Month: April 2010

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La manifestación contra la impunidad se amplía a siete ciudades extranjeras

Las protestas han sido convocadas frente a las embajadas españolas

NATALIA JUNQUERA – El País – 23/04/2010

“Los asesinos de mis padres bajaban a las tabernas y se jactaban de haber matado a dos o tres rojos asesinos”, recordaba ayer con rabia Hilda Farfante, hija de dos maestros fusilados en 1936. “Y 74 años después, la misma jugada. El juez que quiso investigar estos crímenes, sentado en el banquillo por Falange”. Farfante es una de las familiares de víctimas que encabezará la manifestación contra la impunidad del franquismo que saldrá el sábado a las 18.30 de la Plaza de Cibeles, en Madrid. Ayer, arropada por artistas y escritores como Luis García Montero, José Sacristán, Juan Diego Botto o Almudena Grandes, llamó a la participación. “¡Es el momento de las víctimas del franquismo! ¡Saquen sus fotos a la calle!”, exclamaron.

García Montero tranquilizó a un familiar sobre la manifestación que La Falange ha convocado el mismo día en Madrid bajo el lema Orgullosos de nuestra historia falangista y que describió como “una provocación”. “El recorrido es diferente y un dispositivo policial evitará cualquier mezcla o enfrentamiento”, dijo.

“No pretendemos presionar a ninguna institución judicial, pero nos creemos con derecho a protestar ante un acto que ensucia la democracia española”, añadió. “Nos parece muy grave que las mismas personas que rompieron la legalidad para imponer el terror, hoy utilicen las leyes para burlar a los descendientes de los que ellos mismos ejecutaron. Algunos políticos muestran sin velos su apoyo a Falange. Espero que el sábado muchos den su apoyo a las víctimas del franquismo”.

A su lado, Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo, pedía: “¡Fuerza! ¡No bajen los brazos! A nosotras nos llamaban las locas de la plaza de mayo y estas locas van a cumplir ya 33 años”. El colectivo de víctimas argentinas ha querido estar presente en la manifestación contra los crímenes del franquismo, como la organización internacional Human Rights Watch, que ha enviado al portavoz Reed Brody.

La convocatoria se ha extendido a través de redes sociales a 20 ciudades españolas. Según se anunció ayer, también habrá protestas frente a las embajadas españolas en Buenos Aires, París, Bruselas, México, Londres, Dublín y Lisboa. El coordinador de la oficina de atención a las víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Carlos Agüero, abogó por convertir la manifestación “en un gran homenaje a los que murieron por la democracia, llevando a la calle sus fotos, tapadas tanto tiempo”.

Esta tarde, un concierto de Pedro Guerra pondrá fin al encierro simbólico que arrancó la semana pasada en la facultad de Relaciones Laborales de la Complutense en defensa del juez Garzón y en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo. Ayer los protagonistas de ese encierro depositaron 150.000 firmas contra la suspensión del magistrado en el Consejo General del Poder Judicial y cortaron la calle Génova en una nueva concentración de apoyo frente a la Audiencia.

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Human Rights Watch pide a la UE que defienda al magistrado

N. J. – El País – 23/04/2010

Los actos y comunicados de apoyo al juez Baltasar Garzón se multiplican. Ayer la organización internacional de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) pidió a la Unión Europea que exprese “su oposición a las posibles sanciones contra el juez Garzón”.

“Ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el exterior, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país”, afirmó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de HRW. “La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero”, y “podría debilitar la credibilidad y la efectividad de la UE en su conjunto a la hora de promover justicia por violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en la actualidad en Darfur, en la República Democrática del Congo o en Sri Lanka”.

HRW recuerda que en 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU “instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977”; que en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó al Gobierno que se asegurara de que “los actos de tortura, que también incluyen desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”, y que ese mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó, “como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar los actos de barbarie”.

– Amnistía Internacional: “Es escandaloso”. Esta organización condenó ayer “enérgicamente los escandalosos cargos” contra Garzón. “Por principios, Amnistía Internacional no toma partido sobre el fondo de los cargos (…) contra una persona sometida a investigación judicial, pero en este caso, no puede quedarse callada”, declaró Widney Brown, directora general. “En vez de entablar acciones penales contra el juez Garzón por investigar delitos de derecho internacional cometidos en el pasado, España, independientemente de la fecha de comisión de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia”.

– Repudia de parlamentarios chilenos. 46 parlamentarios (44 diputados y dos senadores de la oposición) chilenos expresaron ayer su “repudia” al “hostigamiento del que está siendo víctima el juez Garzón en su propio país” y su solidaridad “con quien ha velado de manera ejemplar por el respeto a los derechos humanos incluso más allá de las fronteras de su nación”, en referencia al procesamiento de Augusto Pinochet.

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Últimos cartuchos

El fiscal niega la legitimación a Manos Limpias y a la Falange para enjuiciar a Garzón

El País – 23/04/2010 (editorial)

El ministerio fiscal quemó ayer sus últimos cartuchos procesales en su intento de parar la inminente apertura de juicio oral a Baltasar Garzón por la causa relativa a las fosas donde todavía yacen sin identificar numerosas víctimas del franquismo. A los argumentos hasta ahora esgrimidos por el fiscal en su firme oposición a que la controvertida pero jurídicamente sostenible actuación del juez de la Audiencia Nacional sea considerada un acto prevaricador, ha añadido uno nuevo: la deslegitimación procesal de los querellantes, el sindicato ultra Manos Limpias y Falange Española de las JONS, para sentar a Garzón en el banquillo.

La tesis que sustenta el ministerio fiscal, y que le da pie para pedir una vez más el sobreseimiento de la causa deriva de la llamada doctrina Botín sobre la acción popular que, aunque enmendada poco después por la misma Sala Segunda del Supremo por la llamada doctrina Atutxa, fue mantenida por el instructor de la causa contra Garzón, Luciano Varela, en un voto particular discordante con el llamativo cambio de criterio de sus compañeros. La doctrina Botín y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusación popular carece de legitimación por sí sola, a falta de acusación particular o de acusación pública, para llevar a un ciudadano a juicio en los llamados procedimientos abreviados, relativos a los delitos menos graves.

La causa contra Garzón encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusación particular, por la sencilla razón de que no existen perjudicados, ni tampoco acusación pública porque ningún daño ha producido Garzón al “interés público y social” en su intento de prestar una tutela judicial efectiva a los familiares de las víctimas del franquismo que acudieron a su jurisdicción. La causa sólo se sustenta en una acusación popular a la que el propio instructor Varela, con una benevolencia y compresión que ya quisieran para sí otros querellantes, ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares -el derecho al honor de los falangistas o revindicaciones de “un alto grado ideológico”- al amparo de una presunta defensa del interés social.

Es cierto que la doctrina Atutxa sobre la acción popular es la vigente, y no la doctrina Botín, pero el hecho de que esté recurrida ante el Tribunal Constitucional prueba que es una cuestión todavía abierta y sobre la que no se ha dicho la última palabra. El instructor Varela ha pasado por alto en sus autos este debate doctrinal, a pesar del papel señalado que ha jugado en él. Pero nunca es tarde. El fiscal le ha recordado que ese debate existe y que debería llevar o bien al sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garzón. Porque podría suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Botín y que Garzón hubiera sido juzgado con una interpretación inadecuada de las leyes procesales.

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Caamaño reclama “una reflexión” sobre la acusación popular

El País – 23/04/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó ayer que “una de las cosas más difíciles que hay que explicar fuera” de España es la figura de la acusación popular que permite querellas como la de Falange Española de las JONS contra el juez Baltasar Garzón. Es decir, explicar “cómo alguien puede tener la iniciativa de ejercer una acción penal sin ser víctima del delito ni el fiscal”. Caamaño abogó por “reflexionar sobre ello”. Personalmente, dijo que le plantea “problemas políticos y jurídicos” el hecho de que la acusación popular “tenga tanto margen de actuación”.

El ministro hizo estas declaraciones en la cadena SER, preguntado sobre si considera que Falange está legitimado para sentar a Garzón en el banquillo precisamente por investigar los crímenes del franquismo. Caamaño reconoció que en la opinión pública “existe cierta perplejidad” por el caso, pero también defendió la actuación de los tribunales españoles ante los ataques recibidos y las acusaciones de politización. Para el ministro, asuntos como este “oscurecen otras tareas de la justicia”.

En el mismo sentido, defendió a los magistrados del Tribunal Constitucional ante las afirmaciones del presidente de la Generalitat, José Montilla, que los acusó de ser “jueces de parte”. Caamaño afirmó que el hecho de que los magistrados estén escogidos en su mayoría por el PSOE o el PP no los hace “ni de uno ni de otro”, en el sentido de que obedezcan consignas. Caamaño fue letrado del Tribunal Constitucional.

En cuanto a la renovación de cuatro de estos magistrados, pendiente desde diciembre de 2007, se alineó con el presidente del Gobierno y reconoció que la responsabilidad es de los partidos, pero descargó la “culpa” sobre el PP.

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El fiscal insiste en que Garzón no sea sometido a juicio

Pide aplicar la ‘doctrina Botín’ y subraya las contradicciones de Varela

JULIO M. LÁZARO – El País – 23/04/2010

El fiscal del Tribunal Supremo ha reiterado al juez instructor Luciano Varela su petición de sobreseimiento del proceso abierto al juez Baltasar Garzón por investigar el franquismo, al considerar que los hechos no son constitutivos del delito de prevaricación. El fiscal se opone también a la apertura del juicio oral que han solicitado las acusaciones de Falange Española de las JONS y Manos Limpias, por entender, en aplicación de la conocida como doctrina Botín, que carecen de legitimación procesal para instarla.

La doctrina Botín, llamada así en referencia al presidente del banco Santander, fue establecida por el Tribunal Supremo en febrero de 2008 y exoneró a Emilio Botín de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito. Aquella doctrina estableció que si el Ministerio Fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular ejercida por el perjudicado u ofendido por el delito (acusador particular), no cabe abrir el juicio oral exclusivamente a instancias de la acusación popular.

Poco después, en abril de 2009, el Supremo modificó esta doctrina para poder sentar en el banquillo al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, acusado de desobediencia al Tribunal Supremo. El alto tribunal indicó que para aquellos delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie puede ejercer la acusación particular, una acusación popular puede instar el juicio oral aunque el Ministerio Fiscal no acuse. Así, con la acusación popular de Manos Limpias, Atutxa fue juzgado en el Supremo y resultó condenado.

El fiscal explica que la doctrina Atutxa es una tesis en contra del reo que puede vulnerar derechos fundamentales y que ha sido objeto de un recurso de amparo apoyado por el fiscal, y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El representante de la ley considera después “muy conveniente” traer a colación la “acertada” postura del juez Varela a través de su “razonado” voto particular en la sentencia Atutxa y en el que, en síntesis, se pronunciaba en contra del cambio de criterio de la doctrina Botín a la doctrina Atutxa. A pesar de tanto jabón, Varela tampoco está de acuerdo con la doctrina Botín, aunque formuló un voto particular concurrente a la sentencia que exoneró de juicio al banquero. En cualquier caso, el fiscal concluye interesando el sobreseimiento y oponiéndose en todo caso a la apertura del juicio oral.

Por otra parte, Manos Limpias remitió ayer su escrito de acusación al Tribunal Supremo, corregido según las indicaciones facilitadas por el juez Varela para acomodarlo a las prescripciones legales. Manos Limpias exige la inhabilitación de Garzón por 20 años. El escrito de Falange Española de las JONS presentaba más problemas, lo que podría ser aprovechado por el juez instructor Varela para quitarse de en medio a Falange y evitar las connotaciones que conlleva mantener a ese “movimiento” en el banco de la acusación.

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La historia de los otros Robert Capa

Un documental y un libro recuperan la memoria del fotoperiodismo español durante la Guerra Civil

ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS – El País – 22/04/2010

Un grupo de fotógrafos trabaja encaramado a una escalera en el Palacio Nacional, durante las crisis ministeriales del gobierno de Portela Valladares. Madrid, 9 de diciembre de 1935.- José Díaz Casariego (c) Agencia Efe

La fotografía de la Guerra Civil española parece patrimonio exclusivo de Robert Capa y Gerda Taro. Pero no, en la contienda también hubo fotógrafos españoles cuyo brutal testimonio quedó enterrado por la represión franquista. Durante años, miles de imágenes de la guerra y de antes de la guerra han permanecido ocultas en sótanos, tabiques o viejos armarios. Héroes sin armas recupera ahora a través de un documental y un libro la obra de cuatro pioneros del fotoperiodismo español: Alfonso, Pepe Campúa, Luis Marín y José María Díaz Casariego. Los cuatro, que ya eran conocidos por su trabajo durante la República, retrataron la guerra y sus protagonistas desde todos los ángulos posibles.

Eran fotógrafos, compañeros de Mundo Gráfico, y buenos amigos. “Pero cuando empezó la guerra los milicianos mataron al padre de José Campúa, y él se pasó al bando nacional. La amistad se rompió”, relata Marta Arribas, que ha dirigido junto a Ana Pérez de la Fuente el filme, producido por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y editado, junto al libro, por La Fábrica . “Luis Marín fotografió la construcción de la Gran Vía para luego fotografiar su destrucción en la guerra”, añade Arribas, que señala como hoy podemos ver fotos de la misma batalla vista desde los dos frentes.

La Guerra acabó con las carreras en el fotoperiodismo de estos cuatro hombres cuya obra fue ocultada por ellos mismo por temor a represalias. Marín dejó de ejercer, Díaz Casariego acabó como un gris funcionario en la Hemeroteca municipal de Madrid, en el servicio de microfilmado, Alfonso se convirtió en un famoso retratista, aunque el régimen le condenó durante años a hacer fotos de carné, y Campúa (el único vencedor) expuso sus fotos una sola vez para luego ocultarlas el resto de su vida. Convertido en productor de cine, se apartó de aquel mundo del que habían sido pioneros. No volvió a ver ni hablar con sus amigos, todos heridos en una mirada que hoy provoca escalofríos.

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Tráiler del documental ‘Héroes sin armas’

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Las víctimas acudirán también a la Justicia en Berlín

Los abogados preparan un pleito para investigar la ayuda nazi en las masacres de Franco

Ciudadanos se manifiestan ante la Audiencia Nacional, el pasado día 8.

PERE RUSIÑOL – Público – 22/04/2010

La querella presentada en Buenos Aires por familiares de las víctimas de Franco no será la única iniciativa jurídica que promoverán fuera de España. Los abogados de las asociaciones de memoria histórica preparan una demanda ante los tribunales de Alemania reclamando una reparación por la responsabilidad de las empresas y autoridades alemanas que colaboraron con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Franco, particularmente en el bombardeo de Gernika.

Ante la dificultad de avanzar en España 35 años después de la muerte del dictador a Baltasar Garzón se le impidió investigar y ahora está a un paso del banquillo, mientras que el 60% de los juzgados que asumió los casos ya los ha archivado sin ni siquiera indagar , los abogados de las víctimas se han planteado explorar todas las posibilidades en el exterior, ya sea exprimiendo el principio de jurisdicción universal o buscando la relación directa con España.

El pasado 14 de abril, los familiares de dos víctimas del franquismo presentaron una querella en la Cámara Federal de Buenos Aires. El proceso está aún pendiente de la aceptación a trámite pero ha generado tantas esperanzas entre los familiares de las víctimas que ya se están preparando nuevos casos para aportar a los tribunales argentinos.

En Europa se están explorando también varias posibilidades, sobre todo en Alemania. En este caso, la vía elegida es un pleito civil por la responsabilidad de las empresas alemanas que, bajo el impulso del régimen nazi, colaboraron con Franco para masacrar a civiles.

Tras la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la doctrina Nuremberg, Alemania y sus empresas han indemnizado a miles de víctimas de la barbarie nazi, que tuvo en la guerra civil española un auténtico prólogo y campo de entrenamiento.

El bombardeo de Gernika es el caso más emblemático: la masacre fue perpetrada por la fuerza áerea nazi, equipada con los equipos más punteros elaborados por las empresas alemanas en colaboración con el régimen.

En un mes

Los abogados españoles plantearán el pleito civil como la mejor vía de forzar también una investigación de los crímenes del franquismo y la ayuda que recibió de Hitler. La semana que viene tienen previsto viajar a Hamburgo y Berlín para trabajar el pleito con expertos del Center for Constitutional and Human Rights, una organización que ya participó en la demanda contra Mercedes-Benz por supuesta colaboración con la dictadura argentina en la desaparición de obreros. Su previsión es presentar la demanda en un mes.

Antes de verano, las víctimas también tienen previsto acudir al Parlamento europeo para defender la candidatura de Garzón al Premio Sájarov, y al puesto de Defensor del Pueblo europeo.

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“¡Es el momento de las víctimas del franquismo. Saquen sus fotos a la calle!”

Actores, escritores y familiares de desaparecidos llaman a participar en la manifestación del sábado contra la impunidad.- La protesta se repetirá frente a las embajadas españolas en Buenos Aires, Bruselas, París y Londres

NATALIA JUNQUERA – El País – 22/04/2010

Representantes de familiares de víctimas del franquismo presentan en la sede del CGPJ 100.000 firmas en apoyo al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.- ULY MARTÍN

Actores, actrices, escritores, redes sociales y víctimas del franquismo han hecho esta mañana un llamamiento para que todos los familiares de las víctimas del franquismo acudan el sábado con una fotografía de sus desaparecidos y ejecutados a la manifestación convocada para este sábado, a las 18.30 en la madrileña plaza de Cibeles contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. “Nos parece muy grave que las mismas personas que rompieron la legalidad para imponer el terror hoy utilicen las leyes para burlar a los descendientes de los que ellos mismos ejecutaron”, ha explicado el poeta Luis García Montero. “No pretendemos presionar a ninguna institución judicial pero nos creemos con derecho a protestar ante un acto que ensucia la democracia española”. “Algunos políticos muestran sin velos su apoyo a Falange. Espero que el sábado muchos den su apoyo a las víctimas del franquismo”, ha añadido.

Artistas por Garzón

Cartel de la manifestación convocada por artistas españoles para el sábado 24 de abril en apoyo al magistrado.-

Hilda Fartante, una de las familiares de víctimas que encabezará la manifestación del sábado ha explicado con rabia cómo los asesinos de sus padres, ambos maestros, presumían de ello. “Yo tenía cinco años cuando les mataron, y los asesinos bajaban a las tabernas y se jactaban de haber matado a dos o tres rojos asesinos… 74 años después, la misma jugada. El juez que quiso juzgar estos crímenes sentado en el banquillo por Falange española”.

Taty Almeida. de las Madres de la Plaza de Mayo argentinas, ha asegurado que su colectivo ha querido estar presente en la manifestación de este sábado porque “el dolor une a muchas madres” y ha animado a la gente a participar. “¡Fuerza! ¡No bajen los brazos! A nosotras nos llamaban las locas, las locas de la plaza de mayo, y estas locas van a cumplir ya 33 años”.

Gervasio Puerta, presidente de la Asociación de Ex Presos Antifranquistas ha leído un comunicado en el que exigía, en nombre de todos los presos, el archivo de la causa contra el juez Baltasar Garzón: “En los procesos del franquismo, los abogados que nos asignaban no nos defendían. Y hoy he leído en la prensa que el juez Varela no defiende la justicia sino que ayuda a las personas que nos han denunciado…”

Carlos Agüero, coordinador de la oficina de atención a las víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha anunciado que el encierro simbólico que ha tenido lugar estos días en defensa del juez Garzón y en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo, terminará mañana con un concierto de Luis Pastor y que esta tarde, a las 18.00 el abogado Carlos Slepoy explicará la querella interpuesta en Argentina por genocidio contra el régimen franquista. También ha agradecido al rector de la Complutense, Carlos Berzosa, que les haya cedido la facultad de Relaciones Laborales de la Universidad como cuartel general de la memoria todos estos días y ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación. “Convirtámosla en un homenaje a todos los que murieron por nuestra democracia. Es el momento de las víctimas. Saquen esas fotos tapadas durante tanto tiempo. Hemos acompañado a la calle a otras víctimas mientas las del franquismo han sido invisibles. No les dejen solos ahora”.

La actriz Aitana Sánchez Gijón, hija de un exiliado del franquismo, también ha llamado a la participación para protestar “por lo más grave que le ha ocurrido a la democracia española desde el 23-F”.

Sara Velasco, representante de las redes sociales, ha explicado que la convocatoria de manifestación se ha extendido a 20 ciudades españolas y también frente a las embajadas españolasen Buenos Aires, París, Bruselas y Londres. Luis García Montero ha aclarado que la manifestación convocada por Falange para ese mismo día, “ese acto más de provocación”, no afectará a su protesta, con recorridos diferentes. Además, habrá un “dispositivo policial para evitar cualquier mezcla o enfrentamiento” ha tranquilizado a los familiares.

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100.000 contra la suspensión de Garzón

Ayer se plantaron ante la Audiencia Nacional para registrar 150.000 firmas de apoyo al juez de la Audiencia, Baltasar Garzón. Hoy, los familiares de ejecutados en el cementerio de Ocaña (Afeco) en Toledo, han acudido a la sede del Consejo General del Poder Judicial con al menos 100.000 de ellas, impresas y procesadas con nombre y apellido. Los firmantes se han presentado allí el mismo día en que el órgano tenía previsto decidir la suspensión cautelardel magistrado, encausado por supuesta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo.

La resolución del CGPJ deberá esperar a que el Tribunal Supremo anuncie la apertura del juicio oral contra Garzón. Las asociaciones de víctimas del régimen seguirán presionando hasta ese momento para evitar la suspensión con iniciativas como la de hoy. Los defensores del juez han presentado, junto a las firmas, un documento en el que exigen al órgano de control que “ante esta insólita situación, el Poder Judicial no proceda a la suspensión”.

La reivindicación es, prácticamente, inasequible. El CGPJ tiene previsto convocar un pleno extraordinario para acordar la suspensión en cuanto el juez instructor del caso, Luciano Varela, de paso al juicio oral.

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La Fiscalía apela a la coherencia jurídica de Varela para evitar que Garzón se siente en el banquillo

Recuerda que el instructor de la causa contra el magistrado apostó en el pasado por limitar la capacidad de la acción popular.- Afirma que Falange y Manos Limpias carecen de “legitimidad procesal”

El País – 22/04/2010

La Fiscalía ha presentado hoy un escrito ante el Tribunal Supremo para solicitar el sobreseimiento del procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su presunta prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) en la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. El Ministerio Fiscal fundamenta su petición en la conocida como doctrina Botín, recalcando además que fue el propio instructor del caso contra Garzón en la Sala Segunda, Luciano Varela, quien defendió esta tesis con un voto particular contra la sentencia del mismo tribunal que validó luego justo la contraria, conocida como doctrina Atutxa.

La doctrina Botín, adoptada por el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2008, estableció que si el Ministerio Fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular ejercida por el perjudicado por el delito, no es posible abrir juicio oral exclusivamente a instancias de la acusación popular. Así, se exoneró de un juicio por presuntas maniobras financieras irregulares al presidente del Banco Santander, Emilio Botín,

La doctrina Atutxa, conocida apenas unos meses después, reinterpreta esta tesis para aquellos casos de delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie ejerce pues la acusación particular; en ese caso, la acusación popular puede instar la apertura del juicio oral aunque el Ministerio Fiscal no mueva pieza. Esta decisión abrió la puerta a juzgar por desobediencia del ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa merced a la acción popular del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

La Fiscalía se atiene a los postulados de la primera sentencia (su denominación técnica es 1045/2007) para pedir el sobreseimiento del procedimiento, toda vez que los hechos contenidos en las sucesivas querellas no son en su opinión constitutivos de delito. Se opone así mismo a la apertura de juicio oral al estimar que las partes personadas (las acusaciones populares) “carecen de legitimación procesal para instarlo”.

Las acusaciones populares en este caso son Falange Española de las JONS, Manos Limpias y la organización conservadora Libertad e Identidad. Precisamente ayer, Varela orientó (un hecho inédito) a las dos primeras para que retocaran sus escritos de acusación para ajustarlos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cualquier caso, la Fiscalía no entra a juzgar quién compone la acusación particular ni la solidez de sus razonamientos, sino que ataca directamente la legitimidad que como tal tiene para forzar la apertura de juicio oral, incluso en contra del parecer del propio Ministerio Fiscal.

Respecto a este último punto, el escrito recalca que “el fundamento jurídico de la acción popular no puede buscarse ni encontrarse en un principio de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal a la hora de ejercer trascendentes funciones que la Constitución le encomienda en exclusiva”.

Explica que “el sentido y significación de la expresión ‘acusación particular’ debe asimilarse al de ‘perjudicados por el delito’; por el contrario, el Poder Legislativo “ha querido excluir” a la acción popular “de la capacidad para provocar, por sí misma y en solitario, la apertura de juicio oral”.

Además de apoyarse en la doctrina Botín, hace referencia a su contraria (el conocido como caso Atutxa, y técnicamente STS 54/2008), que considera que puede vulnerar derechos fundamentales de la Constitución como el principio de Igualdad recogido en el artículo 14. Recuerda precisamente que esa sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional precisamente por este motivo.

En cualquier caso, la Fiscalía hace hincapié en el voto particular emitido por Varela precisamente en contra de la redacción aprobada mayoritariamente por la Sala Segunda. Y cita lo que entonces dijo el magistrado: “Esa exclusión de la acción particular es una decisión consciente del legislador, no meramente arbitraria, y tiene una justificación plausible desde el punto de vista constitucional”.

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Escrito de la Fiscalía sobre Garzón

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Human Rights Watch pide a la UE que interceda por Garzón

La organización internacional cree que las acusaciones contra el juez “socavan” la credibilidad de Europa

Público – 22/04/2010 11:52

El juicio al juez Baltasar Garzón por su intento de juzgar los crímenes del franquismo sigue acrecentando su dimensión internacional. La prestigiosa organización internacional Human Rights Watch ha pedido hoy al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a los Estados miembros de la UE, que expresen “su oposición a las posibles sanciones contra el juez español por investigar los abusos cometidos durante la dictadura franquista”.

“Garzón ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país”, expresó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de Human Rights Watch.

“La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves”, agregó.

A juicio de HRW, la decisión de Garzón de investigar el franquismo y no aplicar la Ley de Amnistía española tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad.

Las sanciones contra Garzón representan un duro golpe para los familiares de las víctimas de delitos graves cometidos en España, afirmó Human Rights Watch, al igual que también podrían debilitar la credibilidad y la efectividad de la UE en su conjunto a la hora de promover justicia por violaciones a los Derechos Humanos que se están cometiendo en la actualidad, ya sea en Darfur, en la República Democrática del Congo o en Sri Lanka.

Según el derecho internacional, resaltó esta organización, los Gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos un acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como recursos efectivos -incluido el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada- con posterioidad al abuso.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España en 1977 -con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía- dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados (pueda) interponer un recurso efectivo”, dijo HRW.

Apuntó que en 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad.

Asimismo, en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó que España debería “asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía” y alentó a España a “continuar intensificando sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible”.