho de amnistiarse ni arrebatar a las víctimas el derecho a obtener justicia. Por otra parte, esa interpretación que coloca la Ley de Amnistía por encima del amparo a las víctimas es contradictoria con los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución, en vinculación con varios tratados y convenciones internacionales suscritos por España.
Varela indica, además, que los delitos han prescrito, pero eso solo sería posible si se observa cada caso individualmente, es decir, si se niega la existencia de crímenes masivos y por ende, la intencionalidad del franquismo de cometerlos, dado que los crímenes de genocidio y lesa humanidad no prescriben.
Varela señala también que Garzón ha incumplido la Ley de la Memoria Histórica al usurpar tareas que corresponden a la administración, lo cual es falso, porque dicha ley señala en su disposición adicional segunda que las previsiones contenidas en la misma son compatibles con el ejercicio de las acciones establecidas en las leyes o tratados y convenios internacionales suscritos por España.
Cuando la justicia da cobertura a una dictadura a costa de negar auxilio a sus víctimas, cuando se actúa de espaldas a la voluntad de la mayoría, ¿qué Estado de derecho es éste? ¿Qué democracia es ésta?
Juan Diego Botto, hijo de desaparecido de la dictadura argentina, es actor.
El derecho a ser llorados
JOSEP RAMONEDA – El País – 18/04/2010
Convertir a los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Por esto resulta irritante el procesamiento de Garzón por su intento de reconocer y dar reparación a las víctimas del franquismo. Están convirtiendo el pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimiento a las víctimas y de blanqueo del franquismo. El espíritu de la transición era avanzar hacia adelante desde la exigencia moral de no volver nunca a un enfrentamiento como la Guerra Civil. Para ello, se pactó una amnistía que protegiera a todos los potenciales protagonistas del cambio, los que venían del franquismo y los que venían de la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado. Era, simplemente, aplazar el duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y su equilibrio. Con paciencia, se dejaron pasar los años, pero el tiempo de silencio no podía ser indefinido. Algo falla en la democracia española si, a estas alturas, todavía los verdugos pasan por delante de las víctimas.
Resulta difícil de entender la extraña alianza que se ha trenzado entre la ultraderecha, la derecha y un núcleo muy concreto de la izquierda judicial. Y es inquietante el papel de un Gobierno (con algún portador del virus antiGarzón incrustado) que, amparándose en la no intromisión entre poderes, deja hacer, olvidando que no estamos ante un problema judicial sino político y que será el Gobierno el que tendrá que lidiar con las consecuencias internas y con el descrédito internacional que provocaría una sentencia condenatoria. La prensa extranjera no puede entender que España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hecho ya otros países, como Chile y Argentina. Lo decía The New York Times: “España necesita una explicación honesta de su pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla”.
El Consejo General del Poder Judicial -a petición de parte: el juez empeñado en cargarse a Garzón- descalifica las críticas. El Poder Judicial es tan susceptible de ser criticado como cualquier otro. En democracia nadie, ni siquiera los jueces, está por encima de la libertad de expresión. Y es especialmente grave que el Poder Judicial pretenda limitar algunas expresiones, porque es el único poder del Estado que no tiene otro control que el de la opinión pública. Al Poder Ejecutivo lo controla el Legislativo, al Legislativo lo controla el ciudadano, que tiene la capacidad de cambiar las mayorías con su voto, a ambos los controla el Poder Judicial y, desde lejos, la opinión pública. El Poder Judicial se controla a sí mismo. Por lo menos, que aguanten los envites que puedan venir de la opinión pública.
La derecha, que desde el caso Gürtel va a por todas contra Garzón, habla de las críticas a los jueces que le han de juzgar como un atentado a la democracia. La libertad de expresión nunca atenta contra la democracia. Lo que sí atenta contra la democracia es el querer escapar a ella. A la derecha el cuerpo le pide pelea contra Garzón, pero puede salir trasquilada: conseguirá movilizar a una izquierda que estaba muy desactivada.
Si el primer principio de la Justicia, como dice Amartya Sen, es actuar contra la injusticia flagrante, en este caso hay una clara inversión de los valores: una presunta injusticia -querer enjuiciar a los verdugos con una interpretación de la ley que algunos jueces consideran inapropiada- se utiliza para tapar una flagrante injusticia -la negación del reconocimiento a las víctimas del franquismo-.
La justicia tiene un marco y un contexto. Se ejerce en una comunidad con unos valores determinados y con un trayecto histórico. La norma legal no tiene la asepsia de un teorema. El que la interpreta debe saber encontrar el equilibrio entre el texto y el contexto para actuar con equidad. Y la equidad dice que la injusticia flagrante no se está cometiendo con los verdugos -que salieron de rositas de esta historia- sino con las víctimas. La justicia no puede decidir que hay víctimas que no tienen derecho a ser lloradas, para decirlo con la expresión de Judit Butler.
La imagen liberal de España va a retroceder varios escalones en el mundo, porque es difícil entender que a estas alturas el franquismo aún tenga protección y los que lo denuncian aún tengan que pagar por ello. Creo que la prensa internacional lleva razón: la democracia española sigue cojeando porque una parte de este país todavía no puede admitir la realidad del franquismo.
The Shame of Spain and the Ghost of Fascism
Published on Thursday, April 8, 2010 by CommonDreams.org [visto en el blog (Re)generando memorias]
by Scott Boehm
When Spain is mentioned in the English-speaking world, romanticized images of Mediterranean landscapes quickly come to mind. They are usually set to a passionate flamenco-inspired soundtrack and mingle with the fantasy of tantalizingly fresh paella, golden olive oil and ruby red wine. This is the Spain most outsiders imagine and experience, and it is largely what the Spanish economy has depended upon since the 1960s when the dictatorship of General Francisco Franco launched a massive tourist campaign to stimulate a struggling economy. The campaign was the stuff of economic miracles. Spain rapidly became one of the world’s premier vacation destinations.
But all the sun in the world couldn’t hide the horror lying in the shadows of a country haunted by a recent war that touched every aspect of Spanish life. At least not forever.
In 2000, twenty-five years after Franco’s death, Emilio Silva, a journalist searching for answers to questions about that war and his family’s relation to it accidentally discovered and exhumed the mass grave where his grandfather’s remains were located. Silva’s grandfather, a humble shop owner and supporter of the democratic state established in 1931, was summarily executed by members of the Falange—the Spanish fascist party—along with twelve other people from his village in the north of Spain shortly after Franco and a handful of generals launched a coup against the Spanish Republic in July 1936. Hitler, Mussolini, and the Catholic Church backed the conspirators while the United States, England and France turned a blind eye to the massacre that ensued.
While the events of 1936-1939 are popularly referred to as ‘the Spanish Civil War,” the term misrepresents what actually occurred. More than a war between two more or less equally prepared and similarly matched sides, it was the mass extermination of “los rojos”—anyone considered part of “the anti-Spain” by the self-proclaimed, and well-armed, guardians of national identity and patriotic spirit. The “reds” put up a long fight, but ultimately they were killed, tortured, raped, imprisoned, kidnapped, used as slave labor and/or driven into exile for four decades.
Like Emilio Silva’s grandfather, hundreds of thousands of the victims of such repression—continued by the Francoist state at the conclusion of the war—continue to lie prostrate in mass graves. Since the exhumation in 2000, their descendents and sympathizers have formed a growing historical memory movement. Like Antigone, they have repeatedly asked for one thing from the Spanish state: nothing more than the possibility of exercising their desire to properly bury their dead. Like Creon, the Spanish state has consistently responded with statements, actions and laws that laugh in the face of their ethical claim.
In 2008, Spanish judge Baltasar Garzón, internationally famous for having put Chilean dictator Augusto Pinochet on trial for genocide in 1998, admitted a series of lawsuits filed by several historical memory organizations and individuals seeking assistance with the location and exhumation of the remains of family members. Garzón subsequently opened the first criminal case into the 1936 coup and the Francoist dictatorship. He concluded that the generals who launched the war were guilty of crimes against humanity, and ordered the exhumation of nineteen mass graves. A few weeks later, Garzón was forced to close his case under pressure from fellow judges of the National Court and the Attorney General’s office. Once again, the hopes of family members were crushed by the weight of law and the callousness of the Spanish state.
(For a brief description of Garzón’s case, see my article “On Human Rights, Spain is Different” published on Common Dreams December 10, 2008: http://www.commondreams.org/view/2008/12/10 [1]).
If the story ended here, it would be yet another sad lament in a long litany of historical wrongs for the victims of Francoist repression. But this story, unfortunately, is not over.
Shortly after Garzón withdrew his case, a far-right lobby and the Falange—the same Spanish fascist party that killed Emilio Silva’s grandfather and dumped his body in a ditch like hundreds of thousands of others—filed lawsuits against Garzón for opening the historic case. To the surprise of many international law and human rights organizations, the Supreme Court admitted the suits last May. Yesterday Judge Luciano Varela ruled that Garzón must stand trial. He faces removal from the National Court and banishment from the bench for twelve to twenty years, which would mean the sudden end of Garzón’s illustrious, if controversial, legal career.
While Garzón has been roundly criticized for self-promotion and basking in the spotlight of high-profile cases, such personal faults are irrelevant to the case at hand. If the Supreme Court rules in favor of the Fascist party and its associates—which appears quite possible—it will be a far-reaching victory for the state of impunity that characterizes contemporary Spain and a devastating loss for those seeking the most minimal act of justice for the dead. It will also be a significant blow to international criminal law, convert Spain into a legal embarrassment in the eyes of the world and discredit the integrity of Spanish jurists.
This would seem bad enough, but if Garzón is debarred it also means that fascism will be validated as a legitimate and effective political force in democratic Spain. Not only will the family members of the victims of fascist violence lose the only judge daring enough to challenge the 1977 amnesty law protecting those responsible for mass extermination and state repression—a law considered illegal under international law—they will also be forced to swallow the fact that, in Spain at least, democracy means that fascist complaints carry more weight than the burden of those traumatized by the Spanish state during much of the twentieth century.
Ten years into the twenty-first, the political panorama looks chillingly familiar to those who have survived or studied Francoist “justice.” Once again, the force of law is being used to discipline those who challenge a deeply unjust social order. But it is more than simply punishment; it is a threat to those who might follow in the footsteps of Garzón, and an insult to all the Antigones of the world. It is also the apparition of fascism, alive and well in sunny Spain, rearing its ugly head from behind long, haunting shadows.
In Madrid, you can almost hear its voice echoing throughout the hallowed halls of justice: “Olé! Somebody pass the sangría…”
Scott Boehm is a Researcher for the Spanish Civil War Memory Project (http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/ [2]) at UC San Diego where he is a Ph.D. candidate in Literature. His dissertation, “Trauma and Transitionism” examines the intersections of culture, memory and justice related to mass extermination and state repression in Spain. He can be contacted at sboehm@ucsd.edu [3].
La Transición
Eneko – 09/04/2010
España al revés
AUGUSTO HOYO LAO – El País – 28/02/2010
A mis hijos les gustaba escuchar el cuento de Gloria Fuertes El mundo al revés. Varios años después me vuelve a la memoria al observar la situación de nuestro país.
Hace ahora 73 años, Augusto Lao García fue arrancado de su vivienda y de su familia y fusilado cuando contaba con 32 años de edad. Su delito era haber trabajado desde que tenía uso de razón y tener un espíritu comprometido, cofundando un partido político. Jamás empuñó un arma. Ellos formaron parte de los cientos de miles de víctimas de un plan criminal para acabar con la República y con sus valores. Más de 70 años después, el juez Baltasar Garzón vive un calvario y podría sentarse en el banquillo por haber promovido la justicia que las víctimas del franquismo reclaman y que, durante tanto tiempo, nadie se atrevió a instruir. La acusación parte, ni más ni menos, que de la Falange Española y otros grupos nostálgicos del franquismo.
Tras 32 años de democracia, las calles de nuestros municipios siguen homenajeando, con su denominación, a miles de falangistas y militares rebeldes. En las cunetas de nuestros campos se amontonan miles de restos que no tienen derecho ni a una digna sepultura.
La sombra del franquismo está resultando demasiado larga y su propaganda aún produce efectos. Algo en este país no va bien y no es sólo su economía. Esta España nuestra sigue al revés.
En la cara de las víctimas
JUAN DIEGO BOTTO – Público – 27/02/2010
Pasará a la historia el juez Luciano Varela como el valedor de parte de las tesis del fascismo en España. Lo hará con el inestimable apoyo de los vocales de Consejo General del Poder Judicial, avales estos de las posiciones del juez instructor.
No pasará a la historia Santos, original de León, asesinado por el ejército franquista junto a otros seis hombres en las afueras de la ciudad. No pasará a la historia porque nunca nadie ha investigado ese fusilamiento extrajudicial. Ahora sabemos que, de triunfar esta sentencia que apoya las tesis de Falange Española y Manos Limpias, jamás nadie lo hará. Jamás nadie en España investigará ese crimen.
Porque lo que han dejado claro estos históricos jueces, y ésta es la cuestión central, es que la tortura, la desaparición forzosa de personas, el secuestro y robo de bebés y la eliminación sistemática de un grupo ideológico y político opuesto al poder son delitos sujetos a leyes de amnistía, delitos que prescriben y por lo tanto delitos que no deben ser investigados.
Comparten Luciano Varela, Margarita Robles y demás vocales del CGPJ las mismas tesis que los defensores de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile, de Ríos Mont en Guatemala y de Franco en España; es decir, la validez suprema de las leyes de amnistía y el valor restrictivo de la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Todos se oponen a los avances que la Justicia Universal ha introducido en materia de Derechos Humanos y cierran la puerta a cualquier reparación, por nimia que sea, por parte de la judicatura.
Por ello pasarán a la historia. Se pueden buscar tecnicismos o motivaciones personales para Varela y el CGPJ, puede que las haya o puede que no, pero el hecho es que la interpretación de las leyes internacionales, de la legislación en materia de delitos de lesa humanidad y de los tratados contra la tortura es lo que está en el corazón del debate. Si se quiere abofetear a Garzón se está haciendo en la cara de las víctimas del franquismo.
Pasará a la historia el juez Baltasar Garzón como aquél que, al margen de otros aciertos y desaciertos, intentó dar a las víctimas del franquismo lo que la decencia les otorga: información, reparación y dignidad. Quienes no pasarán a la historia serán los bebés arrebatados a los perdedores y entregados a familias adeptas al régimen. Sus padres jamás recibieron reparación alguna. Ahora sabemos que nunca lo harán porque en España hay cosas que no se tocan y el franquismo es una de ellas.
La mayoría de los jueces del Supremo juraron lealtad a los principios del Movimiento: esto no pasará a la historia porque un amable manto de silencio se seguirá alzando sobre nuestra modélica transición. Tan modélica que con el tiempo ha logrado hermanar bajo una misma causa a la “progresista” Margarita Robles y el “progresista” Luciano Varela con Manos Limpias y Falange Española. Nombres que quedarán unidos para siempre en los libros de historia por haberse ocupado de que nadie desatara lo que estaba atado y bien atado.