El País – 23/04/2010
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó ayer que “una de las cosas más difíciles que hay que explicar fuera” de España es la figura de la acusación popular que permite querellas como la de Falange Española de las JONS contra el juez Baltasar Garzón. Es decir, explicar “cómo alguien puede tener la iniciativa de ejercer una acción penal sin ser víctima del delito ni el fiscal”. Caamaño abogó por “reflexionar sobre ello”. Personalmente, dijo que le plantea “problemas políticos y jurídicos” el hecho de que la acusación popular “tenga tanto margen de actuación”.
El ministro hizo estas declaraciones en la cadena SER, preguntado sobre si considera que Falange está legitimado para sentar a Garzón en el banquillo precisamente por investigar los crímenes del franquismo. Caamaño reconoció que en la opinión pública “existe cierta perplejidad” por el caso, pero también defendió la actuación de los tribunales españoles ante los ataques recibidos y las acusaciones de politización. Para el ministro, asuntos como este “oscurecen otras tareas de la justicia”.
En el mismo sentido, defendió a los magistrados del Tribunal Constitucional ante las afirmaciones del presidente de la Generalitat, José Montilla, que los acusó de ser “jueces de parte”. Caamaño afirmó que el hecho de que los magistrados estén escogidos en su mayoría por el PSOE o el PP no los hace “ni de uno ni de otro”, en el sentido de que obedezcan consignas. Caamaño fue letrado del Tribunal Constitucional.
En cuanto a la renovación de cuatro de estos magistrados, pendiente desde diciembre de 2007, se alineó con el presidente del Gobierno y reconoció que la responsabilidad es de los partidos, pero descargó la “culpa” sobre el PP.