Algunas viñetas de Eneko sobre la herencia del franquismo en España:
“Más de la mitad de los magistrados del Supremo juraron fidelidad a Franco”
Asociaciones de víctimas del franquismo aseguran que quienes prevarican son los jueces que no han investigado la aparición de restos humanos con signos de muerte violenta
NATALIA JUNQUERA – El País – 04/02/2010
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con representación en todas las comunidades autónomas, lamenta el auto del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes franquistas. “Se trata de una persecución que recuerda la aplicación de la ley de responsabilidades políticas con la que las autoridades de la dictadura franquista juzgaron y condenaron a miles de opositores”, aseguran en un comunicado. Y añaden: “Mienrtas el magistrado Luciano Varela continúa con su particular caza de brujas, miles de familiares de desaparecidos buscan ayuda en voluntarios”.
La ARMH cree que el Supremo puede estar a punto de causar “un gran daño a la justicia del Estado español y proyectando internacionalmente la persecución de un juez que junto a unos pocos ha tratado de investigar los crímenes de mayor gravedad que se han cometido en la historia reciente de España”. Y añaden: “Más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los principios del movimiento y fidelidad al general Franco”.
Según esta asociación, a la que los familiares de víctimas de la Guerra Civil acuden para que les ayuden a localizar a sus desaparecidos, los delitos del franquismo “no pueden considerarse amnistiados, entre otras cosas, porque antes de que se aprobara la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno español había ratificado el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que reconoce como derecho fundamental el acceso a la justicia para víctimas de delitos de tal gravedad” (desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones…).
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició hace 10 años la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus familiares llevaron al juez Garzón más de 130.000 nombres para pedirles que investigara las circunstancias de su muerte. A lo largo de la última década, explica la ARMB, “han sido numerosos los jueces que con evidencias han prevaricado en España al no abrir diligencia ante la aparición de restos humanos con signos de violencia”, a lo que, recuerdan, les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “En decenas de juzgados de distintas comunidades autónomas han incumplido conscientemente uno de sus deberes fundamentales sin que ello haya supuesto ningún tipo de sanción de los órganos de gobierno de los jueces”.
La estela del terror
‘Vidas rotas’ narra la historia de las víctimas de ETA. Es una rigurosa crónica de crímenes políticos, pero también un incentivo para preguntarse cómo es posible que terminado el franquismo se multiplicasen los “patriotas de la muerte”
ANTONIO ELORZA – El País – 04/02/2010
Existe una abundante abundante bibliografía acerca de la historia de ETA, pero hasta ahora faltaba un libro en el que la historia de todas y cada una de sus víctimas mortales fuera reconstruida siguiendo el hilo de los atentados. En un libro sobrecogedor, Vidas rotas, tres especialistas en el análisis del terrorismo nacionalista han conseguido efectuar esa necesaria reconstrucción histórica. Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey atienden con un encomiable nivel de profesionalidad a la exigencia formulada por el hijo de una de las víctimas, el político socialista Fernando Múgica Herzog: “Se tiene que saber quiénes son las víctimas, sus nombres y apellidos, su historia anónima de persecución, de humillación y de ofensa. Y quiénes son los victimarios, que tienen también su nombre y apellidos, por qué están en la cárcel y qué es lo que hicieron. Hay que saber quién murió y quién mató”.
Vidas rotas es una rigurosa crónica de crímenes políticos, pero también un incentivo para preguntarse cómo es posible que en una sociedad, especialmente cuando acaba el franquismo y llega la democracia, y con especial intensidad justo entonces, se multiplicasen esos “patriotas de la muerte”, por usar el término de Fernando Reinares, los cuales con toda frialdad asesinaron uno tras otro a cientos de ciudadanos que en la mayoría de los casos no podían tener responsabilidad personal alguna en la supuesta opresión sufrida por Euskadi.
Memoria y desmemoria histórica
RICARDO LEZCANO – El País -05/02/2010
Por más que la Memoria Histórica haya sido laureada con una medalla o con una cruz, que en este caso ha sido una ley, tengo la impresión de que en muchas existencias humanas, ricas en años y en experiencias han sucedido hechos memorables que no han sido arropados por ninguna memoria histórica, sino simplemente por la memoria cotidiana y personal. Personalmente he sido testigo, y a veces víctima, de tormentosos sucesos, especialmente durante nuestra Guerra Civil, sucesos que, inexplicablemente, han pasado desapercibidos para los historiadores de nuestra contienda.
En 1937 yo vivía en Cataluña y fui movilizado, pero sólo me consideraron apto para servicios auxiliares y este destino afortunado me hizo vivir un extraño suceso.
El Supremo ve motivos para juzgar a Garzón por investigar los crímenes franquistas
El juez Luciano Varela rechaza el recurso del juez de la Audiencia contra la querella que presentó Manos Limpias y a la que se sumó Falange Española.- Cabe recurso ante la Sala
JULIO M. LÁZARO – El País – 04/02/2010
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias que le acusaba de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. La Fiscalía pidió el archivo de la causa a la que se sumó posteriormente Falange Española por decisión del instructor, Luciano Varela.
Varela aprecia un delito de prevaricación de los tipificados en el artículo 446.3 del Código Penal. Para este magistrado, el juez Garzón actuó “con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que esto había sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”. Añade que los móviles altruistas no eximen ni atenúan la eventual responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido.
En 2008, Garzón se convirtió en el primer magistrado español que atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de crímenes contra la humanidad.
En su día, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acusó al juez de formar una “causa general” para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, circunstancia que, a su entender, violenta las reglas y límites del proceso penal.
Pese a ello, la Fiscalía se ha pronunciado en varias ocasiones contra la admisión a trámite de la querella y por su archivo. El ministerio Público alegó que la instrucción del juez del Supremo Luciano Varela ha sido “inquisitiva” e “injustificadamente retardada” y que veía “absolutamente sorprendente” que pudieran ser vehículos de una prevaricación judicial dos resoluciones “diametralmente opuestas”: el auto por el que Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, y su contrario, es decir, aquel en el que decide inhibirse al entender que la competencia corresponde a los juzgados de las localidades donde se encuentran las fosas de fusilados de la Guerra Civil.
El juez Varela recaba el respaldo del Supremo para liquidar a Garzón
El instructor anticipa que le llevará a juicio para inhabilitarle hasta 20 años
JULIO M. LÁZARO – El País – 04/02/2010
Foto: El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En la foto superior, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela.- I. IRAGO / S. SÁNCHEZ
El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela dio ayer el paso previsto y definitivo para acabar con la carrera del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En un auto de 54 folios, que tiene la textura de una genuina sentencia condenatoria, Varela atribuye a Garzón un delito de prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal), castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo. Y anticipa que si la Sala de lo Penal del Supremo no revoca su decisión, preparará el juicio oral. Aunque el auto de Varela se puede impugnar ante el propio instructor y ante la sala que admitió la querella de Manos Limpias, las posibilidades de que el recurso prospere son prácticamente nulas.
La resolución desestima la petición de sobreseimiento formulada por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y por el fiscal del Supremo, Luis Navajas. Pero, en contra de la práctica habitual, Varela declina transformar el procedimiento en abreviado y abrir la fase de juicio oral y se mantiene a la espera, hasta que el Supremo convalide su auto. Fuentes judiciales explicaron que con esa maniobra procesal, Varela persigue la complicidad de la Sala Penal a fin de compartir con otros cinco magistrados la gravedad de la medida que supone suspender de funciones al magistrado Baltasar Garzón y expulsarle de la Audiencia Nacional. El juez del Supremo tampoco ha resuelto aún sobre la efectiva incorporación de Falange Española de las JONS al procedimiento.
Varela ha concluido sus ocho meses de investigaciones “sin encontrar datos que hayan alterado los hechos”, pero sostiene que Garzón no pretendió en realidad investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino que “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas”.
El “hecho justiciable” establecido por Varela consiste en que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 superar la limitación que dicha ley imponía e intentó “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar” del franquismo. Según el instructor, Garzón sabía que los crímenes del franquismo habían sido objeto de amnistía “por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.
El instructor del Supremo asegura que los “móviles altruistas” que hubiera podido tener Garzón, “como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes” -los crímenes son “horrendos” al menos en cuatro ocasiones- “no eximen, ni siquiera atenúan, la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido”.
En su tono habitual, entre faltón y engolado, Varela descalifica la “ignorancia inexcusable” de Garzón sobre la Ley de Amnistía, “tan jurídicamente grosera que no merece mayor comentario”. Critica después que Garzón “enfatice” que nunca antes se habían investigado los crímenes del franquismo, como exigiría el marco jurídico internacional al que España pertenece. Como si nos encontráramos, apostilla Varela, “ante una conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del ministerio fiscal…”.
El auto también contiene errores, alguno de bulto: Varela atribuye a Garzón una providencia fechada el 29 de octubre de 2008 revolviendo sobre diversas peticiones de exhumaciones. En realidad, la providencia la dictó el juez Santiago Pedraz, porque Garzón se encontraba recuperándose de una intervención quirúrgica sufrida el día anterior.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamentó ayer la “resistencia” del Supremo a archivar la causa contra Garzón y criticó al instructor Luciano Varela por no asumir los postulados del Derecho Público Internacional que consideran inaplicables las leyes de Amnistía. La asociación subrayó que “más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento y fidelidad al general Franco”.
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Miguel Hernández rechazó hacer un gesto a favor de Franco
Una serie de cartas inéditas muestran su negativa a arrepentirse y a apoyar al régimen, como le pidió un amigo íntimo
Público – 03/02/2010
Que Miguel Hernández era un convencido de sus ideales era algo difícil de discutir. Ahora, después de darse a conocer cartas inéditas del poeta, esta afirmación cobra mucho más sentido, ya que las misivas muestran cómo Hernández se negó a hacer un “gesto” favorable al régimen franquista para evitar su fusilamiento.
Así lo ha relatado la persona que posee esas cartas, Gonzalo Santoja, que dirige el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, organizador del primer Congreso en conmemoración del centenario del nacimiento de Hernández, que se celebra desde este miércoles en Burgos.
Según Santoja, mientras estaba en la cárcel, el poeta recibió la visita de José María de Cossío, un amigo íntimo. Cossío no iba solo, sino que le acompañaban escritores falangistas que le propusieron hacer “algún gesto” de arrepentimiento o apoyo al régimen. Hernández no sólo se negó, sino que echó a los visitantes.
Hernández escribió a su amigo comentándole lo “lamentable” de lo ocurrido, aunque reconociendo que actuaron desde la “pasión” para intentar salvarle la vida. Sin embargo, el poeta lamentó que no actuaran “desde la razón”, por lo que mantuvo su posición y sus ideas.
Las cartas muestran también cómo Hernández tenía que llamar a Cossío “primo”, para poder escribirle, ya que sólo se permitía enviar cartas a los familiares más allegados. Además, para poder tramitarla, en el remite debía escribir “Arriba España, Viva Franco”.
Buceando en la obra del poeta
Durante el Congreso también se mostrarán las cartas que se escribieron la esposa del poeta, Josefina Manresa, y el hispanista italiano Dario Pucci, gracias a la aportación del también hispanista Gabriele Morelli.
Balcells ha indicado que estas jornadas se distinguen por ser “anticonvencionales”, ya que no se trata de un ciclo de conferencias al uso y son también un evento “alternativo” a otras iniciativas que este año se organizan con motivo del centenario del poeta.
El encuentro permitirá profundizar en el trabajo que Hernández desarrolló con su incorporación al movimiento social Misiones Pedagógicas, donde coincidió con algunos de los escritores más representativos de la época, integrantes muchos de ellos de la revista Hora de España, como María Zambrano, Ramón Gaya y Rafael Dieste.
La influencia musical de su obra es otro de los aspectos que se abordará en el congreso, puesto que Hernández, antes de la Guerra Civil, compuso varios himnos futbolísticos y cantos flamencos durante la contienda.
Según ha agregado Santonja, la obra del poeta alicantino, antes de que fuera utilizada por los cantautores, fue usada para la música culta y se ha referido a Eduardo Rincón que en 1958 fue el primero que puso música a Las Nanas de la Cebolla.
200 invitaciones a héroes fallecidos
La Generalitat convoca por error a víctimas del franquismo ya muertas
MAIOL ROGER – El País – 03/02/2010
La Generalitat organiza este año 25 actos de homenaje para represaliados del franquismo, que son agasajados y reciben un diploma en reconocimiento a su lucha cuando fueron encarcelados, durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, tras cuatro actos, el último ayer en Badalona, el Departamento de Interior se ha visto obligado a cambiar el formato de invitación: por error, había invitado a represaliados ya muertos, para sorpresa de sus familias, que veían el nombre de un allegado fallecido impreso en el tarjetón oficial.
Hasta el momento, la Generalitat había cursado unas 6.000 invitaciones, y se ha enterado del error por las llamadas de familiares: ha recibido 200 avisos y seis quejas formales por el malentendido. El Departamento de Interior se apresuró ayer a admitir sin matices el error y pedir disculpas a todos los afectados. Fuentes oficiales achacaron el fallo a “la gestión de la base de datos, que censa a las 22.000 personas que desde el año 2000 han recibido ayudas por haber sufrido represalias franquistas”.
El registro de los represaliados se ha ido actualizando, aseguran, aunque no todas las personas que han fallecido en esta década constan todavía como difuntas en las listas. Para evitar nuevos errores, la Generalitat ha registrado los cambios en la base de datos y ha variado el formato de las invitaciones, que a partir de ahora irán destinadas a las familias de los represaliados.
De los 500 represaliados del franquismo que ayer eran homenajeados en Badalona, sólo una quincena acudieron en persona a recoger el reconocimiento. La mayoría de los asistentes -el teatro Zorrilla estaba lleno para la ocasión- eran familiares que acudían en representación de un fallecido y trataron de quitar hierro al error de la Generalitat.
“Sí, he recibido la carta a nombre de mi padre, pero me parece muy bien, lo importante es que se celebre el acto y reciban un homenaje”, aseguraba el hijo de un represaliado.
Coincidía María, hija de un preso del franquismo: “No tiene importancia. Lo destacable es que por fin mi padre reciba un homenaje. Llega demasiado tarde, me hubiera gustado que tanto él como mi madre hubiesen estado para verlo”, afirmó. Para Lluís Martí Bielsa, uno de los represaliados que asistieron al acto, lo subrayable era la tardanza: “Hemos tardado 33 años, pero por fin tenemos un reconocimiento”, dijo satisfecho.
La vergüenza de la impunidad
Los crímenes del franquismo siguen sin castigo. Y aunque la Audiencia Nacional debería investigarlos, el Estado español sigue sin implicarse y continúa fomentando el olvido como la mejor forma de reconciliación
LYDIA VICENTE Y ALICIA MORENO – El País – 01/02/2010
Haciendo uso del legítimo derecho de acceso a la justicia, los familiares de víctimas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 buscando una respuesta unitaria de los tribunales españoles que acabara con la inseguridad jurídica e indefensión que les suponía el peregrinaje al que estaban siendo sometidos por los juzgados territoriales. La propia Ley 52/2007, de la Memoria Histórica, a pesar de sus obstáculos, determina con claridad que los derechos y previsiones contenidas en la ley son plenamente compatibles con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los convenios internacionales suscritos por España. Y es que el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos a conocer la verdad pasa necesariamente -así lo dice el Derecho Internacional- por la existencia de un proceso judicial.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha resaltado, entre sus principales áreas de preocupación incluidas en su informe remitido al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009, que en demasiados países las personas que tienen derecho a denunciar casos de desapariciones forzadas ante una autoridad independiente y competente todavía no han logrado que sus denuncias sean investigadas sin dilación y de forma imparcial y exhaustiva.
En España, la mayoría de los tribunales territoriales ha venido aplicando la Ley 46/1977, de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la norma penal para así no tener que investigar. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que declaró la incompetencia de esa sede para conocer de los hechos denunciados- tuvo la inmejorable oportunidad para pronunciarse sobre tales cuestiones de fondo pero evitó hacerlo poniendo de relieve la incomodidad de aclarar si pueden o no aplicarse tales mecanismos de impunidad.
Por otro lado, la admisión a trámite por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación que se sigue frente al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el magistrado-juez Baltasar Garzón, por haber incoado aquellas diligencias, muestra no sólo una preocupante perturbación del derecho internacional (que forma parte del derecho español, ver art. 10, en relación con los art. 95 y 96 de la Constitución), sino que incide de lleno en la obligación de proteger a las víctimas e impartir justicia que intentaba abordar el juez querellado.
A los 75 años, murió el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez
Escribió La pasión según Trelew, mandado a quemar durante la dictadura, y Santa Evita, la novela argentina más traducida de la historia. En 2002 obtuvo el Premio Alfaguara por El vuelo de la reina. También fue autor de ensayos y guiones de cine.
Clarín – Domingo 31, Enero 2010
El periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez murió hoy a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer.
Entre sus principales novelas figuran “Santa Evita”, traducida a más de 30 idiomas, y “La novela de Perón”, basadas en las vidas del presidente argentino Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) y su segunda esposa, Eva Perón, en las que combinó elementos de la ficción y la realidad.
Asimismo fue el autor de otras muchas novelas como “El cantor de tango”, “La mano del amo”, “El vuelo de la reina” y “Purgatorio“, la colección de relatos “Lugar común la muerte” y el relato periodístico “La pasión según Trelew”, además de escribir libretos de cine y televisión. Era asimismo columnista de los diarios “El País” de España y del “The New York Times”.
Nacido en San Miguel de Tucumán en 1934, tuvo una larga trayectoria como periodista, novelista y crítico de cine, además de haber trabajado en importantes medios argentinos. A su vez, fue reconocido también por su intensa actividad académica brindando conferencias y cursos en universidades de todo el mundo.
Vivió exiliado en Caracas durante la última dictadura militar. Allí se mantuvo en la actividad periodística: fue editor del periódico “El Nacional” y fundó “El Diario de Caracas”, ocupando el cargo de jefe de redacción hasta 1979. Vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, donde dirigió el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Rutgers University, en New Jersey.
En 2002 fue galardonado con el premio Alfaguara, uno de los más importantes concursos literarios en lengua castellana, por su novela “El vuelo de la reina”.
El diario madrileño “El País” le otorgó el Premio Ortega y Gasset de periodismo el 22 de abril de 2009, una distinción dirigida a trabajos en español publicados en medios de todo el mundo. El 24 junio de ese mismo año fue incorporado a la Academia Nacional de Periodismo.
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El obituario de Juan Cruz publicado en El País: “El periodista que no cesó de narrar“