El ataque al magistrado atañe a toda la Europa democrática y liberal. Calificar como prevaricación el abrir diligencias sobre los crímenes del franquismo supone una amenaza neototalitaria a la división de poderes
PAOLO FLORES D’ARCAIS – El País – 18/02/2010
El ostracismo al que los sectores antidemocráticos de España quieren condenar al juez Baltasar Garzón no es una mera cuestión interna española, sino que atañe a Europa entera y a su porvenir: se debate si las perspectivas de futuro del viejo continente seguirán siendo las de la democracia liberal, o si sobre las ruinas de una división de poderes aborrecida por el establishment se afirmará cada vez más la tentación de un modelo neototalitario, al estilo de Putin o de Berlusconi.
Lo que está en juego en el caso Garzón es, en efecto, la propia autonomía de la judicatura. Sin una intransigente custodia de esa autonomía, y sin un sistema informativo realmente pluralista e imparcial (cuya estrella polar ha de ser el respeto por las “modestas verdades de hecho”, en las que Hannah Arendt veía el antídoto contra las tentaciones totalitarias de toda forma de poder), la democracia liberal corre serio peligro, al ver minada su propia esencia.
Pero los enemigos de Garzón (que en este caso coinciden con los enemigos de la democracia liberal) se defienden sosteniendo que son ellos los auténticos defensores de la autonomía del poder judicial, dado que es una instancia judicial, el Tribunal Supremo (TS), la que debe juzgar a Garzón y su supuesta prevaricación. Sin embargo, observando las cosas sin ira et studio y sobre todo recurriendo a la lógica de forma rigurosa (lo que en la actividad jurídica no puede ser nunca un extra), no resulta difícil apreciar el vuelco orwelliano que experimenta la expresión “autonomía de la magistratura”. Veámoslo con detenimiento.